Provinciales
Sobrevivientes: la violencia de género en Misiones
La Voz de Misiones entrevistó a mujeres que se animaron a denunciar a su agresor y, después de mucho tiempo de lucha, lograron salir del círculo de violencia.
Son relatos que ponen la mirada sobre el accionar del Estado misionero a la hora de acompañar y contener a las víctimas, que piden auxilio para poder seguir vivas y continuar su historia.
“Antes de que corra sangre”
Noelia Teminski, de Gobernador Roca, tuvo que exponerse en los medios de comunicación luego de que su ex, Alfredo Tarnowski, de 44 años, intentara matarla con su auto, mientras volvía de un día familiar con su nueva pareja y su bebé, de meses de vida.
La víctima había realizado reiteradas denuncias durante cuatro años, pero el agresor siempre rompió las medidas cautelares. Poder grabar el hecho y tener una prueba fue lo que determinó que Tarnowski termine preso.
A cuatro meses del hecho, Noelia reflexiona sobre el rol del Estado en los casos de violencia y pide a la Justicia que actúe “antes de que corra sangre”.
Por su parte, la jefa de la Comisaria de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional (UR) I, Mariela Encina, lejos de negar el problema, explicó que en la fuerza se están capacitando y avanzando en la problemática.
Además, la comisaria remarcó que, hoy en día, todas las dependencias de las unidades regionales están obligadas a tomar las denuncias por violencia de género y remarcó que no sólo las Comisarías de la Mujer son receptoras de este tipo de denuncias.
“Me siento desprotegida por la Justicia”
El rol de la Justicia y de los magistrados que la conforman juega un papel fundamental en este flagelo, ya que todas las medidas cautelares y de protección son dispuestas por los ellos.
Élida Maidana, de Jardín América, se animó a denunciar a su ex esposo después de vivir 17 años todo tipo de violencia, junto a sus hijos.
Durante dos años, la mujer actualizó las denuncias y siguió al pie de la letra todos los pasos que debía realizar para evitar que su agresor vuelva a su casa.
Pero la jueza Cynthia Lourdes Meyer, a cargo de Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia Dos de Jardín América, dispuso que Élida debía dividir el inmueble con un muro para compartirlo con su ex o tenía que recurrir a un abogado, porque su trabajo “había terminado”.
Al no tener recursos para costear un letrado, la mujer vive con miedo de que su victimario regrese y dice sentirse “desprotegida por la Justicia”.
La abogada Roxana Rivas diálogo con La Voz de Misiones y reflexionó sobre el trabajo del Estado misionero y sobre todo el de la Justicia cuando abordan la violencia de género.
La letrada hizo hincapié en la necesidad de que los jueces escuchen a las víctimas antes de tomar medidas y remarcó que lo fundamental es la perspectiva de género en todos órganos del Estado: “Hablamos de cabezas que se tienen que cambiar”, enfatizó.
Como una cárcel
En el 2019, Cristina Martínez ingresó a una Casa Refugio, un mecanismo de protección que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno de Misiones.
La mujer recuerda que, en un primer momento, se sintió contenida en el lugar. Sin embargo, relata que las situaciones de violencia continuaron: “Era como seguir en el círculo de violencia, pero sin mi agresor”, dijo a LVM.
En su testimonio, Cristina remarca que, cuando estuvo dentro del refugio, regía un sistema carcelario que las obligaba a pedir permiso para realizar acciones e, incluso, si no comían a horario, ya no podían comer.
En febrero de este 2021, La Voz de Misiones dio cuenta del caso de Marta, una mujer con desnutrición severa que había llamado en reiteradas ocasionas a la Línea 137 pidiendo auxilio debido a que su pareja la abusaba y golpeaba, y no recibió ayuda alguna.
La noticia provocó la renuncia de la encargada de la línea, Miriam Duarte, y en su lugar asumió Sandra Galeano, quien se desvinculó de la gestión anterior y remarcó que, desde que llegó a las oficinas de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, busca que las casas refugio sean un verdadero “lugar de contención” para las víctimas.
Sobrevivientes que contienen la violencia
Hace once años, sobrevivientes de la violencia machista conformaron el programa de Promotoras de Género (ProGen), un grupo de mujeres que recorren los barrios concientizando y acompañan a las víctimas que deciden denunciar a su agresor.
Malvina Lara, integrante del grupo, explicó cómo realizan su trabajo y remarca que, junto a sus compañeras, busca darles a las mujeres que se encuentran en circunstancias de violencia las herramientas que ellas nunca recibieron.
Además, la activista pide que su labor –que ahora se enmarca en la subsecretaría de Sandra Galeano- sea reconocida y bien remunerada, ya que les lleva mucho tiempo y dinero que sale de sus propios bolsillos.
Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.
A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.
El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa.
En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.
Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.
El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes.
Un territorio ancestral
Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona.
Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante.
“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado.
Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.
En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).
A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.
Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.
Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.
La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.
Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.
La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.
Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.
Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año
La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), iniciaron este lunes una serie de operativos que se extenderán hasta el viernes en comunidades mbya ubicadas en Bonpland, 25 de Mayo, Fracrán, San Pedro y Comandante Andresito.
Con el objetivo de “acercar servicios y garantizar derechos básicos”, Anses, Pami, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Ministerio del Interior de la Nación y el Gobierno de Misiones, a través de Asuntos Guaraníes y el Inai, brindarán atención multiagencial en cinco comunidades.
De esta manera, sus integrantes podrán tramitar la emisión y renovación de su DNI, actualizaciones para menores y mayores, inscripciones tardías y reposiciones, tramitación de libreta AUH, acreditación de CUIL y certificación de escolaridad, carga de embarazo prenatal, asesoramiento jurídico y general, atención nutricional y orientación social.
Respecto a los días, este lunes estarán en la Tekoa Ivoty Okara de Bonpland, de 9 a 17, mañana martes en la Tekoa Tamandua de 25 de Mayo; durante el mismo horario, el miércoles en la comunidad Pai Antonio Martinez de Fracrán, el jueves en Alecrín de San Pedro y el viernes en Kagui Porá de Comandante Andresito.
Desde la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes destacaron que estas jornadas “permiten garantizar la presencia del Estado en los territorios, acercando herramientas concretas a las comunidades mbya guaraníes y promoviendo su inclusión integral”.
Comunidades mbya recibieron DNI, atención médica y nutricional
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