Nacionales
Los comercios deberán cobrar con débito compras desde 10 pesos
“No se aceptan tarjetas”. “Pagos con tarjetas de débito desde 100 pesos”. Más de un gobierno buscó exigir a los comercios que instalen terminales electrónicas de pago para que, más allá del efectivo, los consumidores decidan si abonan con tarjeta de crédito o débito.
Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca darle un nuevo impulso al uso del aparto popularizado como “Posnet”, en el marco de la devolución del 15% del IVA de la canasta básica de alimentos a jubilados y beneficiarios de planes sociales. ¿Por qué ahora? Es que la devolución sólo se puede hacer si el beneficiario compra en comercios minoristas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga no bancaria.
El objetivo es que cualquier comercio del país esté obligado a aceptar pagos con tarjeta de débito a través de esta terminal electrónica por montos desde los 10 pesos. Sólo quedan exceptuados aquellos comercios cuya actividad se desarrolle en poblaciones menores a 1.000 habitantes.
El artículo 10 de la Ley 27.253, sancionada el 8 de junio, estableció la obligatoriedad de aceptar este medio de pago para los contribuyentes “que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”.
Beneficios para los comercios
Como la misión de fondo es formalizar cada vez más la economía (un 33% de las actividades del país están en negro), el organismo a cargo de Alberto Abad adelantó una serie de beneficios para quienes instalen la terminal.
Los pequeños contribuyentes son los primeros beneficiados en la lista, pues la normativa especificó que el Poder Ejecutivo realizará “las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo” para instalar el sistema. Además, no se permitirá el cargo de comisiones sobre las transacciones alcanzadas por la devolución del IVA.
Se bonificará el costo de los nuevos POS por Ddos años para las nuevas altas de establecimientos monotributistas o micro con ingresos anuales menores a $9 millones, y el sistema no cobrará aranceles para esta gestión a los comercios monotributistas.
La AFIP adelantó en una reunión con medios periodísticos que pondrá en marcha un cronograma de implementación que tendrá en cuenta aspectos como el volumen de operaciones, las localidades con mayor conectividad y sectores con un alto grado de informalidad.
Este era uno de los principales reclamos de los empresarios. Muchas localidades del país no cuentan con buena conectividad, faltan sucursales bancarias y los cupones de las terminales son una carga administrativa mayor, mayormente para los comercios unipersonales.
Con todo, el organismo y la Secretaría de Comercio serán los encargados de aplicar las multas y sanciones correspondientes por incumplimiento.
La ampliación de la red de terminales de pago es otro de los desafíos que tiene por delante el Gobierno. Posnet (MasterCard) y LaPos (Visa) son las compañías más importantes en el mercado argentino.
El servicio tiene que estar enlazado a una cuenta bancaria -con un costo mensual que varía según la entidad-, y las transacciones tienen un impuesto del 1,5% para tarjetas de débito que asume el comercio.
Detalles sobre la devolución del IVA
La devolución del IVA de la canasta básica es un beneficio que tiene la potencialidad de alcanzar a 6,6 millones de personas, de las cuales 4 millones cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El monto a devolver será el 15% del monto de las operaciones, y será acreditado en la cuenta del beneficiario en el mes siguiente al de los consumos. Para incentivar el uso de la tarjeta, los que cobren jubilaciones o pensiones por fallecimiento recibirán en julio una suma fija de $150 por cada una de las dos primeras transacciones.
En agosto, tendrán una suma fija de $75 por cada una de las cuatro primeras transacciones, y en septiembre, una suma fija de $50 por cada una de las primeras seis.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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