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Fiscalía paraguaya pide 30 años de prisión para tres represores stronistas

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Esta semana, la Fiscalía de Paraguay solicitó penas de hasta 30 años de cárcel para tres ex comisarios acusados de torturas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, que gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989.

Los represores procesados, Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina, pertenecían al temido Departamento de Investigaciones de la Policía stronista, el mayor centro de torturas paraguayo de la época, equiparable a la Esma en Argentina.

Los ex policías están procesados en la causa que investiga las torturas sufridas por el dirigente campesino de las Ligas Agrarias Cristianas, Domingo Guzmán Rolón Centurión, detenido ilegalmente en Argentina, cuando tenía aproximadamente 20 años, y sometido a apremios entre 1976 y 1978, en la dependencia de los tres policías imputados.

En 1976, durante la “Operación Cóndor” y olas represivas como la “Pascua Dolorosa”, el régimen de Stroessner realizó cientos de detenciones, torturas y desapariciones forzadas, muchas de las cuales se canalizaron a través del departamento policial donde prestaban servicios Torres Romero, Alcaraz y Laspina.

El represor Eusebio Torres Romero tiene hoy casi 90 años. En 1976 se hizo fama de “torturador implacabale”, según sus víctimas.

Implacable

Torres Romero, que ya purga una condena a 30 años por otro caso similar, fue uno de los represores más activos del Departamento de Investigaciones de la Policía de la capital paraguaya durante el stronismo, donde actuaba como un oficial de alto rango con poder directo sobre la vida de los detenidos políticos.

El ex policía, hoy de 89 años, cumple prisión domiciliaria desde el año pasado por crímenes de lesa humanidad cometidos en abril de 1976 contra los hermanos Carlos Ernesto y Luis Alberto Casco, y la esposa del primero, Teresa Dejesús Aguilera, tras ser detenidos ilegalmente en el puerto de Asunción al regresar de Argentina.

Durante su juicio, numerosas víctimas lo identificaron directamente como el responsable de aplicar torturas físicas y psicológicas, incluyendo el uso de picanas eléctricas, látigos y sesiones de ahogamiento.

Carlos Ernesto Casco, por ejemplo, lo identificó como el policía que lo golpeó salvajemente con un látigo, mientras se encontraba amarrado y colgando de una viga del edificio.

Torres Romero es recordado por los sobrevivientes como un “torturador implacable” que utilizaba el terror para obtener confesiones en el centro de detención ubicado sobre la calle Presidente Franco, de Asunción, y su condena fue calificada como “un hito histórico” para la justicia paraguaya.

Celestina

Al igual que Torres Romero, Laspina ya tiene una condena firme de siete años de cárcel, ratificada en 2021, por las torturas infligidas al activista de derechos humanos Martín Almada, y también fue condenado en 2019 por el caso de la esposa de este, Celestina Pérez de Almada.

Este último caso está considerado en Paraguay como uno de los episodios más trágicos de la represión psicológica durante la dictadura de Stroessner.

Celestina, maestra y militante, fue víctima de tortura psicológica tras la detención de su esposo en noviembre de 1974, cuando los represores grababan los gritos y lamentos de Almada durante las sesiones de tortura y la obligaban a escucharlos por teléfono.

Luego de diez días de acoso telefónico, los torturadores llamaron a la mujer para decirle, fríamente, que el “educador subversivo” había muerto y que debía pasar a recoger el cadáver.

Fue tal el impacto emocional de la falsa noticia que la mujer sufrió un infarto fulminante que le provocó la muerte instantánea, el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años.

Celestina Pérez de Almada, maestra, militante, esposa de Martín Almada, el descubridor de los archivos del Plan Cóndor en una comisaria paraguaya.

En diciembre de 2019, tres ex jefes policiales de la dictadura, Fortunato Lorenzo Laspina, Eusebio Cybar Benítez y Agustín Belotto Morel, fueron condenados por su responsabilidad en el homicidio y las torturas sufridas por la docente.

Luego de volver del exilio, su esposo Martín Almada dedicó su vida a la persecución judicial de los represores de la dictadura y en 1992 realizó el hallazgo más importante de la historia política paraguaya de aquella época oscura: el descubrimiento de los denominados “Archivos del Terror”, miles de documentos ocultos en una comisaría de la ciudad de Lambaré, limítrofe con Asunción, que probaron formalmente los crímenes del Plan Cóndor.

En honor de su esposa, creó la Fundación Celestina Pérez de Almada, que trabaja en la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos en Paraguay, aún hoy, luego del fallecimiento de Almada el 30 de marzo de 2024 en Asunción, a la edad de 87 años.

El abogado Martín Almada, en el denominado “Archivo del Terror”, miles de documentos de la dictadura que encontró ocultos en una dependencia policial en diciembre de 1992.

