Policiales
Mañana indagan al marido de la gendarme y se definirá el avance de la causa
La investigación por la muerte de la gendarme formoseña Jésica Galeano (31) podría tener mañana su punto de inflexión, cuando la Justicia reciba las actuaciones policiales realizadas hasta el momento y analice si existe algún delito o no para imputar al marido de la uniformada, Horacio B. (35), que permanece detenido y fue citado a declarar en la misma jornada.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, por el momento el hecho continúa en “etapa policial” y tratado como “muerte dudosa”, pero todo podría cambiar mañana, cuando las autoridades del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, presidido por el magistrado Miguel Mattos, reciban y analicen las actuaciones realizadas hasta el momento.
Dichas actuaciones policiales consisten en el sumario policial con las testimoniales recabadas hasta el momento, los informes preliminares de autopsia y criminalística, como así también el resultado de otros estudios complementarios ordenados a realizar.
Todos estos documentos serán elevados mañana a primera hora al juzgado y las autoridades al frente del caso analizarán hoja por hoja cada elemento allí incorporado para definir de que manera avanza el expediente.
Las fuentes explicaron que el panorama encuentra tres posibles escenarios: que los elementos recabados sean compatibles con la teoría del suicidio y el hombre recupere la libertad; que las dudas continúen y la investigación siga abierta; o que todo lo recolectado ubique al marido de la gendarme como autor del hecho.
Lo que surja de este análisis repercutirá en la indagatoria al marido de la fallecida, procedimiento judicial que será realizado en segundo turno. Allí el hombre será notificado del hecho por el cual es investigado -en caso de que así se determine-, de las pruebas que hay en su contra -si las hubiere- y se le brindará la oportunidad de qué su versión de los hechos, aunque puede optar por guardar silencio sin que ello le signifique presunción de culpabilidad alguna.
En la misma audiencia y previo a su inicio, el hombre también completará los trámites de designación formal de abogado defensor.
El involucrado, también gendarme, aunque en disponibilidad por razones médicas, se encuentra detenido de manera preventiva desde el domingo a la mañana, cuando se produjo el hecho.
Causa y cautela
Según lo que se pudo reconstruir hasta el momento, todo comenzó el domingo a la mañana, cuando vecinos del barrio Cocomarola Este llamaron a la Policía para alertar que escucharon gritos y un disparo en una vivienda ubicada sobre la calle 55B.
Cuando los uniformados acudieron al lugar se toparon con la siguiente escena: una mujer sin vida y con una herida de arma de fuego en la cabeza, ubicada en el asiento del acompañante de un Volkswagen Bora estacionado en la galería de la casa.
Allí se constató que la fallecida se trataba de una cabo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) oriunda de Formosa y actualmente cumpliendo servicios en puente internacional San Roque González de Santa Cruz.
Los policías también se encontraron en el lugar con su marido, Horacio B. (35), quien habría asegurado que la gendarme se suicidó luego de una discusión y tenía las prendas con manchas de sangre.
Tal como informó LVM, el examen de autopsia al cuerpo de la fallecida fue realizado ayer y el informe preliminar confirmó que la causa de muerte fue un disparo en la cráneo compatible con una munición 9 milímetros con una trayectoria de derecha a izquierda. Relacionado a ello, las fuentes señalaron que la mujer era diestra.
De igual manera, estas conclusiones no fueron suficientes como para orientar de manera categórica la investigación hacia un suicidio o un posible femicidio, por lo cual ordenaron estudios de criminalística complementarios. El análisis de esa conjunción de datos forenses y balísticos podría despejar las dudas existentes.
En redes sociales varios familiares de la gendarme calificaron el hecho como un femicidio y mencionaron antecedentes de violencia, pero las fuentes de LVM señalaron que hasta el momento no se hallaron denuncias formales.
Por la complejidad y sensibilidad del hecho, el caso es tratado con suma cautela por parte de las autoridades judiciales.
Foto: El Territorio.
A través de un nuevo comunicado, la Policía de Misiones aclaró que el motociclista fallecido por un conductor que se dio a la fuga en Dos Hermanas portaba el DNI correspondiente a otra persona y ahora además de buscar al responsable del hecho realizan las investigaciones pertinentes para establecer la verdadera identidad de la víctima.
