Ambiente

Biodiversidad y economía: la arboleda, el yaguareté, el sonido del río tienen precio

Publicado

hace 6 años

08/07/2020

Por

La Voz de Misiones

El tema se debatió en un webinar sobre la valorización de los ecosistemas. En especial de su protección. Fue en un seminario organizado por el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMIBIO).

BUENOS AIRES (Por Laura Rocha, Infobae). Una arboleda, un yaguareté, el sonido de la corriente de un río, recorrer las Cataratas del Iguazú en una noche de luna llena y escuchar tronar el agua y el silencio. No se trata de la mera descripción de un paisaje, son recursos naturales que forman parte de la biodiversidad argentina y que podrían traducirse en un valor económico.

Este fue el tema que se debatió en un webinar sobre la valorización de los ecosistemas, pero especialmente de su protección. “Cada vez más vemos hablar de temas ambientales en los mercados financieros. La acción verde se ha extendido más de lo que parece. Más allá del deber moral, hay veces que ayuda ponerle algún número detrás y de lo que significan para nosotros los recursos naturales, por ejemplo en términos de salud”, comenzó durante su exposición José Dallo, representante del Programa de ONU Medio Ambiente para el Cono Sur en el seminario organizado por el Instituto Misionero de la Biodiversidad (IMIBIO).

La entidad organizó el debate que pretende identificar y demostrar los beneficios económicos derivados de la conservación y del uso sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, y el ejemplo que representa para la Argentina el caso de Misiones.

El costo de la conservación

Durante el encuentro, el ministro de Hacienda de la provincia Adolfo Safrán mostró algunos números impactantes: por ejemplo, por no haber apostado a la producción agrícola, especialmente de soja, y haber conservado el ambiente, dejaron de percibir en los últimos 20 años unos 6.300 millones de dólares, según el cálculo oficial.

En ese sentido, Alberto Pacheco Capella, coordinador regional de subprogramas de biodiversidad y ecosistemas de América Latina y el Caribe, fue contundente: “Se necesita un cambio conceptual de nuestra relación con la naturaleza. Si ponemos a la naturaleza como motor de la economía, vemos que el 42% de las exportaciones globales están basadas en la biodiversidad; eso representó 427.000 millones de dólares en 2016 con suba anual del 7%”.

El modelo de cálculo que propone Capella es el TEEB, que es el acrónimo de Economía de la Biodiversidad y los Ecosistemas, un programa del PNUMA que comenzó hace 10 años. Se basa en establecer los recursos que aportan actividades como la agricultura, la pesca, los bosques y el turismo y su valor depende de la salud de la biodiversidad.

“Se trata de una herramienta económica muy útil para reconocer los servicios ecosistémicos que están dando algún tipo de bienestar humano. Eso se denomina capital natural y está compuesto por servicios abastecimiento (alimentos silvestres, cosechas, agua dulce, medicamentos); regulación (filtración de los suelos, servicios de los humedales); regulación climática (polinización, arrecifes); servicios culturales (actividades recreativas, educación), y los servicios de apoyo (formación de suelos, fotosíntesis, ciclo de nutrientes)”, detalló.

Misiones, una isla

El caso de Misiones es interesante de analizar ya que está rodeado de vecinos que han apostado por otro tipo de producción: “La selva paranaense es un hotspot de biodiversidad para el mundo: allí se encuentra el 52% de la biodiversidad de Argentina, con más de 150 especies de mamíferos, incluido el yaguareté; 564 especies de aves; 260 de peces; 116 de reptiles; 68 de anfibios; y miles de tipos de plantas y hongos”, detalló Viviana Rovira, presidenta del IMIBIO.

Sin embargo, entre 2000 y 2013, el 7% de los bosques fueron destruidos. La selva paranaense se enfrenta a graves amenazas por la expansión agrícola. En los últimos 120 años, se ha perdido el 95% de ella. Del cinco por ciento restante que sigue en pie, la mayor parte se encuentra en la provincia de Misiones. La pérdida de bosque ha tenido un impacto devastador sobre la flora y la fauna. De más de 1.000 especies y subespecies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, el 20% están amenazadas o casi en peligro de extinción.

“Nos hemos endeudado con el futuro, hemos gastado a cuenta. La Argentina tiene una actitud absolutamente depredadora del modelo productivo. Es momento de que pongamos el foco en los recursos naturales en una región. En esta salida de la pandemia, para poder seguir adelante debemos dar una respuesta que constituya una inversión y le garantice a nuestros hijos y nietos que contarán con las herramientas suficientes para afrontar los retos de su época”, sostuvo Silvia Vázquez, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería.

Quién paga por biodiversidad?

