Judiciales
Impugnan a candidata a jueza de Wanda denunciada por allanamiento ilegal y hurto
La Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes rechazó en las últimas horas la impugnación presentada por un vecino de la localidad de San Antonio, contra la candidatura a jueza de Paz de Wanda, de la abogada Yngridt Isabel Radke.
La presentación está firmada por Rogelio Aníbal Medera, un comerciante que, en 2020, denunció a la ahora aspirante a magistrada ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Eldorado por “hurto agravado, allanamiento ilegal y falsificación de instrumento público”.
En el expediente, también se encuentra imputado el secretario del Juzgado de Paz de San Antonio, Sebastián Alterio Samudio.
En su argumentación, el denunciante aseguró que Yngridt Isabel Radke, quien desde septiembre de 2021 es secretaria del juzgado que aspira a conducir, omitió deliberadamente “mencionar o denunciar ante el Consejo de la Magistratura la existencia de esta causa; no lo hizo en el momento en que se presentó al concurso ni en oportunidad de tener la entrevista personal”, lo cual “hubiera sido un escollo en su postulación a jueza”.
La abogada fue seleccionada para ocupar el cargo de jueza de primera instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, a través del Concurso N° 255/2023 del Consejo de la Magistratura, tras lo cual el Poder Ejecutivo remitió la propuesta a la Cámara de Representantes y fijó una audiencia pública para el próximo 24 de julio.
Tras la publicación en el Boletín Oficial, el día 15 de junio, se procedió a la apertura del período de impugnaciones, el cual consiste en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente.
Fue así que, tras el feriado extralargo, Rogelio Medera se presentó el último sábado 24 ante la Comisión de Poderes, presidida por la diputada Rita Núñez, y dejó asentada su impugnación “en legal tiempo y forma”, según consta en el documento legislativo que rechazó la petición, al cual accedió La Voz de Misiones.
Para sostener su oposición al tratamiento del pliego de la doctora Yngridt Isabel Radke, el denunciante ofreció como prueba instrumental la denuncia penal, así como una nota, fechada el 10 de noviembre de 2021, en la que dejó asentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que tanto Radke como Samudio estaban imputados en el expediente N° 124373/2020, que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Eldorado, a cargo de Roberto Saldaña.
“Improcedente”
Por su parte, los legisladores de la comisión solicitaron un informe al Consejo de la Magistratura, de lo cual resultó que, en la declaración jurada presentada por la doctora Radke, “la postulante en cuestión en ningún momento omite poner en conocimiento la causa judicial”.
En diálogo con La Voz de Misiones, la presidenta de la Comisión de Poderes y miembro del Consejo de la Magistratura, Rita Núñez, precisó que “se rechazó la impugnación por improcedente, debido a que el argumento del vecino es que la candidata no puso en conocimiento una denuncia en su contra”.
No obstante, “consta en todos lados, con documentación, que sí lo puso en conocimiento”, indicó la diputada y continuó: “De hecho, en la audiencia personal en la que la doctora Radke expuso ante los miembros del Consejo de la Magistratura, se le preguntó por la causa”.
En este sentido, Núñez explicó que “al ser una causa penal, está sujeta al principio de inocencia, hasta que no haya una sentencia, está en curso y rige este principio”.
“Estuve presente en la audiencia de la postulante, se desarrolló con normalidad, se realizaron las preguntas del caso que ella respondió y se continuó con el proceso”, expuso la legisladora oficialista.
“El proceso es muy transparente y se ha logrado después de mucho trabajo y del cual nos sentimos muy orgullosos”, dijo la parlamentaria y agregó: “La ciudadanía puede tener la tranquilidad de que se trabaja con mucha seriedad”.
Asimismo, la funcionaria contó que, en el caso de la aspirante a jueza de Paz de Wanda, “el examen y la audiencia fueron normales y como miembros del Consejo quedamos muy conformes con la exposición y en cómo se manifestó en el proceso”.
“Lamentamos que exista una impugnación, pero se hizo la evaluación jurídica y no es una evaluación caprichosa, trabajamos con todos los asesores de la Cámara de Representantes para que también el proceso ahí sea transparente, así que estamos muy tranquilos con las decisiones que fuimos tomando en este caso”, concluyó.
rechazo legislatura“Allanamiento ilegal, hurto y falsificación”
Cerrado el capítulo de su pedido de impugnación, el denunciante Rogelio Aníbal Medera, quien actualmente reside en San Ignacio, se entrevistó con LVM y dio detalles de sus señalamientos hacia Yngridt Isabel Radke.
Según comentó, todo comenzó en noviembre del 2020, luego de que comprara una propiedad y un fondo de comercio a la exesposa del primo de la ahora aspirante a jueza.
“Yo hice el negocio en julio y el mes anterior la señora se había divorciado, pero esa propiedad no entró en la división de bienes, era de la señora”, dijo Medera y añadió: “La propiedad no tiene titular, es tierra fiscal, y yo tengo un permiso de titularidad del negocio y todos los servicios a mi nombre”.
