“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación. 

Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.

Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.

El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.

Inicio

La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.

Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.

Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que hoy enfrentan un juicio oral y público en el TOF posadeño.

El tribunal y uno de los acusados conectado en forma telemática.

Escuchas

Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.

Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.

Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.

Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.

De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.

Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.

La fiscal Vivian Barbosa y la querellante por Arca Rossana Sienra.

Asociación ilícita

En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, el fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro implicados de haber “montado”, “coordinado” e “integrado” una “asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita” relacionada al contrabando de mercaderías sin aval aduanero.

Stehr además estimó que la organización operó desde “al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017” y entre sus consideraciones también señaló que el ardid no solo generó un perjuicio económico para el erario público, sino que también afectó a los comerciantes misioneros producto de la asimetría de precios que existía entre el vendedor formal y el informal.

El juicio oral continuará el lunes, a partir de las 8.30. Se prevé la culminación de la lectura de los instrumentos probatorios pendientes, para después declarar abierto el debate y dar a los imputados la oportunidad de brindar declaración indagatoria ante las partes.

El tribunal es presidido por el magistrado subrogante chaqueño Enrique Bosch e integrado por los jueces originales del TOP Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo.

En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Vivian Barbosa, mientras que como querellante particular en representación de Arca (ex Afip) participa la abogada Rosana Sienra.

Los imputados Alfonso yJuárez son defendidos por el letrado Ramón Camargo, en tanto que por Llorente actúa Luis Palma y por Castor Esquivel interviene Roberto Benítez. 

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