Judiciales
Rechazaron recusar al juez de la causa contra el fiscal González Glaría
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, subrogada por magistrados correntinos, rechazó el último planteo presentado por la defensa del fiscal federal Rubén González Glaría para apartar de la investigación al juez que instruye la causa argumentando un “temor de parcialidad” debido a la “filtración” de información en los medios de comunicación, entre otras cuestiones.
El planteo de recusación fue presentado por el letrado penalista Maximiliano Rusconi horas antes del 7 de junio, última fecha que había sido programada para concretar la indagatoria al fiscal investigado y que debió ser suspendida por quinta vez desde el inicio del proceso en abril del año pasado.
En esa presentación, Rusconi, abogado con amplia trayectoria como defensor en causas mediáticas a nivel nacional como las pesquisas contra Lázaro Báez, Julio De Vido y Diego Lagomarsino, argumentó la existencia de un “temor de parcialidad” por parte del magistrado José Luis Casals, titular del Juzgado Federal de Posadas que lleva adelante la investigación contra González Glaría, argumentando -entre otros términos- la “anticipatoria difusión mediática del caso”.
La defensa del jefe de los fiscales federales de la provincia argumentó que en las publicaciones mediáticas se vierten planteos defensivos que desde su parte nunca informaron a la prensa, por lo cual “cabe entonces dudar acerca de cómo ésta se ha ‘filtrado'”. Ante ello, consideran que “resulta demostrativo de que el juez no adoptó los recaudos necesarios” y eso supone un “razonable temor para su asistido -en referencia a González Glaría-“.
En su planteo la defensa también agrega que la difusión mediática de los avances de la causa es utilizada en forma direccionada hacia una “condena social” y pone sobre el tapete que el máximo temor se fundamenta en la posibilidad de que el juez Casals haya “participado de algún modo en la campaña mediática de desprestigio y persecución en su contra”.
Rusconi también hace referencia a una “llamativa prisa” por parte del juez para concretar la indagatoria, haciendo alusión a que en la suspensión de la audiencia programada para mayo Casals mencionó que la postergación del acto se daba de “manera excepcional” y “por última vez”, términos apuntados como inadecuados o sugestivos.
La respuesta de Casals
Tras esta presentación, el propio Casals analizó la cuestión y se opuso a su recusamiento, arguyendo que la presunta parcialidad que alega la defensa por la difusión mediática del caso no se encuentra acreditada mediante pruebas aportadas.
Sobre la supuesta “prisa”, Casals respondió, en otras palabras, que han pasado nueve meses desde el primer llamado a indagatoria y que la misma ha sido demorada en reiteradas ocasiones por las presentaciones defensivas, ante lo cual “no puede alegarse que exista una prisa infundada para disponer su cumplimiento, sino solo el afán de evitar que se sigan efectuando planteos dilatorios”.
El rechazo final de la Cámara
Ante esta situación, en la resolución de la recusación tuvo que intervenir la Cámara Federal de Posadas, aunque sus magistrados decidieron inhibirse y ante ello participaron camaristas correntinos en carácter de subrogantes.
La decisión final fue firmada el viernes, mediante una resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), en el cual la Cámara resolvió rechazar el planteo de recusación y mantener a Casals al frente del expediente, recomendándole extremar los recaudos y medidas necesarios para el resguardo de la información.
“En el caso, observo que los hechos sobre los cuales se estructura el planteo no alcanzan a demostrar la configuración de acciones puntuales realizadas por el magistrado cuyo apartamiento se pretende demostrativas de que se halla afectada su imparcialidad. A ese respecto, y de conformidad al consolidado criterio en la materia, la mera sospecha de parcialidad no constituye un supuesto que habilite a apartar al juez del conocimiento de las actuaciones”, argumentó la Cámara en el documento que lleva la firma del magistrado Ramón Luis González y al cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Respecto al planteo de la supuesta filtración de información a los medios, cuya responsabilidad la defensa apunta al juez Casals, la Cámara sostuvo que “tampoco tendrán acogida los argumentos por los cuales la defensa funda el temor de parcialidad del magistrado a partir de la información que ha sido divulgada por la prensa. Sobre el punto, debo señalar que no surgen extremos que permitan individualizar a su autor o autores, menos aún elementos que involucren al magistrado en dichas maniobras –quien se expidió por el rechazo de los argumentos de la defensa–”.
Sobre ello, consideran que “se impone exhortar a los operadores judiciales que intervienen en el expediente a que, con la seriedad y responsabilidad que demandan las causas penales en las que se encuentra comprometido el interés público, que observen y extremen los recaudos y medidas idóneas del caso a efectos de resguardar la información vinculada a la causa”.
La investigación contra González Glaría, fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, comenzó en abril de 2021 y las denuncias van desde solicitar una parte del sueldo a empleados judiciales y de usar vehículos oficiales de manera particular, hasta emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
La investigación es impulsada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación.
El funcionario bajo la lupa ya fue citado a declaración indagatoria en cinco oportunidades, las cuales fueron suspendidas una y otra vez por diversos motivos y planteos. En el medio hubo una pericia médica que confirmó que el fiscal está en condiciones de afrontar el acto procesal.
29.06.22 Rechazan recusación del juez Casals - causa Gonzalez Glaria
Judiciales
El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo
El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.
Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.
Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.
Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.
Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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