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El BCRA volvió a subir la tasa de interés para plazos fijos al 46% anual

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BCRA

Luego del índice de inflación de marzo con un incremento del 6,7%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy elevar en 250 puntos básicos la tasa de interés de referencia de 44,5% a 47%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 58,7%.

Con esta suba, los plazos fijos para personas físicas de hasta $10 millones comenzarán a pagar una tasa del 46% (57,1% de tasa efectiva anual).

“Las tasas de interés activas se mantienen en niveles compatibles con el impulso de la inversión y la producción, y el desarrollo del sector MiPyME. Adicionalmente, el BCRA seguirá regulando las condiciones de acceso al crédito para el consumo de las familias”, apuntó el BCRA en un comunicado.

Sobre el elevado aumento del costo de vida, el BCRA señaló: “La aceleración de la inflación en marzo respecto de los meses anteriores es, en gran parte fruto, de un shock internacional que afectó especialmente los precios de los alimentos y la energía, causado por la guerra en Ucrania, a lo que se sumó la concentración de incrementos en precios de bienes y servicios regulados (naftas, electricidad y gas, educación y prepagas, entre otros) y aumentos estacionales (especialmente indumentaria)”.

En ese marco, el BCRA señaló que dada la naturaleza transitoria del shock de oferta externo, espera que la inflación comience a desacelerarse gradualmente a partir de abril y mayo. En este sentido, añadió que los indicadores que monitorea el Banco Central ya comenzaron a dar cuenta de una desaceleración de los precios en lo que va de abril.

“El BCRA, en coordinación con el Gobierno Nacional, utilizará todas sus herramientas para contribuir a morigerar los efectos de segunda vuelta sobre la inflación del shock de commodities”, insistió la entidad.

En tanto, la autoridad monetaria dijo que la determinación de los incrementos de la tasa de interés frente a un shock de oferta negativo “requiere de una calibración diferente a la derivada de un shock de demanda, ya que el objetivo no es moderar la presión de demanda, sino cortar los efectos de segunda ronda del incremento inicial de precios, preservar la estabilidad monetaria y cambiaria y proteger el ahorro en pesos de los argentinos, evitando incentivos que aceleren la dolarización”.

De acuerdo a la entidad, la suba de tasas es condición necesaria pero, por sí sola, no suficiente para reducir la inflación. En ese sentido, detalló otras políticas y condiciones que contribuirán a dicha tarea conjunta como la consolidación de la estabilidad cambiaria a través de un proceso de acumulación de reservas internacionales; una brecha cambiaria descendente en los llamados dólares financieros; un nivel del tipo de cambio real multilateral adecuado para preservar el superávit de cuenta corriente del balance de pagos en los próximos años y un perfil de vencimientos externos compatible con el equilibrio externo y el crecimiento de la economía.

Asimismo, destacó la necesidad de reducción del déficit fiscal, “que requerirá de menor financiamiento monetario”; y agregados monetarios “que han vuelto a los niveles históricos luego del pico observado durante la pandemia”.

Por otra parte, consideró necesario una trayectoria descendente del stock de los pasivos remunerados del BCRA (Leliq y Pases) en términos del PIB, como consecuencia de la menor emisión primaria —y por tanto, menores necesidades de esterilización—, la convergencia gradual hacia el equilibrio fiscal y una mayor demanda de dinero por consolidación de un proceso sostenido de crecimiento.

“El BCRA, en coordinación con el Gobierno Nacional, utilizará todas sus herramientas para contribuir a morigerar los efectos de segunda vuelta sobre la inflación del shock de commodities”, insistió el BCRA
Cabe destacar que la suba de la tasa de referencia implica que el Banco Central tendrá que pagar un costo mayor por absorber dinero del mercado y, con eso, evitar que genere una inflación aún más elevada a la actual. Las Leliq y los pases son los instrumentos que usa para cumplir ese cometido y para eso paga millonarios intereses a los bancos. El stock total de ambos instrumentos es de 4,7 billones de pesos, que a partir de ahora pagarán una tasa más alta.

En tanto, el Central mencionó otras herramientas como “instrumentos que permiten amortiguar los efectos del shock de precios internacionales, aislando parcialmente la dinámica de precios locales de los internacionales, tales como el recientemente constituido fideicomiso público para el trigo y acuerdos de precios y salarios que “buscan proteger los ingresos reales de la población, a la vez que evitan la amplificación inflacionaria del shock externo reciente mediante la coordinación de expectativas”.

Por último, el BCRA afirmó que la suba de la tasa de interés es consistente con una evolución de los pasivos remunerados que finalizarían en 2022 en niveles que, medidos en términos del PIB, estarán por debajo de los del cierre de 2021.

“El BCRA continuará monitoreando la evolución de los precios y evaluará revertir el sesgo de la política monetaria en cuanto se consolide un sendero decreciente de la tasa de inflación”, concluyó la entidad.


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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