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Carta de la familia de Antonella Bernhardt a días del juicio por femicidio

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caso antonella Bernhardt

A menos de una semana para el comienzo del juicio oral para esclarecer el femicidio de Antonella Bernhardt (27), registrado en abril de 2019 en Posadas, desde el entorno de su familia difundieron un comunicado para agradecer el acompañamiento recibido durante los años de lucha que transcurrieron hasta la llegada de esta etapa decisiva para la causa.

El comunicado contiene palabras de Carlos Bernhardt, padre de la víctima, quien apenas comienza se realiza una pregunta que sintetiza el sentimiento generalizado en la familia: “¿Cómo le explico a mi nieta de tres años que nunca va a conocer físicamente a su tía porque un individuo, en su retorcido machismo, no aceptó un NO como respuesta y decidió matarla?”.

Tal como publicó La Voz de Misiones, el juicio por el femicidio de Antonella se desarrollará desde el 6 hasta 10 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, escenario elegido para garantizar una mayor capacidad de aforo.

El debate oral será llevado adelante por el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Ángel Dejesús Cardozo y Viviana Cukla, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Martín Alejandro Rau. Se prevé la declaración de una treintena de testigos.

El acusado es el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (32), quien llega a instancia de juicio detenido y procesado por el delito de femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua.

“En su momento fue titular en primera página de los diarios, se habló de ello en todos los medios, pero después tuvimos que esperar. Pasaron cuatro años y medio desde aquella fatídica fecha, pero para nosotros, su familia, ha sido un tiempo mucho mayor, tiempos de dolor, de incertidumbre y de preguntarnos hasta cuándo tendríamos que esperar para que esto llegue a juicio”, señaló el padre de la joven en el comunicado difundido hoy.

La familia también tendrá participación en el debate con un representante legal que actuará como querellante y Carlos Bernhardt sostuvo: “¿La indudable condena nos dará algún alivio, algún consuelo? Probablemente no. Hay daños que son irreparables y, por mucho que haga el Poder Judicial, no lo podrá remediar”.

Además, reflexionó en que “lo que sí pueden hacer es extremar recursos para que estos hechos no se repitan, especialmente en aquellos casos donde hay indicios previos. Debo hacer todo lo que esté legalmente a mi alcance para evitar que este hombre pueda transitar libremente en nuestra sociedad”.

Por último, el hombre aprovechó para agradecer el acompañamiento recibido durante estos años a la espera del debate. “Estos cuatro años sirvieron para la reflexión. Recuerdo el acompañamiento que tuvimos con las marchas en las que participé antes por situaciones similares (…) No puedo dejar de agradecer a innumerables personas que nos han acompañado, muchas de ellas desconocidas; y a instituciones que lo han hecho, como el Instituto Carlos Linneo, la Facultad de Arte y Diseño, la Universidad Nacional de Misiones y organizaciones como NI UNA MENOS y MUMALA, entre tantas otras”, remarcó.

Antonella Bernhardt era de Oberá, tenía 27 años y fue asesinada de una puñalada en la garganta. Su femicidio se registró el 4 de abril de 2019 y Vargas fue filmado por una vecina mientras salía de la escena del crimen.

En un principio, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, encuadró el caso como un homicidio simple ya que no existía relación de pareja entre víctima y acusado, aunque luego de planteos realizados tanto por la fiscalía como por la querella, la acusación sumó el agravante de femicidio y la resolución posteriormente fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.

La modificación significó un duro revés contra Vargas, ya que bajo una acusación de homicidio simple se enfrentaba a una pena de máxima de 25 años de cárcel, mientras que por femicidio el futuro sólo le depara la prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.


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Un número de teléfono, el principio del fin para el Negro Rojas

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Negro Rojas

Un número de teléfono entregado por campanas en la costa del río Paraná en Montecarlo marcó el principio del fin para Néstor Fabián “El Negro” Rojas. Así lo revelaron agentes de inteligencia criminal pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) al abrir esta mañana la etapa de testimoniales en el juicio oral que se lleva adelante en contra del sindicado narco-sicario acusado de asesinar a su socio Aldo Andrés Canteros y más tarde montar la organización Primer Comando de Frontera (PCF).

