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Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda

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El pasado viernes en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital. 

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina. 

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las viviendas. 

El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado que interviene en el caso desde la Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.

A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo y las filmaciones se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.

Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados. En principio las personas afectadas deben ser liberadas porque no hay sentido por el cual deban estar detenidas y el Estado provincial debe abordar esta situación vivida e intervenir”.

Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.

Amplio repudio al desalojo

A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.

A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de lxs miembrxs de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.

Por último, hizo hincapié en la forma en que se llevó a cabo el operativo: “Repudiamos además el accionar del Poder Judicial, porque todo este operativo se realizó en presencia de la jueza de Paz de la zona, Yngridt Radke, quien debió observar y hacer observar los protocolos vigentes para desalojos de estas características”.

Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a través de sus redes sociales el repudio al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”. 

También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas”.

A esto, agregan que “en medio de la operación, golpearon gravemente a una de las mujeres, identificada como Norma López que está embarazada y debido a los golpes fue lastimada y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Lo increíble es que después fue trasladada nuevamente a la comisaría junto a los otros familiares detenidos en Wanda”.

En este marco, convocaron a distintas organizaciones sociales y productores a una reunión prevista para este lunes con el fin de pedir por la liberación urgente de la madre embarazada. El encuentro será frente a la comisaría de Wanda.

En tanto, desde la CTA Autónoma también emitieron un comunicado exigiendo la inmediata liberación de los detenidos, el cese de los desalojos y que se garantice el acceso a las tierras y al hábitat. A su vez, se solidarizaron “con la lucha de los pequeños productores”.  

 

Judiciales

Revés judicial para Cerro Azul en reclamo de $165 millones a una empresa

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La Justicia provincial rechazó una ejecución fiscal impulsada por la Municipalidad de Cerro Azul contra la empresa MM Bioenergía S.A. por una deuda superior a los $165 millones y cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la comuna para reclamar tributos.

El fallo fue dictado por el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Leandro N. Alem, que rechazó la demanda iniciada en junio de 2025 por la municipalidad en concepto de tasas de Seguridad e Higiene, Comercio e Industria correspondientes a distintos períodos entre 2021 y 2025.

La comuna reclamaba un total de $165.044.216,75 y había solicitado además medidas cautelares sobre bienes y fondos de la firma dedicada a la generación de energía renovable.

Sin embargo, tras varios meses de litigio, el magistrado interviniente resolvió desestimar la ejecución fiscal al considerar que la documentación presentada por el municipio no cumplía con los requisitos legales exigidos para avanzar con el cobro judicial.

Uno de los principales puntos observados en la sentencia fue la utilización de la Ordenanza VI N° 25 como fundamento del reclamo tributario. Según el fallo, esa norma fue publicada oficialmente recién el 1 de octubre de 2025, es decir, después de las intimaciones de pago y cuando ya se pretendía exigir el cobro de períodos anteriores.

En la resolución, el juez sostuvo que “la ausencia de publicación impide reconocer eficacia normativa a la ordenanza en cuestión y, por ende, priva de sustento legal exigible al crédito cuya ejecución se pretende”.

El fallo también cuestionó la boleta de deuda emitida por el municipio al señalar que el documento no detallaba con precisión qué conceptos se reclamaban, a qué períodos correspondían ni cuál había sido el mecanismo utilizado para calcular la deuda, incumpliendo requisitos establecidos en el Código Fiscal.

Durante el proceso judicial, MM Bioenergía S.A. argumentó además que su actividad se encuentra regulada bajo jurisdicción federal por tratarse de generación de energía dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, en el marco de las leyes nacionales vinculadas a energías renovables. En ese sentido, cuestionó la potestad municipal para aplicar las tasas reclamadas.

En otro tramo de la sentencia, el magistrado citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales provinciales que establecen que ningún tributo puede ser exigido si la norma que lo crea no fue debidamente publicada en el Boletín Oficial.

