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Exigen que la Justicia investigue los 201 casos de niñas obligadas a parir

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POSADAS. Organizaciones feministas realizaron denuncia penal ante los tres poderes por los 201 casos de niñas menores de 14 que dieron a luz durante este año. El ministro de Desarrollo Social de la Provincia reconoció que 201 menores fueron forzadas a tener sus bebés, producto de incestos y abusos sexuales. Son casos donde no se implementó la Interrupción Legal del Embarazo.

El martes 20 el Colectivo de Acción Contra las Violencias de Géneros convocó a organizaciones feministas en el Día Mundial de la Prevención de las violaciones contra niños y adolescentes frente al Palacio de Justicia de Posadas para denunciar ante los tres poderes del Estado los casos de las 201 niñas obligadas a parir en Misiones. En la movilización que empezó en el Palacio de Justicia, siguió en la Legislatura y terminó en la plaza 9 de Julio, con la consigna “¡Con les niñes, NO!”, exigieron el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal y la implementación de la Ley de Educación Sexual.

La denuncia de las organizaciones feministas insta a que el fiscal en turno “determine si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal de la Provincia con respecto a las 201 madres niñas – de entre 12 y 14 años- que conforme información oficial de los Funcionarios del área, existen en la Provincia”. Hablamos de nenas que han mantenido relaciones sexuales sin su consentimiento o sin que su consentimiento sea válido. Lo cierto es que estas mal llamadas ‘niñas madres’ no cuentan con la capacidad legal de prestar su consentimiento.

Ante esto, recordemos que hace cinco meses el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Lisandro Benmaor, dijo en medios locales que; “en la actualidad tenemos 26 mil nacimientos en Misiones, 5 mil nacimientos menores de 19 años y 201 nacimientos de madres menores de 15 años. Eso nos preocupa muchísimo, porque son sinónimos de violación”. Luego el ministro intentó corregir estos dichos que causaron polémica y que llegaron hasta los medios nacionales. Sin embargo, nada ocurrió más allá de un pedido de informes sobre políticas adoptadas con respecto a los 201 casos de niñas violadas y embarazadas realizado por el Partido Agrario y Social.

Por los embarazos y partos de estas niñas menores de edad, las militantes señalan en la denuncia que “estaríamos ante la posible existencias de los delitos contemplados en los arts. 119 y 120 del Código Penal Argentino contra las persona que lo hubieren efectuado y/o contra todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o , instigador por la posible comisión de estos delitos. Como asimismo, contra todo profesional de la medicina, que haya seguido y atendido durante el embarazo Y/O parto a esa niñas y que no haya efectuado la denuncia penal correspondiente, como también y en el caso de que las mismas estuvieran escolarizadas, contra los docentes y directivos de la escuela a la que asisten que hayan tenido conocimiento y q no hayan efectuado la denuncia penal pertinente por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos.”

Por ende, a raíz de que no aparecen denuncias de oficio pertinentes y que hay inacción por parte del Estado, es que las organizaciones promueven formalmente la acción penal. Instan a que la Justicia investigue y esclarezca; “la concepción misma de dichos embarazos, determinándose quien es el padre, a nombre de quien se inscribieron los niños nacidos, a cargo de quien se encuentran los mismos y sus madres, si están en la misma casa que su posible violador, si los profesionales de la salud que atendieron dichos partos han efectuado la denuncia pertinente, si las niñas se encontraban escolarizadas, si continúan en esa situación, si los docentes y directivos de dichos establecimientos tomaron las medidas pertinentes y efectuaron las correspondientes comunicaciones”.

https://www.lavozdemisiones.com/2018/07/03/en-misiones-no-realizaron-abortos-no-punibles-a-mas-200-nenas-violadas-y-las-obligaron-a-parir/

Posadas

Caminaba por una vereda del centro y se le cayó un ladrillo en la cabeza

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mampostería

Un pedazo de ladrillo se desprendió de la fachada de una guardería posadeña e hirió en la cabeza a una inspectora municipal que caminaba por la vereda de calle Colón, casi Alvear.