Fantasías

Alcaraz es el único del trío de represores stronistas sin ninguna causa previa, y durante el presente juicio admitió haber trabajado en el Departamento de Investigaciones, pero negó haber participado en actos de violencia física, calificando las acusaciones en su contra como “fantasiosas”.

El juicio por las torturas al dirigente campesino Guzmán Centurión enfrentó múltiples postergaciones, hasta esta semana en que el Ministerio Público Fiscal solicitó 25 años de prisión para Alcaraz, y 30 para Torres Romero y Laspina, y representa una de las pocas causas abiertas por crímenes de lesa humanidad en la Justicia paraguaya, que jamás alcanzó a los jerarcas del régimen, como el mismo Stroessner y su ministro del Interior, Sabino Augusto Montanaro Ciarleti, que huyó a Centroamérica en 1989 y volvió, moribundo, a Asunción en 2011, donde falleció impune.

La Comisión de Verdad y Justicia reveló en 2008 que la dictadura de Stroessner dejó 20.090 víctimas directas de violaciones de derechos humanos, 336 desaparecidos, 18.772 torturados, 59 ejecutados extrajudicialmente y 3.470 personas exiliadas.

El general Alfredo Stroessner gobernó el país con mano de hierro durante 35 años, entre 1954 y 1989. En su régimen, hubo de todo: torturas, muertes, desapariciones, contrabando y hasta pedofilia en serie.

 

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Brasil: soldados israelíes de vacaciones causan disturbios en playas de Bahía

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Desde hace varios días circulan en Instagram y otras redes sociales, muchos videos sobre lo que viene aconteciendo en ciudades turísticas del nordeste brasileño, elegidas por soldados israelíes para vacacionar e, incluso, las noticias informan de una “alerta judicial” por la posible presencia de criminales de guerra de las Fuerzas Armadas de Israel (FDI) entre los visitantes.

La tensión escaló el fin de semana, cuando un grupo de turistas israelíes irrumpió en un acto de solidaridad por Palestina que se realizaba en la localidad de Itacaré, una de las joyas nordestinas del sur del estado de Bahía, en la llamada “Costa del Cacao”.

Las imágenes, que se viralizaron en las redes sociales, muestran el momento en que el grupo de turistas increpa a los lugareños por el mensaje contra el genocidio israelí en Gaza, que conmueve al mundo y por el que la Corte Penal Internacional (CPI) pidió el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

“¡Free Palestine!”, “¡Free Palestine!” (Palestina libre), gritan los activistas brasileños, según se ve en los videos. Enseguida, al verse en desventaja por la diferencia numérica, los soldados israelíes son obligados a replegarse y, entre empujones y gritos, uno de los locales lanza una patada voladora, que algunos internautas emparentaron con la Capoeira, la popular danza bahiana creada por los esclavos africanos en el siglo 16.

Medios locales, como Itacaré Urgente y Plantao de Noticias, informan de la detención de al menos tres de los turistas israelíes involucrados en el ataque a la manifestación por Gaza.

Entre los múltiples posteos sobre los incidentes, hay también testimonios de manifestantes brasileños, con visibles heridas en el rostro, que dicen haber sido agredidos por los visitantes, y el de un lugareño que asegura que, desde lo ocurrido el sábado, los vecinos reportan amenazas por parte de los soldados israelíes que vacacionan en Itacaré.

Este miércoles, los colectivos de solidaridad con Palestina convocaron a un acto en otro de los destinos turísticos de Bahía, el Morro de Sao Paulo, ubicado en la Isla de Tinharé, a unos 60 kilómetros de la costa de Salvador, la capital del Estado.

Al igual que Itacaré, el Morro de Sao Paulo es un paraíso que combina selva tropical, cascadas y playas vírgenes, y también es, por estos días epicentro, de tensión entre los locales y los turistas israelíes que visitan el lugar en grandes grupos, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar la vigilancia policial.

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Diario Folha de Sao Paulo retrata “éxodo” de misioneros a Brasil

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El diario Folha de Sao Paulo, uno de los más influyentes de Brasil, se hizo eco en su edición del sábado de la migración de trabajadores misioneros a territorio brasileño, en un extenso artículo donde atribuye el fenómeno a las políticas libertarias del gobierno de Javier Milei.

La nota, titulada “Argentinos vienen a trabajar a Brasil, después que Milei acabó con el precio mínimo de la yerba mate” y firmada por los periodistas Felipe Gutierrez y Carlos Villela, parte del incremento en la emisión de la tarjeta conocida como CPF (Cadastro de Pessoas Físicas / Registro de Personas Físicas) que otorga la Receita Federal, órgano tributario y aduanera brasileño, y es indispensable para trabajar legalmente en el país.

“El número de CPFs concedidos a argentinos aumentó cerca de 8.000 al año, entre 2016 y 2021, y a casi 40.000 el año pasado, de acuerdo a datos de la Receita Federal”, señala el artículo del Folha.

