Judiciales
Represor misionero recibió su tercera condena a perpetua en San Juan
El represor misionero Jorge Antonio Olivera (72) recibió esta tarde su tercera condena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan en el marco de la culminación del juicio por la denominada Megacausa III.
Tal como estaba previsto, el Tribunal Oral Federal (TOF) de dicha provincia cuyana se reunió esta tarde para el dictar sentencia y la audiencia comenzó minutos después de las 15, instancia en la cual Olivera tuvo la oportunidad de brindar sus últimas palabras antes de conocer el veredicto.
El misionero aceptó, aunque su exposición fue breve y sólo se limitó a agradecer a su defensa técnica.
Después de allí, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para deliberar y la audiencia se reanudó cerca de las 19.20 con la lectura del fallo.
En primer término, los magistrados resolvieron no hacer lugar a los planteos de prescripción realizados por la defensa de los 24 imputados entre policías, militares y ex funcionarios judiciales, al tiempo que declararon todos los hechos juzgados como crímenes de lesa humanidad y genocidio.
La parte resolutiva de la sentencia también dispuso condenar al represor misionero a la pena de prisión perpetua como coautor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas (dos hechos), tormentos agravados por condición de perseguidos políticos (dos hechos) y homicidio doblemente agravado (cinco hechos), todo en concurso real.
Olivera oyó el fallo por videoconferencia desde una sala de la Unidad 34 – Instituto Penal Federal de Campo Mayo, donde se encuentra alojado desde marzo tras una revocación de su prisión domiciliaria dispuesta por el TOF de San Juan al constatar que adulteró un certificado médico para gestionar salidas de su casa para realizar actividad física.
Sin embargo, los días de Olivera en prisión acabarán pronto, dado que ayer la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal que existe por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resolvió anular la revocación de la domiciliaria dictada en marzo y restituir el beneficio al condenado, que de esta manera podrá regresar a su casa para continuar purgando en esas condiciones las tres condenas a prisión perpetua que registra en su contra.
Megacausa III, más condenas y fugas
El debate que culminó hoy comenzó el 25 de junio de 2019 y en el proceso se desarrollaron más de 100 jornadas, en las cuales se reconstruyó las operaciones ilegales realizadas por Olivera y el resto de los imputados con anterioridad y posterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
En la denominada Megacausa III se acumularon seis expedientes con hechos padecidos por un total de 96 víctimas, de las cuales trece permanecen desaparecidas y cinco fueron ejecutadas. También se investigan secuestros, torturas y casos de violencia sexual.
Según consta en los registros oficiales, Olivera nació en Posadas el 10 de agosto de 1950 y en San Juan se desempeñaba bajo el rango de Teniente y operaba como jefe de Inteligencia del RIM 22 (Regimiento de Infantería de Montaña), en una de las esferas de mayor poder dentro de la estructura.
Las otras condenas a perpetuas contra el misionero fueron dictadas en julio de 2013 y octubre de 2018.
Entre las víctimas de las desapariciones, secuestros y torturas que se investigaron en las causas donde Olivera fue imputado aparecen la francesa criada en Misiones, Marie Anne Erize, y el actual diputado y ex gobernador de San Juan en tres oportunidades, José Luis Gioja.
El misionero además fue noticia en varias oportunidades por su historial de fugas y maniobras para evadir a la Justicia.
Ese tendal de antecedentes comienza ya en la década del 2000, cuando viajó a refugiarse a Italia pero fue detenido tras un pedido de la Justicia de Francia que investigaba la desaparición de la joven Marie Anne Erize, aunque solo permaneció 43 días tras las rejas.
Es que sus defensores presentaron un documento que consignaba una supuesta fecha de fallecimiento de la joven francesa y los magistrados locales entonces entendieron que el delito estaba prescripto, aunque todo se trató de una maniobra fraudulenta y un certificado falso, dado que el paradero de Erize aún no fue revelado.
Posteriormente, llegó la primera condena en Argentina. Fue el 3 de julio de 2013 y tan sólo 22 días después Olivera logró escapar junto Gustavo De Marchi -otro represor condenado- del hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires, donde habían sido trasladados desde el Penal de Chimbas (San Juan) por supuestas dolencias.
En esa instancia, el represor misionero permaneció en condición de prófugo de la Justicia y recién fue recapturado el 30 de enero de 2017, durante un allanamiento realizado en la casa de su esposa, Marta Ravasi, en la localidad bonaerense de San Isidro. El represor misionero estaba escondido en el baúl de un auto.
Tras su recaptura, el Olivera regresó a San Juan, donde quedó detenido y en 2018 fue condenado por segunda vez. Luego obtuvo la domiciliaria y en esa condición afrontó las audiencias del tercer juicio oral en su contra hasta que marzo volvió a la cárcel, pero actualmente está habilitado a regresar a su casa.
Judiciales
Imputaron por homicidio simple a acusado de matar y enterrar a Priscila Díaz
Carlos David Del Valle (21), el joven detenido por el asesinato de Priscila Cecilia Díaz (21), la muchacha de Jardín América que fue estrangulada y luego enterrada en un pinar de Jardín América, se abstuvo de declarar ante la Justicia y fue imputado por el delito de homicidio simple.
