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Presentan proyecto para gravar la “renta inesperada” producto de la guerra

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El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentaron esta tarde el proyecto de ley de “Renta Inesperada”, que busca incrementar la recaudación a partir de una modificación en el Impuesto a las Ganancias para aquellas empresas que hayan tenido ganancias extraordinarias por encima de los $1.000 millones, como consecuencia del aumento de los precios internacionales derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El proyecto consiste en una alícuota sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades de capital, aplicable al ejercicio fiscal del año 2022″, anunció Guzmán, quien fue el encargado de informar sobre los detalles, mientras que el Presidente se encargó de poner la iniciativa en contexto, en el acto realizado a partir de las 17 en el Museo del Bicentenario.

El titular de Hacienda aseguró que se trata de un “mecanismo que busca garantizar que en la Argentina haya más condiciones de equidad”, en un marco donde la guerra “afecta a millones y beneficia a muy pocos”.

El proyecto de ley deberá superar un debate en el Congreso que se anticipa áspero, con el rechazo anunciado de Juntos por el Cambio (JxC) y la bancada ultraliberal, representada por los espacios de Javier Milei y José Luis Espert.

Ante tal escenario legislativo, a su turno el presidente Fernández adelantó que la sanción de esta ley “no es una obligación del Frente de Todos sino de todos los diputados y senadores”.

El primer mandatario recordó que instrumentos fiscales como el que se propone no proviene de “regímenes no democráticos”, sino que se está aplicando en países del primer mundo como Gran Bretaña, Italia, España y Estados Unidos.

“Lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a poner igualdad y a construir justicia social”, expresó.

Además de la oposición política, la iniciativa que fue anticipada en abril por el ministro Guzmán, cosechó el rechazo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)  y la Unión Industrial Argentina (UIA), que incluso emitieron comunicados.

Sin embargo, a pesar del posicionamiento del empresariado y la oposición, la iniciativa recibió la aprobación por parte de funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La letra chica

El nuevo impuesto alcanzará a las empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los $1.000 millones.

En 2021, abarcó solo al 3,2% de las empresas.

Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real haya crecido en forma significativa en 2022 respecto de 2021.

Por el efecto en la suba de los precios internacionales que tuvo la guerra entre Rusia y Ucrania, los sectores alcanzados serían el agronegocio, el petróleo y la minería. En el caso del agro, en particular, la zona núcleo pampeana.

El proyecto incluye un parámetro para que si la “renta inesperada” se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota sea menor.

El nuevo impuesto no afectará a las personas humanas, ni a los trabajadores, ni a las inversiones, ni a la rentabilidad, aseguró Guzmán.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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