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El Clan Mareco firmó un acuerdo de juicio abreviado por 5 años de prisión

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Los tres integrantes del denominado Clan Mareco, quienes debían responder ante la Justicia en un debate oral y público por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y encubrimiento de contrabando, firmaron un acuerdo de juicio abreviado en el que admiten las acusaciones en sus contra y aceptan ser condenados a una pena de cinco años de prisión, consignaron altas fuente consultadas por La Voz de Misiones.  

Los implicados son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

El juicio contra los tres imputados estaba fijado para el próximo lunes, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero antes de llegar a esa instancia los implicados decidieron reconocer los hechos endilgados y aceptaron ser condenados a cinco años de prisión por los delitos descritos al comienzo. En el caso de Villalba, además, se le suma resistencia a la autoridad.

Los acuerdos de juicio abreviado fueron firmados por los imputados, sus respectivos abogados defensores y la Fiscalía del TOF.

Ahora, el documento será elevado al Tribunal, cuyas las autoridades deberán analizar y homologar el convenio para que el acuerdo tome carácter de sentencia.

Las mismas fuentes señalaron que Ramona Mareco ya cumplió tres años y tres meses tras las rejas, por lo que, de homologarse las condiciones firmadas en el juicio abraviado, ya estaría en condiciones de solicitar la libertad condicional.

Podeley, en tanto, deberá cumplir al menos un año más detenido, mientras que a Villalba le quedarían cerca de seis meses más a la sombra.

En la causa, cabe aclarar, hay un cuarto implicado. Se trata de Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional.

El Clan

El accionar del Clan Mareco quedó al descubierto en enero de 2016, cuando otro integrante de la organización familiar mantuvo un tiroteo con la Policía mientras guiaba el paso de una camioneta cargada con cigarrillos de contrabando por caminos vecinales que conducen al río Paraná, en la zona de Colonia Oasis, a 13 kilómetros de Jardín América.

Desde ese momento, efectivos policiales y uniformados federales iniciaron una extensa y compleja pesquisa que derivó en un expediente paralelo al tiroteo, en el cual se investigaba los delitos de asociación ilícita y encubrimiento de contrabando, aunque en la etapa de recolección de pruebas también surgió que los involucrados realizaban maniobras económicas para reingresar el dinero de origen delictivo al circuito legal.

De esta forma, la avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, estaba todo listo y el 28 de marzo era el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.

Sin embargo, una semana antes, decidieron admitir sus responsabilidades y firmar un juicio abreviado por cinco años de prisión.


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ATE Misiones repudió homenaje a genocida en el Regimiento 30 de Apóstoles

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La delegación en Misiones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repudió esta mañana el recibimiento con honores que se le brindó en el Regimiento 30 del Ejército Argentino en Apóstoles al ex coronel Horacio Losito, veterano de Malvinas y genocida condenado en tres causas por crímenes de lesa humanidad, entre ellas la Masacre de Margarita Belén, fusilamiento en el que fueron asesinados cuatro militantes misioneros.

“Esto marca un retroceso notable para la democracia, marcando la transversalidad de los discursos negacionistas del gobierno nacional que sostiene la ‘Teoría de los dos demonios’, generando y multiplicando discursos de odio, que van en desmedro del arduo trabajo de revisionismo histórico que en 40 años de democracia hemos realizado sindicatos, organizaciones de derechos humanos, activistas independientes y sociedad civil para mantener vida la memoria, la verdad y la justicia”, señalaron en un posteo en Facebook.

La publicación agrega que “en nombre de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén y sus familiares habrá que seguir trazando los caminos para no permitir que el odio y los reivindicadores negacionistas del genocidio nos borren el proceso maravilloso de construcción democrática que se ha logrado en estos 40 años”.

Graciela Franzen, por su parte, presa política en la dictadura y hermana de Luis Arturo Franzen, uno de los cuatro misioneros fusilados en la masacre que derivó en la condena a prisión perpetua del ex militar Losito, también lamentó lo sucedido en el Regimiento de Monte 30 del Ejército. “En Argentina no hay seguridad. Horacio Losito, genocida con varias condenas, amigo del padre de la vicepresidenta, en libertad”, criticó en redes.

A nivel nacional, la organización de derechos humanos Hijos, que cuenta con filiales en todo el país, también se hizo eco de la noticia y a través de X apuntaron “así fue reivindicado el terrorismo de Estado”, en respuesta al video que eternizó el recibimiento con honores que recibió Losito durante su visita a su hijo el martes en el cuartel del Ejército en la localidad de Apóstoles.

El ex coronel que también participó de la guerra de Malvinas junto al padre de la actual vicepresidenta Victoria Villarroel, tiene tres condenas en su contra: una a perpetua y dos a 25 años de prisión, todas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La perpetua la recibió en 2011, en el marco del juicio por la Masacre de Margarita Belén, hecho perpetrado el 13 de diciembre de 1976 y en el cual los militares fusilaron a 22 militantes sociales y peronistas que en ese momento eran presos políticos.