En total fueron cinco los uniformados federales que hoy declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas. Lo hicieron en forma telemática y con la cámara apagada, por motivos de seguridad expresamente solicitados por la cartera que lidera Patricia Bullrich.

Para mediados de 2018, los cinco testigos eran parte de la Delegación Inteligencia Criminal Zona Alto Paraná de la PNA, con asiento en Eldorado, y ante las partes reconstruyeron la génesis de la investigación que volvió a poner bajo la lupa a Rojas, quien para ese entonces acumulaba más de tres años prófugo en el marco del doble homicidio de El Acuerdo, perpetrado en Posadas.

Todos los prefecturianos coincidieron al relatar que, luego de un procedimiento policial que culminó con la incautación de una tonelada de marihuana, decidieron adentrarse en la zona conocida como “Puerto Natural” o “Puerto Kimmich” de Montecarlo, a la vera del río Paraná.

Con la intención de detectar movimientos e identificar actores responsables de maniobras de contrabando, los investigadores comenzaron a realizar tareas de campo en la zona, con recorridas encubiertas y averiguaciones con lugareños. 

“Comenzamos con las tareas de campo e hicimos averiguaciones. Los lugareños nos brindaron información sobre un grupo delictivo que acopiaba estupefaciente para mandar a Buenos Aires después y nos hablaron sobre un paraguayo llamado Carlos Sosa como el organizador de todo. Nos pasaron su teléfono”, recordó sobre esas primeras labores Marcelo Álvez, uno de los agentes intervinientes que declaró hoy.

Negro Rojas

El juicio se desarrolla en el TOF de Posadas y tanto Rojas, como los magistrados y los testigos participan de manera telemática.

El mismo testigo añadió que en otra recorrida por la zona los mismos lugareños corrigieron la primera información brindada e indicaron que el encargado de todas las maniobras no era paraguayo, ni se apellidaba Sosa, sino que era argentino y se llamaba Néstor Rojas, más conocido como El Negro, aunque el teléfono brindado sí era el mismo y eso marcó el principio del fin del sindicado capo narco actualmente detenido en la cárcel federal de Marcos Paz.

“Nos brindaron el número pero no quisieron dar sus datos. Ellos tenían el número para avisar si habían fuerzas de seguridad en la zona. Cuando se consiguió el teléfono, se pidió su intervención y de las escuchas fueron surgiendo domicilios y personas. Nosotros identificamos a Rojas, a Aldo Canteros (luego asesinado) y otro llamado Eduardo Martínez”, detalló Álvez, tras una última pregunta efectuada por la fiscal Vivian Barbosa.

Los testigos de la jornada fueron claros al mencionar que ellos se dedicaban a realizar labores de campo, las cuales en su mayoría consistían en certificar datos que surgían gracias a la interceptación de la línea telefónica adjudicada a Rojas.

“Rojas le indicaba a Canteros y a Martínez los caminos y los modos de hacer todo. Ellos recibían indicaciones de él. Se presume que él era el organizador”, reveló a su turno Hernán Rodas, otro agente de inteligencia de PNA.

El uniformado recordó que, mediante el trabajo realizado, más tarde pudieron marcar un domicilio de Rojas en la localidad de Hipólito Yrigoyen y uno de Canteros en Gobernador Roca, puntos que formaban parte del itinerario de los traslados de estupefacientes desde Montecarlo, que era el lugar de recepción de los cargamentos.

La investigación fue tal que los agentes lograron realizar seguimientos encubiertos de al menos dos operatorias de traslado de droga. En uno de esos viajes participaron un Fiat Siena y una Ford Eco Sport, mientras que la segunda misión fue realizada por una caravana conformada por un Renault Clío, un Renault Logan y un Chevrolet Cobalt.

Según trazó el agente Álvez, la comitiva viajó hasta Montecarlo, ingresó a una zona de montes y al volver a la ruta los autos aparecieron “más planchados”, como cargados, y el camino de regreso culminó en la chacra de Canteros en Roca.

