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Caso Irma, el juicio: dos testigos vieron lesiones en las manos de Esteche

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El juicio por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado en diciembre de 2016 en Garupá, continuó hoy y dos testigos declararon haber visto -y certificado- lesiones en ambas manos del imputado Alejandro Esteche al momento de su ingreso como detenido a la comisaría interviniente.

Las declaraciones que pueden complicar el futuro de Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), único imputado en la causa, fueron brindadas por Héctor Giménez, que al momento del hecho trabajaba como personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), y Liliana Benítez, que era médica policial con funciones en la Comisaría Quinta.

A su turno, Giménez indicó que su intervención en el caso comenzó el 18 de diciembre al mediodía -más de un día después del hecho- y a continuación relató de qué forma el grupo de investigadores llegó hasta el hoy imputado.

El hombre indicó que la comisión abocada al caso se interiorizó en los pormenores del hecho y realizó un relevamiento por la zona, obteniendo testimonios que ubicaban a Esteche en la fiesta de fin de año que se desarrollaba en el predio de “La Económica” en Garupá, evento al cual Irma asistió y conoció al acusado.

“Prácticamente todos describieron características físicas y de vestimenta que eran coincidentes con lo que dijo Frutos”, señaló Giménez, haciendo referencia al testigo Lucas Frutos, ex prefecturiano que auxilió a Irma malherida y quien ubicó al imputado en la escena del hecho.

Luego, Giménez agregó que “vamos a su domicilio y lo demoramos. De ahí lo llevamos a la Comisaría Quinta porque era la jurisdicción. Ahí le hicimos una revisión médica porque nos llamó la atención la lesión que tenía en la palma derecha y en el dorso de la mano izquierda”.

En un momento, el testigo fue consultado por Edgardo Cabrera, abogado defensor de Esteche, sobre una supuesta “indagatoria” a su defendido en la seccional policial, a lo cual Giménez respondió que “eso es solo por los dichos de su defendido, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho algún interrogatorio. No lo tenemos permitido”.

 

 

El fiscal Martín Rau y el defensor Edgardo Cabrera compartiendo escritorio durante una testimonial por videoconferencia.

El siguiente turno fue para la testigo Liliana Benítez, la doctora que ese mismo día firmó el certificado de la revisión médica practicada a Esteche tras ser detenido y alojado en la Comisaría Quinta de Garupá.

La mujer ratificó lo volcado en el documento y declaró en coincidencia con el testigo Giménez, al señalar que el detenido presentaba “escoriaciones en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano izquierda”.

Allí, la profesional dio precisiones y definiciones sobre las escoriaciones, mencionando que las mismas pueden ser “sangrantes o no sangrentes” y pueden originarse con “un simple rascado, con un rasguño, un golpe violento o con un objeto contundente. Todo depende del mecanismo de acción”.

Cabrera volvió a intervenir. El letrado preguntó si la lesión de Esteche podía corresponderse a una caída, a lo cual Benítez contestó que “en la foto -de la mano lesionada- se ve una lesión más puntual. Un arrastre de caída va a generar más lesiones, como las lesiones que se provocan en la rodilla con una caída”.

La discusión de las lesiones tiene un especial en interés, teniendo en cuenta que la víctima fue sufrió golpes de puño en el rostro y que luego fue ultrajada sexualmente y empalada con la rama de un árbol, lo cual le provocó severas lesiones internas que derivaron en su muerte después de 30 horas de agonía.

Esteche está detenido e imputado bajo una figura que prevé prisión perpetua. El juicio podría culminar el próximo lunes.

Más testigos

En la continuidad de la quinta audiencia del debate oral declararon otros cinco testigos, entre los cuales hubo familiares del acusado, profesionales en criminalística, bioquímicos, psicólogos y trabajadores sociales.

En esa línea, Facundo, ex cuñado de Esteche, desde Zárate y mediante una aplicación de videoconferencia, recordó que el imputado bailó unos minutos con la víctima en la fiesta de fin de año y aseguró que vio al hombre salir del lugar apenas unos minutos después que la mujer.

La psicóloga Ana María Bogado, en tanto, recordó cómo fue su encuentro con Irma en el hospital y describió que “ella refería sufrir mucho. Lloraba, gritaba, gemía de dolor. Era desgarrador estar ahí, en la habitación con ella. Era una escena terrible”.

El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con más testimoniales. Se prevé que la sentencia sea impartida el próxima lunes.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya -subrogante-. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, está representado por Martín Rau.

Esteche está imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, que prevé una pena de prisión perpetua.


