Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Retó al gobernador Hugo Passalacqua en mayo de 2024, cuando encabezó una protesta policial por reclamos salariales que se replicó en otras reparticiones del Estado como reguero de pólvora. Un juez de Posadas lo encarceló por los delitos de intento de sedición y conspiración. Desde su presidio, en Cerro Azul, encabezó una lista con la que logró ser electo diputado provincial; y el Superior Tribunal de Justicia ordenó su liberación al reconocer sus fueros parlamentarios: fueron 267 días tras las rejas. Ahora, el suboficial mayor retirado de la Policía, Ramón Amarilla, prepara su candidatura a la gobernación.

Lo hace de manera discreta: reuniones en las afueras de Posadas sin presencia de celulares, máxima cautela con WhatsApp, otros servicios de mensajería y redes sociales. “Esto los va a matar; llevan el enemigo en el bolsillo”, suele repetirles a sus hombres de confianza. Tal vez lo haga de puro paranoico, un persecuta. El diputado cree que el Gobierno sigue sus pasos con espías. “Le sobran los motivos para pensar así: estuvo en cana; hasta eso le hicieron”, lo defienden en su entorno. Pero, además, conoce ese paño. Será por eso por lo que Amarilla únicamente confía en su perro Toby, un caniche que lo sigue a todos lados.

Durante los últimos meses, Amarilla tejió alianzas con sindicalistas, políticos de diverso pelaje, empresarios de la industria forestal y yerbatera, y popes de la Sociedad Rural Argentina. Posiblemente de esas reuniones haya salido que una de las palabras clave que utilizará en su campaña será “producción”. Hablar de producción es intentar entrar por la puerta grande de la chacra, la industria y el malestar acumulado.

“Seguridad” y “fe” serán las otras. Estas dos, tal vez, estén vinculadas con los encuentros que mantiene el diputado con sectores de las fuerzas de seguridad y armadas en “casinos de suboficiales”, y con miembros de la Iglesia Católica en capillas de barrios de diferentes puntos de la provincia. Una estética de cruzada que busca adquirir volumen político.

El dato que lo sostiene no es solamente épico, sino electoral. En las elecciones legislativas provinciales del 8 de junio del año pasado, Amarilla obtuvo el 19% de los votos. Fue un batacazo: se convirtió en la tercera fuerza política de la provincia, detrás del extinto Frente Renovador de la Concordia Neo, que ganó con el 28% llevando a Sebastián Masías como punta de lanza, y de La Libertad Avanza, que se quedó con el 21% y llevó a la cabeza de su lista a Diego Gabriel Hartfield. A los pocos días, el tenista y bróker financiero se entusiasmó tanto que cinco meses después fue electo diputado nacional, tras ganar esa campaña con el 25% de los votos.

Ahora, en este momento, la encuesta de opinión pública más seria —al menos en la que más confío— indica que, si las elecciones fuesen hoy, Amarilla, el agente del caos, alcanzaría un 20%, con un piso de 18%. Números parecidos maneja el diputado provincial Miguel Núñez, uno de sus principales armadores políticos. Un piso de ese tamaño no garantiza una victoria, pero obliga a todos los demás a mirar de reojo.

La primera vez que Núñez fue a visitar al encartado Amarilla en la Unidad Penal VIII se presentó con un cura párroco que solía ir a verlo. “Es mi monaguillo”, dijo el padre. “Y voy a ser diácono”, redobló el diputado con una sonrisa y una Biblia que sujetaba bajo el brazo. Tal vez sea una leyenda. Lo cierto es que el dúo del bloque “Algo nuevo” recorre la provincia buscando adeptos para una cruzada que mezcla resentimiento, fe, disciplina y ambición de poder.

Creen que pueden llegar al gobierno porque “están dadas las condiciones”. Ven al oficialismo provincial sin la misma concentración de poder que en otros tiempos: Passalacqua gestiona y acomoda sus fichas en el tablero electoral, mientras Carlos Rovira aparece como mentor de un espacio que tiene al vicegobernador Lucas Romero Spinelli como figura emergente. En esa lectura, Amarilla intenta presentarse como la astilla que puede incomodar a una maquinaria acostumbrada a ordenar el escenario a su medida.