“El documento es exigido para trabajar en Brasil, objetivo de parte de ese contingente después de una especie de éxodo de la provincia de Misiones, extensión argentina que hace frontera con Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Es donde queda la ciudad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera”, describe la nota.

Comenta que la tierra colorada es “la región argentina más productora de yerba mate”, un sector que “fue afectado por una de las políticas liberales de Javier Milei”, que “acabó con la fijación del precio mínimo de la materia prima” y “llevó el precio del producto a caer por la mitad”.

El artículo habla del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), de su origen en 2002, “después de una larga protesta del campo”; y de su papel de “árbitro” hasta el DNU 70/23 de Milei, que lo despojó de sus atribuciones y liberó el precio de la yerba mate.

La nota recoge la declaración de la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores Rurales, Ana Cubilla, quien describió a los periodistas brasileños la función del Inym en la cadena yerbatera.

“Su principal tarea era, todos los años, fijar el precio. Muchas veces no había consenso entre los diferentes directores y ahí la cuestión era elevada a un arbitraje, donde intervenía el ministro de Agricultura”, dijo Cubilla al Folha.

“El precio de mercado nunca quedaba abajo del mínimo fijado por el Instituto”, escribe el diario brasileño y precisa que “con la elección de Milei, las reglas cambiaron”, ya que el nuevo presidente argentino “despojó al Inym del poder de fijar precios mínimos y liberó el comercio para transacciones sin ese parámetro”.

“Hasta 2023, el kilo de hoja verde era de $420 (R$1,57, en la cotización actual). Tres años después, se paga $180 (R$0,67), y todos los insumos y combustibles tuvieron aumentos”, afirma Cubilla en la nota.

Tareferos

El artículo recoge también las palabras del misionero Ángel Enrique Ozeñuk, productor de San Vicente, quien cuenta que “consigue cerca de $220 (R$0,82) por kilo (de hoja verde) en el ‘secadeiro’”, y revela que “las pequeñas propiedades rurales están siendo abandonadas por los tareferos”.

“Nuestra mano de obra, por suerte, han conseguido ir en grandes cantidades a Brasil para mantener a sus familias”, comenta Ozeñuk en la nota.

Joaquín Ríos, 32, padre de dos criaturas, dice que es de la ciudad de San Pedro, en Misiones”, presenta el artículo al primero de los migrantes misioneros entrevistados: “Yo soy tarefero, vengo de un municipio donde hay 17.000 hectáreas de yerba mate”, cuenta Ríos.

“Hace un mes, él fue para la cosecha de uva en la ciudad gaúcha de Pinto Bandeira, entre Caxias do sul y Bento Goncalves. En la Argentina, afirma, el debería recibir $79 (R$ 0,30, en la cotización actual) por kilo de yerba mate, pero no encontraba a nadie que pagase eso, apenas $40 (cerca de R$ 0,15)”, relata el artículo.

Destaca que el misionero elogia el trato recibido en Brasil: “Además del pasaje, tenemos almuerzo y cena, y podemos cocinar”, consigna que les contó Ríos y que, también, les aseguró que “donde él está trabajando hay cerca de 500 argentinos”.

“El tarefero sabe que el trabajo actual debe terminar en dos semanas y dice que va a tratar de encontrar alguna otra ocupación para ‘quien sabe, más adelante traer a mi familia a Brasil’. Si no lo logra, volverá a Misiones”, relata el Folha.

Lucio Rodríguez Velásquez, 26, es un veterano. Él vino a Brasil en 2018, dice que ya trabajó en la cosecha de tomate, uva y morango y conoce algunas de las ciudades donde hay trabajadores rurales argentinos (Flores da Cunha, Nova Pádua e Caxias do Sul, todas no Rio Grande do Sul)”, escribe el diario brasileño.

“Gano R$180 por día, paso el mes y sobra más de la mitad”, cuenta Rodríguez Velásquez.

Conocedores

El artículo del diario paulista recoge también las palabras de sindicalistas y empresarios brasileños que destacan la “predisposición”, “habilidad”, “conocimiento” y “relación cultural con el campo” de los trabajadores rurales misioneros.

“El presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales de Bento Gonçalves, Cedenir Postal, afirma que el número de argentinos en la cosecha de uva del municipio viene creciendo hace tres años”, escribe el Folha.

“Uno va trayendo a otro. Tiene un hermano, un pariente, un vecino conocido, y ellos encuentran aquí una condición en que los agricultores son bien remunerados en la cosecha de uva”, relata el entrevistado.

“Postal afirma todavía que los trabajadores argentinos tienen mayor predisposición al trabajo formal. Las contrataciones por el régimen CLT (Ley de Contrato de Trabajo) aumentaron en las cosechas de uva gaúchas desde 2023, luego de que más de 200 trabajadores de una empresa tercerizada fueran rescatados de condiciones análogas con la esclavitud”, informa.

