Nacionales
Los comercios deberán cobrar con débito compras desde 10 pesos
“No se aceptan tarjetas”. “Pagos con tarjetas de débito desde 100 pesos”. Más de un gobierno buscó exigir a los comercios que instalen terminales electrónicas de pago para que, más allá del efectivo, los consumidores decidan si abonan con tarjeta de crédito o débito.
Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca darle un nuevo impulso al uso del aparto popularizado como “Posnet”, en el marco de la devolución del 15% del IVA de la canasta básica de alimentos a jubilados y beneficiarios de planes sociales. ¿Por qué ahora? Es que la devolución sólo se puede hacer si el beneficiario compra en comercios minoristas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga no bancaria.
El objetivo es que cualquier comercio del país esté obligado a aceptar pagos con tarjeta de débito a través de esta terminal electrónica por montos desde los 10 pesos. Sólo quedan exceptuados aquellos comercios cuya actividad se desarrolle en poblaciones menores a 1.000 habitantes.
El artículo 10 de la Ley 27.253, sancionada el 8 de junio, estableció la obligatoriedad de aceptar este medio de pago para los contribuyentes “que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”.
Beneficios para los comercios
Como la misión de fondo es formalizar cada vez más la economía (un 33% de las actividades del país están en negro), el organismo a cargo de Alberto Abad adelantó una serie de beneficios para quienes instalen la terminal.
Los pequeños contribuyentes son los primeros beneficiados en la lista, pues la normativa especificó que el Poder Ejecutivo realizará “las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo” para instalar el sistema. Además, no se permitirá el cargo de comisiones sobre las transacciones alcanzadas por la devolución del IVA.
Se bonificará el costo de los nuevos POS por Ddos años para las nuevas altas de establecimientos monotributistas o micro con ingresos anuales menores a $9 millones, y el sistema no cobrará aranceles para esta gestión a los comercios monotributistas.
La AFIP adelantó en una reunión con medios periodísticos que pondrá en marcha un cronograma de implementación que tendrá en cuenta aspectos como el volumen de operaciones, las localidades con mayor conectividad y sectores con un alto grado de informalidad.
Este era uno de los principales reclamos de los empresarios. Muchas localidades del país no cuentan con buena conectividad, faltan sucursales bancarias y los cupones de las terminales son una carga administrativa mayor, mayormente para los comercios unipersonales.
Con todo, el organismo y la Secretaría de Comercio serán los encargados de aplicar las multas y sanciones correspondientes por incumplimiento.
La ampliación de la red de terminales de pago es otro de los desafíos que tiene por delante el Gobierno. Posnet (MasterCard) y LaPos (Visa) son las compañías más importantes en el mercado argentino.
El servicio tiene que estar enlazado a una cuenta bancaria -con un costo mensual que varía según la entidad-, y las transacciones tienen un impuesto del 1,5% para tarjetas de débito que asume el comercio.
Detalles sobre la devolución del IVA
La devolución del IVA de la canasta básica es un beneficio que tiene la potencialidad de alcanzar a 6,6 millones de personas, de las cuales 4 millones cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El monto a devolver será el 15% del monto de las operaciones, y será acreditado en la cuenta del beneficiario en el mes siguiente al de los consumos. Para incentivar el uso de la tarjeta, los que cobren jubilaciones o pensiones por fallecimiento recibirán en julio una suma fija de $150 por cada una de las dos primeras transacciones.
En agosto, tendrán una suma fija de $75 por cada una de las cuatro primeras transacciones, y en septiembre, una suma fija de $50 por cada una de las primeras seis.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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