“Se corroboró que el fallecido tenía en su poder un DNI que no le corresponde. La Unidad Regional XII continúa con la investigación para identificar a la víctima”, informaron desde la fuerza provincial.
De esta manera, se descarta que el fallecido en el hecho sea Eliseo De Lara (24) como comunicó la misma institución en el primer parte de prensa sobre el siniestro registrado esta tarde.
En el caso trabaja el personal de la comisaría de Dos Hermanas, cuyos uniformados esta tarde constataron que la presencia de un motociclista fallecido sobre la ruta nacional 14 como consecuencia de un siniestro vial, aunque el otro vehículo implicado se dio a la fuga y por ello se despliega un amplio operativo cerrojo por la zona y localidades aledañas.
La Policía despliega un amplio operativo cerrojo en localidades del norte provincial en busca de un automovilista que se dio a la fuga luego de chocar y matar a un motociclista sobre la ruta nacional 14.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el siniestro ocurrió esta tarde, a la altura de Dos Hermanas, donde los efectivos de la comisaría local constataron la muerte de un motociclista tras un siniestro registrado minutos antes sobre la mencionada arteria nacional.
La víctima fue identificada como Eliseo De Lara (24), aunque minutos más tarde la fuerza provincial aclaró que el fallecido portaba un DNI ajeno al momento del hecho, por lo cual se continúa trabajando para establecer su verdadera identidad.
En paralelo, se montó un amplio operativo para dar con el conductor del otro rodado involucrado.
La abogada Mónica Liliana Rodríguez (55), quien desde 2006 se desempeña como directora de Asuntos Jurídicos Previsionales del IPS, afronta una causa judicial en la que está imputada por los posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público tras una denuncia vinculada a un expediente administrativo por el otorgamiento de una pensión que desde 2018 no encuentra resolución.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, la denuncia en contra de la funcionaria del Instituto de Prevención Social (IPS) fue radicada en octubre de 2023 por el letrado Víctor Luciano Gómez, quien actuó en representación de una mujer perjudicada en el trámite de la pensión que reclamaba tras el fallecimiento de su esposo, un ex empleado de Vialidad provincial.
En su presentación, el letrado narró que el expediente administrativo tuvo su inicio en el 26 de septiembre de 2018 y nunca prosperó, pero además acusó a Rodríguez de manifestar a viva voz su “voluntad irrevocable” de no conceder el beneficio, amparándose en una presunta documentación apócrifa o irregular que habría sido presentada para acreditar la convivencia de la mujer con su esposo fallecido, lo cual la parte demandante niega.
Ante ello, Gómez consideró que las conductas de Rodríguez encuadraban en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, presentación tras lo cual el fiscal Christian Antúnez requirió formalmente la apertura de una investigación penal contra la funcionaria.
Se inicio entonces una causa penal que se actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Cuidar la caja
Durante el proceso de la causa, el 1 de junio de 2024 declaró como testigo la diputada provincial María del Carmen Méndez Ason, quien se desempeñó como Vicepresidenta del IPS durante el período comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2023.
En su declaración, según pudo averiguar LVM, la legisladora ratificó que el expediente administrativo por la pensión solicitada demostraba un retraso inusual y que ante esas circunstancias en varias oportunidades solicitó informes sobre lo sucedido a Rodríguez, aunque tampoco obtuvo respuestas.
Méndez Ason también dio fe de una discusión entre la parte denunciante y Rodríguez durante un encuentro mantenido en su propia oficina, ocasión en la cual ratificó que la funcionaria apuntada admitió que el beneficio solicitado no iba a obtener dictamen positivo porque “afectaría la economía” y que ella era quien “cuidaba la caja” del organismo.
Defensa
El siguiente acto procesal del expediente se dio el 28 de abril de 2025 y consistió en la citación a declaración indagatoria de la funcionaria acusada, donde fue imputada por los delitos denunciados.
En esa ocasión, Rodríguez aceptó declarar y se consideró inocente, negando las acusaciones y argumentando que todas sus decisiones fueron tomadas a “derecho” y conforme a “las leyes previsionales”.
También apuntó que entre Méndez Ason y la demandante existía un vínculo de amistad y dejó entrever que como respuesta iniciaría una acusación por “falsa denuncia”.
En esa misma audiencia, la funcionaria propuso a otras tres personas para que declaren como testigos en la causa y el proceso continúa instruyéndose.
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