Ambiente
Charla sobre pueblos indígenas y territorio: “La sociedad argentina es racista”

“Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya perdimos”, es una de las frases que recorrió a lo largo y ancho el SUM del edificio Juan Figueredo de la Universidad Nacional de Misiones y comenzó a tejer los hilos del diálogo que atravesaría cuatro ejes esenciales: pueblos originarios, modelo extractivo, medios masivos de comunicación y democracia.
De la mano del Departamento de Comunicación Social, junto con la Cátedra Libre Eduardo Galeano Helena Villagra y el proyecto Circuito por la Memoria (CxM), y en el marco de los 50 años de la Unam y los 40 años de democracia argentina, el periodista Darío Aranda, acompañado por la doctora en Antropología Delia Ramírez, llevó adelante la conferencia Cuatro décadas de democracia: pueblos indígenas y territorio.
Darío Aranda es periodista, especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales) y escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Además, integra la cooperativa Agencia de Noticias Tierra Viva y trabaja para el diario Página 12 desde 2003. Es autor de los libros Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias, de Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería, y coautor de ¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadoras y trabajadores de prensa (2020).
Agronegocio forestal
La doctora Ramírez fue la primera en tomar la palabra, incurriendo en el territorio para hablar sobre una temática que lleva muchos años investigando y no teme poner sobre la mesa y frente a las cámaras: el agronegocio forestal.
Resaltó la expansión del área implementada de las plantaciones de pino y eucalipto en la provincia, las políticas públicas de promoción forestal del país, a raíz de la Ley N.º 27.487 de Inversiones Forestales y Bosques Cultivados, y de la inversión extranjera.
Se refirió a Arauco como “una de las empresas de mayor acaparamiento y de agronegocio forestal” que llegó a Misiones en 1996, con crecimiento exponencial hasta 2010 y una propiedad aproximada de 230.000 hectáreas, convirtiendo a la provincia en “la segunda, si no es la primera provincia con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras”.
La investigadora señaló que, en el Alto Paraná, es donde más tierras se han perdido a causa de las empresas forestales, denunciando que “no son solo las empresas las que han ido avanzando sobre los territorios, sino el Estado el que lo ha permitido”.
También desarrolló las estrategias actuales de apropiación y acaparamiento de tierras de las empresas extractivas, destacando una de ellas: el ambientalismo financiero.
“Ya no importan tanto la naturaleza, sino poder capitalizar esa naturaleza”, apuntó Delia.
Asimismo, compartió algunos de los testimonios de Santiago Ramos, cacique de la comunidad mbya de Puente Quemado II, ubicada en el municipio de Garuhapé.
“Desde hace 20 años, porque la empresa empezó en el 2000, nunca nos explicaron nada. No quieren saber si existe la comunidad, pero siempre tienen sus papeles donde dicen que no les afecta a las comunidades, pero sí les afectan. No hubo un convenio, no hubo diálogo, nada. Pero pusieron en su carpeta que la comunidad no se molesta, sin ningún tipo de consentimiento”.
“Nosotros ya teníamos relevado por el Ministerio del Inai y ellos hicieron otro relevamiento, nos dejaron una tirita como si fuera que nosotros vamos a vivir 100 familias en 5 hectáreas”, comentó Santiago con enojo, de acuerdo al testimonio de Delia.
“La sociedad argentina es racista”
Por su parte, Darío recuperó la importancia de las palabras y su significado: “No es lo mismo hablar de ‘recursos naturales’, ‘bienes comunes’ o ‘vida'”, afirmó, “cada uno de ellos nos posiciona en distintos lugares”.
“El Estado moderno argentino se funda sobre un genocidio y la lógica de apropiación que existió en esos tiempos, se extendió hasta nuestros días”, expresó Aranda, remarcando que el genocidio de los pueblos originarios no terminó y que en la actualidad seguimos observando poblaciones sometidas al extractivismo.
Asimismo, manifestó que en el periodismo se hace mucho hincapié en las consecuencias de estas “prácticas genocidas”, como ser el hambre, la falta de acceso a la salud, la falta de agua, pero poco se habla sobre los motivos: “Les están arrebatando sus territorios”.
“La sociedad argentina es racista para con los pueblos originarios y nos tenemos que hacer cargo”, sostuvo.
“Tres presidentes distintos, Cristina, Macri y Alberto, expresaron lo mismo en sus discursos: ‘Los argentinos provenimos de los barcos’, cuando en Argentina existen -y ya existían- 38 pueblos originarios”, recordó el periodista.
Darío insiste en recuperar los triunfos y las luchas de los pueblos originarios de distintos puntos del país, invitando a los periodistas en particular, y a la sociedad en general, a acercarse a esos territorios para conocer de cerca lo que está sucediendo: “Ignorante no es no saber, es no querer aprender”, reconoció.
“Hoy el Estado argentino reconoce que hay 38 pueblos indígenas producto de su lucha. Antes solo se decía que había 16”, compartió Darío.
“El modelo extractivo mata”
Retomando la conversación sobre el modelo extractivo, Aranda se refirió a ello como “un modelo que exporta naturaleza que no va a volver y la exporta a bajo precio, descuidando su valor real”.
“El modelo extractivista contamina, roba la tierra, enferma y mata, no es sólo un modelo económico”, resaltó.
“Pero pareciera que existen territorios de sacrificios y poblaciones sacrificables”, determinó.
Por otra parte, el periodista denunció que la actividad extractivista que se practica en el país es, en gran parte, para tratar de pagar la deuda externa: “A más extractivismo, menos democracia, porque somete a los territorios”, soslayó.
Medios masivos de comunicación
Para Darío es importante contar lo que pasa con mirada crítica y eso lo lleva a reflexiones diarias sobre su propia práctica periodística y el “establishment”, como lo denominó, de los medios masivos de comunicación en el país.
“Los medios masivos de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan, la pauta mata al periodismo”, resaltó Aranda.
A su vez, dirigiéndose a los estudiantes de la licenciatura en comunicación presentes, reflexionó que “no hay que dar nada masticado cuando escribimos, hay que dejar que la gente saque sus propias conclusiones”.
“Nos forman para ser mano de obra barata de los grandes medios, creemos nuestros propios medios comunitarios y nuestras propias agendas para hablar de lo que en realidad nos importa”, remarcó el periodista.
“Llegue el gobierno que llegue, para defender nuestros derechos, vamos a tener que estar en las calles”, sintetizó.
Ambiente
Dos años de prisión para los cazadores que mataron un yaguareté en Formosa

