Policiales
Desalojaron y detuvieron a una abuela con cáncer en Posadas
En la mañana de hoy, una mujer de 65 años fue expulsada de su propiedad mediante una orden de desalojo. Se trata de Celestina Bernal, quien es enferma oncológica y el año pasado se quedó viuda tras la muerte de su marido Amancio Giménez.
Además, durante el operativo realizado este jueves, la redujeron, esposaron y trasladaron a la Comisaría Decimoséptima del barrio Tacurú de Posadas.
Alrededor de las 10, un equipo de La Voz de Misiones se hizo presente en la chacra 230 de Posadas, más precisamente en la intersección de las calles Soria y Alto Paraná. En ese momento, a la mujer se la llevaban arrestada y esposada, luego de una reducción efectuada por un uniformado masculino de gran porte, que se dio en medio de forcejeos.
Mientras Mónica, como la conocen en el barrio, pedía auxilio desde adentro del patrullero, un efectivo policial se subió raudamente al móvil y se la llevó a la seccional.
El procedimiento fue llevado a cabo por la oficial de justicia, que no contestó ninguna pregunta y fue quien ejecutó la orden de desalojo emitida por Fernando Marcelo Adrián Escalante, juez de primera instancia en lo Civil y Comercial, subrogante en el Juzgado 3, ubicado en el palacio de Justicia por la avenida Santa Catalina.
La vecina que vive al lado de su casa explicó que: “Siempre vivió acá, hace un año falleció el marido. En una hora quieren que desaloje, dónde va a ir la señora. Siempre venían personas y decían que eran dueños, no traían un papel. Ya están sacando todas sus cosas. Ella tiene tele, garrafa, todo están ahí adentro”.
Además, la mujer que vive lindante a la propiedad de Celestina detalló “ella tenía plata ahí adentro, del cartón que vendió ayer, junta cartones y latitas para vender porque ni con el sueldo del marido quedó. Los vecinos todos le ayudamos”, dijo en referencia al sueldo de pensionado que tenía su finado esposo.
Durante la deposición, al menos una veintena de vecinos se congregaron e hicieron un cerco a lo largo de la propiedad pidiendo por la suspensión del procedimiento. Todos coincidían en que la mujer vive hace más de 40 años en la casa y que “luego de la muerte de su marido se la rebuscaba cartoneando, juntando chatarras y vendiendo huevos”.
Soledad Bernal, sobrina de Celestina, visiblemente consternada detalló que: “Se la llevaron a la fuerza, le lastimaron las muñecas, no les llevaron sus remedios, ella es una enferma oncológica. Además, la están dejando en la calle, ella no tiene una jubilación, no tiene donde vivir”.
Cinco para vivir
Al anoticiarse de la situación, el defensor del pueblo, Alberto Penayo, dispuso de inmediato la llegada de un equipo encabezado por el abogado Claudio Quevedo, quien sí pudo acceder a los detalles del procedimiento al entrevistarse con la oficial de justicia que, en todo momento, se negó a brindar información a la prensa.
Entre las averiguaciones que el personal de la Defensoría del Pueblo recolectó y dejó plasmada en un acta, trascendió que los supuestos nuevos dueños de los lotes en disputa le ofrecieron cinco mil pesos a la mujer desalojada para alquilar un lugar donde vivir por algún tiempo.
La reacción de los vecinos autoconvocados para defender a la anciana llamó la atención de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, desde donde enviaron a representantes hasta la comisaría decimoséptima a ver por la situación de la septuagenaria desalojada.
Un golpe de bronca
En un momento dado, quienes decían ser los supuestos herederos y verdaderos dueños de la propiedad, volvieron al perímetro donde se desarrollaba el desalojo, pese a que habían sidos advertidos por la policía que se retiraran del lugar por la tensión que se vivía.
Luego de pasarle un paquete a los policías apostados en el operativo, comenzaron a recibir agresiones verbales por parte de los familiares de Bernal y mientras escapaban en su Volkswagen T-Cross les rompieron el parabrisas y abollaron la camioneta.
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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Dos integrantes de una familia iguazuense murieron y otros tres resultados heridos en el despiste de una camioneta con la que viajaban desde Itatí (Corrientes) hacia su ciudad de origen.
El trágico hecho ocurrió ayer a la mañana, cerca de las 6.30, sobre la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Loreto, unos 120 kilómetros después de haber iniciado el viaje desde Itatí.
Los misioneros viajaban en una camioneta Renault Oroch y en un tramo de extensa ruta terminaron despistando hacia la banquina, donde dieron algunos vuelcos.
Como consecuencia del siniestro, fallecieron su conductor Felipe Neri García (66) y una acompañante que viajaba en el asiento trasero Marisa Ester Gómez (73).
Los demás viajantes, un hombre de 41 años, una mujer y un niño, resultaron heridos y debieron ser internados, aunque se encontrarían fuera de peligro, según consignó el medio local Diario Época.
En el caso interviene el fiscal de Investigaciones Concretas de la localidad de Santa Rosa, a cargo de Daniel Lezcano.
El cuerpo sin vida de un hombre de 53 años fue encontrado esta mañana en el río Paraná, frente a Costa Sur, en Posadas, y la Policía investiga las circunstancias del hecho.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el cadáver estaba flotando en el agua, en cercanías a la bajada de lanchas, donde fue visto por transeúntes casuales que reportaron el suceso a las autoridades.
En el lugar trabajaron agentes de la División Rescate de Bomberos y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes extrajeron el cuerpo del cauce y más tarde fue identificado como Ricardo César Ferreira (53).
Por disposición de las autoridades en turno, los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar de manera fehaciente las causas de muerte.
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