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Los comercios deberán cobrar con débito compras desde 10 pesos

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“No se aceptan tarjetas”. “Pagos con tarjetas de débito desde 100 pesos”. Más de un gobierno buscó exigir a los comercios que instalen terminales electrónicas de pago para que, más allá del efectivo, los consumidores decidan si abonan con tarjeta de crédito o débito.

Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca darle un nuevo impulso al uso del aparto popularizado como “Posnet”, en el marco de la devolución del 15% del IVA de la canasta básica de alimentos a jubilados y beneficiarios de planes sociales. ¿Por qué ahora? Es que la devolución sólo se puede hacer si el beneficiario compra en comercios minoristas con tarjeta de débito o tarjeta prepaga no bancaria. 

El objetivo es que cualquier comercio del país esté obligado a aceptar pagos con tarjeta de débito a través de esta terminal electrónica por montos desde los 10 pesos. Sólo quedan exceptuados aquellos comercios cuya actividad se desarrolle en poblaciones menores a 1.000 habitantes.

El artículo 10 de la Ley 27.253, sancionada el 8 de junio, estableció la obligatoriedad de aceptar este medio de pago para los contribuyentes “que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final, presten servicios de consumo masivo, realicen obras o efectúen locaciones de cosas muebles”.

Beneficios para los comercios

Como la misión de fondo es formalizar cada vez más la economía (un 33% de las actividades del país están en negro), el organismo a cargo de Alberto Abad adelantó una serie de beneficios para quienes instalen la terminal.

Los pequeños contribuyentes son los primeros beneficiados en la lista, pues la normativa especificó que el Poder Ejecutivo realizará “las acciones necesarias para eliminar la incidencia del costo” para instalar el sistema. Además, no se permitirá el cargo de comisiones sobre las transacciones alcanzadas por la devolución del IVA.

Se bonificará el costo de los nuevos POS por Ddos años para las nuevas altas de establecimientos monotributistas o micro con ingresos anuales menores a $9 millones, y el sistema no cobrará aranceles para esta gestión a los comercios monotributistas.

La AFIP adelantó en una reunión con medios periodísticos que pondrá en marcha un cronograma de implementación que tendrá en cuenta aspectos como el volumen de operaciones, las localidades con mayor conectividad y sectores con un alto grado de informalidad.

Este era uno de los principales reclamos de los empresarios. Muchas localidades del país no cuentan con buena conectividad, faltan sucursales bancarias y los cupones de las terminales son una carga administrativa mayor, mayormente para los comercios unipersonales.

Con todo, el organismo y la Secretaría de Comercio serán los encargados de aplicar las multas y sanciones correspondientes por incumplimiento.

La ampliación de la red de terminales de pago es otro de los desafíos que tiene por delante el Gobierno. Posnet (MasterCard) y LaPos (Visa) son las compañías más importantes en el mercado argentino.

El servicio tiene que estar enlazado a una cuenta bancaria -con un costo mensual que varía según la entidad-, y las transacciones tienen un impuesto del 1,5% para tarjetas de débito que asume el comercio.

Detalles sobre la devolución del IVA

La devolución del IVA de la canasta básica es un beneficio que tiene la potencialidad de alcanzar a 6,6 millones de personas, de las cuales 4 millones cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El monto a devolver será el 15% del monto de las operaciones, y será acreditado en la cuenta del beneficiario en el mes siguiente al de los consumos. Para incentivar el uso de la tarjeta, los que cobren jubilaciones o pensiones por fallecimiento recibirán en julio una suma fija de $150 por cada una de las dos primeras transacciones.

En agosto, tendrán una suma fija de $75 por cada una de las cuatro primeras transacciones, y en septiembre, una suma fija de $50 por cada una de las primeras seis.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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