Policiales
Pericia médica concluyó que fiscal federal investigado puede ir a indagatoria
Una junta médica psiquiátrica concluyó que Rubén González Glaría, el fiscal general federal de Misiones que es objeto de una investigación por una multiplicidad de denuncias, se encuentra en condiciones de afrontar una audiencia de declaración indagatoria a pesar del cuadro depresivo que aduce tener como consecuencia de un tratamiento oncológico y ahora se espera que el Juzgado Federal de Posadas resuelva nuevos planteos para que se fije fecha para el procedimiento judicial.
La pericia fue una medida solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, como respuesta a los reiterados certificados médicos con los cuales González Glaría, a través de su defensa legal, postergaba sus citaciones a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que se instruye en su contra por diversos delitos.
González Glaría, de 67 años y quien ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones desde 1993, presentó sendos certificados médicos aduciendo un cuadro de “trastorno depresivo” relacionado a un tratamiento oncológico que cursa desde fines del año pasado.
En respuesta a ello, Turano pidió que el fiscal bajo la lupa sea sometido a una junta médica y el magistrado José Luis Casals -titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas- autorizó la medida a fines del año pasado y dispuso que la misma se realice el 9 de marzo.
El objetivo de la pericia, indicaron las fuentes, es determinar si efectivamente el cuadro de salud impide al imputado afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva adelante desde abril del año pasado.
Sin embargo, previo a ello, la defensa de González Glaría presentó un nuevo documento en el cual solicitaba que se suspendan todas las medidas en contra de su cliente por “razones humanitarias”, adjuntando los estudios clínicos del funcionario investigado.
La historia clínica fue enviada al personal del Cuerpo Médico Forense, para que dichos profesionales determinen si el acusado estaba en condiciones de ser sometido a una junta médica. La respuesta fue sí.
Pero, en medio de ello, según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Turano presentó un nuevo escrito insistiendo en el pedido de la junta médica, esta vez, adjuntando una nota periodística de este medio, en la cual se publicó un video en el que se lo veía a González Glaría disfrutando del río Paraná a bordo de un yate amarrado a la Isla del Medio. Las imágenes fueron capturadas el 15 de enero y fueron reconocidas por el propio fiscal acusado.
Con todo ello, el juez Casals terminó autorizando la tan solicitada junta médica y la pericia finalmente tuvo lugar el pasado 9 de marzo.
La pericia
Las mismas fuentes detallaron que el procedimiento se dio a través de una videollamada y la pericia fue realizada por integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con intervención de un perito de parte solicitado por Turano.
En el estudio se consigna que, al momento de la entrevista médica, González Glaría presenta “el pensamiento y el juicio” conservados; que “demuestra poseer capacidad de comprensión” de las consecuencias de sus actos y que de su estado emocional se advierten sentimientos de “angustia, bronca e irritabilidad” relacionados a la situación actual que atraviesa.
En esa línea, se desencadenan las conclusiones, la parte fundamental del documento médico elevado a las autoridades en los últimos días.
Allí, los especialistas intervinientes dejaron constancia -entre otras consideraciones- que en González Glaría “no se perciben limitaciones psíquicas que le impidan prestar declaración indagatoria en las presentes actuaciones”, teniendo en cuenta que “presenta un estado de salud psíquico que le permite la comprensión y la comunicación para afrontar el acto procesal”.
De igual manera, sugieren que, al tratarse de un paciente oncológico, se tomen todos los cuidados y consideraciones pertinentes.
Conocidas las conclusiones del examen, la defensa de fiscal investigado presentó dos nuevos documentos. Uno es un pedido de nulidad y otro una solicitud de prescripción.
El fiscal Turano ya se opuso a los pedidos y ahora resta que las autoridades del Juzgado Federal de Posadas resuelvan ambos planteos. De denegarse todo, se fijará fecha y finalmente González Glaría deberá comparecer en audiencia de declaración indagatoria, donde será notificado formalmente de los delitos que le acusan, de los elementos que se registran en su contra y tendrá, a su vez, la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar.