Tal como estaba previsto, el implicado fue trasladado ayer al mediodía al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.
En esa instancia, señalaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el muchacho optó por guardar silencio y se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
Las fuentes indicaron que en la misma audiencia Del Valle fue notificado del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
En la imputación, que es provisoria y puede modificarse conforme el avance de la pesquisa, las autoridades judiciales consideraron que no existen elementos como para incluir agravantes.
De esta manera, al menos por ahora Del Valle esquivó una acusación por femicidio, figura prevista en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal y que contempla la prisión perpetua como única pena.
El crimen
El asesinato de Priscila Díaz se descubrió el jueves de la semana pasada, cuando su cuerpo fue hallado semienterrado en un pinar del barrio Los Cedros, aunque el hecho se habría registrado el domingo previo.
Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, ese día la joven fue vista compartiendo una ronda de tragos con varios vecinos de la zona hasta que, en determinado momento, quedó a solas con Del Valle y en esas circunstancias se habría producido el ataque que terminó en muerte.
La autopsia estableció que Díaz murió como consecuencia de asfixia mecánica por comprensión, lo que equivale a decir que fue estrangulada. En su cuerpo también detectaron lesiones defensivas, lo que se condice además con los rasguños que el sospechoso presentaba al momento de ser detenido.
El cadáver de Díaz estaba desnudo al momento de su hallazgo, aunque en la necropsia no se detectaron signos ni evidencias de un abuso sexual, aunque los investigadores iban a aguardar el resultado de otros estudios complementarios y de mayor especificidad.
El caso de descubrió gracias a un testigo clave, quien la semana pasada se acercó a la comisaría local para contar que un conocido suyo había confesado el crimen de una joven y también agregó que su hermano había ayudado a enterrar el cuerpo.
Tras esta denuncia, la Policía inició averiguaciones y al poco tiempo dio con ambos sospechosos. El otro detenido es hermano de Del Valle, tiene 16 años y quedó alojado en el Cemoas, a disposición del Juzgado Correccional y de Menores local.
Díaz era madre de una niña de 3 años y sus restos fueron despedidos en el cementerio local el sábado a la mañana. Sus familiares reclaman justicia y preparan una marcha para este jueves en Jardín América.
Femicidio en Jardín América: autopsia reveló que Priscila Díaz fue estrangulada
Judiciales
Martínez, el primo de Rojas acusado de “traición” y detenido tras el juicio
El juicio contra el narco-sicario misionero Néstor Fabián “El Negro” Rojas (48) no solo decretó un futuro de encierro para él, sino que también marcó el fin de los días en libertad para su primo Eduardo Javier Martínez (40), antiguo hombre de confianza en sus maniobras de narcotráfico y a quien en pleno debate oral acusó de “traidor”.
“Él tiene que ser hombrecito y presentarse, hacerse cargo de los hechos, como estoy yo acá. Él señor Martínez no está acá porque es un colaborador también de la Prefectura. Él me trajo a mí hasta acá, entregándome, igual que Negrito Gómez”, lanzó Rojas, entre otras tantas revelaciones explosivas y muchas de ellas carentes de sustento, el pasado 2 de septiembre al momento de declarar por tercera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.
No era la primera vez que la figura de Martínez tomaba un rol casi protagónico en el debate, dado que su nombre también fue mencionado en varias oportunidades durante la audiencia del 1 de agosto, cuando se reprodujo una de las escuchas telefónicas más esclarecedoras del expediente que investigaba a Rojas por el asesinato de su antiguo colaborador Aldo Andrés “Polaco” Canteros (33), perpetrado el 5 de agosto de 2018 en Gobernador Roca.
“El Polaco de la chacra … Te cuento, nos jugó sucio sucio… nos apretaron hoy entre 4 tipo ahí me mataron.… ¿entendé? Le di a él, le di al compinche, a otro, no sé a los que estaban ahí no sé, me cayeron corté gorra viste, ¿entendé?… le volé la cabeza….”, es parte de la transcripción de aquella llamada que Rojas hizo el 5 de agosto de 2018, a las 23.07, es decir, apenas unas horas después del crimen.
Quien esa noche estaba del otro lado del teléfono era, justamente, Martínez, su primo y mano derecha por aquel entonces en las operaciones de tráfico de estupefacientes que Rojas orquestaba desde la clandestinidad, ya que sobre sus espaldas pesaba un pedido de captura internacional, aunque la Prefectura ya lo tenía localizado, pero esperaba para agarrarlo in fraganti.
La que brindó más detalles de esa conversación clave fue una ex pareja de Martínez, quien estaba junto a él al momento de la llamada y al declarar como testigo ante el TOF también ahondó en la relación de extrema confianza que mantenían los primos.
“Ellos se tenían mucha confianza, era amigos, se decían primos. Siempre que hablaban él se apartaba de mí porque Rojas no es una persona que confíe mucho en las personas”, describió la mujer, que en la continuidad de su relato brindado en esa misma audiencia del 1 de agosto también recordó haber participado de algunas maniobras de transporte de estupefacientes.