La descripción de los vehículos es otro punto clave de la pesquisa, dado que tanto Álvez como Rodas días más tarde ubicaron a Rojas dentro de ese Renault Logan en compañía de Canteros por las calles de Roca.

“Yo a Rojas lo vi una sola vez. Fue el 3 de agosto de 2018. Salieron de la chacra de Canteros en un Logan y fueron hasta el centro. Canteros se bajó a un kiosco y Rojas se quedó. Iba en el asiento del acompañante y tenía la ventanilla baja”, precisó Álvez.

Todos los testigos de hoy admitieron que con todos los elementos recolectados se solicitó una orden de allanamiento, aunque desconocen por qué la medida nunca se concretó, argumentando que esas decisiones correspondían a “la superioridad”.

El Renault Logan incautado por la Policía tras el asesinato de Canteros.

Asesinato y narcotráfico

Lo cierto es que, apenas dos días después, es decir, el 5 de agosto de 2018, se produjo el asesinato de Canteros en su chacra de Gobernador Roca. La hipótesis acusatoria sostiene que Rojas advirtió movimientos extraños en los alrededores de la finca y al sentirse traicionado decidió acabar con la vida de su colaborador, con quien poco antes había compartido un asado de cumpleaños.

Rojas fue atrapado ocho días después de aquel crimen. Fue ubicado en el complejo de cabañas La Aventura de Posadas, donde estaba a punto de concretar una venta de cocaína a compradores oriundos de Entre Ríos.

“Yo de mis delitos siempre me hice cargo, pero no me puedo hacer cargo de delitos que no cometí. En las fiscalías y juzgados de mi provincia me han perseguido durante mucho tiempo. Me hice cargo de la cocaína y me hice cargo de que estuve en el lugar, pero yo no maté a Canteros”, declaró Rojas al inicio del debate, que de ser hallado culpable del crimen de su antiguo socio puede ser condenado a prisión perpetua.

Tras ser detenido, el narco-sicario estuvo preso en la UP VI de Posadas y en la UP II de Oberá, aunque era considerado una “bomba de tiempo” para los penitenciarios y, en consecuencia, fue trasladado a la cárcel federal de Ezeiza, donde continuó cometiendo delitos, según tienen establecidos los fiscales que Vivian Barbosa, Diego Iglesias y Martín Uriona, estos últimos de la Procuración General de la Nación (Procunar), quienes intervienen en el juicio.

Esos delitos esta vez hacen referencia a la creación del PCF, una empresa criminal con la que Rojas pretendió emular a grandes bandas del crimen organizado brasileño como el Primer Comando Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Bala Na Cara, grupos con los cuales en teoría tenía nexos activos y quienes además abastecía de droga.

En la causa del PCF había otros ocho imputados quienes ya firmaron un acuerdo de juicio abreviado por penas de entre 6 y 9 años de prisión. Al debate oral junto a Rojas solo llegó Pablo Antonio Campos Retamar (53), un hampón de Ciudadela que también estaba preso en Ezeiza por varios asaltos y desde ahí se encargaba de organizar la logística necesaria para recibir y almacenar la droga que la organización enviaba a Buenos Aires.

El debate oral continuará el 24 de junio. El tribunal que lleva adelante el juicio está íntegramente conformado por magistrados subrogantes: Víctor Alonso (Corrientes), Fermín Ceroleni (Corrientes) y Enrique Bosch (Chaco).

Como defensores intervienen Marco Racagni, en representación de Rojas, y Mariano Romero por Campos Retamar.

Rojas adelantó que en la próxima audiencia desea volver a tomar la palabra. En jornadas anteriores solicitó tener la posibilidad de interrogar a los testigos, aunque el planteo fue rechazado por el tribunal.

“Yo no voy a permitir que me tiren delitos encima para que me pudra en la cárcel. Acá se juega mi vida en la cárcel”, prometió en la primera audiencia.

Negro Rojas

Rojas está detenido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Marcos Paz.

 

Juzgan a Rojas por homicidio y narcotráfico: “Se juega mi vida en la cárcel”


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Sancionaron al juez federal de Eldorado por acoso y maltrato laboral

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juez federal guerrero

El juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, fue sancionado con una quita del 30% de su salario por única vez en el marco de una investigación interna por acoso y maltrato laboral en perjuicio de trabajadores de la dependencia a su cargo.