Tampoco parecen temerle al oficialismo nacional: “Milei está hundiendo a todos; en la chacra no lo ven serio, no hizo nada por Misiones”; “para estar en La Libertad Avanza hay que tener plata, son como una secta”; “Adrián Nuñez recibe ordenes de Buenos Aires, nosotros queremos autonomía”. Son algunas de las cosas que se dicen en el entorno de los dos legisladores de “Algo nuevo”. Diferenciarse de la Casa Rosada y disputar el voto bronca sin quedar atrapados en la marca libertaria.

Mantienen un aceitado diálogo con el radicalismo especialmente con la diputada Rosa Kurtz y con los exdiputados Gustavo González y Walter “Chiquitín” Molina. Hay correligionarios que creen que la idea de utilizar a Amarilla como mascarón de proa no está mal para retomar espacios perdidos, dentro del marco de un gran frente opositor al oficialismo provincial y al nacional.

El que no parece demasiado convencido es el exdiputado y actual presidente de la UCR, Ariel “Pepe” Pianesi. ¿El maratonista estará esperando alguna señal del passalacquismo? Es una pregunta que viene circulando en diferentes mesas políticas, no sólo en la que lidera el policía retirado. En el Cantón, las señales muchas veces valen más que los discursos, y los silencios suelen ser una forma sofisticada de negociación.

Con el PRO, en cambio, el puente está roto desde que las autoridades provinciales de ese partido reclamaron a la justicia electoral que Núñez devuelva la banca por haberla abandonado y armado otro espacio político. La cuestión, tras un reciente fallo del Tribunal Electoral en que se lava las manos, quedó a instancias de la Cámara de Representantes. Aun así, cerca de Amarilla insisten: “También tenemos las puertas abiertas para los del PRO”.

Además, conversan con el diputado Martín Arjol y con lo que queda del puertismo. Por la mesa de negociación también pasaron algunos libertarios como Nicolás Sosa. En tiempos de fragmentación, nadie descarta del todo a nadie.

“Amarilla está empecinado en que el candidato tiene que ser él y únicamente él; no quiere ser segundo. Tampoco se puede llegar a ningún tipo de acuerdo”. Esa fue la impresión que quedó en el PJ del Cantón después de una reunión entre Christian Humada, su hermano César y el policía retirado en el estudio de uno de los bogados más importantes de la provincia. Hay diferentes versiones sobre ese encuentro. ¿Será cierto que el presidente del PJ le propuso a Amarilla ser su compañero de fórmula?

Lo único claro, por el momento, es que Amarilla no estaría dispuesto a resignar el primer lugar. El plan para que el candidato sea el del ingeniero agrónomo y empresario forestal Rafael Scherer, duró poco, se bajó “porque tiene mucho para perder”, argumentan. Aún creen que es muy temprano para hablar de una compañía en la fórmula, aunque los nombres de Kurtz y Arjol aparecen sobre la mesa. El problema, como siempre, no es solo quién acompaña, sino qué garantiza cada nombre: votos, estructura, territorialidad o apenas una foto de unidad.

Con Héctor “Cacho” Bárbaro, líder del Partido Agrario y Social (PAyS), hay muy buena onda, pero ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo electoral. Sus diferencias pasan más por lo ideológico que por otra cosa: “ellos son de izquierda, están más cercanos al kirchnerismo, nosotros estamos apuntando a otro lado”, asegura un empresario ultraopositor de la talla de Núñez, ambos sueñan con arrasar el monte nativo para plantar trigo o lo que traiga plata rápido.

Amarilla debería observar los errores que cometió el PAyS. Esa fuerza política, netamente local, tuvo su primer bautismo de fuego electoral en las legislativas 2009, cuando lograron conseguir su primera banca en la Cámara de Representantes. Recién se convirtió y consolidó firmemente como la tercera fuerza política de la provincia en las elecciones legislativas de 2017, tras capitalizar un fuerte respaldo en las zonas rurales e industriales del interior, obteniendo un 12% de los sufragios. Este resultado le permitió posicionarse de manera estable detrás de las dos fuerzas mayoritarias de la época: el oficialista Frente Renovador de la Concordia y la alianza Cambiemos. Posteriormente, en las elecciones provinciales de 2019, el espacio revalidó esa condición de tercera fuerza e incrementó su techo electoral al alcanzar el 12.87% en la categoría de gobernador bajo la fórmula integrada por Isaac Lenguaza y el propio “Cacho” Bárbaro.

