Nacionales
Fui Colimba: convocan a ex soldados a declarar en causas de lesa humanidad

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó una nueva convocatoria a ex conscriptos para que aporten sus testimonios a los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad en la Argentina.
Es el segundo llamado que hace el organismo a quienes hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983.
“Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país”, dice el texto de la convocatoria.
“Ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes”, argumenta.
De hecho, la primera convocatoria, realizada en 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”, permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que empujaron el avance de juicios, como la investigación de los crímenes cometidos en Campo de Mayo, en la que sobrevivientes y familiares realizaron las primeras convocatorias a los ex conscriptos.
Los testimonios de los ex soldados ayudaron a reconstruir el funcionamiento de los “vuelos de la muerte” que operaban desde Campo de Mayo, y condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601, del Ejército Argentino.
También, posibilitaron el esclarecimiento y la condena de tres ex oficiales del Ejército por los delitos de secuestro, tortura y homicidio, en el juicio que investigó crímenes de lesa humanidad cometidos en el Regimiento de Infantería Mecanizada 6 (RIM), de Mercedes.
Los hechos ocurrieron durante dos operativos represivos realizados el 14 de junio de 1976 en una casa en Haedo, donde fueron secuestrados Pedro Oscar Martucci y Rocío Ángela Martínez Borbolla, que continúan desaparecidos; y el 10 de julio siguiente, en una casa de San Andrés, partido de San Martín, en la que fueron secuestrados y torturados Pablo Pavich y otra persona sin identificar, y fue asesinado Jorge Emilio Arancibia.
Los testimonios sirvieron también para probar la planificación y participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de “La Pastoril”, una quinta ubicada en Moreno, el 29 de marzo de 1976, donde se produjo el secuestro de ocho militantes y el asesinato de otros siete.
Las jaulas
La campaña, titulada “Fui colimba”, ocupa un espacio destacado en el sitio web de la Secretaría de Derechos Humanos, con entrevistas a tres ex conscriptos y videos animados realizados a partir de sus declaraciones en los juicios.
El material recoge los testimonios de los ex soldados Manuel Almirón, Raúl Fernández y Rubén Danilo Núñez, que aportaron detalles estremecedores de los vuelos utilizados por los militares para deshacerse de los cuerpos en el mar.
En el video, Almirón recuerda y declara en el juicio por los vuelos de la muerte del batallón 601 en Campo de Mayo.
Habla de un fogón de conscriptos, la noche que el sargento Castillo se pasa de copas y cuenta, suelto de lengua sobre los vuelos.
Recuerda otra noche, en que espía por la hendija del portón de un hangar. “Miro, y adentro había como treinta personas más o menos; muchachos desnudos, chicas embarazadas; algunas de cuclillas, otras paradas”, relata.
Fernández, ubica en el mapa el lugar exacto, en la cabecera de la pista, donde muchas veces encontró ampollas y frasquitos de Ketalar, una droga utilizada por la tripulación de los vuelos para adormecer la carga de detenidos conducida a la muerte.
Sus declaraciones permitieron ubicar con precisión el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como “El campito”.
El testimonio de Núñez, recogido en los microrrelatos disponibles en el sitio, también transcurre de noche.
“Habíamos terminado la cena, nueve o diez de la noche; queríamos tomar una bebida, entonces salí y fui al kiosco de los bomberos a comprar. Ni bien entré, se cortó la luz en todo el sector, inclusive en nuestro hangar y también la de la calle”, relata Núñez.
“Quise volver. Un bombero me dijo: ‘No, no, esperá’. Hubo corridas, yo me quedé en la oscuridad. Al rato, salí por la puerta de atrás y ahí fue cuando vi que aterrizaban dos Fokker en la pista”, continúa el ex soldado.
“Vi claramente las letras del avión: Fuerza Aérea”, agrega.
“Alcancé a ver que descargaron como unas jaulas, parecían de madera, y las ponían en el playón”, recuerda.
“Oía un murmullo de los que estaban en el avión. Ahí, había solo oficiales y suboficiales. No sé qué era, pero se notaba que intentaban hacer lo que estaban haciendo lo más silenciosamente posible”, describe.
Dice Núñez que era común que los soldados comentaran que “en los aviones Twin Otter llevaban gente para matarla”.
“Lo comentaban otros soldados también que estaban más cerca de esos aviones”, afirma, y dispara: “Adentro de las jaulas me pareció que había personas”.
Nacionales
La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.
“Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones.
Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.
Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas.