Por aquel entonces, Martínez también estaba marcado. Y bien marcado. Los investigadores no solo que tenían identificada su línea telefónica, sino que además conocían su rostro, dado que lo captaron junto a Rojas durante una de las tareas de vigilancia encubierta, pero el crimen de Canteros movió tanto el avispero que varios de los involucrados se dispersaron aprovechando que el sindicado narco-sicario se transformó en el objetivo más inmediato.
Fue así que Martínez logró mantenerse alejado de todo el escándalo que rodeó a Rojas, que a medida que pasaban los meses sumaba más y más fojas a su extenso prontuario, concitando además la atención de los medios porteños por su perfil de “capo narco” capaz de mandar a matar a jueces con mano de obra criminal brasileña.
Nombrado, buscado y detenido
Su primo, todo lo contrario. Procuró no llamar la atención y continuar como si nada hubiera ocurrido. Y así fue hasta ahora, que su nombre volvió a tomar protagonismo y nada pasó desapercibido para la fiscalía federal que encabeza Vivian Barbosa, que en medio del debate oral requirió una serie de medidas para conocer el estado de situación del implicado.
La investigación preliminar estableció, entonces, que Martínez residía en Puerto Iguazú, que trabajaba en un taller mecánico y que incluso registraba reiterados cruces migratorios, principalmente a la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, lo cual terminó siendo clave para que el TOF posadeño ejecute una orden de detención que estaba vigente en su contra, según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante altas fuentes consultadas.
Fue así que el martes pasado -tres días antes de la condena a perpetua dictada contra Rojas- una comisión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) golpeó la puerta de su casa y lo detuvo sin más. Martínez no se la esperaba y tampoco podía hacer mucho: desde febrero se encuentra en silla ruedas como consecuencia de un accidente de tránsito protagonizado mientras circulaba en moto por las calles de Foz de Iguazú.
Ahora, Martínez se encuentra alojado en una celda del Escuadrón 13 de GNA, a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo del magistrado Miguel Ángel Guerrero, y será investigado por su presunta participación en actividades narco junto a Rojas, quien lo delató y lo acusó de “traidor” en pleno juicio.
Rojas acusó de traición a su primo: “Debería ser hombrecito y presentarse”
Judiciales
Piden elevar a juicio causa contra conductor que atropelló y mató a Dana Sánchez
La titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, Patricia Inés Clereci, solicitó la elevación a juicio de la causa contra Estanilao Salvador Barreiro (65), el automovilista que atropelló y mató a Dana Anabel Sánchez (24), al considerar que la etapa procesal se encuentra agotada y dictaminó que el imputado debe responder ante la Justicia como autor del delito de “homicidio culposo y lesiones graves culposas”.
Dana perdió la vida en el hospital Madariaga en la mañana del 12 de enero, horas después de ser atropellada por un auto que iba al mando de Barreiro mientras ella caminaba por el cordón cuneta de la vereda de la avenida Leandro N. Alem de la capital misionera.
Por el siniestro, también resultó con heridas de gravedad Rosalina Olivera, quien esa noche caminaba unos metros delante de la víctima fatal, aunque en sentido contrario, al tiempo que otros dos transeúntes resultaron ilesos “de milagro”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
La investigación trazada por la fiscalía en el requerimiento recientemente formulado pudo establecer que Barreiro conducía su automóvil marca Mazda 626 sobre la arteria Alem, en dirección este-oeste, a unos 80 kilómetros por hora, hasta que a unos metros de llegar a la avenida Las Heras cruzó un badén sin disminuir la velocidad, perdiendo el control del auto sobre el carril opuesto y impactando desde atrás a Dana Sánchez y de frente a Rosalía Oliveira.
“Como consecuencia de los impactos consecutivos, Dana Anabel Sánchez falleció en las primeras horas de la mañana siguiente, 12 de enero de 2024, y Rosalina Olivera sufrió lesiones graves consistentes en fractura de radio distal derecho de rama ilio e izquiopubiana bilateral fractura bilateral de sacro y trauma cerrado de abdomen que demandarían un tiempo de curación de 90 días y 120 de incapacidad laboral”, detalló en su resolución la fiscal Clerici respecto a las lesiones diagnosticadas en las víctimas del hecho.
Entre los elementos probatorios tenidos en cuenta, la funcionaria judicial citó la declaración indagatoria al imputado, instancia en la cual Barreiro asumió la responsabilidad del hecho, argumentando que circulaba a 50 o 60 kilómetros por hora y que desconocía el badén que traspasó sin disminuir la velocidad que le costó la vida a Dana.
La fiscal, además, contrapuso esa declaración con la inspección ocular del lugar del siniestro, pericia que concluyó en que Barreiro circulaba a una velocidad mayor a la permitida en las avenidas de zonas urbanas.
Además, el expediente cuenta con declaraciones de los testigos presenciales del hecho, así como también la de Rosalía Oliveira, los informes periciales en el lugar del hecho y las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.
El requerimiento ahora debe ser analizado por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, quien de no encontrar irregularidades y de considerar correspondiente, deberá estampar la firma para la elevación a juicio del expediente.
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