Según los registros y las actas de escrutinio definitivo del Tribunal Electoral, el PAyS nunca fue la segunda fuerza política. Su posicionamiento histórico más alto en el conteo de toda la provincia siempre fue el tercer o cuarto puesto.

El sueño de un gran frente o alianza opositor después de más de veinte años de los mismos actores políticos viene siendo recurrente desde hace tiempo, pero la verdad es cruda: la polarización es fuerte, los nombres escasean, y la estructura territorial no siempre alcanza para llegar a toda la provincia.

Amarilla camina sobre una cornisa interesante: puede ser el síntoma de una crisis de representación o apenas una fiebre pasajera de la política misionera. Tiene relato, tiene votos, tiene enemigos claros y empieza a tener interlocutores. Lo que todavía debe demostrar es si puede convertir la épica del detenido que llegó a diputado en una arquitectura de poder capaz de disputar la gobernación. Porque una cosa es encarnar el malestar; otra, mucho más difícil, es organizarlo para gobernar.

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Por Fernando Oz

@F_ortegazabala

Salvo algunas pocas y honrosas excepciones, una vez más, la clase política del Cantón está demostrando de qué está hecha. Ya pasaron por la fantástica etapa del baile en el Titanic, a la del sálvese quien pueda. El papel que está teniendo el oficialismo en el escenario político es patético. Mi tía Claudia me diría, en voz baja, que se parece a un conventillo. Me refiero al oficialismo local, en toda su amplia gama, ya sean de la primera ola, de la Neo con pantalones chupines, del Blend sabor a motosierra, del nuevísimo Encuentro Misionero, del Movimiento por lo que Viene, o de los radicales por venir.

Intendentes caminando en circulantes ferias ministeriales, pidiendo obras y viendo qué tajada agarrar; diputados que parecen desorientados y que olvidan hasta lo que firman; funcionarios con más de veinte años de trayectoria que parecen recién llegados a un baile al que dicen no haber sido invitados. En definitiva, el sistema de navegación se rompió y la herrumbrada brújula también. Los mismos que ayer aplaudían, aprobaban leyes y ponían firmas, ahora deshacen desde ministerios hasta millonarios negocios con el Estado.

Mientras los reflectores se posan sobre los actores de este escenario circense, en el Cantón florecen los “Adornis” de la vida bajo el amparo de un diverso y silencioso engranaje de recaudación. Este lunes, tras la feria judicial, volverá a activarse en Comodoro Py la investigación que tramita el fiscal federal Gerardo Pollicita, enfocada en el presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales de Manuel Adorni. Las declaraciones testimoniales aportadas en el expediente han requerido verificar la trama de aportes y recaudación paralela, por lo que las miradas de la fiscalía se extienden sobre los colaboradores, incluyendo a Javier Lanari, recientemente nombrado en el Banco Nación y con fuertes vínculos en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

La diputada nacional Marcela Pagano, que llegó al Congreso con la boleta de Milei, fue la primera que expuso, públicamente y ante la Justicia, al ex vocero presidencial y a su mano derecha en un presunto entramado de “recaudadores” o “cajeros” a nombre de la Secretaría General de la Presidencia para el cobro de intermediaciones o “peajes” a empresarios a cambio de gestiones y reuniones. “Co-responsabilidad operativa”, adelantan fuentes judiciales.

Posiblemente en los próximos días avance una pesquisa sobre los estados financieros de la EBY encarada por los sabuesos de la Auditoría General de la Nación (AGN). La ejecución presupuestaria no estaría cuadrando con los informes de gestión. En la Cámara baja del Congreso, una pila de papeles de la entidad binacional terminaría en un pedido de informes al Poder Ejecutivo. Habrá que ver el resultado de la auditoría y el timing de Diputados.

En pocas semanas se decidirá la continuidad de dos de los cuatro integrantes del Consejo de Administración de la EBY. Pareciera ser que el director Ejecutivo del organismo, Diego Adúriz –con nombramiento, por decreto presidencial, hasta el 31 de diciembre de 2031–, estaría analizando algunos cambios más profundos; sugeridos por su primo Toto Caputo, ministro de Economía, como consecuencia de una serie de encuentros con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Hartfield.

