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Denegaron el pedido de excarcelación al marido de la taxista Claudia Benítez

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El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Juan Andrés Rodríguez (39), el esposo de la taxista asesinada la semana pasada en Posadas, y de esta forma continuará detenido mientras avanza la investigación.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución del magistrado Miguel Mattos contó la opinión del fiscal Patricia Clérici, que también se opuso al otorgamiento del beneficio planteado por la defensa de Rodríguez, representada por un equipo de letrados pertenecientes al estudio jurídico Jabornicky y Asociados.

De acuerdo a las mismas fuentes, entre los fundamentos de la decisión se destaca la gravedad del delito en cuestión y el estado incipiente en que se encuentra la investigación, a la espera de una batería de pericias ordenadas realizar, por lo cual la liberación del implicado podría representar un riesgo de entorpecimiento del avance de la causa.

De esta manera, Rodríguez continuará detenido en una celda policial, tal y como se encuentra desde el martes 17 de mayo, día en que se constató la desaparición de la taxista Claudia Benítez y el hallazgo de su automóvil incendiado en Nemesio Parma, lo cual marcó el inicio de la pesquisa.

El hombre, que antes de ser apresado trabajaba en una farmacia céntrica, aparece como principal sospechoso del femicidio y al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria optó por guardar silencio ante la Justicia.

El futuro del expediente -y del acusado- dependerá en buena parte del resultado de la batería de medidas de prueba ordenadas a realizar por el juez Mattos, entre ellas pericias de teléfonos celulares, relevamiento de cámaras de seguridad y, principalmente, estudios científicos.

En esa línea, la expectativa se concentra en una pericia sobre el par de zapatillas que el sospechoso vestía al momento de su detención.

Es que, consignaron las fuentes de LVM, los calzados evidenciaban rastros que podrían ser de sangre y hollín, aunque para ello se aguarda la confirmación científica por parte de los peritos que analizan la prenda.

El caso

La taxista Claudia Benítez, de 32 años y madre de dos pequeños, desapareció el 17 de mayo a la mañana, cerca de las 6, cuando presuntamente salió de su casa en Itaembé Miní rumbo a Nemesio Parma para cumplir un viaje con tres pasajeros masculinos.

Ese mismo día, pero a las 9, vecinos de Parma reportaron el hallazgo del taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, uno de los ingresos al paraje del sur posadeño y 24 horas después el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en una propiedad abandonada de la misma zona.

La taxista presentaba dos puntazos en el cuello, tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto. Su cuerpo no evidenciaba signos de defensa y la autopsia también concluyó que ya estaba muerta cuando la arrojaron al pozo.

Un primer relevamiento de cámaras de seguridad captó el recorrido del taxi de Benítez hacia Nemesio Parma en el horario del supuesto viaje que relató el marido de la víctima al comienzo de la pesquisa, pero no está comprobado que haya sido ella quien iba al mando del vehículo.

Incluso, en las imágenes se observaría la silueta de una sola persona dentro del rodado y se estima que la figura sería compatible con la fisonomía de un hombre, lo cual indicaría que en ese auto iba el asesino transportando a la víctima inconsciente o ya sin vida.

Por las características del hecho, una hipótesis indica que en el caso habrían participado dos o más personas, pero hasta el momento el único sospechoso bajo la lupa es Rodríguez, quien previo a la pandemia ya había sido denunciado por su pareja por hechos de violencia de género, aunque luego retomaron la relación.

Judiciales

Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia

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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La denuncia

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Medidas

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.

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Judiciales

La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular

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La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.

Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.

Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.

Denuncia y ratificación

En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Pedido de licencia

Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.

Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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Policiales

Tras permanecer internado, falleció menor que chocó con su moto en Mártires

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Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires. 

Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.

Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.  

El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.

 

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