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Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría

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La primera -de varias- jornadas de trabajo en el marco de los procedimientos ejecutados en la reactivación de la búsqueda de Mario Fabián Golemba culminó con un resultado sobresaliente: y es que la inspección realizada en el predio de la Comisaría de Dos de Mayo ratificó la descripción del lugar brindada por los testigos del expediente que ubicaron al hombre desaparecido en esa seccional.

Si bien todas las expectativas estaban centradas en el resultado de las primeras labores de remoción de tierra y excavaciones practicadas en el lugar, las fuentes consultadas por La Voz de Misiones señalaron que la inspección del predio arrojó conclusiones que acrecientan la veracidad de los testimonios que ubican a Golemba detenido en la Comisaría de Dos de Mayo y que, de cierto modo, fueron los disparadores de estos nuevos procedimientos ordenados por el Juzgado Federal de Posadas, que desde el año pasado investiga el caso como “desaparición forzada de persona”, un delito imprescriptible y considerado de lesa humanidad.

“Para nosotros este ha sido un día trascendental, porque después del impulso dado por la querella en esta causa y el avance de la investigación hoy -por el miércoles- se pudieron ordenar estos procedimientos en busca de los restos de Mario Golemba, que es lo que la familia está pidiendo hace muchos años. En la causa federal se ha avanzando como nunca antes”, explicó el letrado y diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, que encabeza la querella en representación de la familia del muchacho cuyo paradero se desconoce desde el 27 de marzo de 2008.

Fue Pereyra Pigerl quien señaló la importancia de la inspección ocular realizada en el predio de la seccional. “La inspección fue importante porque nos permitió constatar que la descripción dada por los testigos que ubican a Mario en ese lugar tienen sustento. Todo esto según la visión nuestra, de la querella”, agregó el letrado en diálogo con LVM el miércoles a la noche, una vez culminado el primer día de trabajo en la zona.

Si bien por la delicadeza de la investigación y a fin de no obstruir el avance de las labores no se precisaron mayores detalles, las fuentes consultadas por este medio sí adelantaron que los procedimientos en la zona continuarán y que habrán más allanamientos y/o requisas en otros puntos de la localidad para tratar de reconstruir todo lo recolectado en el expediente.

Pereyra Pigerl trazó un paralelismo entre las labores iniciadas hoy con los procesos de los Juicios por la Verdad, donde se buscaba establecer el paradero de los desaparecidos durante la última dictadura militar como obligación del Estado argentino para con los familiares de las víctimas, aunque claramente destacó que ahora todo esto también se traducirá en material penal, es decir, en la búsqueda y determinación de responsables. “Es importante saber dónde está Mario, pero también qué pasó y avanzar penalmente”, afirmó.

El letrado precisó que en la jornada de miércoles se realizaron las primeras excavaciones en el predio de la comisaría  y la pericia culminó ayer sin mayores resultados, pero valoró el imponente despliegue realizado por una multiplicidad de agentes de diversas fuerzas federales y organismos del Estado.

“Acá se trabajó con canes entrenados en el rastreo de restos humanos, antropólogos, geólogos y hasta hubo buzos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) listos para intervenir en casos de que haya que adentrarse en pozos de agua o pozos ciegos. El trabajo que se está haciendo es impresionante y hay que valorarlo”, señaló, al tiempo que también ponderó a la Policía de Misiones y al Ministerio de Gobierno de la provincia para ponerse a disposición de los agentes intervinientes y no entorpecer ninguna actividad vinculada a la investigación.

Tras trece años con nulos avances bajo la órbita de la Justicia provincial, desde junio de 2021 la causa está en manos de la Justicia Federal y se investiga como “desaparición forzada de persona” tras el impulso efectuado por la querella que representa a la familia del muchacho desaparecido que hoy debería tener 41 años.

El expediente es instruido por la magistrada Verónica Skanata, del Juzgado Federal de Posadas e interviene la fiscal Silvina Gutiérrez, de la Fiscalía Federal Dos de la misma ciudad.

En los procedimientos también participan efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), como así también personal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic) -dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación-; del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) -del Ministerio de Seguridad de la Nación-; y especialistas del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes intervinieron en la búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y en la masacra de Ayotzinapa, en México.

El caso

Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.

La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.

A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

Fue en 2009 a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.

Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.

La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.

En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.

Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que a mediados de 2021 la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.

Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.

“El Juzgado de Instrucción Nº1 de Oberá investigó la desaparición de Golemba, pero no logró esclarecer qué ocurrió con él. Testigos de identidad reservada declararon ante la justicia provincial y federal que Mario estuvo detenido en la comisaria de Dos de Mayo -de la Policía de la Provincia de Misiones- donde lo habrían golpeado”, consignó ayer el  Ministerio Público Fiscal de la Nación en su web oficial. 

 

Irma Komka y Eliezer Golemba, madre y hermano de Mario -respectivamente- junto al abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl.

Mario Golemba está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Se ofrecen $1,5 de recompensa para quien aporte información de su paradero.


