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Justicia embarga a misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

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La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.

La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.

El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.

Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.

Embargo

Según comentó  a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.

El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.

El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.

La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nada de esto era cierto.

El fabulador

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

Nombre real

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.


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Panadero fue condenado a 7 años de prisión por traficar 72 kilos de cocaína

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cocaína azara

Un panadero oriundo de Campo Ramón fue condenado a más de 7 años de prisión por transportar 72 kilogramos de cocaína en un automóvil que fue interceptado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un procedimiento realizado el año pasado en Azara.

El implicado se trata de Horacio Alberto Pereyra (31), quien recientemente admitió su responsabilidad en el hecho y firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que aceptó ser condenado a la pena de 7 años y 6 meses de prisión como autor del delito de “transporte de estupefacientes”.

El convenio fue alcanzado en acuerdo con la fiscal Vivian Barbosa y tras su homologación fue transformado en sentencia por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

El hecho que llevó a la prisión a Pereyra se registró durante la noche del 28 de julio del año pasado, durante un procedimiento de la GNA en cercanías al puesto de ATM en la localidad de Azara.

Según se reconstruyó en la sentencia, esa noche los uniformados federales observaron una Chevrolet Traker LTZ estacionada en el semáforo de la avenida colectara y se acercaron para realizar un control documentológico.

En esa instancia, constataron que el vehículo era conducido por Pereyra pero también notaron anomalías en el sector trasero del rodado, principalmente vestigios de pintura fresca y añadidos metálicos, además de que la rueda de auxilio no encastraba normalmente.

Ante la sospecha de un ilícito el vehículo fue trasladado a la sección San José de la GNA, donde mediante el uso de un escáner confirmaron que en el sector del baúl había un doble fondo donde se transportaban varios bultos.

Lo siguiente fue el desarme del automóvil, instancia en la hallaron más de 72,655 kilogramos de pasta base de cocaína distribuida en diferentes panes ocultos debajo de los asientos traseros y dentro del torpedo.

Tras el procedimiento, Pereyra quedó detenido por infracción a Ley 27.737 de Estupefacientes y desde ese día permanece alojado en la cárcel de Loreto. Ahora resolvió su situación procesal firmando un juicio abreviado en el que se reconoció culpable y tendrá que purgar su pena.


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Ex piloto obereño se confesó narco: “Asumo la culpa y pido disculpas”

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“Asumo la culpa y la responsabilidad. Pido disculpas por los hechos cometidos”. La confesión del ex piloto obereño José Alberto Mrakava (52) hizo que la segunda audiencia del juicio oral en su contra por organizar y financiar maniobras de narcotráfico vuelva a durar tan solo unos minutos y se reduzca al cumplimiento de las formalidades previstas para el proceso, dado que las partes hasta decidieron desistir de los testigos.

El imputado pasó ante el estrado del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas esta mañana para la toma de sus datos filiatorios y al momento de declarar admitió su responsabilidad, un repentino cambio de estrategia defensiva teniendo en cuenta que llegó a esta instancia tras rechazar un acuerdo de juicio abreviado.

A partir de ahí, la audiencia solo se limitó a cumplir formalidades de procedimiento, por ejemplo, la exhibición de todos los elementos incautados en el expediente: celulares, notebook’s, máquina contadora de billetes, documentaciones, patentes, sellos, cuadernos de anotaciones y CD’s.

Culminado el acto, tanto la fiscal Vivian Barbosa como la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan Grimberg, desistieron de los testigos ofrecidos por ambas partes y, en consecuencia, el tribunal presidido por el magistrado Manuel Alberto Jesús Moreira dispuso el cierre de la etapa de incorporación de pruebas.

De esta manera, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto, jornada prevista para la realización de la ronda de alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones.

Con la confesión de Mrakava, su condena es un hecho y la expectativa solo se centra en el monto de pena a cumplir en prisión que solicitará la fiscalía. Sus consortes de causa, José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, también se reconocieron culpables pero mediante la vía de un juicio abreviado, sin la exposición pública que significa un debate oral.

Mrakava frente a una máquina contadora de billetes incautada en su casa.

Los hechos admitidos

El obereño está imputado por los delitos de “organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.

Al implicado se lo acusa -y ahora admitió su culpabilidad- de gestionar todos los medios necesarios para concretar operaciones de tráfico de estupefacientes, tareas que iban desde conseguir la marihuana proveniente de Paraguay hasta facilitar lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes.

