Policiales
Denegaron el pedido de excarcelación al marido de la taxista Claudia Benítez
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, denegó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Juan Andrés Rodríguez (39), el esposo de la taxista asesinada la semana pasada en Posadas, y de esta forma continuará detenido mientras avanza la investigación.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución del magistrado Miguel Mattos contó la opinión del fiscal Patricia Clérici, que también se opuso al otorgamiento del beneficio planteado por la defensa de Rodríguez, representada por un equipo de letrados pertenecientes al estudio jurídico Jabornicky y Asociados.
De acuerdo a las mismas fuentes, entre los fundamentos de la decisión se destaca la gravedad del delito en cuestión y el estado incipiente en que se encuentra la investigación, a la espera de una batería de pericias ordenadas realizar, por lo cual la liberación del implicado podría representar un riesgo de entorpecimiento del avance de la causa.
De esta manera, Rodríguez continuará detenido en una celda policial, tal y como se encuentra desde el martes 17 de mayo, día en que se constató la desaparición de la taxista Claudia Benítez y el hallazgo de su automóvil incendiado en Nemesio Parma, lo cual marcó el inicio de la pesquisa.
El hombre, que antes de ser apresado trabajaba en una farmacia céntrica, aparece como principal sospechoso del femicidio y al momento de comparecer en audiencia de declaración indagatoria optó por guardar silencio ante la Justicia.
El futuro del expediente -y del acusado- dependerá en buena parte del resultado de la batería de medidas de prueba ordenadas a realizar por el juez Mattos, entre ellas pericias de teléfonos celulares, relevamiento de cámaras de seguridad y, principalmente, estudios científicos.
En esa línea, la expectativa se concentra en una pericia sobre el par de zapatillas que el sospechoso vestía al momento de su detención.
Es que, consignaron las fuentes de LVM, los calzados evidenciaban rastros que podrían ser de sangre y hollín, aunque para ello se aguarda la confirmación científica por parte de los peritos que analizan la prenda.
El caso
La taxista Claudia Benítez, de 32 años y madre de dos pequeños, desapareció el 17 de mayo a la mañana, cerca de las 6, cuando presuntamente salió de su casa en Itaembé Miní rumbo a Nemesio Parma para cumplir un viaje con tres pasajeros masculinos.
Ese mismo día, pero a las 9, vecinos de Parma reportaron el hallazgo del taxi Chevrolet Corsa ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, uno de los ingresos al paraje del sur posadeño y 24 horas después el cuerpo de la mujer fue encontrado dentro de un pozo de agua ubicado en una propiedad abandonada de la misma zona.
La taxista presentaba dos puntazos en el cuello, tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto. Su cuerpo no evidenciaba signos de defensa y la autopsia también concluyó que ya estaba muerta cuando la arrojaron al pozo.
Un primer relevamiento de cámaras de seguridad captó el recorrido del taxi de Benítez hacia Nemesio Parma en el horario del supuesto viaje que relató el marido de la víctima al comienzo de la pesquisa, pero no está comprobado que haya sido ella quien iba al mando del vehículo.
Incluso, en las imágenes se observaría la silueta de una sola persona dentro del rodado y se estima que la figura sería compatible con la fisonomía de un hombre, lo cual indicaría que en ese auto iba el asesino transportando a la víctima inconsciente o ya sin vida.
Por las características del hecho, una hipótesis indica que en el caso habrían participado dos o más personas, pero hasta el momento el único sospechoso bajo la lupa es Rodríguez, quien previo a la pandemia ya había sido denunciado por su pareja por hechos de violencia de género, aunque luego retomaron la relación.
En las últimas horas, la Policía de Misiones detuvo a un hombre de 73 años acusado de abuso sexual contra sus tres nietas.
A raíz de la denuncia radicada en Oberá por una mujer de 41 años quien dio cuenta de los hechos de índole sexual que habrían sufrido las menores integrantes de su familia, la División Comando Radioeléctrico Zona Centro, de la Unidad Regional II, ejecutó el operativo de captura del septuagenario.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, una de las menores, adolescente de 13 años, le confesó haber sido víctima de “conductas inapropiadas” en manos de su abuelo días atrás, según precisaron fuentes policiales.
Sin embargo, la situación escaló cuando otras dos niñas del círculo familiar de la denunciante también relataron episodios similares ocurridos tiempo atrás, por lo que se presume que el acusado habría mantenido estas conductas de forma sistemática.
Con la denuncia realizada, la fuerza provincial activó una investigación para localizar al abuelo de las tres menores, ubicándolo en la localidad de Campo Viera, donde se habría trasladado para evadir a la Justicia.
Según fuentes policiales, tras un seguimiento por el barrio Kovaluk de la localidad, los uniformados lograron interceptar al acusado y detenerlo.
Finalmente, el implicado fue trasladado a la Comisaría de la Mujer de Oberá, donde quedó alojado mientras la Justicia avanza con las actuaciones y las pericias correspondientes en el caso.
Los docentes nucleados en el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) y el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) realizan un corte total de la calzada sobre la ruta 12, a la altura del kilómetro 1472, en el acceso a la avenida San Martín en Puerto Rico.
La interrupción inició a las 9.15 con la presencia de al menos 100 personas y alrededor de 20 vehículos. En tanto, la circulación vehicular fue redirigida hacia caminos laterales y colectoras, permitiendo el tránsito por vías alternativas.
Una vez en el lugar, los educadores se concentraron y avanzaron con la medida de protesta en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias para los distintos establecimientos educativos ubicados a lo largo y ancho de la provincia.
“Que el ajuste no lo pague el trabajador…ni la educación pública!!!”, enfatizaron a través de sus redes sociales los representantes del MPL, anticipando el desarrollo de una asamblea provincial docente durante esta jornada.
Intervinieron efectivos policiales con tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.
Docentes del FTEL de paro, día 2: “La situación es muy grave”
Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.
La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.
El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.
De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.
Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.
Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.
Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.
El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.
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