Asimismo, recoge el testimonio de Ilvandro Barreto, coordinador de la Cámara Sectorial de la Yerba Mate de Río Grande do Sul, quien señala que, en el mercado internacional del producto, Argentina “había perdido terreno con Brasil antes del cambio en la política de precios”, dispuesta por Milei.

“Ese cambio volvió a Argentina más competitiva en precio. Hizo que trabajen con un precio próximo al nuestro. Antes, tenían un precio mayor y dificultades en el mercado internacional”, analiza el empresario brasileño.

Según señala el artículo de Folha, “Barreto elogia a los tareferos argentinos que, segun él, tienen una relación cultural con la yerba mate, entienden la fisiología del árbol y hacen una cosecha que no perjudica a la planta”.

Cita también a Domingos Velho Lopes, de la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, quien habla de la “falta de mano de obra para la cosecha en Brasil” y afirma que los trabajadores misioneros “son calificados, tienen educación y conocen tanto la agenda agraria como la vida del campo”.

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Joven productor yerbatero propuso tomar el Inym: “Es para visibilizar el tema”

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Manuel Mielniczuk es un joven productor yerbatero de San Pedro que, en medio de discusiones y debates sobre la crisis que atraviesa al sector, propuso en el grupo de WhatsApp Impulso Yerbaterotomar el Inym”. En diálogo con La Voz de Misiones, explicó que desde su mirada la medida  “sería una opción para visibilizar la problemática”. 

La idea fue propuesta en formato de encuesta y fueron pocos los que emitieron su voto. Solo 6 de los 683 integrantes se inclinaron por la opción positiva. No obstante, cabe señalar que la participación en el grupo suele ser baja y que entre sus miembros también hay dirigentes políticos y periodistas.

Desde hace 5 años administra 15 hectáreas familiares, bajo un contrato de aparcería. La producción total de su chacra ronda los 100.000 kilos anuales. Sin embargo, asegura  “la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos que me tocó vivir”.

Manuel Mielniczuk

El año pasado participó del corte de rutas junto a un grupo numeroso de productores de su ciudad. Aunque para él la decisión de trasladar el reclamo a Rentas “no tenía sentido”.

“Eso se resolvió en asamblea con representantes de distintos puntos de la provincia, aunque yo quería acampar frente a la Casa de Gobierno en Posadas para visibilizar más el conflicto”, explicó.

Según detalló, en su zona el kilo de hoja verde se paga alrededor de 60 pesos en planta. Puesta en secadero, el valor alcanza los 240 pesos, pero tras los descuentos, entre ellos corresponsabilidad gremial y rentas, el productor termina percibiendo cerca de 180 pesos por kilo. Además, los pagos se realizan con cheques a 30 días, que luego se extienden a 90 días más. “Esos valores no cubren los costos de producción”, aclaró.

Desde que cayó el precio, sostiene que mantener el esquema productivo se volvió prácticamente imposible. “Hoy realizo por mi cuenta las tareas de limpieza y mantenimiento del yerbal porque no puedo afrontar el costo de un empleado. Es supervivencia”, declaró.

Al comparar con la situación anterior, señaló que antes del cambio de gobierno nacional cobraba alrededor de 370 pesos por kilo en efectivo.  “Antes necesitaba 4 o 5 kilos de yerba para pagar una boleta de luz; hoy requiere más de 200 kilos. En el caso del combustible, hace 3 años un kilo de hoja verde equivalía aproximadamente a un litro de nafta, mientras que ahora necesitas unos 15 kilos para cubrir ese mismo litro”, detalló.

En cuanto a las responsabilidades políticas, consideró que la principal responsabilidad recae en Nación, aunque también atribuyó un grado de responsabilidad a la Provincia por no haber implementado medidas más firmes. “En reuniones con funcionarios provinciales, la respuesta fue que no pueden hacer nada”. Manuel aclaró que no votó a La Libertad Avanza y percibe que muchos productores que inicialmente acompañaron al Gobierno nacional hoy están desilusionados.

De cara al futuro, advirtió que, si no hay cambios, el conflicto podría profundizarse. Señaló que productores de mayor edad le describen escenarios previos a la creación del Inym, como intercambios de supervivencia

“Dentro de poco esto va a volver a como era antes: por 1.000 kilos de yerba te daban una bolsa de harina y un bidón de aceite”, afirmó. Y sostuvo que “mientras el Gobierno no cambie su postura, o cambie el gobierno, esto va a ir cada vez más para ese lado”. 

Actualmente tiene previsto comenzar la cosecha a mediados de mes porque no cuenta con otra alternativa: debe afrontar gastos básicos como luz, combustible y alimentación. “No queda otra”, sentenció.

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