Este miércoles, el Juzgado Federal Uno de Formosa sentó jurisprudencia en el país al condenar por primera vez a cuatro hombres que mataron, carnearon y comieron a un yaguareté en julio del 2024 y ahora deberán pasar dos años en prisión efectiva. La especie fue declarada Monumento Natural Nacional en 2001 y se encuentra en peligro crítico de extinción por la caza furtiva y la deforestación de su hábitat.
Los acusados Máximo Cisneros (60), dueño del campo donde cazaron al ejemplar, y los tres peones rurales involucrados, Viterman Ponce De León (37), Walter Hugo Ponce De León (44) y Claudio Cisneros (29), admitieron la comisión del delito en la segunda audiencia de debate oral y firmaron un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado por el magistrado Pablo Morán.
El magistrado formoseño impuso una pena de dos años de prisión efectiva a los cuatro imputados por cazar a un ejemplar de la especie, protegida por la Ley 25.463, y los condenados consiguieron un permiso especial para trabajar.
Con el veredicto del Juzgado Federal Uno de Formosa, los implicados fueron detenidos inmediatamente para comenzar el cumplimiento de la pena.
El caso
Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros.
De acuerdo a la defensa de los ahora condenados, todo comenzó con la desaparición de una vaca lechera de la chacra que los cuatro salieron a buscar armados y con perros por la zona.
Cuando finalmente la hallaron, la vaca estaba muerta y cerca de su cuerpo se encontraba el yaguareté que, según el mismo testimonio de los acusados, “trituró” a dos de los perros que los acompañaban y en “defensa propia” Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.
Sin embargo, tras matar al yaguareté, los cazadores se fotografiaron sonrientes junto al cuerpo a punto de ser carneado para luego comérselo. En tanto, la Justicia nunca logró dar con la piel del animal, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.
Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia y dio inició a la investigación que resultó con la primera condena de su tipo en el país.
Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.

En un juicio abreviado, los cuatro cazadores fueron condenados a dos años de prisión.
Ambiente
Juzgan por primera vez en el país a cuatro hombres por cazar a un yaguareté

Un juicio oral y público sin precedentes en el país inició este martes en el Juzgado Federal Uno de Formosa contra cuatro hombres acusados de matar, carnear y comer a un yaguareté en julio del 2024. La especie está en peligro crítico de extinción en Argentina y se calcula que solo quedan entre 200 y 300 ejemplares.
Máximo Cisneros, Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León son las primeras personas en ser juzgadas por la caza de un yaguareté en la Argentina y podrían ser condenados a una pena de hasta tres años de prisión.
Los hechos ocurrieron a fines de julio del 2024 entre las localidades formoseñas Ibarreta y Estanislao del Campo, en la propiedad de Máximo Cisneros. De acuerdo a lo relatado por los involucrados, todo comenzó por la desaparición de un animal vacuno de la chacra.
Armados y acompañados de perros, Máximo Cisneros junto a Walter Hugo Ponce De León, Claudio Cisneros y Viterman Ponce De León, tres changarines que trabajaban en la zona, salieron en busca de la vaca perdida.
Para cuando los cuatro hombres encontraron a la vaca, estaba muerta y cerca de sus restos se hallaba el ejemplar de yaguareté.
Según el testimonio de los acusados a la prensa, el yaguareté los empezó a “atacar” y “trituró” a dos de los perros. Fue en ese momento que, “en defensa propia”, Claudio Cisneros ejecutó el disparo que le quitó la vida al ejemplar.
Sin embargo, luego de matar al yaguareté, se fotografiaron sonriendo junto al cuerpo antes de ser carneado, para después comerlo. En tanto, la Justicia nunca pudo hallar la piel del ejemplar, por lo que la principal hipótesis es que fue comercializada.
Juicio histórico
Las fotografías que se habían tomado los cuatro involucrados junto al animal llegaron a Ana Magdalena Gutiérrez, representante de la Subcomisión Chaqueña para la Conservación del Yaguareté y representante titular ante el Comité General de Gestión Yaguareté del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY), quien realizó la denuncia.
En consecuencia, la Policía formoseña allanó el campo de Máximos Cisneros, quien ante la presencia de los uniformados intentó huir, pero fue detenido.
Un mes después, los otros tres señalados que tenían pedido de captura se presentaron ante la Justicia y permanecieron detenidos hasta que obtuvieron la prisión domiciliaria.
Finalmente, los cuatro imputados son juzgados por matar, carnear y comer a un yaguareté. La condena del tribunal podría sentar jurisprudencia y establecer un precedente clave en la protección de especies en peligro crítico de extinción.
El yaguareté está en peligro crítico de extinción desde el 2001 debido a la caza furtiva y la perdida de su hábitat. La especie está protegida por la Ley 25.463, que lo declaró Monumento Natural Nacional.
Se calcula que en Argentina quedan entre 200 y 300 ejemplares del felino más grande de América, de los cuales la mayoría se encuentran en la selva misionera.
Ambiente
Registraron un yaguareté en el el Valle del Cuña Pirú después de tres años

