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Santa Cruz complicada: testigos aseguran que estaba ebria y que se fugó 

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Todos los testigos comprometieron a Santa Cruz: estaba ebria, no respetó la distancia con la moto de la víctima y abandonó al atropellado. Santa Cruz no declaró y su marido aseguró que los medios “la estigmatizaron”. Tapándose el rostro con el pelo y dando la espalda a los parientes de la víctima, Rocío Santa Cruz afronta el primer día del juicio en su contra.

Rocío Fiorella Santa Cruz (33) llegó al juicio oral y público por la muerte del inspector de tránsito municipal Ramón Víctor Cabrera (52), ocurrida el 31 de enero de 2016, cinco minutos antes del inicio. Nunca miró a los presentes en la sala de audiencias de la Justicia Correccional, a los que les dio la espalda en todo momento, y para evitar que la retrataran y la filmaran se cubrió el rostro con la larga cabellera. Ella, la acusada, se negó a declarar al momento de ser llamada a indagatoria. Pero aclaró que declararía más adelante.

La primera audiencia del proceso por “homicidio culposo” giró en torno al relato de tres testigos. Claudio Ferreyra, esposo de la juzgada, fue el primero en comparecer. El hombre admitió ante el juez César Jiménez que su mujer, el día del hecho, optó por mentirle en un principio, al no contarle que había embestido al motociclista en avenida Quaranta, entre Zapiola y 115. Recordó que ella le dijo que no sabía cómo se había dañado el Peugeot 408 blanco.
Ferreyra ratificó que la noche anterior al choque, Santa Cruz había asistido a una “cena con ex compañeras de trabajo”.

“Le recriminé por los daños del auto, que con esfuerzo habíamos comprado hacía poco, e incluso tuvimos una discusión. Ella decía que no se había dado cuenta de cómo se habían producido los daños”, evocó.
“Me sentí mal por la discusión y le pedí a una amiga en común que fuera a estar con ella. Cómo había salido a ver adonde había impactado el auto, no quería volver, por una cuestión tonta de orgullo incluso”, reconoció.

“Al rato me llama esa amiga y me dice que había llegado la Policía a mi casa. Vuelvo y me pongo a disposición de las autoridades. Nunca escondimos el auto”, aseguró. “Los medios nos estigmatizaron, sobre todo a mi señora. También quiero decir que siempre estuvimos preocupados por resarcir a la familia de la víctima. Como aun estamos en tratativas con el seguro, hicimos un ofrecimiento, pero siempre pensando en ayudar, ese fue el sentido”, afirmó.

La oferta de compensación había estado en la jornada desde un principio, al momento de las cuestiones preliminares. Primero cuando se leyó un escrito presentado por la fiscal María Laura Álvarez en el que manifestaba que, por decisión de la familia Cabrera, rechazaba cualquier intención de juicio abreviado o “principio de oportunidad” (compensación para que se extinga la acción penal) que incluyera el pago de un monto de dinero para que no saliera el debate oral. Entonces, el juez Jiménez corrió vista a la defensa de Santa Cruz para que manifestara su postura.

Fue el abogado Paredes quien explicó que si hubo ofertas de resarcimiento económico, fue porque Santa Cruz estaba al tanto de que el seguro no iba a cubrir el hecho, porque Cabrera estaba ebrio al momento del choque y no llevaba puesto el casco protector. Dijo que su clienta sólo quería evitar que la familia de la víctima se quedara sin un peso de compensación y con lo ofertado comprendió que podía ayudar a los deudos del inspector de tránsito. En el mismo sentido se manifestó Ferreyra, quien criticó el tratamiento que dio la prensa al caso de su mujer.

Palabra del perito oficial
De acuerdo con las pericias hechas por el licenciado de la Policía Juan Carlos Vázquez, el choque se produjo porque la acusada no guardó la distancia con respecto a la moto de Cabrera, iba con más velocidad de la permitida en esa zona (Quaranta y 115) y manejaba alcoholizada.  Detalló que el auto iba de Este a Oeste, detrás de la moto de 110cc, y que por el impacto, terminó con daños en el sector medio de la parte delantera.

Vázquez ratificó en el debate oral lo que asentó en el informe hecho durante la instrucción. Cuando le preguntaron si se podía determinar si Cabrera no llevaba el casco al momento del impacto, reconoció que no. Finalmente, fue el turno de Rubén Rodríguez Dos Santos, perito de parte, quien en gran parte de su exposición adhirió a las conclusiones de Vázquez. El debate continuará el martes 20, con la declaración de otros tres testigos.

