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Policiales

Clan Mareco, a juicio el 28 de marzo: asociación ilícita, lavado y contrabando

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas fijó para el 28 de marzo el inicio de las audiencias en el que tres integrantes del denominado Clan Mareco de Jardín América serán juzgados por lavado de activos de origen delictivo -entre otros delitos- y será la primera vez que un expediente bajo esta calificación se ventile en debate oral y público en la historia de la provincia de Misiones.

De acuerdo a la información recaba por La Voz de Misiones, los imputados en esta extensa y compleja causa son Ramona Beatriz Mareco (46), su esposo Darío Enrique Podeley (43) y Marcelo Darío Villalba (39), que es cuñado de la mujer.

Además, hay un cuarto involucrado, Jorge Rafael Mareco, uno de los sindicados cabecillas de la organización familiar, pero que permanece en condición de prófugo y cuenta con un pedido de captura internacional en su contra.

Los implicados enfrentan acusaciones por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos, dado que -de acuerdo a la investigación de la Justicia Federal- de manera organizada se encargaron de ingresar mercadería extranjera de contrabando, sacar rédito económico de ello a través de su venta en territorio argentino y luego reintroducir ese dinero de origen delictivo en el circuito financiero legal a partir de la compra de vehículos, propiedades o emprendimientos a través de distintas maniobras de lavado.

A esas acusaciones deberán responder desde el banquillo del TOF de Posadas, ubicado sobre la calle Félix de Azara, a partir del próximo 28 de marzo. En el debate participará la fiscal Vivian Barbosa como representante del Ministerio Público Fiscal.

Los imputados tienen la posibilidad de evitar la exposición pública que representa enfrentar el proceso oral, aunque para ello deberán llegar a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y la condición para ello es admitir sus responsabilidades en los delitos atribuidos.

La investigación

El accionar del Clan Mareco era prácticamente un secreto a voces en Jardín América y localidades aledañas, pero un tiroteo con la Policía los terminó de dejar al descubierto.

Ese hecho ocurrió el 13 de enero de 2016. El involucrado fue Joaquín Mareco -hermano de Jorge y Ramona-, que esa tarde circulaba en una camioneta Ford Eco Sport repleta de cigarrillos de contrabando en cercanías de Colonia Oasis y al cruzarse con un móvil de la Unidad Regional IX abrió fuego para evadir el procedimiento.

Después de esa balacera, el menor de los Mareco permaneció prófugo varios meses hasta que finalmente se entregó y posteriormente fue condenado a 4 años y 1 mes de prisión tras la firma un acuerdo de juicio abreviado, que fue homologado por el TOF de Posadas en 2019.

Sin embargo, la investigación no se detuvo en él, ni en ese hecho puntual registrado en Oasis, sino que avanzó hacia todo el grupo familiar, que funcionaba bajo la estructura de un “clan” y contaba con una organización en la que había líderes, segundas líneas de confianza, transportistas, campanas e integrantes de diversas fuerzas de seguridad comprados a cambio de información.

La pesquisa trazada por investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) reconstruyó que la familia se encargaba de obtener cargas de cigarrillos provenientes de Capitán Meza y otras localidades paraguayas del departamento de Itapúa, ingresarlas a la provincia a través de puertos clandestinos ubicados a la vera del río Paraná y luego distribuirlas por las rutas 7 y 8 -principalmente- hacia distintas ciudades  de Misiones e incluso cruzarlas a Brasil.

Estimaciones realizadas durante los procedimientos ejecutados entre 2016 y 2017 señalaban que, sólo con el contrabando de cigarrillo, la banda alcanzaba a obtener ganancias de 700.000 pesos por semana.

En los operativos, ejecutados en distintas ocasiones, en diversas propiedades y a manos de varias fuerzas de seguridad, los investigadores incautaron una innumerable cantidad de pruebas, desde cajas de cigarrillo, vehículos con pedidos de secuestro por robo, neumáticos de contrabando, armas de fuego y libros con anotaciones contables.

