Policiales
Denegaron el pedido de excarcelación al marido de la taxista Claudia Benítez
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Juan Andrés Rodríguez (39), el esposo de la taxista asesinada la semana pasada en Posadas, y de esta forma continuará detenido mientras avanza la investigación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución del magistrado Miguel Mattos contó la opinión del fiscal Patricia Clérici, que también se opuso al otorgamiento del beneficio planteado por la defensa de Rodríguez, representada por un equipo de letrados pertenecientes al estudio jurídico Jabornicky y Asociados.
De acuerdo a las mismas fuentes, entre los fundamentos de la decisión se destaca la gravedad del delito en cuestión y el estado incipiente en que se encuentra la investigación, a la espera de una batería de pericias ordenadas realizar, por lo cual la liberación del implicado podría representar un riesgo de entorpecimiento del avance de la causa.
De esta manera, Rodríguez continuará detenido en una celda policial, tal y como se encuentra desde el martes 17 de mayo, día en que se constató la desaparición de la taxista Claudia Benítez y el hallazgo de su automóvil incendiado en Nemesio Parma, lo cual marcó el inicio de la pesquisa.
El hombre, que antes de ser apresado trabajaba en una farmacia céntrica, aparece como principal sospechoso del femicidio y al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria optó por guardar silencio ante la Justicia.
El futuro del expediente -y del acusado- dependerá en buena parte del resultado de la batería de medidas de prueba ordenadas a realizar por el juez Mattos, entre ellas pericias de teléfonos celulares, relevamiento de cámaras de seguridad y, principalmente, estudios científicos.
En esa línea, la expectativa se concentra en una pericia sobre el par de zapatillas que el sospechoso vestía al momento de su detención.
Es que, consignaron las fuentes de LVM, los calzados evidenciaban rastros que podrían ser de sangre y hollín, aunque para ello se aguarda la confirmación científica por parte de los peritos que analizan la prenda.
El caso
La taxista Claudia Benítez, de 32 años y madre de dos pequeños, desapareció el 17 de mayo a la mañana, cerca de las 6, cuando presuntamente salió de su casa en Itaembé Miní rumbo a Nemesio Parma para cumplir un viaje con tres pasajeros masculinos.
Ese mismo día, pero a las 9, vecinos de Parma reportaron el hallazgo del taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, uno de los ingresos al paraje del sur posadeño y 24 horas después el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en una propiedad abandonada de la misma zona.
La taxista presentaba dos puntazos en el cuello, tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto. Su cuerpo no evidenciaba signos de defensa y la autopsia también concluyó que ya estaba muerta cuando la arrojaron al pozo.
Un primer relevamiento de cámaras de seguridad captó el recorrido del taxi de Benítez hacia Nemesio Parma en el horario del supuesto viaje que relató el marido de la víctima al comienzo de la pesquisa, pero no está comprobado que haya sido ella quien iba al mando del vehículo.
Incluso, en las imágenes se observaría la silueta de una sola persona dentro del rodado y se estima que la figura sería compatible con la fisonomía de un hombre, lo cual indicaría que en ese auto iba el asesino transportando a la víctima inconsciente o ya sin vida.
Por las características del hecho, una hipótesis indica que en el caso habrían participado dos o más personas, pero hasta el momento el único sospechoso bajo la lupa es Rodríguez, quien previo a la pandemia ya había sido denunciado por su pareja por hechos de violencia de género, aunque luego retomaron la relación.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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