Con el padrinazgo de Caputo y el sutil apoyo de la EBY, Hartfield, el Gato, ex tenista ATP, agente de mercado de capitales, lanzará su candidatura a la gobernación “cuando tenga con quién medirse”, porque “todavía no se abrió el torneo”. Se cree que la exitosa abogada laboralista Valeria Soczyuk, cuadro libertaria y recientemente nombrada coordinadora general de la Escuela de Dirigentes de LLA en Misiones, será quien la acompañe en la fórmula. Con nombre propio en el ámbito del ejercicio del derecho, años atrás, la doctora fue candidata a la presidencia del Colegio de Abogados de la provincia en una lista patrocinada por la Renovación. Cosas del pasado, ahora, Soczyuk lidera a los libertarios misioneros junto con su pareja, el diputado provincial Carlos Adrián Nuñez, recientemente apodado como “Jopo Nuñez” por sus compañeros de golf en el country paraguayo Aguavista.

Es muy temprano y hay muchos interrogantes. En la EBY, ese mundo paralelo de dobles finanzas, habrá que ver qué pasa con los consejeros Alfonso Peña, hombre de Mauricio Macri y ex director de la misma casa, y con el radical con peluca Rodrigo de Arrechea. Tampoco se sabe si continuará en su puesto Ignacio Lanari, jefe del Departamento Administrativo y hermano del actual director del Banco Nación; aunque tiene el “respaldo y confianza” de Karina Milei, El Jefe.

Las mismas incógnitas hay sobre dos hombres claves en las menudencias de la millonaria caja de la EBY: Juan Pablo Arrechea, lo llaman “el bueno”, ingresó a la entidad hace más de veinte años de la mano de Humberto Schiavoni y ahora dirige la poderosa Secretaría General y el siempre lubricado Departamento de Obras Complementarias. Ignacio “Nacho” Palacios, a él lo llaman “el mecánico”, reporta para la oficina de Santiago Caputo, colecciona automóviles en un garaje de la avenida Centenario y colocó a un amigo de Miami como jefe de Seguridad e Informaciones de la EBY; se trata de Jorge Omar Waisman, un tucumano que estuvo casi veinte años en la patrulla marítima en Florida, reconocido por su velocidad en lanchas y sus trabajos para la DEA y la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Lo concreto, en resumidas cuentas, es que en el Cantón los libertarios avanzan con sus internas al hombro hacia la gobernación tras una suma de “objetivos estratégicos”, entre los que se encuentran los negocios energéticos, con la construcción de represas, y la venta de tierras a capitales extranjeros. Con la idea conceptual de que “son los frenos normativos provinciales lo que limita las inversiones privadas en el sector energético”, los lobistas pro-represas pretenden la “inconstitucionalidad o revisión de las leyes que condicionan obras de interés energético nacional dentro del territorio provincial”. En ese marco entra la construcción de Corpus, un negocio que supera los 5.000 millones de dólares.

Volviendo a la implosión de la Renovación, fractura, división, escisión, como quieran llamarlo; hace unos días, tomando café en el viejo Vitrage, un ministro de pasos presurosos se acercó a la mesa y, sin mediar preámbulo, sonrisa mediante, me preguntó de qué lado estaba. En la misma baldosa de siempre, le contesté y se fue con la misma sonrisa. Sucede que por lo general, en este bendito país, todo lo nuevo, por más nuevo que parezca, siempre nace de alguna ruptura. La pregunta siempre es la misma: ¿Usted, de qué lado está?

Si alguien no apunta contra el “malo” del momento, puede caer bajo sospecha. Resulta que desde hace un tiempo se puso de moda pegarle a Carlos Rovira, así, a secas. De repente dejó de ser “el conductor”, “el ingeniero”, “el presidente de la Legislatura”, “el driver”; ya ni siquiera le dan el rol de diputado, mucho menos el de “genio de la estrategia política”. Así son las cosas. Y los primeros en lanzar piedras estuvieron durante años y hasta hace poco entre las filas de sus más fervientes aduladores. No me extraña, es un “gesto de amor” hacia el nuevo poder.

Es la clásica fauna de los palacios y la política: los aduladores de profesión que, apenas ven trastabillar al poder, son los primeros en sacar el cuchillo para cobrar factura y sobreactuar su nueva “dignidad”. Esta clase de personas estuvo siempre, desde las entrañas de la antigua Roma y las cortes de los emperadores.