Fue así que, tras un oficio enviado por la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, “para que la jueza de Paz de San Antonio fuera a mi local e hiciera un inventario y embargara el 50%”, en su lugar “se presentaron la doctora Radke y Samudio, el secretario del juzgado, que usurpó las funciones de juez y tampoco tenía la autorización para hacerlo”, sostuvo Medera.
Además, indicó que, tras hacerse pasar por funcionarios judiciales, aprovecharon la situación y “me hicieron un allanamiento ilegal con cinco policías y me robaron un maletín con documentación, como el boleto de compra-venta de la propiedad, y además 125.000 pesos con los que le iba a pagar a un proveedor por una carga de vinos”.
Tras ese hecho, “me enteré que ella no era la jueza”, por lo cual decidió denunciar a ambos ante la Justicia.
Hasta el momento, y tras una suma de recursos por parte de la querella encarada por Medera, la causa no presenta avances de consideración y actualmente se tramita bajo las órdenes del magistrado Juan José Antonio Palacio, del Juzgado Civil y Comercial 1 de Eldorado.
Previamente, y luego de ser denunciado por el querellante, el juez de Eldorado Roberto Saldaña se apartó y el expediente recayó en el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brites, quien, a su vez, se inhibió debido a que mantiene una relación de “íntima amistad” con la imputada, según señaló en su escrito.
“Es una vergüenza, la hermana del juez, Laura Brites, es la defensora de la doctora Radke en esta causa”, lanzó Medera en ese sentido, “voy a hacer una ampliación de denuncia y pedir que la causa pase a un juez penal”, anunció.
Abogacía, militancia y amistad
Yngridt Isabel Radke es una abogada de 36 años oriunda de la localidad de Wanda, quien se encuentra matriculada en el Colegio de Abogados de Misiones desde 2013, mientras que, desde septiembre de 2021, está en calidad de suspendida por incompatibilidad, al asumir como secretaria del Juzgado de Paz de Wanda.
En sus redes sociales, la letrada se muestra en constante militancia política, sobre todo en articulación con la jefa de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, Verónica Derna, con quien además mantiene una amistad.
También tiene una relación personal cercana con la diputada provincial y actual candidata a diputada nacional, Adriana Bezus.
A las tres se las puede ver no sólo recorriendo localidades en campaña y realizando distintas actividades sociales, sino también compartiendo mates y cenas en la Costanera de Posadas.
Además, en sus publicaciones y contactos en las redes, deja entrever relaciones con distintos referentes, tal como la actual intendenta de Wanda, Romina Faccio.
En el plano privado, Radke fue socia mayoritaria y fundadora de la empresa Indelec SRL, dedicada al rubro de artículos para el hogar, de la cual se desvinculó en 2018.
Además, tiene su estudio de abogacía en la localidad de Puerto Esperanza.
En el año 2013, estuvo en la mira de Cotrum, la expresión misionera del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), quien la señaló como responsable del intento de desalojo de 13 familias de campesinos del paraje Cabure-í, en Comandante Andresito.
“Fuimos sorprendidos por una demanda, en la que se nos acusan de ser intrusos de nuestras tierras. Quien pretende despojarnos es Radke, Yngridt Isabel, de la localidad de Puerto Esperanza. Ella, sus familiares o empleados son absolutamente desconocidos para nosotros”, denunciaron en aquel momento.
El magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dictaminó este mediodía el dictado de prisión preventiva contra el ex diputado provincial Germán Kiczka (44), quien de esta manera deberá continuar encarcelado en el marco de una causa por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La máxima medida cautelar previo a la realización de un juicio oral se da 24 horas después de la ampliación de declaración indagatoria solicitada por el propio acusado, quien ante el mismo juez ayer se declaró inocente, admitiendo consumir pornografía, pero negando observar imágenes con menores involucrados.
La misma resolución alcanzaría en las próximas a su hermano Sebastián (47), cuya situación incluso podría ser agravada conforme los elementos de prueba que los peritos informáticos vienen acumulando desde el inicio de la compleja pesquisa 100% digital.
De esta manera, los hermanos continuarán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, presidio al cual fueron trasladados el 31 de agosto tras permanecer unas horas detenidos en diferentes celdas de la comisaría Segunda de Apóstoles.
El ahora ex legislador fue detenido el 28 de agosto, cuando sobre su espalda ya pesaba un pedido de captura internacional a Interpol. El implicado fue ubicado en un camping de la localidad correntina de Loreto, aunque al momento declarar negó haberse profugado, sino que se excusó su ausencia de la provincia por “un retiro espiritual”.
Su hermano, en tanto, cayó al día siguiente, en un paraje rural de Concepción de la Sierra. Estaba sucio, desorientado, deshidratado y sin un peso encima. “Era un linyera”, describieron quienes los capturaron.
Ambos están imputados en una causa que se disparó a fines de febrero, tras el hallazgo de 603 archivos Masi en una notebook que era propiedad de Germán Kiczka, pero que se encontraba en la casa de su padre, donde también residía su hermano Sebastián.