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Condenan a prisión perpetua a los asesinos de La Noche de los Lápices

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perpetua

En el marco del Juicio por las Brigadas que operaron de manera clandestina en el Sur del Conurbano bonaerense durante los años ‘70, el Tribunal Oral Federal (TOF) de La Plata, sentenció a cadena perpetua a los responsables de la llamada Noche de los Lápices, que desembocó en el secuestro y asesinato de estudiantes secundarios platenses que reclamaban el boleto estudiantil.

Luego de 10 años de juicio, el TOF leyó este martes la pena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad para el abogado Jaime Lamont Smart, ex ministro de Justicia bonaerense, y el médico Jorge Bergés.

El tribunal, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero, consideraron que los crímenes fueron cometidos en el marco de un genocidio.

La causa por el secuestro de los 10 estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios de La Plata (UES) se tramitó en el marco de los juicios a las brigadas bonaerenses 607 crímenes de lesa humanidad.

Desaparecidos

La denominada Noche de los Lápices es uno de los casos más emblemáticos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en los crímenes de la dictadura cívico militar que asaltó el poder el 24 de marzo de 1976.

En septiembre de aquel año, los grupos de tareas de la policía bonaerense que comandaban el coronel Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz secuestraron y enviaron a centros clandestinos de detención a estudiantes secundarios que militaban en distintas organizaciones sociales y estudiantiles.

El 16 de septiembre de aquel año, las patotas policiales secuestraron a 10 estudiantes de la UES que luchaban por el boleto estudiantil.

Los torturaron durante meses en el CCD conocido como Pozo de Banfield. Solo cuatro sobrevivieron y pudieron contar al mundo la terrible historia: Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.

Los otros seis continúan desaparecidos y son parte de los 30.000: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro.

Desaparecidos: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro.

 


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Piden enviar a juicio al misionero acusado de liderar red de trata y pedofilia

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Los fiscales que intervienen en la investigación contra el misionero Francisco Rolando “Rolo” Angelotti Notarbartolo (47), acusado de liderar una red dedicada a captar jóvenes en condición de vulnerabilidad en la tierra colorada para luego enviarlos y someterlos a la explotación sexual en Buenos Aires, solicitaron la elevación a juicio del expediente que tiene a otros cuatro imputados, entre ellos Marcelo Corazza, ganador de la primera edición del reality show Gran Hermano.

El requerimiento fue formulado por Carlos Rívolo, titular de la Fiscalía Nacional en loa Criminal y Correccional Federal N.º 2 de Ciudad de Buenos Aires, y Alejandra Mángano, fiscal cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

En su documento, los fiscales solicitaron que tanto Angelotti como sus consortes de causa responsan en debate oral como acusados por los delitos de “asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, abuso sexual, corrupción de menores y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil”.

Los implicados fueron detenidos el 20 de marzo del año pasado tras una serie de operativos simultáneos ejecutados en Oberá, donde Angelotti residía, y en diferentes puntos de Buenos Aires.

Pero las detenciones fueron gestadas mucho antes, ya que detrás de esos procedimientos hubo una paciente y delicada pesquisa que comenzó en octubre de 2022, cuando un joven de identidad reservada rompió el silencio para denunciar que a comienzos de la década del 2001 fue abusado sexualmente por Corazza, que en ese momento gozaba de fama por ser el primer ganador de la historia de Gran Hermano en Argentina.

A partir de esta denuncia, los investigadores comenzaron a recolectar más testimonios y elementos de prueba que evidenciaron el funcionamiento de aceitada red de trata, cuyo mecanismo consistía en captar víctimas en Misiones, para luego ser abusadas y trasladadas hasta Buenos Aires para ser sometidas a la explotación sexual.

En el requerimiento presentado en las últimas horas, los fiscales Rívolo y Mángano sostuvieron que en base a la información recolectada surge “indubitablemente” que los cinco imputados conformaron “una organización criminal destinada a reclutar varones, en su mayoría menores de edad y en situación de extrema vulnerabilidad, con el fin de forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución”.

En la pesquisa global se analizaron al menos 100 horas de escuchas telefónicas y las transcripciones de esas conversaciones dan cuenta del modus operandi de Angelotti y otros dos imputados identificados como Andrés Fernando Charpenet (54) y Raúl Ignacio Mermet (43).

De ese contenido se desprende, por ejemplo, esta conversación:

– Angelotti: Le dije escuchame… Te llevo ahora a los 18 cuando cumplas (…) Mañana cumple “16″ viste. En dos añitos más, cuando cumpla 18, le dije: “Te llevo a Miami. Vamos a Orlando, Disney. Y me dijo: “Bueno dale, dale, sí de una jaja…”.

– Charpenet: jajaja, claro!

– Angelotti: Olvidate, te quedás con Mickey Mouse. Bueno che, y vos ¿cómo andás con tu mini harem?

– Charpenet: Eh bien, el otro día se me pudrió el rancho jajaja.

– Angelotti: Ah sí, me dijiste, te arreglaste con él.

– Charpenet: Ya todo bien, que sé yo, como que ya me aburrí de los dos.

Luego, aparece otro fragmento donde Angelotti se jacta de sus encuentros con menores de edad.

