Judiciales
Citan por sexta vez a fiscal federal misionero investigado por varios delitos
El fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, investigado por una multiplicidad de delitos denunciados hace más de dos años, fue citado a audiencia de declaración indagatoria por sexta vez.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la fecha programada para la realización de la ya dilatada -y clave- audiencia para el avance del proceso judicial es el 29 de junio, instancia en la cual González Glaría deberá declarar de manera presencial ante las autoridades del Juzgado Federal de Posadas que instruyen la pesquisa en su contra.
En esa ocasión, el fiscal investigado podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad alguna. También será notificado de los elementos que se registran en su contra e imputado por los delitos endilgados, que van desde exacciones ilegales y peculado hasta cohecho.
La investigación contra el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y en todo este tiempo ya tuvo otras cinco citaciones a indagatoria, aunque todas las audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos, cambios de abogado o presentación de diversos planteos defensivos.
En el medio, Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, solicitó que una junta médica evalúe al funcionario denunciado para determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trataba de una estrategia para dilatar el proceso.
El pedido fue cumplido por el juez -por subrogancia- José Luis Casals y la pericia médica se llevó adelante el 9 de marzo del año pasado. Allí, los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con un perito de parte solicitado por Turano, concluyeron que González Glaría, de 67 años (en ese entonces) y cursando un tratamiento oncológico, se encontraba en condiciones de afrontar la medida, aunque aclararon que la misma debía ser realizada teniendo en cuenta los cuidados y consideraciones pertinentes para un paciente de sus características.
En mayo de 2022, en tanto, la audiencia volvió a ser postergada. Esta vez por un cambio de abogado en la defensa del fiscal federal González Glaría.
En esa ocasión, el letrado que asumió el caso fue Maximiliano Rusconi, que entre sus clientes también tuvo a Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino.
El profesional alegó haber tenido poco tiempo para analizar en profundidad el “voluminoso” y “complejo” expediente para poder elaborar una estrategia defensiva.
Más tarde, Rusconi pidió apartar de la investigación al juez de la causa argumentando un “temor de parcialidad” debido a la “filtración” de información a los medios de comunicación, entre otras cuestiones, y obligó a una quinta suspensión de la indagatoria.
Sin embargo, el planteo finalmente fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia. “En el caso, observo que los hechos sobre los cuales se estructura el planteo no alcanzan a demostrar la configuración de acciones puntuales realizadas por el magistrado cuyo apartamiento se pretende demostrativas de que se halla afectada su imparcialidad. A ese respecto, y de conformidad al consolidado criterio en la materia, la mera sospecha de parcialidad no constituye un supuesto que habilite a apartar al juez del conocimiento de las actuaciones”, argumentó la Cámara en el documento que llevaba la firma del magistrado Ramón Luis González y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso en su momento.
Prácticamente un año después de esta última novedad, la Justicia volvió a fijar para este 29 de junio la realización de la audiencia de declaración indagatoria. “Al menos cuatro planteos de diferente tipo fueron denegados. Hoy no hay ningún obstáculo procesal para el llamado a indagatoria”, aclaró una fuente.
Denuncia, pesquisa y defensa
La investigación contra el fiscal federal González Glaría comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero del año pasado, el fiscal apuntado rompió el silencio con LVM y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que fue postergado en cinco oportunidades.
Judiciales
Oberá: 14 y 16 años de prisión para acusados de matar a golpes a un indigente
El Tribunal Penal Uno de Oberá resolvió condenar a penas de 14 y 16 años de prisión a los dos jóvenes acusados de matar a golpes a un hombre en situación de calle durante un hecho registrado en agosto de 2024.
La sentencia impartida por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante) coincidió plenamente con el pedido efectuado minutos antes por el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi durante la ronda de alegatos.
En su exposición, el fiscal calificó que los acusados actuaron con una “violencia irrefrenable contra la humanidad de la víctima” y entendió que ambos debían ser condenados.
El pedido fue formulado a media mañana, durante el inicio de la ronda de alegatos, desarrollada luego de la etapa de incorporación de pruebas en la que declararon una decena de testigos del hecho ocurrido el 21 de agosto de 2024 en perjuicio de Miguel Ángel García (55).
Fernández Rissi consideró acreditado el hecho y también la coautoría de los imputados Franco Ezequiel Paz (25) y Sergio Fabián Valenzuela (36) en el delito de “homicidio simple”.
“Sometimiento sin defensa”
El fiscal reconstruyó que ese 21 de agosto, a las 3 de la madrugada, García, que estaba en situación de calle, dormía frente a la sede de Rentas en Oberá, donde se encontraba junto a otras personas hasta que fue abordado y atacado por los acusados.
Según sus palabras, los imputados “propinaron una brutal agresión con golpes de puño y patadas y también con un elemento contundente tipo palo, provocando severísimas lesiones en la cabeza” de la víctima.
Se apoyó en el testimonio de los demás presentes en el lugar del hecho para afirmar que “la víctima estaba acostada, en estado de indefensión” y que “el ataque se prolongó durante varios minutos en los cuales anularon la defensa que pudieran intentar las personas que estaban con García”.
“Esto fue un homicidio doloso. Hubo un sometimiento sin defensa. Hubo dolo de golpear indiscriminadamente, en zonas vitales y sin detenerse por voluntad propia”, resumió Fernández Rissi.
En ese marco, pidió que ambos imputados sean condenados por homicidio simple. Para Paz pidió 14 años de prisión, mientras que para Valenzuela pidió 16 en virtud de registrar antecedentes condenatorios.
Filmaciones
El defensor oficial Matías Olivera, en tanto, cuestionó que durante la instrucción no se ordenaron las medidas suficientes para recabar filmaciones de cámaras de seguridad que pudieran dar certezas sobre lo ocurrido y alegó que esa situación vulneró el derecho de defensa de sus pupilos.
Olivera sostuvo que sus defendidos no niegan su presencia en el lugar del hecho, aunque consideró que no se pudo acreditar qué golpe fue causante de la fractura de cráneo en la víctima, como así tampoco quién fue el autor de dicha agresión.
“A lo mejor el golpe con el palo lo dio otro en medio del tumulto con las otras personas estaban en el lugar”, estimó Olivera.
En ese marco, solicitó que sus defendidos sean condenados a penas de 2 y 3 años como autores del delito de “lesiones graves en riña” y no por homicidio al considerar que García tuvo posibilidad de “sobrevida”.
Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
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Oberá: arranca el juicio a dos acusados de matar a golpes a un indigente
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
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Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.

Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
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