Entre las víctimas habían cuatro misioneros Luis Arturo Franzen, estudiante de Ingeniería y trabajador del Correo Argentino; Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Alberto “Carau” Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique “El Flaco” Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Losito fue detenido en 2004 y en 2020 fue beneficiado con prisión domiciliaria, mientras que en diciembre del año pasado accedió a la libertad condicional mediante una resolución del Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes al considerar que estaba habilitad a regresar a las calles tras cumplir dos tercios de su condena.


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Genocida en libertad condicional fue recibido con honores en el Regimiento 30

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El genocida Horacio Losito, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde fusilaron a cuatro misioneros, goza de libertad condicional desde diciembre pasado y este martes fue recibido con honores en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.

Según pudo confirmar La Voz de Misiones, el arribo de Losito al cuartel se concretó el último martes para visitar a su hijo y al llegar fue recibido con honores por parte de los soldados presentes.

Las mismas fuentes indicaron que la filmación del momento contó con autorización oficial, aunque su difusión se dio por redes sociales a partir de cuentas que celebraban la liberación del condenado.

En las imágenes se lo observa descender de un rodado, avanzar frente a los soldados, realizar la venia, efectuar dos campanazos y lanzar un “Viva la Patria, Viva”.

Losito, Margarita Belén y los misioneros

Losito estuvo detenido desde 2004 y con prisión domiciliaria desde 2020, aunque en diciembre del año pasado fue favorecido con la libertad condicional otorgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, al considerar que el militar ya había cumplido dos tercios de la pena impuesta en su contra. 

El militar, que combatió en Malvinas con el padre de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, tiene una prisión perpetua y otras dos a 25 años de prisión en su contra, todas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura miliar.

La perpetua fue impartida en 2011, en el marco del juicio oral por la causa de la Masacre de Margarita Belén (Chaco) que consistió en el fusilamiento de 22 militantes peronistas, entre los cuales habían cuatro misioneros.

Según consta en los registros, el hecho se registró el 13 de diciembre de 1976, cuando una decena de detenidos políticos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario.

La versión oficial consignó que durante el viaje en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.

Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente permitieron develar que todo se trató de una puesta escena montada por los militares, utilizando la misma técnica que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país, como en Salta, con la Masacre de Palomitas.

De acuerdo a lo que se reconstruyó, en la noche previa las víctimas fueron largamente torturadas y algunas de ellas prácticamente ya fueron llevadas sin vida al lugar donde se montó la escenografía con la que los militares pretendieron simular el enfrentamiento, con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.

En el hecho fueron asesinados los misioneros Luis Arturo Franzen, estudiante de Ingeniería y trabajador del Correo Argentino; Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Alberto “Carau” Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique “El Flaco” Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Margarita Belén, 45 años: cartas de un fusilado


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El juicio por el femicidio de Sonia Cerpa comienza el 11 de marzo en Eldorado

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El 11 de marzo arrancará en el Tribunal Penal Uno de Eldorado el juicio oral contra Valdir “Cuerero” Prestes Barbosa (36), el brasileño acusado degollar y apuñalar en múltiples oportunidades a su ex pareja Sonia Cerpa (40) en Dos Hermanas, uno de los femicidios más resonantes de los últimos años en Misiones.

El juicio se extenderá durante dos jornadas más que se realizarán el 13 y el 18 del mismo mes, días en los cuales se expondrá todo el material probatorio recolectado en la investigación del hecho y se oirá el testimonio de los principales testigos, principalmente familiares de la víctima, policías, peritos y forenses.

Cuerero, como se lo conocía por su habilidad en el trabajo con cuero animal, es brasileño y al momento del hecho registraba un pedido de captura en su país por haberse fugado de la cárcel donde cumplía una condena por abuso sexual.

En esta causa, el extranjero está imputado por los delitos de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real”, figura que prevé la pena de prisión perpetua en caso der ser hallado responsable al final del proceso.

Cuerero fue detenido en el monte y recibió un balazo por parte de un familiar de Cerpa.

El hecho por el cual se lo acusa se registró en la mañana del 18 de febrero de 2020, cuando -según la reconstrucción plasmada en la pesquisa- Cuerero esperó a Cerpa agazapado entre la vegetación y cuando la mujer salió de su casa en Dos Hermanas la sorprendió para matarla.

Primero le disparó, pero el arma se trabó, ante lo cual extrajo un cuchillo y cortó el cuello de la mujer, para luego aplicarle 18 puñaladas más en diversas partes del cuerpo. Todo fue presenciado por las dos hijas de la víctima, de 2 y 6 años en ese entonces.

Después del ataque, Cuerero volvió a esconder en el monte y fue buscado intensamente tanto por la Policía como por los once hermanos de Cerpa, uno de los cuales se topó con el brasileño y le asestó un balazo.

El acusado quedó internado algunas semanas, hasta que se recuperó, compareció ante la Justicia y quedó detenido en una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), donde continúa alojado y muy probablemente siga durante un largo período más ya que la pena de prisión perpetua prevé el cumplimiento de 35 años de prisión efectiva.

Cuerero se enfrenta a una posible pena de 35 años de prisión.


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