Una junta médica psiquiátrica concluyó que Rubén González Glaría, el fiscal general federal de Misiones que es objeto de una investigación por una multiplicidad de denuncias, se encuentra en condiciones de afrontar una audiencia de declaración indagatoria a pesar del cuadro depresivo que aduce tener como consecuencia de un tratamiento oncológico y ahora se espera que el Juzgado Federal de Posadas resuelva nuevos planteos para que se fije fecha para el procedimiento judicial.

La pericia fue una medida solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, como respuesta a los reiterados certificados médicos con los cuales González Glaría, a través de su defensa legal, postergaba sus citaciones a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que se instruye en su contra por diversos delitos.

González Glaría, de 67 años y quien ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación en Misiones desde 1993, presentó sendos certificados médicos aduciendo un cuadro de “trastorno depresivo” relacionado a un tratamiento oncológico que cursa desde fines del año pasado.

En respuesta a ello, Turano pidió que el fiscal bajo la lupa sea sometido a una junta médica y el magistrado José Luis Casals -titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas- autorizó la medida a fines del año pasado y dispuso que la misma se realice el 9 de marzo.

El objetivo de la pericia, indicaron las fuentes, es determinar si efectivamente el cuadro de salud impide al imputado afrontar la indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva adelante desde abril del año pasado.

Sin embargo, previo a ello, la defensa de González Glaría presentó un nuevo documento en el cual solicitaba que se suspendan todas las medidas en contra de su cliente por “razones humanitarias”, adjuntando los estudios clínicos del funcionario investigado.

La historia clínica fue enviada al personal del Cuerpo Médico Forense, para que dichos profesionales determinen si el acusado estaba en condiciones de ser sometido a una junta médica. La respuesta fue sí.

Pero, en medio de ello, según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Turano presentó un nuevo escrito insistiendo en el pedido de la junta médica, esta vez, adjuntando una nota periodística de este medio, en la cual se publicó un video en el que se lo veía a González Glaría disfrutando del río Paraná a bordo de un yate amarrado a la Isla del Medio. Las imágenes fueron capturadas el 15 de enero y fueron reconocidas por el propio fiscal acusado.

Con todo ello, el juez Casals terminó autorizando la tan solicitada junta médica y la pericia finalmente tuvo lugar el pasado 9 de marzo.

La pericia

Las mismas fuentes detallaron que el procedimiento se dio a través de una videollamada y la pericia fue realizada por integrantes del Cuerpo Médico Forense de la Cámara Federal de Apelaciones, con intervención de un perito de parte solicitado por Turano.

En el estudio se consigna que, al momento de la entrevista médica, González Glaría presenta “el pensamiento y el juicio” conservados; que “demuestra poseer capacidad de comprensión” de las consecuencias de sus actos y que de su estado emocional se advierten sentimientos de “angustia, bronca e irritabilidad” relacionados a la situación actual que atraviesa.

En esa línea, se desencadenan las conclusiones, la parte fundamental del documento médico elevado a las autoridades en los últimos días.

Allí, los especialistas intervinientes dejaron constancia -entre otras consideraciones- que en González Glaría “no se perciben limitaciones psíquicas que le impidan prestar declaración indagatoria en las presentes actuaciones”, teniendo en cuenta que “presenta un estado de salud psíquico que le permite la comprensión y la comunicación para afrontar el acto procesal”.

De igual manera, sugieren que, al tratarse de un paciente oncológico, se tomen todos los cuidados y consideraciones pertinentes.

Conocidas las conclusiones del examen, la defensa de fiscal investigado presentó dos nuevos documentos. Uno es un pedido de nulidad y otro una solicitud de prescripción.

El fiscal Turano ya se opuso a los pedidos y ahora resta que las autoridades del Juzgado Federal de Posadas resuelvan ambos planteos. De denegarse todo, se fijará fecha y finalmente González Glaría deberá comparecer en audiencia de declaración indagatoria, donde será notificado formalmente de los delitos que le acusan, de los elementos que se registran en su contra y tendrá, a su vez, la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar.

Denuncias y defensa

La investigación en su contra comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

En febrero, el fiscal apuntado rompió el silencio con La Voz de Misiones y se defendió de cada una de las acusaciones, afirmando que todo se trata de una conspiración en su contra con el objetivo de quedarse con su cargo.

“A mí me nombran en 1993 y la primera denuncia de que no soy intachable fue en el año 2018 o 2019. Con la cantidad de años y expedientes que pasaron, nunca jamás nadie me acusó ni de que lo miré feo y, de golpe y porrazo, aparecen todas estas denuncias”, sostuvo, entre otras cuestiones, en esa exclusiva entrevista a este medio.

Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.

Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.

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