La investigación en su contra comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior, aunque a la banda completa se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas.

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

El ex piloto obereño volvió a su celda en la Colonia Penal 17 del SPF en Candelaria.


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Comenzó el juicio contra José Mrakava, ex piloto acusado de narcotraficante

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Mrakava

Este jueves comenzó el debate oral contra José Alberto Mrakava (52), ex piloto y ex empleado de la Cooperativa Eléctrica de Oberá (Celo) acusado de organizar y financiar maniobras de narcotráfico, aunque la audiencia de hoy solo se limitó a la lectura del auto de elevación a juicio del expediente, en tanto que mañana está previsto el inicio de la etapa de incorporación de pruebas.

Mrakava está acusado de integrar una banda dedicada a orquestar maniobras de tráfico de marihuana desde Misiones a diversas partes del país, en complicidad con José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, aunque los otros dos imputados se acogieron a un juicio abreviado.

Es por ello que el obereño hoy es el único que ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, recinto al cual llegó minutos antes de las 8.30 bajo custodia de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que lo trasladaron desde la Colonia Penal Federal 17 de Candelaria, donde se encuentra detenido hace más de un año.

El imputado es defendido por un buffet de letrados encabezados por Juan Grimberg, quien también fue abogado de Julio Diego Torales, ex policía bonaerense condenado por torturas impartidas contra Luciano Arruga cuatro meses antes de su desaparición en 2009 en Buenos Aires.

En representación del Ministerio Público Fiscal, en tanto, interviene la fiscal Vivian Barbosa, mientras que el tribunal está integrado por los magistrados Manuel Alberto Jesús Moreira -presidente-, Fabián Cardozo y Enrique Bosch, este último en carácter de subrogante y presente de manera telemática desde su despacho en Resistencia, Chaco.

La jornada de hoy consistió en la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la fiscal federal de Oberá Viviana Vallejos, documento en el cual se plasma la acusación formal.

Con el secuestro de este camión con seis toneladas de marihuana comenzó la investigación en 2018.

Organización y financiamiento

De allí se desprende que, de acuerdo a los elementos de prueba recolectados en el expediente, para la Justicia hay suficiente certeza como para establecer que Mrakava organizaba y además financiaba maniobras de narcotráfico, tareas que iban desde conseguir los estupefacientes provenientes de Paraguay hasta conseguir lugares de acopio, vehículos de transporte y choferes para los viajes. 

En el mismo documento reconstruyen que la investigación contra el obereño comenzó en noviembre de 2018, tras el secuestro de un camión abandonado a la vera de la ruta nacional 12 con casi seis toneladas de marihuana en su interior. A la banda se le atribuyen tres cargamentos que alcanzan las trece toneladas. 

Los agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) comenzaron a estirar del hilo y establecieron que el rodado estaba a nombre de un santiagueño y que otro vehículo propiedad del mismo sujeto se encontraba en manos de Mrakava, aunque luego se comprobó que las documentaciones vehiculares eran apócrifas.

En la causa también se realizaron escuchas telefónicas al obereño hoy imputado, procedimiento mediante el cual los pesquisas detectaron conversaciones suyas con los otros dos acusados, como así también con choferes y con supuestos proveedores paraguayos identificados como “Morocho”, “Pome” y “Jorge”, a quienes incluso entregó vehículos como parte de pago para algunas transacciones. 

En el allanamiento a la casa de Mrakava en 2019 la Policía halló más de 300.000 dólares y siete armas de fuego.

Fue así que en mayo de 2019 los investigadores irrumpieron en su domicilio del barrio Villa Ruff de Oberá, donde detuvieron a Mrakava pero además secuestraron 330.000 dólares y siete armas fuego, lo cual derivó en la apertura de otras dos causas paralelas por delitos de lavado de activos y acopio de armas. La primera continúa en etapa de instrucción, mientras que la otra ya fue elevada a juicio.

Tras ese operativo, el ex piloto de competición permaneció dos meses detenido hasta que obtuvo la excarcelación, pero en junio de 2022 volvió a ser arrestado por la causa de narcotráfico que ahora es ventilado en debate oral.

Por cuestiones de agenda, el tribunal decidió esta mañana disponer de un cuarto intermedio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la audiencia continuará mañana, a partir de las 8.30.

Se prevé que en primera instancia se le otorgue al imputado la posibilidad de brindar declaración indagatoria y luego iniciaría el desfile de testigos convocados por las partes.


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