Además de rechazar la ejecución fiscal, la Justicia impuso las costas del proceso a la Municipalidad de Cerro Azul y reguló honorarios profesionales sobre la base económica total del juicio, fijada en más de $165 millones. Según se desprende de la resolución, el impacto económico derivado del proceso podría superar los $50 millones.

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Mitre suspendió al entrenador de básquet denunciado por abuso

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Tras la denuncia penal por abuso radicada contra un entrenador de básquet formativo, el Club Atlético Bartolomé Mitre de Posadas anunció una serie de medidas institucionales que incluyen la suspensión inmediata del implicado, una reestructuración interna y capacitaciones orientadas a la prevención de situaciones de violencia en el ámbito deportivo.

La decisión fue adoptada luego de que el club suspendiera preventivamente todas las actividades de las categorías formativas de básquet hasta el próximo 26 de mayo, en medio de la conmoción generada por el caso que tomó estado público durante los últimos días.

A través de un comunicado oficial, las autoridades de la entidad auriazul señalaron que desde el primer momento se mantuvo un acompañamiento cercano a la familia denunciante y se puso a disposición “absolutamente todo lo necesario en virtud de la gravedad de los hechos”.

En ese marco, la Comisión Directiva resolvió en asamblea especial la suspensión del socio denunciado, quien además tiene prohibido el ingreso a cualquiera de las sedes de la institución. Según indicaron, la medida apunta a resguardar el normal desarrollo de las actividades deportivas y sociales que diariamente se realizan en el club.

Asimismo, desde el CABM confirmaron cambios en el organigrama institucional y en la coordinación general, aunque no brindaron mayores detalles sobre las modificaciones que se implementarán.

Paralelamente, los dirigentes mantienen reuniones con subcomisiones de padres con el objetivo de generar espacios de escucha y contención para las familias vinculadas a las divisiones formativas.

Desde que fuimos notificados de la denuncia jamás avalamos ni encubrimos conductas incompatibles con los valores fundacionales”, remarcaron desde la institución, al tiempo que afirmaron haber actuado de inmediato aplicando los protocolos correspondientes una vez formalizada la presentación judicial.

En el comunicado también adelantaron que en los próximos días se llevarán adelante capacitaciones destinadas tanto al personal del club como a deportistas, orientadas a la prevención, detección y abordaje de situaciones de violencia en ámbitos laborales y deportivos.

Finalmente, desde el Club Mitre reafirmaron su compromiso con “los valores esenciales de respeto y convivencia armónica” y señalaron que continuarán trabajando para garantizar transparencia institucional y fortalecer el diálogo con las familias y responsables de cada categoría.

Respecto a la denuncia, se supo que fue radicada por la madre de una jugadora de básquet de 14 años. El apuntado fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y continúa en libertad.

Mitre suspendió el básquet formativo tras denuncia a un entrenador por abuso

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Un detenido por reiterados abusos a su hija de 14 años en Mártires

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La Policía de Misiones detuvo a un hombre de 42 años en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de su hija de 14 años en el barrio Changarín de Mártires.

La investigación se inició tras la denuncia de la madre, quien declaró haber tomado conocimiento de los hechos a través del testimonio de la adolescente, activándose de inmediato el protocolo de intervención correspondiente y dándose intervención a la Justicia competente.

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido en el domicilio familiar de la localidad de Mártires, donde el acusado habría cometido reiterados episodios de abuso, surgiendo además elementos que son materia de investigación vinculados a una presunta facilitación para situaciones de explotación sexual.

Como resultado de las averiguaciones y tareas investigativas llevadas adelante por los uniformados, este 21 de mayo, se logró ubicar y detener a Marcelo A.S. (42), domiciliado en el barrio Changarín, quien fue alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.

Asimismo, durante el procedimiento procedieron al secuestro de un teléfono celular, dispositivo que será sometido a pericias en el marco de la investigación judicial.

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