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape
“Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.
Intento por voltear el decreto
Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia.
En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.
De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.
El funcionamiento
El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.
Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.
Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.
Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.
En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada.
También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.
Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.
Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”
Nacionales
La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio registró una variación de 1,6%. A su vez, en el primer semestre acumuló un alza de 15,1% y en los últimos 12 meses sumó 39,4%.
Durante el sexto mes del año, la división de mayor aumento fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).
En cuanto a las categorías, los precios regulados lideraron el incremento durante junio, con un total de 2,2%, seguida del IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).
Dentro de las distintas regiones, La división con mayor incidencia en GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).
En el Noroeste la mayor incidencia se registró en Prendas de vestir y calzado (0,5%), mientras que en Cuyo fue Recreación y cultura (2,5%).
Repercusiones
Desde el Ministerio de Economía destacaron que: “Continúa el proceso de desinflación que comenzó en 2024, con un acumulado para los primeros 6 meses del año de 15,1%, frente al 79,8% registrado para el mismo periodo del año pasado”.
Por su parte, el titular del palacio de Hacienda, Luis Caputo, celebró el dato de junio, con una serie de punteos sobre lo que dejó el dato del Indec, a través de su cuenta de “X”: “Inflación minorista Junio: 1,6%. La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018”.
Y añadió: “Los bienes registraron una variación de 0,8% mensual, la menor desde que comenzó la actual serie, en enero de 2017. La variación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,6%, menos de la mitad de la suba en el IPC. En términos interanuales, la variación en esta categoría fue de 32,3%, 7,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación general”.
Finalmente, concluyó: “La variación interanual del IPC Nacional fue de 39,4%, registrándose catorce meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde enero de 2021”.
En la misma línea, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y cargó contra “toda mandrilandia”, apoyado con una foto donde se encuentra el ministro Caputo y parte del equipo económico, entre ellos Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA); José Luis Daza, viceministro de Economía; y Federico Furiase, director del BCRA.
✅ Inflación minorista Junio: 1,6%
✅ La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018.
✅ Los bienes registraron una variación…
— totocaputo (@LuisCaputoAR) July 14, 2025
Nacionales
Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

Luego de la publicación del Decreto 462/2025 el pasado 8 de julio en el boletín oficial de la Nación, directores regionales de todo el país, junto a coordinadores de programas de investigación, emitieron un comunicado repudiando la medida que redujo cargos jerárquicos poniendo en riesgo el regular funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
Esto es así porque fue eliminada la autarquía del organismo y resultó subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo que estuvo conformado por diez miembros quedó reducido a un solo presidente.
Bajo el título “Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, los ex directivos cuestionaron que “bajo el discurso de `modernización´, se concentra el poder en una sola figura designada políticamente, el presidente de la institución, eliminando su estructura participativa y federal”.
Por lo que señalaron: “Esto no es modernizar: es centralizar, debilitar y poner en riesgo una institución estratégica para el desarrollo de la Nación”.
El Inta fue creado en 1956 y desde entonces ha transitado por diversos contextos políticos, sosteniendo las misiones para las que fue creado, como ser: “Impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible de un sistema agroalimentario competitivo, inclusivo, equitativo y respetuoso del medio ambiente”.
De esta manera, aseguraron que dichas acciones se hicieron posibles sobre los cimientos de sus pilares principales: la investigación, la extensión, el desarrollo de tecnologías, el aporte a la formulación de políticas públicas, la presencia territorial en todo el país, la articulación y cooperación nacional e internacional, gobernanza público-privada y concursos públicos para acceder a cargos técnicos y de conducción.
Por este motivo, los directores regionales del Inta enfatizaron: “Este decreto con excusas de “modernización” viene a destruir la constitución de esta institución de ciencia y técnica, estratégica para la innovación productiva, la soberanía tecnológica y el desarrollo local, como la de muchos otros organismos del estado”.
Nueva estructura
Tras ser subordinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se conoció el nuevo organigrama del Inta, en el que el gobierno designó al ingeniero agrónomo Nicolás Bronzovich como presidente, cuyo puesto tendrá rango y jerarquía de secretario.
En tanto, María Beatriz Giraudo Gaviglio asumirá el rol de consejera técnica.
Para finalizar, los ex directivos manifestaron que el decreto en cuestión “propone en sus artículos, una conducción centralizada, vertical, que elimina la autonomía institucional, al modificar la composición y representatividad del Consejo Directivo, excluyendo a representantes del sistema científico y organizaciones del sector agropecuario y concentrando la mayoría de las decisiones en manos del gobierno de turno”.
Por lo que, a su entender, la nueva estructura “elimina la posibilidad de sostener líneas de trabajo y políticas públicas estables, independientes de los vaivenes políticos”.
En ese sentido, resaltaron: “Reducir el Inta a una oficina dependiente del Poder Ejecutivo es ignorar su historia, su valor estratégico y el consenso social que lo respalda. Implica romper con la continuidad de políticas públicas esenciales para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica, las economías regionales, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad”.
Durante una reunión entre Bronzovich y directores experimentales, plantearon algunas de las acciones venideras del organismo, entre las que resaltan: bajar la cantidad de cargos jerárquicos que asciende a 932, mejorar el control de presentismo, seguir con la investigación ligada con el sector privado, hacer un retiro voluntario de trabajadores y, entre otras acciones, disminuir la cantidad de Centros Regionales y programas, al mismo tiempo en que aseguraron que se mantendrán los becarios.
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