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Policiales

Desalojaron y detuvieron a una abuela con cáncer en Posadas

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En la mañana de hoy, una mujer de 65 años fue expulsada de su propiedad mediante una orden de desalojo. Se trata de Celestina Bernal, quien es enferma oncológica y el año pasado se quedó viuda tras la muerte de su marido Amancio Giménez.

Además, durante el operativo realizado este jueves, la redujeron, esposaron y trasladaron a la Comisaría Decimoséptima del barrio Tacurú de Posadas.

Alrededor de las 10, un equipo de La Voz de Misiones se hizo presente en la chacra 230 de Posadas, más precisamente en la intersección de las calles Soria y Alto Paraná. En ese momento, a la mujer se la llevaban arrestada y esposada, luego de una reducción efectuada por un uniformado masculino de gran porte, que se dio en medio de forcejeos.

Mientras Mónica, como la conocen en el barrio, pedía auxilio desde adentro del patrullero, un efectivo policial se subió raudamente al móvil y se la llevó a la seccional.

El procedimiento fue llevado a cabo por la oficial de justicia, que no contestó ninguna pregunta y fue quien ejecutó la orden de desalojo emitida por Fernando Marcelo Adrián Escalante, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, subrogante en el Juzgado 3, ubicado en el palacio de Justicia por la avenida Santa Catalina.

La vecina que vive al lado de su casa explicó que: “Siempre vivió acá, hace un año falleció el marido. En una hora quieren que desaloje, dónde va a ir la señora. Siempre venían personas y decían que eran dueños, no traían un papel. Ya están sacando todas sus cosas. Ella tiene tele, garrafa, todo están ahí adentro”.

Además, la mujer que vive lindante a la propiedad de Celestina detalló “ella tenía plata ahí adentro, del cartón que  vendió ayer, junta cartones y latitas para vender porque ni con el sueldo del marido quedó. Los vecinos todos le ayudamos”, dijo en referencia al sueldo de pensionado que tenía su finado esposo.

Durante la deposición, al menos una veintena de vecinos se congregaron e hicieron un cerco a lo largo de la propiedad pidiendo por la suspensión del procedimiento. Todos coincidían en que la mujer vive hace más de 40 años en la casa y que “luego de la muerte de su marido se la rebuscaba cartoneando, juntando chatarras y vendiendo huevos”.

Soledad Bernal, sobrina de Celestina, visiblemente consternada detalló que: “Se la llevaron a la fuerza, le lastimaron las muñecas, no les llevaron sus remedios, ella es una enferma oncológica. Además, la están dejando en la calle, ella no tiene una jubilación, no tiene donde vivir”.

Cinco para vivir

Al anoticiarse de la situación, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, dispuso de inmediato la llegada de un equipo encabezado por el abogado Claudio Quevedo, quien sí pudo acceder a los detalles del procedimiento al entrevistarse con la oficial de justicia que, en todo momento, se negó a brindar información a la prensa.

Entre las averiguaciones que el personal de la Defensoría del Pueblo recolectó y dejó plasmada en un acta, trascendió que los supuestos nuevos dueños de los lotes en disputa le ofrecieron cinco mil pesos a la mujer desalojada para alquilar un lugar donde vivir por algún tiempo.

La reacción de los vecinos autoconvocados para defender a la anciana llamó la atención de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, desde donde enviaron a representantes hasta la comisaría decimoséptima a ver por la situación de la septuagenaria desalojada.

Un golpe de bronca

En un momento dado, quienes decían ser los supuestos herederos y verdaderos dueños de la propiedad, volvieron al perímetro donde se desarrollaba el desalojo, pese a que habían sidos advertidos por la policía que se retiraran del lugar por la tensión que se vivía.

Luego de pasarle un paquete a los policías apostados en el operativo, comenzaron a recibir agresiones verbales por parte de los familiares de Bernal y mientras escapaban en su Volkswagen T-Cross les rompieron el parabrisas y abollaron la camioneta.

 

Judiciales

Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca

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La Quiaca

El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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Policiales

San Ignacio: arrastró un perro con su moto, fue filmado y terminó preso

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arrastró perro san ignacio

Luego de que se viralizaran imágenes de un hombre, que con la moto en marcha arrastró a un perro en plena vía pública durante varios metros, un operativo policial logró interceptar y capturar al responsable quien quedó a disposición de la justicia. 

El hecho fue filmado por un transeúnte generando indignación y repudio en redes sociales, lo que también habría impulsado la rápida respuesta policial luego de que los investigadores iniciaran tareas que permitieron identificar al implicado y montar el operativo que derivó en su captura.

La aprehensión del hombre involucrado, de 69 años de edad, se concretó ayer martes a las 16 sobre la ruta 210, cuando el acusado aún llevaba al animal atado a la motocicleta.

Intervino la comisión policial de la comisaría local, que interceptó al implicado sobre la arteria provincial, mientras circulaba en sentido San Ignacio–Colonia Pastoreo y procedió a su detención.

Tras el rescate, el animal fue examinado por una médica veterinaria, quien constató lesiones compatibles con el arrastre, incluyendo escoriaciones en extremidades y otras afecciones que requerían atención.

Por disposición judicial, se notificó la detención del implicado en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el perro fue entregado a una asociación protectora para su resguardo y posterior adopción responsable.

Rescate y resguardo del perro afectado

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Policiales

Incautan 300 ampollas de fentanilo en un monte de Puerto Esperanza

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fentanilo esperanza

En un operativo realizado en la zona de Puerto Esperanza, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo valuadas en aproximadamente 660 millones de pesos, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de estupefacientes proveniente de Paraguay.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú durante la mañana del domingo, a partir de tareas de inteligencia criminal que advertían sobre un posible envío de droga bajo la modalidad encubierta.

Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso un operativo de vigilancia discreta en un sector previamente identificado como punto de entrega, en una zona de frontera señalada por su utilización para maniobras ilegales de cruce.

Durante el despliegue, los efectivos detectaron un bulto negro oculto entre la vegetación. Tras varias horas de observación sin que ninguna persona se presentara a retirarlo, y ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, se informó a la autoridad judicial, que ordenó la apertura del paquete.

En el interior se encontró una caja con casi 300 ampollas plásticas que contenían una sustancia líquida. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.

El cargamento fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar la organización criminal involucrada en el intento de tráfico internacional de estupefacientes.

Incautan 300 ampollas de fentanilo cruzadas en canoa desde Paraguay

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