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Prisión preventiva para acusado de prender fuego a su pareja en San Onofre

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El magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, dictó en las últimas el procesamiento con prisión preventiva para Jonatan Jordan Campedo Páez (34), único acusado por el femicidio de su pareja Ramona Isabel Morínigo (39), cometido a fines de febrero en el barrio San Onofre.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la medida fue firmada el último viernes por el juez Cardozo, quien de esta manera consideró que se recolectaron suficientes medidas de prueba como para procesar a Campedo Páez por el delito de “homicidio calificado por la relación de pareja”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.

En línea con la misma resolución, también se dispuso el traslado del imputado desde la comisaría donde estaba alojado hacia una celda de la Unidad Penal VI de Miguel Lanús, donde continuará privado de su libertad mientras avanza la instrucción del expediente en su contra. 

Ramona Morínigo tenía 39 años y era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia.

Femicidio en San Onofre

El hecho que aún se encuentra en etapa investigativa y en el cual Campedo Páez aparece como único sospechoso, se registró en la noche del 17 de febrero, aunque la víctima falleció seis días después en el hospital Madariaga.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, esa noche Ramona Morínigo se encontraba junto al sospechoso en su casa en el barrio San Onofre, hasta que se produjo una discusión que terminó de la peor manera.

Los primeros datos indican que en medio de la discusión la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, agresión que le provocó quemaduras graves en el 50% del cuerpo, heridas que principalmente se localizaron en cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.

Después de ello, la mujer fue trasladada por su propia familia al hospital Madariaga, donde quedó agonizó durante seis días.

El sospechoso, por su parte, escapó del lugar y fue detenido minutos después en cercanías a la terminal de colectivos. Desde ese día permanece privado de su libertad y al momento de prestar declaración indagatoria se desligó del hecho, asegurando que la víctima se auto infringió las lesiones con intenciones suicidas. 

“El hecho ocurrió a la noche, casi llegando a la medianoche. La familia de ella alcanzó a ver una llamarada por la ventana y luego ella salió corriendo. Su hijo adolescente llegó a ver lo que ocurrió y ella alcanzó a decirle a su familia que su pareja la había atacado”, contó en su momento Nancy Jara, una letrada posadeña cercana a la familia de la víctima.

Ramona era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre adolescencia. Había retomado su relación con Campedo Páez 15 días antes del hecho.

Femicidio en San Onofre: “Ella alcanzó a decir que su pareja la atacó”


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Justicia Federal ratificó fallo que suspende capítulo del DNU contra el Inym

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La Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Misiones rechazó una apelación planteada por el Estado nacional y ratificó un fallo de la Justicia provincial que dejó sin efecto el capítulo de desregulación de la actividad yerbatera contemplado en el mega DNU del presidente Javier Milei tras una cautelar presentada en enero por una serie de productores.

La resolución fue dictaminada el último viernes, lleva la firma de los magistrados Mirta Delia Tyden, Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú y recientemente fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Dicho tribunal de alzada tuvo que intervenir en la cuestión luego de una apelación planteada por el Estado nacional contra un fallo emitido el pasado 12 de enero por la magistrada Adriana Fiori, titular del Juzgado Civil y Comercial 8 de Posadas, quien dio lugar a una cautelar presentada por una asociación de yerbateros quienes, entre otros considerandos, argumentaron que el capítulo del mega DNU que quitaba facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) podía dejar sin obra social a muchos productores.

En su fallo, la jueza Fiori entendió que el decreto presidencial ponía en riesgo la corresponsabilidad gremial y la obra social garantizada en la ley que dio origen al Inym.

En consecuencia, resolvió avocarse “a la medida cautelar solicitada a fin de garantizar el efectivo derecho a la salud integral del grupo vulnerable constituido por los pequeños productores yerbateros, y en consecuencia ordenar la inmediata suspensión de lo dispuesto en el Capítulo 1 – Instituto Nacional de la Yerba Mate (Ley N° 25.564) – art. 164 al 168 del DNU 70/2023 y de toda normativa y acto dictado en su cumplimiento específicamente, a fin de que no se modifique ni altere la estructura, funciones y atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de conformidad con el texto original de la Ley N° 25.564, hasta tanto se dicte sentencia respecto del fondo”.

De igual manera, tras dar lugar al amparo decidió inhibirse en el resto de las actuaciones y remitió el expediente al Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso de Posadas, a cargo del magistrado José Luis Casals.

En el medio, el Estado nacional, bajo la representación del letrado Daniel Eduardo Azar, apeló la resolución de primera instancia y ello motivó la intervención de la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos magistrados ahora resolvieron rechazar el planteo y, en consecuencia, ratificar el fallo de la jueza Fiori.

