Judiciales
Carta de la familia de Antonella Bernhardt a días del juicio por femicidio
A menos de una semana para el comienzo del juicio oral para esclarecer el femicidio de Antonella Bernhardt (27), registrado en abril de 2019 en Posadas, desde el entorno de su familia difundieron un comunicado para agradecer el acompañamiento recibido durante los años de lucha que transcurrieron hasta la llegada de esta etapa decisiva para la causa.
El comunicado contiene palabras de Carlos Bernhardt, padre de la víctima, quien apenas comienza se realiza una pregunta que sintetiza el sentimiento generalizado en la familia: “¿Cómo le explico a mi nieta de tres años que nunca va a conocer físicamente a su tía porque un individuo, en su retorcido machismo, no aceptó un NO como respuesta y decidió matarla?”.
Tal como publicó La Voz de Misiones, el juicio por el femicidio de Antonella se desarrollará desde el 6 hasta 10 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, escenario elegido para garantizar una mayor capacidad de aforo.
El debate oral será llevado adelante por el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Ángel Dejesús Cardozo y Viviana Cukla, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Martín Alejandro Rau. Se prevé la declaración de una treintena de testigos.
El acusado es el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (32), quien llega a instancia de juicio detenido y procesado por el delito de femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua.
“En su momento fue titular en primera página de los diarios, se habló de ello en todos los medios, pero después tuvimos que esperar. Pasaron cuatro años y medio desde aquella fatídica fecha, pero para nosotros, su familia, ha sido un tiempo mucho mayor, tiempos de dolor, de incertidumbre y de preguntarnos hasta cuándo tendríamos que esperar para que esto llegue a juicio”, señaló el padre de la joven en el comunicado difundido hoy.
La familia también tendrá participación en el debate con un representante legal que actuará como querellante y Carlos Bernhardt sostuvo: “¿La indudable condena nos dará algún alivio, algún consuelo? Probablemente no. Hay daños que son irreparables y, por mucho que haga el Poder Judicial, no lo podrá remediar”.
Además, reflexionó en que “lo que sí pueden hacer es extremar recursos para que estos hechos no se repitan, especialmente en aquellos casos donde hay indicios previos. Debo hacer todo lo que esté legalmente a mi alcance para evitar que este hombre pueda transitar libremente en nuestra sociedad”.
Por último, el hombre aprovechó para agradecer el acompañamiento recibido durante estos años a la espera del debate. “Estos cuatro años sirvieron para la reflexión. Recuerdo el acompañamiento que tuvimos con las marchas en las que participé antes por situaciones similares (…) No puedo dejar de agradecer a innumerables personas que nos han acompañado, muchas de ellas desconocidas; y a instituciones que lo han hecho, como el Instituto Carlos Linneo, la Facultad de Arte y Diseño, la Universidad Nacional de Misiones y organizaciones como NI UNA MENOS y MUMALA, entre tantas otras”, remarcó.
Antonella Bernhardt era de Oberá, tenía 27 años y fue asesinada de una puñalada en la garganta. Su femicidio se registró el 4 de abril de 2019 y Vargas fue filmado por una vecina mientras salía de la escena del crimen.
En un principio, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, encuadró el caso como un homicidio simple ya que no existía relación de pareja entre víctima y acusado, aunque luego de planteos realizados tanto por la fiscalía como por la querella, la acusación sumó el agravante de femicidio y la resolución posteriormente fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
La modificación significó un duro revés contra Vargas, ya que bajo una acusación de homicidio simple se enfrentaba a una pena de máxima de 25 años de cárcel, mientras que por femicidio el futuro sólo le depara la prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Judiciales
Policías destituidos por “sedición” presentaron un amparo contra el gobierno
Los ocho policías detenidos y destituidos por el gobierno tras el inicio de una causa que los investiga por presuntos delitos de “sedición” y “conspiración” trabaron este lunes una acción de amparo en el que le solicitan a la Justicia la nulidad del decreto 2084/24 que dispuso la cesantía de todos ellos en la fuerza provincial.
El recurso fue presentado ante el Juzgado Laboral Dos de Posadas y lleva las firmas de los abogados Eduardo Paredes y Roxana Rivas, quienes actúan en representación de los ocho uniformados actualmente detenidos con prisión preventiva en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul: Ramón Oscar Amarilla, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Canteros, Diego Correa, Horacio Elias Couto, Adolfo Guirula y Joaquín Orrego.
En el documento, los letrados acusan que la medida del Ejecutivo es inconstitucional y que viola tanto el debido proceso, como el derecho a defensa y la garantía constitucional de estabilidad de empleo público.
Además, hacen hincapié en las consecuencias que esta decisión gubernamental acarrea en las familias de los agentes involucrados, quienes ahora quedaron en contextos de vulnerabilidad e indigencia.
