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Clan Mareco, a juicio el 28 de marzo: asociación ilícita, lavado y contrabando

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jardín América serán juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y será la primera vez que un expediente bajo esta calificación se ventile en debate oral y público en la historia de la provincia de Misiones.

De acuerdo a la información recaba por La Voz de Misiones, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

Además, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.

Los implicados enfrentan acusaciones por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigación de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercadería extranjera de contrabando, sacar rédito económico de ello a través de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de vehículos, propiedades o emprendimientos a través de distintas maniobras de lavado.

A esas acusaciones deberán responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle Félix de Azara, a partir del próximo 28 de marzo. En el debate participará la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposición pública que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deberán llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la condición para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.

La investigación

El accionar del Clan Mareco era prácticamente un secreto a voces en Jardín América y localidades aledañas, pero un tiroteo con la Policía los terminó de dejar al descubierto.

Ese hecho ocurrió el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaquín Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercanías de Colonia Oasis y al cruzarse con un móvil de la Unidad Regional IX abrió fuego para evadir el procedimiento.

Después de esa balacera, el menor de los Mareco permaneció prófugo varios meses hasta que finalmente se entregó y posteriormente fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.

Sin embargo, la investigación no se detuvo en él, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

Ejemplo de ello puede ser la desgravación de una intercepción telefónica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el diálogo es el siguiente:

Ramona: “Vos no leíste los mensajes de Jorge”

Villalba: “No”

Ramona: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.

Villalba: “Ahí ya vamos”

Ramona: “Dale yo voy hasta el local, allá voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.

Ese día Ramona acabó detenida. Y, según confío una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas más importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.

Lavado

En medio de todo el seguimiento, los investigadores también constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa lícita pero, en contrapartida, tenían un nivel de vida ostentoso.

Fue así que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.

Según se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquiría vehículos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.

En esa línea, se determinó, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantasía “Bendita”, en tanto que Villalba hacía lo propio en una gomería llamada “Neumáticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas traídas de contrabando. Bajo la lupa también aparecieron un autoservicio y un salón de eventos.

Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendió de la causa inicial contra Joaquín Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cayó Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por último, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, está todo listo y el 28 de marzo es el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.


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Encontraron un cuerpo en la zona del by-pass de Posadas

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Minutos antes de las 20 de hoy, encontraron un cuerpo en inmediaciones al by pass de Posadas y agentes de la Policía de Misiones rastrillan la zona.

De momento, no hay información sobre la identidad del cadáver hallado, ni si se trata del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48) desaparecido desde el lunes.

Están presentes en el lugar, el Juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, acompañado del subjefe de la Policía, Marcos López Ascencio, para presenciar el operativo de rastrillaje en la zona, entre la rotonda de la ex 213 y Cocomarola.

Durante la jornada de hoy, los investigadores ejecutaron dos allanamientos en el marco de la investigación por la desaparición de Jorge Acuña. Como resultado, detuvieron a un personal activo de la Policía e incautaron un Renault Kwind.

Caso Acuña: un policía detenido, un auto incautado y dos casas allanadas


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Caso Acuña: un policía detenido, un auto incautado y dos casas allanadas

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La investigación por la desaparición del chofer de Uber, Jorge Daniel Acuña (48), cuyo paradero es una incógnita desde el lunes a la tarde, tuvo uno de sus puntos de mayor inflexión esta tarde, con dos allanamientos, un policía detenido y un automóvil secuestrado.

El primer procedimiento se concretó en la vivienda del mecánico hacia donde Acuña se dirigió ese lunes antes de desaparecer. Ese inmueble está ubicado sobre avenida Lavalle, casi Carlos Pellegrini, una cuadra antes de la avenida Tambor de Tacuarí, donde agentes de la Policía Científica y personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) efectuaron pericias de luminol, tanto dentro del hogar como en la zona del garaje.

Casi en paralelo, otra comisión de investigadores se dirigió hacia una casa ubicada sobre Tomás Guido, casi Blas Parera, donde detuvieron a un personal activo de la Policía de Misiones y además incautaron un Renault Kwind que habría sido captado por cámaras de seguridad en el marco de la revisión de las imágenes de dispositivos de vigilancia instaladas en cercanías al lugar donde el miércoles a la tarde apareció abandonado el automóvil Fiat Siena que Acuña utilizaba para trabajar como chofer de aplicación.

Ese vehículo estaba estacionado sobre la rampa de la vivienda y de inmediato fue cubierto por un gazebo de la Policía Científica y preparado para ser sometido a pericias de luminol.

Pericias de luminol en la primera vivienda allanada.

Los procedimientos de este viernes estuvieron dirigidos por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, actualmente en turno y a cargo de la pesquisa.

En los allanamientos también estuvieron presentes altos mandos de la fuerza provincial, entre ellos el comisario general Sandro Martínez, jefe de la Policía.

Cabe recordar que otro día clave en la pesquisa del hecho fue el miércoles a la tarde, cuando se encontró el Siena abandonado y en una primera revisión constataron en su interior vestigios de al menos dos disparos y manchas de sangre en la parte delantera.

Esos indicios, lamentablemente, hacen suponer el peor final, aunque hasta el momento no hay mayores datos sobre el paradero de Acuña, quien reside en el barrio Santa Helena de Garupá, de donde el lunes a la tarde salió para encontrarse con el mecánico de la avenida Lavalle pero nunca más se supo de él.

Si bien la ubicación del rodado se concretó el miércoles, se cree que el vehículo ya había sido abandonado en ese lugar el mismo lunes en que el chofer Uber dejó de dar señales.

Fuentes consultadas adelantaron que en el correr de las horas se podrían efectuar más procedimientos en otros puntos de la ciudad.

La segunda vivienda allanada está ubicada sobre avenida Tomás Guido, donde fue detenido un policía.

El tercer día de búsqueda de Acuña cerró con pericias de luminol en su auto


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Recibió un comprobante de transferencia trucho y cayó en estafa por Marketplace

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Un vecino de Gobernador Roca denunció haber vendido a través de Marketplace un motor de lancha y concretó el envío del producto a su comprador, aunque luego advirtió que el comprobante de transferencia era apócrifo y, en consecuencia, no recibió ningún pago.

La estafa virtual fue denunciada esta mañana, por parte de un hombre de 33 años, quien se presentó en la comisaría del pueblo para denunciar lo que padecido luego de caer en una trampa.

En su denuncia, la víctima narró que a comienzos de mes publicó en Marketplace –la plataforma de ventas de Facebook– un motor fuera de borda a la venta por 1,5 millones de pesos, tras lo cual fue contactado a través de Whatsapp por un interesado que dijo residir en la localidad entrerriana de Concordia.

Tras avanzar en diálogos, el vecino acordó la venta del producto y realizó el envío del motor una vez que recibió un comprobante de transferencia, aunque luego advirtió que el dinero nunca ingresó a su cuenta bancaria, ante lo cual constató que el certificado recibido era apócrifo.

El caso fue remitido al personal de División Cibercrimen de la Unidad Regional IX, cuyos especialistas realizarán los trámites de rigor para tratar de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, además de recuperar lo perdido.


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