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Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América

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Liberan al hijo de un exintendente imputado por violación en Jardín América

La causa había sido elevada a juicio, pero la defensa recusó al juez. El nuevo magistrado a cargo resolvió excarcelar al único detenido luego de un año y nueve meses con preventiva.

 

El juez de Instrucción Uno de Puerto Rico, Manuel Balanda Gómez, accedió al pedido de la defensa de Gianluca Galarza, el joven de 20 años -hijo de un exintendente de General Urquiza, Néstor “Puchi” Galarza- para el cese de la prisión preventiva en la causa en la que está imputado por “Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado por la participación de dos personas”.

Luego de estar detenido un año y nueve meses, Galarza fue beneficiado por el magistrado Balanda Gómez que subrroga a Roberto Sena, el juez de instrucción de Jardín América, quien fuera apartado del expediente tras una resolución del Tribunal Penal 2 de Posadas hace algunas semanas.

El otro implicado en el ataque sexual a la joven de 20 años es Hernán Mareco, quien al momento del ultraje -en septiembre de 2020- tenía 26 años. Desde entonces este ciudadano argentino oriundo de Colonia Oasis permanece prófugo de la justicia y con un pedido de captura internacional en su contra.

El cese de la prisión preventiva con su consecuente excarcelación se dio tras el pago de una caución real de quinientos mil pesos. En la misma resolución, el nuevo magistrado interviniente le impuso al implicado una serie de condicionamientos a cumplir para mantener el beneficio, como por ejemplo, prohibición de acercamiento a la víctima y salida del país. Además, deberá presentarse ante la Justicia cada 15 días para demostrar que sigue ajustado a derecho.

La causa, iniciada tras una denuncia radicada en 2020 por un hecho ocurrido en Jardín América, estuvo a cargo del magistrado Sena, que concluyó la investigación y dispuso su elevación a juicio.

Sin embargo, posteriormente la defensa del Galarza presentó un planteo de recusación del magistrado, argumentando –entre otros puntos- que en su juzgado trabajaba una persona allegada a la denunciante. El pedido fue analizado por los magistrados del Tribunal Penal 2, quienes fallaron a su favor y dispusieron que el expediente regrese a etapa de instrucción con un magistrado subrogante al frente.

A partir de ahí, intervino el Balanda Gómez, que es el titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico y fue quien dispuso el cese de la prisión preventiva del único implicado que estaba detenido.

La situación encendió alarmas en la víctima y denunciante, quien habló con La Voz de Misiones y aseguró: “Me dicen que voy a estar resguardada, pero nadie me asegura que no me va a pasar nada, siendo que hay un prófugo y la familia del que salió libre me amenazó de muerte”.

Vivir con miedo

“En este último tiempo pensé que había llegado a avanzar un poco la causa. Me sorprendió porque hasta donde yo sabía estaba elevada a juicio y de la nada me avisaron que lo iban a liberar”, comenzó diciendo la joven a LVM.

Luego de su denuncia radicada en el 2020, la joven sostuvo que ella y su familia fueron víctimas de amenazas y acoso de parte de “los allegados, hasta que un día cesaron porque empezamos a denunciar. El tío del que ahora está libre me amenazó de muerte, todo denuncie, pero también quedó en la nada”, apuntó la joven.

La denunciante consideró “injusta” la decisión de la Justicia y dijo sentirse “revictimizada” nuevamente, debido que los familiares y amigos de los acusados “hicieron marchas, publicaron mi nombre y mi dirección en las redes”, manifestó.

Y agregó: “Le tienen consideración y lograron que tenga privilegios incluso estando preso, porque estuvo en una comisaría y no en un penal”.

Después de lo ocurrido la joven intentó continuar con su vida, aunque “siempre viví con miedo, me ha pasado de cruzarme con sus conocidos y de que quieran venir a intimidarme o hacerme sentir insegura o con miedo”, contó y denunció: “Es algo que pasó y que me destruyó a mí y a mi familia”.