El hecho ocurrió esta mañana, minutos antes de las 10.15, cuando la trabajadora Sofía E. (54) caminaba por la vereda hasta que resultó golpeada por un pedazo de mampostería que se desprendió de la fachada y cayó sobre su cabeza.

La mujer fue asistida en primera instancia por una compañera y por trabajadoras de la guardería, quienes solicitaron presencial policial en el lugar.

Fueron los efectivos de la División Grupo de Acción Preventiva quienes acudieron al llamado e improvisaron unas fajas de seguridad para preservar la integridad de otros transeúntes.

La inspectora herida sufrió heridas leves y fue asistida por personal médico en moto ambulancia, para luego ser trasladada de manera preventiva al Sanatorio Caminos.

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Posadas

El 54% de los estudiantes universitarios trabaja para alquilar en Posadas

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Los datos preliminares del primer relevamiento realizado por el colectivo Jóvenes x el alquiler demostraron que más de la mitad de los estudiantes provienen de otras localidades misioneras, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscó otro trabajo para sostener los costos del alquiler en Posadas, los cuales rondan entre los $200.000 y $350.000.

El relevamiento comenzó en marzo y desde entonces el equipo de estudiantes voluntarios realizó 100 encuestas, aunque el objetivo es llegar a una población total de 400 en los próximos meses.

Desde Jóvenes x el alquiler revelaron que el objetivo de este estudio es “dar cuenta de las condiciones del alquiler universitario en la ciudad de Posadas” y que pueda “servir de insumo para el diseño de políticas públicas que contemplen la perspectiva de los actores más vulnerables en esta problemática”.

Los resultados

En esta primera etapa revelaron que el 74% de los estudiantes consultados tiene entre 17 y 25 años. En cuanto a su lugar de procedencia, el 63% nació en otra localidad misionera, un 18% es de Posadas y un 12% deriva de otra provincia argentina.

A su vez, el 66% de los encuestados son mujeres, el 54% trabajaba al momento de la encuesta y la mitad de ellos buscaba o buscó otro trabajo para poder sostener el alquiler, ya que el 40% de los estudiantes trabajadores percibe ingresos menores a $300.000.

El mismo relevamiento integrado por una muestra de 100 estudiantes, constató que el 68% alquila por dueño directo, frente a un 32% que se encuentra vinculado mediante inmobiliaria.

A su vez, el 60% cuenta con un contrato de alquiler, frente a un 33% que alquila “mediante palabra” y un 5% que tiene una vinculación de tipo comodato.

En cuanto a los montos, el 70% confirmó que tiene aumentos cada seis meses o menos y el 54% abona su alquiler solamente mediante efectivo.

Del total alcanzado hasta el momento, el 54% alquila un departamento de un dormitorio, frente a un 21% que alquila un monoambiente.

Al mismo tiempo, el 44% de los encuestados paga entre $200.000 y $350.000 por mes y el 27% no recibe ayuda (familiar ni estatal) para afrontar estos gastos.

Hasta el momento, un 53% vive solo y un 47% que cohabita su vivienda. De este segundo grupo, el 42% afirma que comparte alquiler por motivos económicos (para dividir gastos).

Finalmente, alrededor del 60% afirmó que su residencia alquilada presenta problemas. Los más comunes son: humedad, filtraciones, sistema eléctrico o costo elevado.

La encuesta

Las encuestas fueron realizadas en las tres unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) con sede en Posadas y algunas corresponden a estudiantes de instituciones privadas, como el Dachary, Cuenca del Plata o el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya.

Por estas horas buscan nuevos voluntarios para completar la muestra. “Para esta segunda parte del año, esperamos poder contar con más compañeros y compañeras encuestando y siendo encuestados.”, afirmaron desde la organización.

Accedé a la encuesta.

Estudiantes universitarios realizarán un relevamiento de alquileres en Posadas

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Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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