“De delegados a sediciosos”
“Estas sanciones disciplinarias y penales se dan en el marco de los reclamos y acciones vinculadas a la representación que ejercimos por le colectivos de los trabajadores policiales, demandando condiciones salariales y de trabajo, actividad que se ejerce sin ninguna de las protecciones o tutelas que cualquier otro delegado y o representantes gremial o sindical cuentan actualmente”, se lee en el documento de 31 páginas al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Y añade: “Se nos ha reconocido en tanto hemos formado parte de las mesas paritarias durante los últimos años tal calidad homologándose nuestros acuerdos por el organismo de aplicación de las leyes laborales con anuencia del Ministerio de Gobierno, hasta que sin ningún tipo de motivación objetiva se nos desvirtuara el rol pasando de ser delgados a sediciosos, a los que además se nos priva de los mas elementales derechos como al debido proceso tanto administrativos como judiciales. Hasta los genocidas han gozado plenamente de estas garantías tanto en las instancias administrativas como penales”.
Finalmente, los recurrentes solicitan que el juzgado ordene una medida cautelar innovativa y retrotraiga la situación de revista de los funcionarios policiales involucrados a la fecha previa del decreto firmado el 24 de septiembre pasado por el gobernador Hugo Passalacqua. También solicitan que, en consecuencia, se liquiden los haberes correspondientes a los meses transcurridos, como así también la reinstauración de las prestaciones personales y familiares que corresponden.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.
En esas conversaciones, los involucrados presuntamente planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre. Menos de un mes, el mismo juez resolvió la prisión preventiva de los ocho detenidos por “sedición” y “conspiración”.
El gobierno destituyó a los ocho policías detenidos por intento de sedición
Judiciales
Prisión preventiva para los ocho policías acusados de sedición y conspiración
El Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, resolvió esta mañana el dictado de la prisión preventiva por delitos de “sedición” y “conspiración” contra los ocho policías detenidos a mediados de septiembre tras el descubrimiento del grupo de Whatsapp “Solo Cola”, donde presuntamente organizaban una nueva revuelta para desestabilizar a la cúpula de institución.
La medida fue dictaminada esta mañana y alcanza a los imputados Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Amarilla, este último referente de la mesa de diálogo y vocero del acampe policial realizado en mayo en el marco de una serie reclamos salariales multisectoriales que se llevaron adelante en la provincia.
Los agentes implicados fueron trasladados nuevamente hoy hacia el edificio de tribunales ubicado sobre calle Santa Fe, previo paso por una dependencia policial ubicada en el predio que ocupa la Jefatura de Policía sobre las calles Félix de Azara y Tucumán del centro posadeño.
Todos ellos fueron llevados en un nuevo camión acondicionado especialmente para el traslado de detenidos y tras cumplimentar los trámites judiciales serán alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul, único presidio con un pabellón exclusivo para ex agentes de diversas fuerzas de seguridad.
“Solo Cola”
Los acusados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta.
La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”.
En esas conversaciones, los involucrados planificaban un nuevo levantamiento, aunque esta vez con medidas muchos más extremas que la protesta con acampe que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
En esta ocasión, los agentes bajo sospecha hablaban de provocar incendios de pastizales para luego sustraer móviles de los Bomberos y replicar la maniobra con patrulleros de distintas comisarías.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
Una vez que el informe pericial llegó a manos de la Justicia, el magistrado Verón libró las respectivas órdenes de detención, que se cumplieron ese 19 de septiembre entre la tarde y noche.
“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial
Judiciales
Imputaron al joven detenido por el asesinato de un jubilado en Andresito
Tiene apenas 22 años, pero puede pasar gran parte del resto de su vida tras las rejas. Juan Gabriel Ramos, el joven detenido por el asesinato a fierrazos del jubilado Juan Manuel Symiuk (77) en Comandante Andresito, fue imputado por “homicidio agravado por criminis causa”, que prevé prisión perpetua.
El muchacho oriundo de Aristóbulo del Valle fue trasladado ayer hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites, instancia en la que optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia, fue notificado de los elementos de prueba que hasta el momento se recolectaron en su contra y fue imputado formalmente por el delito de “homicidio agravado por criminis causa”, figura contemplada en el artículo 80, inciso 7, del Código Penal argentin y que prevé prisión perpetua.
Culminado el trámite, Ramos volvió a ser trasladado a una celda policial, donde continuará detenido mientras avanza el expediente en su contra.
Fierrazos en la nuca
Ramos aparece como único sospechoso del asesinato de Syniuk, un jubilado que residía solo en una vivienda del barrio Quintas Bajas de Andresito y que entre el jueves pasado fue ultimado a fierrazos en la nuca.
Quien ahora aparece como único acusado del caso se había mudado pocos meses antes desde Aristóbulo hasta Andresito para residir junto a una tía y así entabló relación con Syniuk, que vivía en el mismo barrio.
El joven fue visto y también captado por cámaras de seguridad ese jueves a la tarde mientras regresaba de una despensa junto a la víctima. Se cree que al llegar cometió el crimen para robarle dinero al anciano, tras lo cual escapó en colectivo hacia su pueblo natal, donde finalmente fue detenido horas después.
Syniuk era padre de Marcelo Syniuk, un ex funcionario provincial y “mano derecha” del ex gobernador Maurice Closs.
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