El tema es quién paga esos servicios que dejan de ser percibidos por quienes eligen conservar y proteger. “Para poder responder esta pregunta me gustaría hacerlo de un modo positivo. No es bueno hacer pagar a quienes contaminen porque la idea es evitar esa contaminación. Así que aquellos que se benefician de servicios ecosistémicos y generen renta producto de calidad de aire o de agua, esa renta debería ser distribuida en función de los servicios ecosistémicos que, por ejemplo, provee la provincia de Misiones”, explicó Horacio Schenone, presidente de la Fundación Bosques Nativos Argentinos.

Algunas de las propuestas que surgieron tienen que ver con la creación de un fondo compuesto, por ejemplo, con un porcentaje del dinero que se obtiene por las retenciones de las exportaciones agrícolas, como establece la ley de protección de bosques nativos.

Sin embargo, la realidad está lejos de ser ideal ya que esa ley no se cumple, no sólo por el porcentaje establecido para que se reparta, también porque las provincias reciben esos recursos con demora.

Para culminar, Pacheco agregó que las preguntas que tenemos que hacer para visualizar los costos son: “¿Quién paga los costos de la inacción, de la salud pública, de la contaminación, de la pérdida de productividad? Ahí está realmente todo el marco conceptual económico. Los Objetivos del Desarrollo Sustentable no van a ser alcanzados si únicamente dependemos de la inversión del gobierno. En términos de inversiones sostenibles tamos viendo muchos fondos del sector privado en ese nuevo mercado que se está generando”.

Del encuentro, moderado por Patricio Lombardi, subsecretario de Relaciones Internacionales del gobierno provincial, también participaron el embajador argentino en Panamá, Marcelo Lucco y un representante del Smithsonian Institute, entre otros.

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Ambiente

Orembae advierte que Corpus no cuenta con evaluación de impacto ambiental

Publicado

hace 2 días

03/06/2026

Por

Mónica Gómez

La Asociación Civil Orembae aseguró que el proyecto de la represa hidroeléctrica Corpus Christi, en el emplazamiento de Pindo-í, no cuenta con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), luego de recibir una respuesta oficial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones a un pedido de acceso a la información pública ambiental.

“Esta respuesta viene a tirar por tierra a los propagandistas del Proyecto de la COMIP que sostienen que los impactos del emplazamiento de Corpus serían mínimo”, sostuvo Martín Ferroni, abogado de la Asociación Orembae.

Según informó la organización, la respuesta estatal, emitida el 29 de mayo en el marco del Expediente N.º 9910-114/2026, confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental, audiencias públicas o una Declaración de Impacto Ambiental.

A partir de esta documentación, Orembae cuestionó las afirmaciones realizadas por representantes de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip) y otros promotores del proyecto, quienes sostienen que la represa afectaría una reducida superficie y un bajo número de familias.

“La Comip y el diputado (Martín) Arjol están difundiendo datos totalmente sesgados e interesados a sus propósitos de la ejecución de la represa. No cuentan con valor técnico”, señaló.

Ferroni explicó, además, que al carecer de respaldo técnico y legal, no existe una evaluación formal que permita determinar el alcance real de los impactos ambientales.

La asociación a partir de un comunicado también remarcó que los estudios de prefactibilidad mencionados por los impulsores del emprendimiento no reemplazan el procedimiento ambiental exigido por la legislación vigente.

En ese sentido, recordaron que la Ley General del Ambiente (Ley Nº. 25.675) establece la obligatoriedad de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental antes de autorizar obras susceptibles de afectar el ambiente, además de garantizar instancias de participación ciudadana. Asimismo, citaron el Acuerdo de Escazú y el artículo 41 de la Constitución Nacional como normas que respaldan el derecho de acceso a la información ambiental.

Orembae consideró “inadmisible” avanzar en la convocatoria a un nuevo plebiscito sobre Corpus Christi sin que exista información ambiental completa y pública sobre el proyecto. “No puede haber consulta informada sin información”.

Entre los reclamos planteados, la organización solicitó el cese de la difusión de afirmaciones sobre supuestos impactos mínimos, el respeto a la decisión popular expresada en 1996 y a la normativa provincial vigente, la no convocatoria a un plebiscito mientras no se cuente con estudios ambientales completos y la garantía plena del acceso ciudadano a la información pública ambiental.

Ferroni también señaló que la respuesta remitida por el Ministerio de Ecología dejó sin contestar cinco puntos del pedido de acceso a la información pública, vinculados a las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo en relación con los estudios de impacto ambiental.

Según explicó, esos requerimientos apuntaban a determinar la participación de organismos provinciales en los estudios mencionados por la Comip . “No podemos afirmarlo ni tampoco desmentir porque no nos comunicaron nada. Esa información fue omitida en la respuesta oficial”, remarcó el abogado.

Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus

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Ambiente

Misiones marca un hito con la certificación mundial de carbono forestal

Publicado

hace 4 días

02/06/2026

Por

Mónica Gómez

Misiones es la primera jurisdicción del mundo en obtener la certificación de un programa forestal de reducción de emisiones liderado por un gobierno subnacional. Así lo publicó este martes en su página web la organización líder en certificaciones a nivel mundial, Verra.

La aprobación fue otorgada por Verra, entidad responsable del programa Verified Carbon Standard (VCS), y corresponde al Programa Jurisdiccional y Anidado REDD+ (JNR). Mecanismo diseñado para medir y certificar reducciones de emisiones derivadas de la conservación de bosques nativos.

La certificación le permite a Misiones generar créditos de carbono verificables a partir de la preservación de la Selva Paranaense. El programa es liderado por el gobierno provincial y abarca aproximadamente tres millones de hectáreas de Bosque Atlántico nativo, el principal remanente de este ecosistema en Argentina y uno de los reservorios de biodiversidad más importantes del planeta.

Según informó Verra, durante el período comprendido entre 2017 y 2022, se logró generar aproximadamente 13,1 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) en reducciones verificadas de emisiones.

Inédito

A diferencia de los proyectos tradicionales de carbono, que suelen desarrollarse sobre superficies específicas, los programas jurisdiccionales evalúan el desempeño ambiental de una provincia o territorio en su conjunto.

Misiones fue certificada bajo el denominado “Escenario 2” del Marco JNR de Verra, una modalidad que permite a los gobiernos provinciales generar créditos de carbono por áreas forestales que no se encuentran alcanzadas por proyectos privados individuales.

Desde el punto de vista técnico, el esquema exige sistemas de monitoreo forestal, medición de emisiones, trazabilidad y mecanismos de distribución de beneficios que garanticen que las reducciones de carbono sean reales, adicionales y verificables por organismos independientes.

Además, cualquier proyecto privado que opere dentro de la provincia deberá ajustarse a las líneas de base aprobadas por el programa jurisdiccional, evitando la doble contabilización de emisiones reducidas.

Antecedente

El reconocimiento de Verra llega apenas dos semanas después de que el gobierno de Misiones anunciara en el Senado de la Nación que había recibido la aprobación final de la auditoría internacional para certificar 10,9 millones de créditos de carbono generados entre 2017 y 2022.

En aquella presentación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó que la provincia había construido desde 2021 un esquema propio de mercados de carbono, respaldado por normativa específica y con participación de propietarios privados, anticipando el hito internacional que ahora se concretó con la inscripción oficial del programa en el registro de Verra.

Financiamiento climático internacional

La certificación abre la puerta al acceso de financiamiento climático internacional mediante la comercialización de créditos de carbono de alta integridad ambiental.

Los créditos representan toneladas de dióxido de carbono que dejaron de emitirse gracias a la conservación de los bosques y pueden ser adquiridos por empresas, gobiernos u organizaciones que buscan compensar parte de su huella de carbono.

Durante la presentación en el Senado se explicó que los recursos generados por la venta de créditos serán administrados mediante un fideicomiso y estarán destinados a financiar proyectos ambientales, compensar a propietarios privados que participan del esquema y fortalecer las acciones de conservación y control de la deforestación.

Reconocimiento internacional

“Este programa demuestra lo que es posible cuando los gobiernos lideran la acción climática. Misiones construyó las instituciones, las políticas y las alianzas necesarias para proteger sus bosques y llevar los resultados de ese trabajo al mercado. Así luce el éxito cuando las políticas públicas y los mercados de carbono trabajan juntos”, destacó Mandy Rambharos, directora ejecutiva de Verra.

Por su parte, Adolfo Safrán, señaló en la publicación de Verra: “Celebramos haber alcanzado un hito tan importante para la conservación. La Provincia de Misiones siempre ha hecho de la protección de la selva una política de Estado. Nuestro mecanismo de distribución de beneficios permitirá devolver a la comunidad el esfuerzo realizado durante décadas. Invitamos a los inversores calificados interesados en créditos de alta calidad a sumarse y apoyarnos en esta iniciativa. Agradecemos a Verra por su colaboración permanente y su disposición para trabajar junto a nosotros.”

Con su inscripción definitiva en el Registro Verra, Misiones se posiciona como una referencia internacional en materia de conservación forestal, mercados de carbono y financiamiento climático basado en resultados verificables

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Ambiente

Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus

Publicado

hace 1 semana

28/05/2026

Por

Mónica Gómez

Orembaé presentó amparo contra Ecología por acceso a información sobre Corpus

La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.

La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.

Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.

El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.

Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.

“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.

En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.

Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.

La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.

Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.

El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.

“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.