Ustedes me disculparán si no me sumo a la nueva moda, es que nunca se me dio por adular al rey victorioso ni por patear al rey vencido; y en lo que a mí respecta, el ingeniero dejó de ser un asunto mío el 29 de octubre de 2006. Además, a esta edad comienzo a juzgar los hechos con cierta serenidad, sin que la tormenta afecte el rumbo.

Séneca, que fue tutor y consejero de Nerón, observó de cerca cómo los cortesanos cambiaban de bando en un pestañeo y vivió en carne propia la veleidad del poder. Para él, la prisa con la que los serviles atacan al caído no es justicia ni valentía; es sobreactuación para disimular su propia complicidad pasada. Atacan al antiguo amo para demostrarle al nuevo poder que ya no tienen ningún lazo con el anterior. El verdadero valor exige enfrentar al tirano cuando está en el cénit de su fuerza, no cuando está en el suelo. Y con esto no quiero decir que Rovira sea un tirano, ni que tampoco que esté en el suelo.

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Por Fernando Oz

F_ortegazabala

Soberanía y federalismo fueron las palabras que más utilizaron para defender su postura tanto quienes están a favor como los que están en contra de la polémica reforma de la Ley de Tierras. El debate dejó al descubierto, una vez más, la incapacidad del Estado y la hipocresía de quienes deben custodiar un territorio perforado.

En el Senado de la Nación, los hilos de la Realpolitik se mueven con la habitual soltura de las transacciones sin mucha convicción. Hasta el momento, diversas fuentes coinciden en apostar a que el senador de Encuentro Misionero, Carlos Arce, acompañará la iniciativa impulsada por Javier Milei, que busca eliminar o flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros: el punto central y más candente del debate.

Por su parte, Sonia Rojas Decut mantendría sus reservas frente a ese punto en particular; se especula con que rechazaría el articulado sobre extranjerización, aunque respaldaría el proyecto en general. También se cree que la senadora estaría evaluando la conformación de un monobloque que responda de manera directa al gobernador Hugo Passalacqua. Un quiebre que desde algunos sectores de la oposición es visto como un “desencuentro” táctico.

El mandatario se reunió esta semana con los senadores y les pidió que voten en contra. Un gesto que no tiene antecedentes en lo que va su gestión. De acuerdo con los registros de votación y las actas de sesiones parlamentarias del Honorable Senado de la Nación, los senadores misioneros que integran la representación oficialista provincial vienen manteniendo una postura de apoyo estratégico e integral a las principales iniciativas, normativas y paquetes de leyes enviados por la Casa Rosada —desde la Ley Bases hasta el Paquete Fiscal—.

Del otro lado de la calle, Martín Goerling Lara ya anunció su apoyo abierto y explícito al proyecto de Milei, posicionándose en la vereda opuesta a la gestión de Passalacqua y a más de sesenta intendentes de la provincia que alzaron la voz en solicitadas públicas. El senador del PRO cargó con dureza contra el oficialismo provincial y los jefes comunales, acusándolos de “desinformar y mentir a la población” mediante un libreto que calificó como un simple relato de entrega de patria.

Goerling Lara, presidente del bloque del partido de Mauricio Macri en la Cámara alta y especialista en relaciones internacionales, marcó con precisión la contradicción de la coyuntura actual: afirma que, aun con la ley vigente, Misiones padece focos alarmantes de alta concentración de tierras en bolsas foráneas. No se equivoca cuando señala que ya existen departamentos de frontera donde cerca del 40% del suelo está bajo el control de multinacionales, fondos de inversión y firmas transnacionales como la chilena Arauco.

Resulta difícil no sentir una punzada de ironía. Ahora, algunos voceros del oficialismo provincial se rasgan las vestiduras en nombre de la soberanía nacional, cuando durante décadas miraron para otro lado mientras se consolidaba la concentración del monocultivo de pino y la paulatina extranjerización de la región ribereña en la cuenca del Paraná. Reconozco que me da cierta gracia ver cómo el pulcro Goerling Lara, con sus On Running modelo On Cloud 5 y su blazer de Sastrería González, corre por izquierda a quienes ejercen el “misionerismo” al desnudar los datos del terreno, pero se me borra la sonrisa de inmediato cuando observo que, de un lado y del otro, lo que predomina es una amnesia interesada.

