Provinciales
Sobrevivientes: la violencia de género en Misiones
La Voz de Misiones entrevistó a mujeres que se animaron a denunciar a su agresor y, después de mucho tiempo de lucha, lograron salir del círculo de violencia.
Son relatos que ponen la mirada sobre el accionar del Estado misionero a la hora de acompañar y contener a las víctimas, que piden auxilio para poder seguir vivas y continuar su historia.
“Antes de que corra sangre”
Noelia Teminski, de Gobernador Roca, tuvo que exponerse en los medios de comunicación luego de que su ex, Alfredo Tarnowski, de 44 años, intentara matarla con su auto, mientras volvía de un día familiar con su nueva pareja y su bebé, de meses de vida.
La víctima había realizado reiteradas denuncias durante cuatro años, pero el agresor siempre rompió las medidas cautelares. Poder grabar el hecho y tener una prueba fue lo que determinó que Tarnowski termine preso.
A cuatro meses del hecho, Noelia reflexiona sobre el rol del Estado en los casos de violencia y pide a la Justicia que actúe “antes de que corra sangre”.
Por su parte, la jefa de la Comisaria de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional (UR) I, Mariela Encina, lejos de negar el problema, explicó que en la fuerza se están capacitando y avanzando en la problemática.
Además, la comisaria remarcó que, hoy en día, todas las dependencias de las unidades regionales están obligadas a tomar las denuncias por violencia de género y remarcó que no sólo las Comisarías de la Mujer son receptoras de este tipo de denuncias.
“Me siento desprotegida por la Justicia”
El rol de la Justicia y de los magistrados que la conforman juega un papel fundamental en este flagelo, ya que todas las medidas cautelares y de protección son dispuestas por los ellos.
Élida Maidana, de Jardín América, se animó a denunciar a su ex esposo después de vivir 17 años todo tipo de violencia, junto a sus hijos.
Durante dos años, la mujer actualizó las denuncias y siguió al pie de la letra todos los pasos que debía realizar para evitar que su agresor vuelva a su casa.
Pero la jueza Cynthia Lourdes Meyer, a cargo de Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia Dos de Jardín América, dispuso que Élida debía dividir el inmueble con un muro para compartirlo con su ex o tenía que recurrir a un abogado, porque su trabajo “había terminado”.
Al no tener recursos para costear un letrado, la mujer vive con miedo de que su victimario regrese y dice sentirse “desprotegida por la Justicia”.
La abogada Roxana Rivas diálogo con La Voz de Misiones y reflexionó sobre el trabajo del Estado misionero y sobre todo el de la Justicia cuando abordan la violencia de género.
La letrada hizo hincapié en la necesidad de que los jueces escuchen a las víctimas antes de tomar medidas y remarcó que lo fundamental es la perspectiva de género en todos órganos del Estado: “Hablamos de cabezas que se tienen que cambiar”, enfatizó.
Como una cárcel
En el 2019, Cristina Martínez ingresó a una Casa Refugio, un mecanismo de protección que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno de Misiones.
La mujer recuerda que, en un primer momento, se sintió contenida en el lugar. Sin embargo, relata que las situaciones de violencia continuaron: “Era como seguir en el círculo de violencia, pero sin mi agresor”, dijo a LVM.
En su testimonio, Cristina remarca que, cuando estuvo dentro del refugio, regía un sistema carcelario que las obligaba a pedir permiso para realizar acciones e, incluso, si no comían a horario, ya no podían comer.
En febrero de este 2021, La Voz de Misiones dio cuenta del caso de Marta, una mujer con desnutrición severa que había llamado en reiteradas ocasionas a la Línea 137 pidiendo auxilio debido a que su pareja la abusaba y golpeaba, y no recibió ayuda alguna.
La noticia provocó la renuncia de la encargada de la línea, Miriam Duarte, y en su lugar asumió Sandra Galeano, quien se desvinculó de la gestión anterior y remarcó que, desde que llegó a las oficinas de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, busca que las casas refugio sean un verdadero “lugar de contención” para las víctimas.
Sobrevivientes que contienen la violencia
Hace once años, sobrevivientes de la violencia machista conformaron el programa de Promotoras de Género (ProGen), un grupo de mujeres que recorren los barrios concientizando y acompañan a las víctimas que deciden denunciar a su agresor.
Malvina Lara, integrante del grupo, explicó cómo realizan su trabajo y remarca que, junto a sus compañeras, busca darles a las mujeres que se encuentran en circunstancias de violencia las herramientas que ellas nunca recibieron.
Además, la activista pide que su labor –que ahora se enmarca en la subsecretaría de Sandra Galeano- sea reconocida y bien remunerada, ya que les lleva mucho tiempo y dinero que sale de sus propios bolsillos.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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