Denuncias y defensa
La investigación en su contra comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.
“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.
Judiciales
Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso
El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.
La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.
Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.
La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).
Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.
Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.
Denuncia y causa
La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Encerró, violó y filmó a su amiga en Oberá: lo condenaron a 15 años de prisión
El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este martes a 15 años de prisión a un joven comerciante que en 2023 fue denunciado por encerrar, violar reiteradas veces y grabar los ultrajes en perjuicio de una amiga con la que previamente había compartido una salida.
El debate constó de una sola jornada, instancia en la que se oyó el testimonio de la víctima, como así también de dos testigos, y se reprodujeron los cinco videos de absoluta explicitud que el acusado grabó durante la noche del hecho.
El implicado, que ahora deberá cumplir una pena de 15 años de prisión como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, amenazas privación ilegítima de la libertad”, se trata de Marcelo José Duran (26), que hasta el momento del hecho se desempeñaba como comerciante y vendedor de libros.
Tras la etapa de incorporación de pruebas y durante el desarrollo de los alegatos, el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi consideró plenamente acreditado el hecho y solicitó que el imputado sea condenado a 17 años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el letrado particular Roberto Bondar, pidió la absolución de su cliente.
El tribunal que llevó adelante el proceso y dictó sentencia estuvo presidido por el magistrado Horacio Gabriel Paniagua e integrado por sus pares David Ezequiel Augusto Milicich y Amado Julio Dante Carvallo (subrogante).
Noche de terror
El hecho que se ventiló en debate oral y que la Justicia consideró acreditado ocurrió entre la noche del 1 de octubre de 2023 y la madrugada siguiente, en un departamento ubicado sobre la avenida José Ingenieros de Oberá, donde residía la víctima, una joven de 20 años que mantenía una relación de amistad con Duran.
Según relató la víctima, esa noche se habían juntado a compartir un rato en una plaza de la ciudad hasta que cerca de las 00 ella se fue a su casa y él se ofreció a acompañarla, pero cuando arribaron al lugar el hombre cambió completamente de actitud, se tornó violento, le sustrajo la llave y la encerró en el departamento.
Una vez dentro -amplió la muchacha-, el joven la sometió a un calvario que se extendió durante largas horas. Lo que la denunciante describió fueron reiterados abusos sexuales, perpetrados bajo amenazas de muerte con un cuchillo, golpes y grabación de videos realizados a la fuerza por parte del implicado.
Fueron al menos cinco los audiovisuales luego recuperados del celular del sospechoso y que ahora, en el transcurso del debate oral de hoy, fueron reproducidos en la sala e incorporados como prueba por la fiscalía.
Este martes, Duran declaró ante las partes, aunque no contestó preguntas, y en su testimonio admitió que hubo relaciones sexuales, pero negó que los hechos se hayan producido sin el consentimiento de la muchacha.
Diametralmente opuesta fue la declaración de la denunciante, quien detalló que durante los abusos el hombre le confesó que cometía la violación porque estaba “obsesionado” con ella y que filmaba el acto para extorsionarla a cambio de que no radicara ninguna denuncia sobre lo sucedido.
De acuerdo al mismo relato, los abusos se extendieron desde las 00 hasta aproximadamente las 5, cuando Durán se retiró del inmueble y ese mismo día, aunque horas más tarde, fue detenido por la Policía, condición en la que continúa y ahora deberá permanecer varios años más.
Policiales
Motociclista falleció tras despistar y chocar un auto estacionado en Posadas
Un hombre conducía una moto Taiga 110, en la intersección de las avenidas Juan José Passo y Tomás Massa cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el control y murió al impactar contra un automóvil que se encontraba estacionado.
El hecho se registró alrededor de las 13:30 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel Pedro Grutka (66), quien a raíz de las lesiones sufridas como resultado del fuerte impacto, perdió la vida en el lugar.
En ese momento, Grutka iba acompañado en el vehículo por una mujer de 63 años, quien fue examinada por personal de salud y no presentó lesiones de gravedad.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Científica, médico policial y personal especializado, a fin de establecer las circunstancias del siniestro.
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