Misiones padece una vulnerabilidad geográfica estructural que no admite improvisaciones: más del 90% de sus límites son fronteras internacionales con Brasil y Paraguay. La Ley N° 26.737 de Tierras Rurales estableció una restricción taxativa para la posesión por parte de extranjeros en estas zonas de seguridad. El riesgo de barrenar o flexibilizar esos topes nacionales es evidente: se abre de par en par la puerta a la adquisición masiva de franjas fronterizas sensibles por parte de capitales concentrados y sociedades offshore, diluyendo el control efectivo del Estado sobre los recursos más estratégicos del país.

Cuando la tierra deja de ser el sostén productivo del colono y pasa a ser un activo financiero en el portafolio de un fondo de inversión, la consecuencia inmediata es el quiebre del arraigo agrario y el acorralamiento de la familia minifundista. Si las autoridades de control bajo la norma vigente no pudieron poner freno a la silenciosa extranjerización de nuestro suelo, ¿quién nos garantiza el resguardo de lo más preciado que alberga la Selva Paranaense: las reservas de agua dulce del Acuífero Guaraní y nuestra biodiversidad?

Los datos fríos son contundentes y desarman cualquier discurso de ocasión. Misiones se ubica entre las provincias con mayor porcentaje de extranjerización relativa del país, registrando más del 11% de sus tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas foráneas, lo que equivale a más de 325.000 hectáreas. Si bien el promedio provincial se ubica técnicamente por debajo del techo legal del 15%, los informes del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA revelan que la distribución territorial es profundamente desigual.

Cinco departamentos misioneros ya perforaron la barrera legal: el caso más drástico es el del departamento Iguazú, que registra un 40% de suelo extranjerizado; le siguen Montecarlo con un 18%, Libertador General San Martín con el 17%, y Eldorado junto con Concepción, ambos rozando el 16%. Frente a esta realidad, la maraña burocrática de la fiscalización estatal parece más una escenografía que un dique de contención real.

La primera puerta que debe tocar cualquier inversor extranjero para adquirir una parcela rural es la del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), un organismo que opera en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación y que trabaja en articulación con la Secretaría de Agricultura. Ellos son los encargados de emitir el Certificado de Habilitación previo a la firma de cualquier escritura pública y de auditar que no se superen los topes por nacionalidad o por departamento.

A esa estructura se suma la fiscalización en las áreas de frontera, donde interviene el Ministerio del Interior (ahora bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete) y el Ministerio de Seguridad a través de la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías para otorgar la conformidad previa. Una enorme burocracia que evidentemente no cumple muy bien su tarea.

Pero en el Cantón, tal como está la normativa actual, también están las firmas de la inoperancia. En el ámbito provincial, la articulación exige la participación del Registro de la Propiedad Inmueble de Misiones, encargado de inscribir los títulos y reportar las novedades a la Nación.

En definitiva, todo un andamiaje administrativo diseñado en los papeles para custodiar la soberanía que, en la práctica, ha mostrado grietas insondables. No son gendarmes desbordados por la inmensidad del monte, ni prefecturianos imposibilitados de moverse por el río por falta de combustible, tampoco es la culpa del capitán Gutiérrez, jefe de una compañía de comunicaciones del ejército que hace meses no sale al terreno para operar su radar RACIT en la frontera. Son los burócratas de saco y corbata que atienden desde oficinas con el clima a tiro de control remoto los que firman los papeles del representante del fondo extranjero.

Desde la Casa Rosada y sectores aliados se esgrime que la reforma busca una “devolución de potestad a las provincias”, bajo la premisa de que la flexibilización nacional no obliga a vender y que los gobiernos locales mantendrán la facultad de fijar sus propios regímenes o hacer valer los controles de frontera. Sin embargo, en una provincia acorralada por necesidades presupuestarias y compromisos políticos, esa delegación suele transformarse en un espejismo.

La discusión sobre la Ley de Tierras expone a Misiones sin filtros. Mientras la narrativa oficialista intenta embanderarse en la defensa del federalismo y el patrimonio natural, la geografía real demuestra que las cuencas hídricas y los corredores fronterizos más cotizados ya están al borde o por encima de los límites permitidos. No se trata de un debate abstracto sobre la atracción de inversiones o la libertad de mercado; se trata de comprender que, si el Estado renuncia a su función de gendarme territorial, la soberanía pasa a ser simplemente una mercancía de remate, más en una frontera sin controles efectivos.

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