En el expediente también constan intervenciones telefónicas que podrían constituirse como elementos clave, dado que en las escuchas los implicados aparecen pautando las compras de las mercaderías de contrabando, organizando la logística de los traslados, acordando lugares de acopio y evidenciando nexos con uniformados corrompidos que alertaban sobre procedimientos en sus contra.

Ejemplo de ello puede ser la desgravación de una intercepción telefónica con fecha del 10 de noviembre de 2016, donde la mujer se comunica con Marcelo Villalba y el diálogo es el siguiente:

Ramona: “Vos no leíste los mensajes de Jorge”

Villalba: “No”

Ramona: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.

Villalba: “Ahí ya vamos”

Ramona: “Dale yo voy hasta el local, allá voy a guardar mi plata y mi cuaderno y eso”.

Ese día Ramona acabó detenida. Y, según confío una alta fuente consultada por LVM, esa escucha puede ser una de las pruebas más importantes de todas, ya que la totalidad de los imputados aparecen mencionados.

Lavado

En medio de todo el seguimiento, los investigadores también constataron que ninguno de los implicados registraba una actividad lucrativa lícita pero, en contrapartida, tenían un nivel de vida ostentoso.

Fue así que avanzaron hacia la posible existencia del delito de lavado activos y en ese camino continuaron encontrando pruebas.

Según se pudo establecer, con el dinero proveniente del contrabando, el grupo adquiría vehículos, propiedades o emprendimientos, en muchas ocasiones utilizando el nombre de terceros que luego tramitaban autorizaciones de manejo -en el caso de los rodados- para los involucrados.

En esa línea, se determinó, por ejemplo, que para el lavado de activos Ramona Mareco presuntamente utilizaba una tienda de ropa con el nombre de fantasía “Bendita”, en tanto que Villalba hacía lo propio en una gomería llamada “Neumáticos La Ruta”, donde incluso comercializaban cubiertas traídas de contrabando. Bajo la lupa también aparecieron un autoservicio y un salón de eventos.

Los procedimientos contra la banda -relacionados a este expediente que se desprendió de la causa inicial contra Joaquín Mareco- comenzaron el 10 de noviembre de 2016. La primera en ser detenida fue Ramona Mareco; luego cayó Marcelo Villalba, el 7 de mayo de 2017; y, por último, fue capturado Podeley el 4 de septiembre de 2019.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Vallejos, que a fines de 2019 formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente y el Juzgado Federal de esa misma circunscripción judicial estampó la firma necesaria.

La causa ya estaba lista para ventilarse en debate oral en 2020, pero la pandemia conspiró contra lo planificado y obligó a reprogramar todas las actividades previstas por el Tribunal.

Ahora, finalmente, está todo listo y el 28 de marzo es el día elegido para que los integrantes del clan ocupen un lugar en el banquillo de los acusados del TOF de Posadas y respondan ante la Justicia por los delitos que presuntamente cometieron.


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Ratifican prisión preventiva a imputado por el femicidio de Ramona Morínigo

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La Cámara de Apelaciones confirmó la resolución de prisión preventiva dictada contra Jonatan Jordan Campedo Páez (34), único imputado por el femicidio de su pareja Ramona Isabel Morínigo (39) y, de esta manera, continuará privado de su libertad hasta el juicio oral donde se determinará su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en las últimas horas por los magistrados Alberto José López y María Ruth Dilaccio, integrantes de la Sala II del tribunal de alzada.

Con esta medida, los camaristas rechazaron los planteos esgrimidos por la defensa del imputado y ratificaron todo lo actuado por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, quien dirige el expediente que tiene a Campedo Páez procesado por “homicidio calificado por la relación de pareja”, es decir, femicidio, delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Isa Morínigo tenía 39 años y era madre de tres chicos menores de edad.

Femicidio

El hecho que aún se encuentra en etapa investigativa y en el cual Campedo Páez aparece como único sospechoso, se registró en la noche del 17 de febrero pasado, aunque la víctima falleció tras seis días de agonía en el hospital Madariaga.

Los elementos recolectados permiten reconstruir que esa noche Ramona Isabel Morínigo, más conocida como Isa, se encontraba junto al sospechoso en su casa en el barrio San Onofre, hasta que se produjo una discusión que terminó de la peor manera.

