Policiales
Desalojaron y detuvieron a una abuela con cáncer en Posadas
En la mañana de hoy, una mujer de 65 años fue expulsada de su propiedad mediante una orden de desalojo. Se trata de Celestina Bernal, quien es enferma oncológica y el año pasado se quedó viuda tras la muerte de su marido Amancio Giménez.
Además, durante el operativo realizado este jueves, la redujeron, esposaron y trasladaron a la Comisaría Decimoséptima del barrio Tacurú de Posadas.
Alrededor de las 10, un equipo de La Voz de Misiones se hizo presente en la chacra 230 de Posadas, más precisamente en la intersección de las calles Soria y Alto Paraná. En ese momento, a la mujer se la llevaban arrestada y esposada, luego de una reducción efectuada por un uniformado masculino de gran porte, que se dio en medio de forcejeos.
Mientras Mónica, como la conocen en el barrio, pedía auxilio desde adentro del patrullero, un efectivo policial se subió raudamente al móvil y se la llevó a la seccional.
El procedimiento fue llevado a cabo por la oficial de justicia, que no contestó ninguna pregunta y fue quien ejecutó la orden de desalojo emitida por Fernando Marcelo Adrián Escalante, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, subrogante en el Juzgado 3, ubicado en el palacio de Justicia por la avenida Santa Catalina.
La vecina que vive al lado de su casa explicó que: “Siempre vivió acá, hace un año falleció el marido. En una hora quieren que desaloje, dónde va a ir la señora. Siempre venían personas y decían que eran dueños, no traían un papel. Ya están sacando todas sus cosas. Ella tiene tele, garrafa, todo están ahí adentro”.
Además, la mujer que vive lindante a la propiedad de Celestina detalló “ella tenía plata ahí adentro, del cartón que vendió ayer, junta cartones y latitas para vender porque ni con el sueldo del marido quedó. Los vecinos todos le ayudamos”, dijo en referencia al sueldo de pensionado que tenía su finado esposo.
Durante la deposición, al menos una veintena de vecinos se congregaron e hicieron un cerco a lo largo de la propiedad pidiendo por la suspensión del procedimiento. Todos coincidían en que la mujer vive hace más de 40 años en la casa y que “luego de la muerte de su marido se la rebuscaba cartoneando, juntando chatarras y vendiendo huevos”.
Soledad Bernal, sobrina de Celestina, visiblemente consternada detalló que: “Se la llevaron a la fuerza, le lastimaron las muñecas, no les llevaron sus remedios, ella es una enferma oncológica. Además, la están dejando en la calle, ella no tiene una jubilación, no tiene donde vivir”.
Cinco para vivir
Al anoticiarse de la situación, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, dispuso de inmediato la llegada de un equipo encabezado por el abogado Claudio Quevedo, quien sí pudo acceder a los detalles del procedimiento al entrevistarse con la oficial de justicia que, en todo momento, se negó a brindar información a la prensa.
Entre las averiguaciones que el personal de la Defensoría del Pueblo recolectó y dejó plasmada en un acta, trascendió que los supuestos nuevos dueños de los lotes en disputa le ofrecieron cinco mil pesos a la mujer desalojada para alquilar un lugar donde vivir por algún tiempo.
La reacción de los vecinos autoconvocados para defender a la anciana llamó la atención de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, desde donde enviaron a representantes hasta la comisaría decimoséptima a ver por la situación de la septuagenaria desalojada.
Un golpe de bronca
En un momento dado, quienes decían ser los supuestos herederos y verdaderos dueños de la propiedad, volvieron al perímetro donde se desarrollaba el desalojo, pese a que habían sidos advertidos por la policía que se retiraran del lugar por la tensión que se vivía.
Luego de pasarle un paquete a los policías apostados en el operativo, comenzaron a recibir agresiones verbales por parte de los familiares de Bernal y mientras escapaban en su Volkswagen T-Cross les rompieron el parabrisas y abollaron la camioneta.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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