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Clan Mareco, a juicio el 28 de marzo: asociación ilícita, lavado y contrabando

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jardín América serán juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y será la primera vez que un expediente bajo esta calificación se ventile en debate oral y público en la historia de la provincia de Misiones.

De acuerdo a la información recaba por La Voz de Misiones, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

Además, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.

Los implicados enfrentan acusaciones por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigación de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercadería extranjera de contrabando, sacar rédito económico de ello a través de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de vehículos, propiedades o emprendimientos a través de distintas maniobras de lavado.

A esas acusaciones deberán responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle Félix de Azara, a partir del próximo 28 de marzo. En el debate participará la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposición pública que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deberán llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la condición para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.

La investigación

El accionar del Clan Mareco era prácticamente un secreto a voces en Jardín América y localidades aledañas, pero un tiroteo con la Policía los terminó de dejar al descubierto.

Ese hecho ocurrió el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaquín Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercanías de Colonia Oasis y al cruzarse con un móvil de la Unidad Regional IX abrió fuego para evadir el procedimiento.

Después de esa balacera, el menor de los Mareco permaneció prófugo varios meses hasta que finalmente se entregó y posteriormente fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.

Sin embargo, la investigación no se detuvo en él, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

Ejemplo de ello puede ser la desgravación de una intercepción telefónica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el diálogo es el siguiente:

Ramona: “Vos no leíste los mensajes de Jorge”

Villalba: “No”

Ramona: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.

Villalba: “Ahí ya vamos”

Ramona: “Dale yo voy hasta el local, allá voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.

Ese día Ramona acabó detenida. Y, según confío una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas más importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.

Lavado

En medio de todo el seguimiento, los investigadores también constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa lícita pero, en contrapartida, tenían un nivel de vida ostentoso.

Fue así que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.

Según se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquiría vehículos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.

En esa línea, se determinó, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantasía “Bendita”, en tanto que Villalba hacía lo propio en una gomería llamada “Neumáticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas traídas de contrabando. Bajo la lupa también aparecieron un autoservicio y un salón de eventos.

Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendió de la causa inicial contra Joaquín Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cayó Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por último, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, está todo listo y el 28 de marzo es el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.


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Un perro antibombas y 70 penitenciarios para el juicio de los Kiczka

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El perro antibombas Golky se sumará a los 70 penitenciarios que fueron designados para participar del megaoperativo de seguridad que desplegarán en el Palacio de Justicia el próximo 31 de marzo, en el marco del histórico juicio contra los hermanos Kiczka, acusados por tenencia y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi).

Se trata de un Pastor Belga Milinois adiestrado en despliegues preventivos y detección de explosivos. Fue incorporado hace poco más de un año, cedido por el Batallón Rodoviario de la Brigada Militar de Brasil.

En esta oportunidad, será protagonista de la inspección táctica que se llevará a cabo durante cada jornada de juicio que iniciará el próximo lunes y culminará alrededor del 16 de abril, para cuando podría dictarse la sentencia, detalló Canal 12. 

Al respecto, el alcaide general del SPP, José Cáceres, a cargo del operativo, adelantó al mismo medio que “haremos lo mejor para el resguardo de los detenidos. Vamos a garantizar la custodia para que la Justicia pueda actuar sin inconvenientes”.

De esta manera, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), a través del  Grupo de Intervención Especial Penitenciaria (GIEP) y la Sección Traslados, encabezarán el dispositivo de seguridad, con el apoyo de la Policía. Mientras que los penitenciarios trasladarán a los acusados bajo un estricto protocolo de ingreso y egreso al edificio ubicado por Santa Catalina y Centenario.

A su vez, el dispositivo incluirá a los agentes de Análisis de Información y de la Dirección General del SPP con el objetivo de acompañar y proteger a más de 60 testigos que fueron citados a declarar a lo largo de las próximas dos semanas. 

Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital

 


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Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”

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Graciela Enríquez, madre de dos de los ex policías detenidos en el penal de Loreto acusados por “sedición” y “consipiración”, Iván y Alejandro Arrieta, denunció públicamente que ambos “contrajeron enfermedades como consecuencia del mal estado” en el que se encuentra una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”.

“Ahí lo encontré a Alejandro el sábado cuando me fui en el horario de visita y el domingo. La celda mide 1.50 por 2.50, es muy chiquita y en las paredes está llena de sangre y excremento de larga data. No tienen baños, tienen que hacer sus cosas en una botella, no tienen luz ni elementos de limpieza, están en condiciones inhumanas”, relató indignada en diálogo con La Voz de Misiones. 

Y continuó: “El lunes lo trajeron a Alejandro al hospital porque tiene problemas de salud como consecuencia del estrés por el encierro. Estuvo cinco días internado por una diabetes que se le despertó ahora por las condiciones en las que está viviendo. Llegó con una glucosa en sangre de 400, nosotros no somos diabéticos en la familia y él tampoco tiene antecedentes de nada, era una persona sana. Del 4 al 9 estuvo internado y el día 10 lo trasladaron otra vez a La Pelada”.