Tras el avance de la investigación, se hallaron más pruebas y la acusación que se le imputa al ex diputado en el dictado de su prisión preventiva es el hecho de “haber facilitado a personas no individualizadas alrededor de novecientos trece (913) archivos multimedia con contenido de explotación sexual infantil”.
Todo esto se encuadra como “tenencia, consumo y distribución de material de abuso sexual infantil, calificado por tratarse de víctimas presuntamente menores de 13 años”, figura contemplada por el artículo 128, primer y quinto párrafo del Código Penal de la Nación, el cual prevé hasta ocho años de cárcel.
El ex diputado provincial declaró ayer por primera vez. FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
Su defensa vs las pruebas
Tras dos semanas preso, Germán Kiczka esta semana pidió declarar por primera vez y la indagatoria se llevó adelante el jueves a la mañana. Según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia duró tres horas, aunque el imputado prácticamente se abstuvo a la mayoría de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales.
En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule, pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.
Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.
Para la Justicia, nada de esto alcanza para rebatir las sospechas que recaen en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, la Acer incautada el 28 de febrero en la casa de su padre y la Lenovo secuestrada el 6 de agosto en el allanamiento a su casa.
Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.
Pero no es todo. También constataron que el 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives creen que esto fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.
En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.
Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.
En base a todos estos elementos, es que el juez Faría decidió dictaminar la prisión preventiva contra el imputado, quien de esta manera continuará quemando sus días y noches en una celda de la UP VIII. Mismo futuro le depara a su hermano.
*FOTO PRINCIPAL: Canal 12 – Marcos Otaño.
La audiencia de declaración indagatoria solicitada esta mañana por el ahora ex diputado Germán Kiczka (44) se extendió durante tres horas, instancia en la que se desligó de la notebook donde se detectaron más de 600 archivos con material de abuso sexual infantil (Masi) y atribuyó su viaje a Loreto (Corrientes) a un “retiro espiritual”, aunque no respondió ninguna de las preguntas formuladas por las autoridades judiciales que investigan el caso.
La comparecencia del ex legislador ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, se desarrolló desde las 10 hasta las 13 de hoy, lapso en el cual el imputado ensayó una estrategia defensiva que consistió en desligarse de la notebook Acer que contiene gran parte del material probatorio que hoy lo mantiene preso y acusado por el delito de tenencia y distribución de archivos Masi, figura encuadrada bajo el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de declarar el apostoleño admitió el consumo de pornografía, aunque negó observar imágenes de pedofilia y tampoco se hizo cargo de la computadora portátil que fue incautada en la casa de su padre durante el allanamiento que disparó la causa a fines de febrero.
Kiczka afirmó que en 2019 dejó esa computadora en la casa de su padre -donde también reside su hermano Sebastián (47)- y que desde ese momento nunca más la manipuló, versión que se contradice con las pruebas que la Justicia considera tener para sostener la acusación en su contra.
“La notebook tenía su foto, su cuenta de usuario, su email. Incluso se halló una foto en la que él aparece en la oficina de la cigarrera utilizando esa misma notebook incautada”, graficó un vocero con acceso al expediente.
En otro tramo de la declaración el ex diputado de Activar, partido creado por Pedro Puerta, negó haberse fugado y argumentó que su presencia en el camping de Loreto (Corrientes) obedecía a “un retiro espiritual” para sobrellevar una discusión que había mantenido con su pareja y evadir el “asedio” de los medios de comunicación.
Al término de la audiencia, Kiczka volvió a ser trasladado a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, donde permanece privado de su libertad desde el 31 de agosto, días después de ser capturado gracias a una vecina que lo reconoció en el camping donde se ocultaba desde antes de su desafuero.
En la misma cárcel, aunque en diferente pabellón, se encuentra su hermano Sebastián (47), imputado en el mismo expediente, aunque con pruebas que podrían agravar su acusación.
FOTO: Canal 12 – Marcos Otaño.
El -hasta hoy- diputado provincial Germán Kiczka pidió declarar ante la Justicia este jueves, trámite que se da horas antes de la sesión donde se tratará su expulsión de la Legislatura.
Según consignaron fuentes consultadas, a través de su abogado defensor, el apostoleño pidió declarar y la Justicia programó la audiencia para hoy a la mañana.
El detenido llegó al juzgado cerca de las 10, en medio de un amplio operativo de seguridad, tal y como sucedió en cada traslado.
De esta manera, Kiczka brindará su primera declaración judicial en el marco de la causa que lo tiene imputado por tenencia y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi).
La audiencia será ante el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, quien lleva adelante la causa que también compromete a Sebastián Kiczka, hermano del diputado, también preso en la cárcel de Cerro Azul.
En paralelo a la causa judicial, en la Legislatura hoy se tratará pedido de expulsión de Germán Kiczka luego del dictamen firmado por la comisión investigadora que se formó para analizar el caso.
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