El equipo de Red Yaguareté rastreó un ejemplar del “tigre criollo” dentro de un área monitoreada con cámaras en el Valle del Cuña Pirú. Si bien el hallazgo fue celebrado, los miembros de la organización solicitaron al Ministerio de Ecología “poner fin, sin contemplaciones, a la caza en toda la región”.
El anuncio fue dado en las últimas horas, a través de sus redes sociales, mediante un comunicado en el que detallaron: “Huellas inconfundibles en el barro de una picada nos devolvieron la alegría”.
Finalmente, esta semana las marcas fueron reconfirmadas con nuevos hallazgos, por lo que aseguraron: “El Valle del Cuña Pirú nuevamente alberga a un yaguareté”.
Se trata del primer ejemplar registrado luego de más de tres años: “La espera pareció eterna y fue sumamente preocupante, luego de un esfuerzo descomunal que modificó para siempre la convivencia del yaguareté con las actividades productivas en Misiones, especialmente la ganadería. El equipo de la Red Yaguareté que durante una década y media trabajó a destajo en el Valle del Cuña Pirú y áreas vecinas, asistió con desolación a la desaparición del gran depredador misionero de las bellas serranías de Aristóbulo del Valle, Ruiz de Montoya y adyacencias”.
Y recordaron: “La habitual presencia de yaguaretés, ampliamente documentada por los monitoreos de la Red, se terminó, y Amboty, el entonces macho residente y dominante, que había sido documentado con cámaras en 209 oportunidades entre 2019 y 2022, no solo no fue vuelto a ver, sino que ningún otro ejemplar tomó su lugar, como venía ocurriendo desde años atrás, en un proceso saludable de intercambio de individuos”.
Con varias amenazas latentes como la “sobrecaza” y el desmonte, la preocupación de los ambientalistas fue ascendiendo al dejar de observar rastros y pistas compatibles con el felino. Pese a ello, quienes tienen como principal objetivo “salvar a los yaguaretés”, continuaron intensificando relevamientos, la colocación de cámaras y los rastrillajes.
“Fueron necesarios tres años hasta que hace unas semanas, a principios de julio, la felicidad fue toda de los yaguareteros, huellas inconfundibles en el barro de una picada nos devolvieron la alegría, que fue reconfirmada esta semana con nuevos hallazgos: EL VALLE DEL CUÑA PIRÚ NUEVAMENTE ALBERGA A UN YAGUARETÉ”, enfatizaron.
Alerta máxima
En el mismo documento la organización se declaró en “estado de alerta máxima” ante el registro de casos de caza furtiva, sobre lo que lamentaron: “la amenaza de la caza inentendiblemente se mantiene a estas alturas sin castigos reales, sigue siendo una tremenda amenaza”.
“En esta zona donde la interacción entre el máximo depredador y las actividades productivas es muy alta, el yaguareté solamente puede sobrevivir si existe una política eficaz de convivencia, no hay otra solución que la de una presencia activa y eficiente de las autoridades competentes junto al desarrollo e implementación de las medidas antidepredatorias y compensatorias que establece la Ley de Grandes Felinos, con eliminación total de amenazas como la caza, los atropellamientos en rutas y la deforestación que continúa vigente”, resaltaron.
Para finalizar, solicitaron al Ministerio del Agro “intervenir activamente para la implementación de medidas de mitigación de depredaciones en todas las propiedades productivas”.
En tanto, al Ministerio de Ecología sugirieron “ponerle fin, sin contemplaciones, a la caza en toda la región. Solo tendremos yaguaretés si se acaban las balas”.
El último relevamiento publicado por la fundación Vida Silvestre en junio del corriente año, alertó sobre una leve baja en la población, con una media de 84 ejemplares a lo largo y ancho de Misiones, cuando el mismo estudio en 2022 contabilizaba 93.
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