Hernán Mareco está prófugo desde el 2020, cuando la joven denunció.


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Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

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cuota alimentaria

El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.

El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.

Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre. 

La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.

Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.

En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.

En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.

En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.

La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.

Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas


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Maldonado, el agresor del periodista Ortiz, pagó 1 millón y quedó en libertad

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abogado maldonado

El abogado Gustavo Maldonado recuperó la libertad este viernes tras presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, dondé prestó testimonial y pagó una fianza de 1 millón de pesos en el marco de una denuncia poramenazas agravadas y lesiones leves contra el periodista Enrique Ortiz.

La medida se concretó de inmediato tras la fianza “otorgada por dos personas como garantes de que cumplirá con las medidas y se presentará ante el juzgado cuando sea llamado”, según confirmó a LVM el juez Pedro Piris, titular subrogante del mencionado juzgado.

De esta manera, le fue otorgada la libertad provisional con medidas de restricción que incluyen la prohibición de contacto, ausentarse del país y presentarse periódicamente, con posibilidad de implementación de un botón de pánico a los denunciantes, entre los que se encuentran el periodista Ortiz y su pareja.

También quedó en libertad Gastón Machado, quien estuvo detenido durante una semana por acompañar a Maldonado el día en que se produjo la agresión contra el periodista.

Tanto el abogado Maldonado como Machado, seguirán imputados por el delito de “amenazas agravadas” y “lesiones leves” y deberán continuar a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.

Antecedentes

El miércoles 16 de enero el abogado y secretario legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), se presentó en el domicilio del periodista, Enrique Ortiz (49), a quien propició golpes y empujones. En ese momento, estuvo acompañado por Gastón Machado, quien habría portado un arma de fuego, según los videos viralizados en redes sociales.

Hasta el mes de diciembre, Maldonado fue certificado por su trabajo como planta permanente en la legislatura local. El documento que circuló en forma de denuncia, expone una lista de 17 trabajadores en la misma condición, cuyas actividades fueron aprobadas por el concejal Pablo Velázquez, que estampó su firma al final de la nota titulada: Certificación de Servicios.

Tras la denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” y el inicio de la causa judicial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.

La institución analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.

Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado


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Liberaron a Pernigotti y no podrá acercarse a sus denunciantes

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El periodista Mario Pernigotti recuperó la libertad este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido por una denuncia de agresión y amenazas contra inspectores municipales.

La medida se concretó hoy y al comunicador se le impuso una restricción de acercamiento y contacto hacia sus denunciantes.

Para la excarcelación se tuvo en cuenta su avanzada edad (67 años) y razones de salud (cuadro de hipertensión).

El periodista continuará imputado por el delito de “amenazas” y deberá seguir a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.

El caso

El periodista fue detenido el martes pasado, tras un allanamiento en su vivienda en el barrio Alta Gracia, por el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, en el marco de una denuncia por agresiones y amenazas de muerte a inspectores municipales.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando acudió al Centro de Evaluación Vial, ubicado en el Hiper Libertad, para renovar su carnet de conducir.

Tal como quedó filmado por las cámaras de seguridad, en un momento dado, estalló en ira, empujando, arrinconando y amenazando con golpear a los empleados, mientras portaba un matafuego en una de sus manos.

Por su parte, una de las afectadas relató: “Le dijimos que como tenía vencida la licencia no podía llegar manejando y nos empezó a decir como si a nosotros nunca se nos venció una boleta de luz”.

“Después en un momento agarró el matafuegos y sentí que no tenía escapatoria. Quise salir a pedir ayuda porque nosotros no estamos preparados con nada en nuestra defensa”, añadió en estado de shock.

Al presentarse ante la Justicia, el periodista negó las acusaciones en su contra y alegó que bajó con el matafuego en manos porque así se lo habían solicitado para verificar su aptitud, sin ahondar en mayores detalles ni tampoco hizo mención a las imágenes de seguridad que trascendieron y se viralizaron.


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