La madre de los detenidos también cuestionó la falta de información por parte del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y el hospital: “Cuando lo trajeron al hospital nadie me avisó, nadie me dijo nada. También quedaron sin comunicación porque le sacaron el celular desde el viernes. Yo me enteré por personas que me conocen y que estaban en el pasillo. Ellos me avisaron que lo vieron ingresar, si no fuera por ellos no iba a saber porque no nos informan nada”.

“De ahí me fui al hospital hasta el directorio médico, pero no me dejaron entrar. Hablé con los penitenciarios que lo trajeron y solo me hicieron esperar sin darme ningún detalle”, aseveró.

Sin avances

Enríquez no solo cuestionó “el estado inhumano” en el que se encuentran sus hijos en la cárcel, sino que también repudió la falta de respuestas por parte del juez Fernando Verón, quien se encuentra al frente de la causa por la que están detenidos hace seis meses. 

“Podrían seguir todo el procedimiento de investigación de la causa hasta llegar al veredicto, pero creo que deberían estar con sus familias como corresponde. Mi hijo tiene cuatro chicos menores, todos en edad escolar. ¿Dónde está el derecho de los niños si se juega con la cabeza de los chicos psicológicamente?”.

Para terminar, enfatizó: “Queremos ver si pueden tener prisión domiciliaria, que sigan investigando la causa, pero que estén en sus casas con sus familias”. 

Huelga de hambre

Ante la falta de novedades, cuatro de los detenidos en Loreto decidieron iniciar una huelga de hambre. Si bien la decisión surgió el viernes, el abogado defensor de los hermanos Arrieta, Ricardo Sebastián Pérez Dorrego, afirmó que la medida se habría materializado el lunes “como consecuencia de la falta de respuestas por parte de la judicatura donde se solicitaron pruebas. También se pidió el cese de la prisión preventiva, nulidades y nada se ha resuelto”, lamentó el letrado en diálogo con La Voz de Misiones

A su vez, repudió: “No dan respuestas escudándose en cuestiones procesales absurdas”. Y sobre los detenidos, aclaró que “las medidas decidieron tomar ellos por lo que consideran, a todas luces, detenciones injustas toda vez que no cometieron ningún delito”.

Al igual que Enríquez, Dorrego apuntó contra el personal penitenciario: “Alejandro sufrió una descompensación durante el fin de semana, fue llevado al hospital Madariaga y nadie del Servicio Penitenciario quiere informar el motivo. La madre de este muchacho fue hasta el hospital y ni siquiera le permitieron verlo, manifestando un trato absolutamente inhumano”.

En cuanto al estado de la causa, afirmó: “Desde hace varios días estamos intentando hablar con el juez de la causa y siempre es imposible comunicarnos con él”.

Ataques de pánico

Matías Orrego es hermano de Joaquín Orrego, otro de los policías acusados por “sedición”, pero se encuentra detenido en el penal de Puerto Rico. Tiene 34 años y dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, quienes subsisten gracias al trabajo de su madre quien se desempeña como comerciante y es el único ingreso con el que cuentan.

“Nosotros lo visitamos en los días y horarios de visitas y físicamente se encuentra bien. Ellos en Puerto Rico no iniciaron huelga de hambre, pero mentalmente están muy mal, él tiene ataques de pánico y ansiedad porque la espera se volvió muy larga y aún no tenemos ningún tipo de respuesta sobre la causa”, aseguró Joaquín Orrego en diálogo con este medio. 

 

FOTO PRINCIPAL: Canal 12.

Policías acusados de sedición iniciaron huelga de hambre en el penal de Loreto

 

 


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Adolescente murió al despistar con una moto en el barrio Sesquicentenario

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Un adolescente de 14 años falleció ayer por la tarde al despistar con una motocicleta en el barrio Sesquicentenario de Posadas y la tragedia enlutó a la comunidad educativa de la capital provincial.

El fallecido fue identificado como Alan Rafael Escobar (14), quien circulaba en una motocicleta Rousser 135 por la calle 160 del mencionado barrio posadeño hasta que, por causas que se intentan establecer, perdió el control y se precipitó contra la cinta asfáltica.

El adolescente alcanzó a ser trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque falleció poco después debido a las graves lesiones sufridas en el impacto contra el suelo.

En el hecho intervino el personal de la comisaría Décima, además de agentes de la División Científica de la Unidad Regional X, quienes realizaron las pericias correspondiente para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Escobar cursaba el segundo año en el colegio Lisandro de la Torre, institución educativa que despidió al estudiante a través de un sentido posteo en redes sociales.

“La comunidad educativa del instituto superior Lisandro de la Torre participa con profundo pesar del fallecimiento de su alumno de 2 año A turno mañana. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso”, publicaron. 


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