Judiciales
Caso Irma, el juicio: dos testigos vieron lesiones en las manos de Esteche
El juicio por el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado en diciembre de 2016 en Garupá, continuó hoy y dos testigos declararon haber visto -y certificado- lesiones en ambas manos del imputado Alejandro Esteche al momento de su ingreso como detenido a la comisaría interviniente.
Las declaraciones que pueden complicar el futuro de Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), único imputado en la causa, fueron brindadas por Héctor Giménez, que al momento del hecho trabajaba como personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), y Liliana Benítez, que era médica policial con funciones en la Comisaría Quinta.
A su turno, Giménez indicó que su intervención en el caso comenzó el 18 de diciembre al mediodía -más de un día después del hecho- y a continuación relató de qué forma el grupo de investigadores llegó hasta el hoy imputado.
El hombre indicó que la comisión abocada al caso se interiorizó en los pormenores del hecho y realizó un relevamiento por la zona, obteniendo testimonios que ubicaban a Esteche en la fiesta de fin de año que se desarrollaba en el predio de “La Económica” en Garupá, evento al cual Irma asistió y conoció al acusado.
“Prácticamente todos describieron características físicas y de vestimenta que eran coincidentes con lo que dijo Frutos”, señaló Giménez, haciendo referencia al testigo Lucas Frutos, ex prefecturiano que auxilió a Irma malherida y quien ubicó al imputado en la escena del hecho.
Luego, Giménez agregó que “vamos a su domicilio y lo demoramos. De ahí lo llevamos a la Comisaría Quinta porque era la jurisdicción. Ahí le hicimos una revisión médica porque nos llamó la atención la lesión que tenía en la palma derecha y en el dorso de la mano izquierda”.
En un momento, el testigo fue consultado por Edgardo Cabrera, abogado defensor de Esteche, sobre una supuesta “indagatoria” a su defendido en la seccional policial, a lo cual Giménez respondió que “eso es solo por los dichos de su defendido, yo no tengo conocimiento de que se haya hecho algún interrogatorio. No lo tenemos permitido”.
El fiscal Martín Rau y el defensor Edgardo Cabrera compartiendo escritorio durante una testimonial por videoconferencia.
El siguiente turno fue para la testigo Liliana Benítez, la doctora que ese mismo día firmó el certificado de la revisión médica practicada a Esteche tras ser detenido y alojado en la Comisaría Quinta de Garupá.
La mujer ratificó lo volcado en el documento y declaró en coincidencia con el testigo Giménez, al señalar que el detenido presentaba “escoriaciones en la palma de la mano derecha y en el dorso de la mano izquierda”.
Allí, la profesional dio precisiones y definiciones sobre las escoriaciones, mencionando que las mismas pueden ser “sangrantes o no sangrentes” y pueden originarse con “un simple rascado, con un rasguño, un golpe violento o con un objeto contundente. Todo depende del mecanismo de acción”.
Cabrera volvió a intervenir. El letrado preguntó si la lesión de Esteche podía corresponderse a una caída, a lo cual Benítez contestó que “en la foto -de la mano lesionada- se ve una lesión más puntual. Un arrastre de caída va a generar más lesiones, como las lesiones que se provocan en la rodilla con una caída”.
La discusión de las lesiones tiene un especial en interés, teniendo en cuenta que la víctima fue sufrió golpes de puño en el rostro y que luego fue ultrajada sexualmente y empalada con la rama de un árbol, lo cual le provocó severas lesiones internas que derivaron en su muerte después de 30 horas de agonía.
Esteche está detenido e imputado bajo una figura que prevé prisión perpetua. El juicio podría culminar el próximo lunes.
Más testigos
En la continuidad de la quinta audiencia del debate oral declararon otros cinco testigos, entre los cuales hubo familiares del acusado, profesionales en criminalística, bioquímicos, psicólogos y trabajadores sociales.
En esa línea, Facundo, ex cuñado de Esteche, desde Zárate y mediante una aplicación de videoconferencia, recordó que el imputado bailó unos minutos con la víctima en la fiesta de fin de año y aseguró que vio al hombre salir del lugar apenas unos minutos después que la mujer.
La psicóloga Ana María Bogado, en tanto, recordó cómo fue su encuentro con Irma en el hospital y describió que “ella refería sufrir mucho. Lloraba, gritaba, gemía de dolor. Era desgarrador estar ahí, en la habitación con ella. Era una escena terrible”.
El debate continuará mañana, a partir de las 8.30, con más testimoniales. Se prevé que la sentencia sea impartida el próxima lunes.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya -subrogante-. El Ministerio Público Fiscal, en tanto, está representado por Martín Rau.
Esteche está imputado por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, que prevé una pena de prisión perpetua.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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