La sanción fue aplicada y comunicada hoy, tras una sesión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación presidida por su presidente Héctor Recalde.

Uno de los temas tratados fue el expediente iniciado en 2021 contra el juez Guerrero luego de una serie de denuncias por acoso y maltrato laboral en contra de trabajadores del juzgado con asiento en Eldorado.

Allí, después de varias audiencias previas donde se expusieron las circunstancias de los hechos denunciados, el Consejo resolvió sancionar al magistrado con una quita del 30% de sus haberes por única vez.

“La verdad que fue bastante agobiante. El último testimonio de Adriana Agüero fue realmente una cosa conmocionante porque aparentemente los sufrimientos que padecieron quienes trabajaron bajo la conducción del doctor Guerrero, muchos terminaron con tratamiento psiquiátrico“, expuso Recalde.

El consejero Alberto Agustín Lugones, por su parte, expuso que “no es para mí grato promover la sanción de un magistrado, de un colega, pero también tenemos la obligación de tratar y conseguir que el Poder Judicial funcione mejor. No puede un magistrado trabajar sin respetar los derechos y las personas que están con él“.


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Coleco firmó un juicio abreviado y podría ser el fin de su carrera política

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Coleco Kryvszuk

Alberto “Coleco” Kryvszuk, el ex intendente de El Soberbio destituido en 2013 por hechos de fraude en la administración pública, firmó un acuerdo de juicio abreviado esta mañana y evitó la exposición pública que representaba comparecer en un debate oral ante la Justicia. No irá preso pero, de quedar firme la resolución, tendrá inhabilitación perpetua para volver a ocupar un cargo en el Estado.

El debate oral contra Colecto y parte de sus ex funcionarios debía desarrollarse hoy en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Oberá, pero a último momento el ex alcalde alcanzó un acuerdo con la Fiscalía interviniente.

Si bien el hombre llegó a juicio acusado de “peculado” y “malversación de fondos públicos”, el juicio abreviado se firmó bajo otra calificación legal que hasta el momento no trascendió.

Lo que sí se supo y fue corroborado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones es que en la resolución Coleco admite los hechos endilgados y también acepta ser condenado a tres años de prisión en suspenso.

Bajo estas condiciones, el ex intendente de la Capital de las Esencias, no irá a la cárcel debido a que durante la etapa de instrucción permaneció dos años tras las rejas, tiempo que ya cuenta como cumplimiento de pena.

Otro punto trascendental del acuerdo es que establece una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos de públicos, lo que se traduce en que cuando el documento quede firme Coleco no podrá volver a ser candidato ni a trabajar para el Estado.

El acta con las condiciones del acuerdo ahora debe ser analizado por los magistrados del tribunal obereño, quienes, en caso de no detectar irregularidades, deberán transformar la resolución en sentencia definitiva.

Coleco en plena campaña para intendente en 2023.

Destituido, prófugo y luego candidato

La historia de la causa se remonta a octubre de 2013, cuando el Concejo Deliberante de El Soberbio resolvió la destitución de Coleco después de diez años de gestión debido a irregularidades detectadas en un informe presentado por la comisión investigadora, lo cual posteriormente derivó en una denuncia penal por delitos de “peculado” y “malversación de fondos públicos”.

En marzo de 2014, el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, libró una orden de detención en contra del ex jefe comunal pero logró escapar de los operativos y permaneció nueve meses prófugo, hasta que finalmente se entregó en una comisaría local.

El imputado permaneció detenido hasta 2017 y un año después la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio de la causa en su contra, aunque el proceso se dilató hasta ahora.

En el medio, amparado en la ley electoral, Colecto volvió a presentarse como candidato a intendente de El Soberbio por el Frente Renovador de la Concordia ya que no tenía condena firme en su contra.

Su campaña se basó en promesas de interceder ante las fuerzas federales y poner un freno a los controles por contrabando para así favorecer a los “chiveros”. Con ese discurso, cosechó una buena cantidad de votos, pero no le alcanzó para ganar.


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