Esa conversación se da con una persona identificada como “G”, donde se refieren a una fiesta y a sus invitados. Allí, “G” le cuestiona al misionero por estar con menores de edad, pero Angelotti retruca: “Vos me tenés envidia porque te gustaría salir con nenitos de esa edad”.

Los funcionarios judiciales además reconstruyeron que las maniobras delictivas se desarrollaron al menos desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando fueron detenidos mediante los allanamientos ejecutados.

Los fiscales consideran que las pruebas reunidas demuestran que para captar a las víctimas Angelotti se apoyaba en maniobras de seducción y engaño utilizando aplicaciones de citas.

En ese rol también ubicaron más tarde a Leandro Aguiar, un ladero de Angelotti que fue detenido en agosto del año pasado tras un allanamiento concretado en el barrio Yacyretá de Posadas.

Y en el avance de la pesquisa el misionero, que en Oberá primero tuvo un ciber, luego administró unos boliches y finalmente ofrecía un pizzas a domicilio, e incluso participó como chef jurado en un torneo de asado, también acumuló acusaciones por abusos sexuales perpetrados contra varios de los mismos chicos que a su vez entregaba a los clientes de la red.

Incluso, en su momento, La Voz de Misiones confirmó que en la tierra colorada, más precisamente en Apóstoles, el implicado enfrentó otra acusación por violar a un adolescente del pueblo.

La denuncia fue radicada en 2005 y la causa fue tramitada ante el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, por aquel entonces a cargo del magistrado José Antonio Reyes (luego destituido por otro caso), pero con el tiempo el expediente ingresó en un proceso marcado por medidas dilatorias e inhibiciones y finalmente habría sido cajoneada.

Ahora su suerte es bien diferente. Angelotti permanece detenido en una celda dentro del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza y está pronto a tener que ocupar un lugar en el banquillo de los acusados por una serie de delitos que podrían significarle varios años más de encierro.

Engaño y violación: la denuncia contra Angelotti hace 18 años en Apóstoles


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Rechazan domiciliaria a represor misionero condenado por lesa humanidad

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represor misionero

En vísperas al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación rechazó un pedido de prisión domiciliaria presentada por Bernardo “El Ángel” Caballero (68), un ex militar misionero condenado en 2022 a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura.

La resolución fue alcanzada por mayoría, mediante los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, en tanto que Guillermo Yacobucci se inclinó por pedir informes al Cuerpo Médico Forense antes de adoptar una decisión.

De esta manera, el máximo tribunal penal del país resolvió desestimar el pedido planteado por la defensa de Caballero para morigerar sus condiciones de detención y lograr que el ex militar continúa cumpliendo el resto de su pena de su domicilio particular.

En el fallo, además, el magistrado Slokar consideró que “la liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas, pues las puede exponer a violencia, revictimización e intimidación”.

En otro punto, el voto de mayoría sostiene que “los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta”, subrayando que en caso contrario “se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años a partir de la incorporación de los Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad”.

De esta forma, Caballero, que es uno de los pocos represores que se encuentran detenidos, continuará privado de su libertad y cumpliendo la pena de 20 años de cárcel impuesta en 2022 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el marco del juicio por la denominada “Megacausa de Campo de Mayo”, donde hubo otros 18 imputados.

Caballero era custodio en El Campito, un centro clandestino de detención donde el nivel de sobrevivencia se estima que fue menor al 1%.

De San Ignacio a Campo de Mayo, de Bernardo a El Ángel

El militar retirado, nacido en San Ignacio el 4 de octubre de 1955, fue condenado como autor de los delitos de allanamiento ilegal (24 casos); robo agravado por el uso de armas de fuego (5 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional agravada por el empleo de violencias y amenazas (9 casos); privación ilegal de la libertad cometida por abuso funcional doblemente agravada por el empleado de violencia y amenazas y por su duración de más de un mes (43 casos); imposición de tormentos agravador por ser la víctima un perseguido político (52 casos).

El misionero pasa sus días y noches en una celda de la Unidad Penal 34 de Campo Mayo, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), es decir que ahora purga su pena en el mismo donde operó, custodiando detenidos y siendo parte de grupos operativos o “patotas” durante la dictadura militar. 

Según contó el propio imputado durante una declaración indagatoria vertida telemáticamente desde la misma cárcel en la jornada 90 del juicio oral, Caballero pisó Campo de Mayo por primera vez a los 16 años, cuando comenzó la escuela militar.

Una vez egresado, fue destinado a la Escuela de Caballería y en 1976 -a los 20 años- fue designado a cumplir funciones al Departamento II del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.

Es allí donde se produjeron los hechos por los cuales finalmente fue condenado. Caballero, identificado por testigos de la causa como “El Ángel”, era custodio del centro clandestino de detención “El Campito”, ubicado dentro de la guarnición militar de Campo de Mayo, un predio de 4.000 hectáreas con distintos recintos para alojamiento y tortura de presos políticos. Se estima que más de 6.000 personas pasaron por allí y el nivel sobrevivencia fue menor al 1%.


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