El fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, investigado por una multiplicidad de delitos denunciados hace más de dos años, fue citado a audiencia de declaración indagatoria por sexta vez.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la fecha programada para la realización de la ya dilatada -y clave- audiencia para el avance del proceso judicial es el 29 de junio, instancia en la cual González Glaría deberá declarar de manera presencial ante las autoridades del Juzgado Federal de Posadas que instruyen la pesquisa en su contra.

En esa ocasión, el fiscal investigado podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad alguna. También será notificado de los elementos que se registran en su contra e imputado por los delitos endilgados, que van desde exacciones ilegales y peculado hasta cohecho.

La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y en todo este tiempo ya tuvo otras cinco citaciones a indagatoria, aunque todas las audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos, cambios de abogado o presentación de diversos planteos defensivos.

En el medio, Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trataba de una estrategia para dilatar el proceso.

El pedido fue cumplido por el juez -por subrogancia- José Luis Casals y la pericia médica se llevó adelante el 9 de marzo del año pasado. Allí, los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años (en ese entonces) y cursando un tratamiento oncológico, se encontraba en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debía ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.

En mayo de 2022, en tanto, la audiencia volvió a ser postergada. Esta vez por un cambio de abogado en la defensa del fiscal federal González Glaría.

En esa ocasión, el letrado que asumió el caso fue Maximiliano Rusconi, que entre sus clientes también tuvo a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.

El profesional alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.

Más tarde, Rusconi pidió apartar de la investigación al juez de la causa argumentando un “temor de parcialidad” debido a la “filtración” de información a los medios de comunicación, entre otras cuestiones, y obligó a una quinta suspensión de la indagatoria.

Sin embargo, el planteo finalmente fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia. “En el caso, observo que los hechos sobre los cuales se estructura el planteo no alcanzan a demostrar la configuración de acciones puntuales realizadas por el magistrado cuyo apartamiento se pretende demostrativas de que se halla afectada su imparcialidad. A ese respecto, y de conformidad al consolidado criterio en la materia, la mera sospecha de parcialidad no constituye un supuesto que habilite a apartar al juez del conocimiento de las actuaciones”, argumentó la Cámara en el documento que llevaba la firma del magistrado Ramón Luis González y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso en su momento.

Prácticamente un año después de esta última novedad, la Justicia volvió a fijar para este 29 de junio la realización de la audiencia de declaración indagatoria. “Al menos cuatro planteos de diferente tipo fueron denegados. Hoy no hay ningún obstáculo procesal para el llamado a indagatoria”, aclaró una fuente.

Denuncia, pesquisa y defensa

La investigación contra el fiscal federal González Glaría comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

En febrero del año pasado, el fiscal apuntado rompió el silencio con LVM y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.

Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que fue postergado en cinco oportunidades.

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