“El recurrente se explaya en sus fundamentos únicamente respecto a que existieron razones de necesidad y urgencia que motivaron el dictado del DNU 70/23, pero no ataca los expresos fundamentos que tuvo en miras el a quo para otorgar esta cautelar, en consecuencia, no existiendo crítica concreta y razonada sobre las cuestiones que fueron analizadas por la Sra. Juez de grado, los agravios resultan desiertos”, concluyen los jueces de la cámara y en el punto siguiente deciden confirmar lo resulto el 12 de enero pasado.

INYM fallo

La Justicia de Misiones otorgó a yerbateros cautelar contra el DNU de Milei


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Arranca el juicio a dos ex policías acusados de gatillo fácil en El Soberbio

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gatillo fácil reinaldo andrade

Después de tres postergaciones, mañana está previsto que finalmente comience el juicio oral contra dos ex policías acusados de un caso de gatillo fácil registrado a mediados de noviembre de 2019 en El Soberbio, donde la víctima fatal fue identificada como Reinaldo Andrade (37).

De no mediar nuevos inconvenientes, el debate tiene previsto iniciar a las 8.30 y se extendería hasta el jueves, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

Las audiencias tendrán lugar en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que será presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Erasmo Villalba, éste último en carácter de subrogante.

La acusación, en tanto, estará en manos de Rodolfo Andrés Cáceres, el mismo fiscal que llevó adelante el proceso de investigación de la causa como titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de San Vicente.

Los imputados principales son los ex agentes Matías Esteban Lohn (34) y Fabio Boges (27), quienes al momento del hecho prestaban servicios en el Comando Radioeléctrico de El Soberbio.

Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego”, aunque el primero de ellos aparece como “autor” y el segundo como “partícipe necesario”.

Los dos llegan a esta instancia detenidos en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y ambos son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua en caso de ser hallados responsables del hecho al final del proceso.

En la causa, además, hay otros dos imputados. Se tratan de Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers, quienes están acusados de falso testimonio y encubrimiento.

Reinaldo Andrade tenía 37 años.

El caso

El caso que se ventilará en debate ocurrió el 13 de noviembre de 2019, en el paraje San Ignacio de El Soberbio, a unos 500 metros de la ruta costera 2, y todo comenzó como una supuesta persecución de contrabandistas.

La reconstrucción del hecho señala que Andrade circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a dos acompañantes, mientras que los uniformados Lohn y Boges iban en un Ford Focus vestidos de civil.

En medio de la persecución, Andrade recibió un disparo que salió -comprobado científicamente- de la pistola reglamentaria de Lohn, tras lo cual falleció prácticamente en el acto.

La posterior autopsia practicada concluyó, además, que la bala ingresó por la nuca de la víctima fatal y que el disparo fue ejecutado a corta distancia.

Las diferentes posturas están marcadas respecto a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, si es que hubo tal.

Desde la defensa de los imputados insistieron en que los uniformados presumieron que los ocupantes del Gol Trend estaban en una maniobra de contrabando de cigarrillos y que incluso Andrade exhibió un arma de fuego durante la persecución.

Del lado de la víctima, en tanto, sostienen que ellos se dirigían hacia una chacra de la zona, escuchando música y tomando cervezas, hasta que uno de ellos bajó a orinar y en medio de esa situación arribaron al lugar los policías, que colisionaron y dispararon contra el auto.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, quien procesó a Lohn por “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego” y a Boges por “partícipe necesario del delito de homicidio calificado, por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego”.

Dichas acusaciones fueron oportunamente apeladas por la defensa de los imputados, aunque la Cámara de Apelaciones de la provincia avaló todo lo actuado por el juzgado de instrucción.

De esta manera, el expediente fue elevado al Tribunal Penal Uno de Oberá para que sea ventilado en debate oral con esas imputaciones, aunque las tres fechas fijadas previamente debieron ser postergadas por diversos planteos defensivos o imponderables de último momento. 

“Fue un terrible caso de gatillo fácil que, esperamos, se esclarezca y no se trate de cubrir a los responsables, porque no todo termina en los policías que lo mataron. Entendemos que hubo responsabilidad del mando del Comando Radioeléctrico porque fue un crimen cometido por dos policías de civil, en un auto particular, sin identificación y que se buscó disfrazar con un supuesto operativo”, sostuvo en el segundo aniversario del caso, Pablo Andrade, hermano de la víctima, en diálogo con Radioactiva 100.7.

Además, en esa misma entrevista radial describió que “se detuvieron a orinar pero mi hermano se quedó en el auto. Segundos antes de entrar escucharon detonaciones, disparos, suben y en segundos los policías aparecen en ese auto oscuro, con vidrios polarizados y al ponerse casi a la par recibe el balazo, que de acuerdo a la autopsia entró de atrás y explotó en la frente, por eso es mentira la versión de ellos, que dicen que dispararon a la luneta porque se sintieron amenazados. Mi hermano no tenía armas”.


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