Los investigadores sostienen que, en medio de la discusión, la mujer fue rociada con alcohol y prendida fuego, agresión que le provocó quemaduras graves en el 50% del cuerpo, heridas que principalmente se localizaron en cabeza, rostro, cuello y miembros superiores.

Después de ello, la mujer fue trasladada por su propia familia al hospital Madariaga, donde pasó seis días internada en grave estado de salud,

El sospechoso, por su parte, escapó del lugar y fue detenido minutos después en cercanías a la terminal de colectivos.

Campedo Páez permanece privado de su libertad de ese día y al momento de prestar declaración indagatoria se desligó del hecho, asegurando que la víctima se auto infringió las lesiones con intenciones suicidas.

“El hecho ocurrió a la noche, casi llegando a la medianoche. La familia de ella alcanzó a ver una llamarada por la ventana y luego ella salió corriendo. Su hijo adolescente llegó a ver lo que ocurrió y ella alcanzó a decirle a su familia que su pareja la había atacado”, contó en su momento Nancy Jara, una letrada posadeña cercana a la familia de la víctima.

Ramona era madre de tres hijos, todos en edad de adolescencia y pre-adolescencia. Había retomado su relación con Campedo Páez tan solo 15 días antes del hecho.

Prisión preventiva para acusado de prender fuego a su pareja en San Onofre


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Joven de San Javier fue condenado a 14 años de cárcel por homicidio

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El Tribunal Penal Uno de Oberá condenó este mediodía a 14 años de prisión a un joven oriundo de San Javier tras hallarlo penalmente responsable del asesinato de su vecino Miguel Do Nacimiento (22), crimen que se registró a mediados de 2020 en la localidad azucarera.

El debate oral se desarrolló hoy y el condenado se trata de José Hernando Álves de Olivera (25), quien fue declarado autor de los delitos de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego, en concurso real”.

La sentencia fue impartida por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba (subrogante), quienes coincidieron con el monto de pena solicitado por la fiscal María Gisela Casafús durante la exposición de los alegatos finales. 

El caso que se ventiló en debate oral se registró durante la tarde-noche del 2 de julio de 2020, en el barrio Nueva Esperanza de San Javier.

Eran aproximadamente las 19.30 cuando en esa zona se desató una gresca por viejas rencillas entre los implicados. Según se reconstruyó, Do Nacimiento portaba un machete y su contrincante extrajo un revólver calibre 22 milímetros.

Fue en esas circunstancias que Do Nacimiento terminó recibiendo un balazo en el abdomen y falleció minutos después, luego de ser trasladado en forma particular hasta el hospital local.

De Olivera, en tanto, escapó de la escena en su motocicleta y fue capturado días después en cercanías a Picada Unión, en la localidad de Itacaruaré, a pocos kilómetros de San Javier.

Desde ese momento el implicado permanece privado de su libertad y ahora deberá purgar una condena de 14 años de prisión.


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Policiales

Investigan la muerte de un detenido en la comisaría de Concepción de la Sierra

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Un joven que estaba detenido en la comisaría de Concepción de la Sierra falleció esta madrugada tras sufrir una descompensación dentro de su celda y el hecho es investigado por el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, cuyo titular, el magistrado Miguel Ángel Faría, ordenó que las pericias del caso sean realizadas por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

De acuerdo a la información oficial, el fallecido se trata de Lucas José Escalante (30), quien se encontraba detenido en dicha dependencia policial desde el pasado 25 de octubre.

La versión aportada por el personal de guardia indica que cerca de las 4.30 de hoy el interno estaba sentando dentro de su celda y comenzó a pedir ayuda porque se sentía “descompuesto”, pero apenas unos minutos después se desvaneció y perdió la vida.

En el hecho trabajaron agentes de la comisaría local y personal de salud, aunque una vez notificado de lo sucedido el juez Faría dispuso que los peritajes de rigor sean efectuados por la GNA a fin de despejar dudas y brindar mayor transparencia a la investigación.

Desde la fuerza provincial añadieron que Escalante había episodios similares, debiendo ser hospitalizado en varias oportunidades.

La Justicia envió el cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia, estudio que determinará la causal de muerte.


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