Misiones On Line

Judiciales

Muerte en edificio posadeño: detenido negó haber lanzado al vacío a la víctima

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El expediente que investiga la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), registrada el viernes a la madrugada tras su caída desde el tercer piso de un edificio sobre la calle Gómez Portiño de Posadas, avanzó este lunes con la indagatoria al único detenido que tiene la causa, Marcos Andrés Á. (27), quien negó la acusación por homicidio que pesa en su contra y planteó la posibilidad de que la víctima se haya suicidado luego de la pelea mantenida en el departamento.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó esta mañana, una vez que el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas por subrogancia legal, recibiera el sumario del caso y el informe de autopsia, examen que concluyó que la muerte de Ojeda fue consecuencia de un “politraumatismo craneal”, lesión compatible con el impacto del cuerpo contra el suelo.

La declaración del implicado se dio una vez formalizada la designación de Víctor Luciano Gómez como abogado defensor particular y su testimonio se extendió durante más de dos horas.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, ante el juez Verón y ante la fiscal Amalia Spinatto -conectada por Zoom-, Marcos brindó un pormenorizado relato de los sucesos ocurridos antes, durante y después del hecho que se investiga.

El detenido fue encontrado malherido y ensangrentado a cinco cuadras del lugar.

Bar, pelea y muerte

En ese marco, señaló que jueves a la noche asistió junto a Ojeda a un bar pub del microcentro posadeño, donde permaneció hasta las 2 del viernes, cuando decidieron regresar al departamento en el que convivían hace varios meses, dado que la víctima vino desde Esquina, Corrientes, para buscar trabajo y asentarse en Posadas.

Junto a ellos estuvo unos minutos un tercer joven que después dejó el inmueble y allí se desató el conflicto entre los involucrados, quienes mantenían una relación de confianza debido a que Marcos es ahijado del padre de Ojeda.

En su indagatoria, el detenido aseguró que en determinado momento decidió acostarse y Ojeda pretendió hacerlo junto a él, pero Marcos se negó y esa situación dio inicio a un enfrentamiento.

“Yo ahí dije ‘me voy’, pero él me atacó y después agarró un cuchillo con el que me hizo un corte. Yo ahí empecé a defenderme y al intentar sacarle el cuchillo los dos nos lastimamos también”, fue parte de su declaración.

En esas circunstancias -amplió el Marcos-, Ojeda se resbaló producto de la sangre desparramada en el piso y quedó tendido en el piso, situación que él aprovechó para retirarse del departamento en busca de ayuda.

Marcelo Ojeda tenía 31 años y era oriundo de Esquina, Corrientes.

El imputado sostuvo que recién se enteró de la muerte de su “primo” una vez trasladado a la comisaría, luego de que la Policía lo encontrara malherido, ensangrentado y en shock en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del departamento ubicado en Gómez Portiño, casi Urquiza.

Ante las preguntas de las partes, el joven negó haber lanzando o empujado accidentalmente durante la pelea a la víctima por el balcón. A su entender, hipotetizó que quizás Ojeda pudo arrojarse por decisión propia.

Culminada la audiencia, el juez Verón imputó al muchacho por homicidio simple -que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión- y dispuso que continué privado de su libertad, aunque en paralelo la defensa presentó un pedido de excarcelación que ahora debe ser analizado por las partes.

Mientras tanto, el proceso continúa con la toma de testimoniales y se aguarda el resultado de las pericias científicas realizadas en la escena del hecho, principalmente en los estudios tendientes a determinar a quién corresponden las manchas de sangre detectadas en la baranda de la ventana balcón del departamento.

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Judiciales

Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE

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Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE

Un fallo judicial hizo lugar parcialmente a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo, a cargo del intendente Rodrigo “Pipo” Durán, a completar datos vinculados al servicio de transporte urbano de pasajeros.

La demanda fue presentada por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, quienes solicitaron que el municipio entregue de manera completa y gratuita información relacionada con el sistema de transporte urbano en la ciudad, respaldándose en el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de Misiones y la Ley IV N.º 58.

Según consta en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, al que accedió La Voz de Misiones, los demandantes realizaron un pedido administrativo ante la Municipalidad de Eldorado el 2 de octubre de 2025. El municipio respondió el 20 del mismo mes mediante correo electrónico, aunque Fuentes y Galeano consideraron que la información brindada era parcial.

Concretamente, los letrados solicitan que la comuna informe sobre lo ocurrido con la empresa ETCE durante el paro total del servicio de transporte en la ciudad, que se produjo sin previo aviso y paralizó completamente la movilidad de los vecinos el 1 de octubre. En ese contexto, un día después el Ejecutivo firmó con la prestataria un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, que luego fue validado por el Concejo Deliberante. Los demandantes buscan conocer los pormenores de esa decisión, según señalaron en un comunicado.

Respuesta de la Muni

La Municipalidad de Eldorado se presentó en el expediente a través de sus apoderados legales, contestó la demanda y solicitó su rechazo, negó en términos generales los hechos planteados por los demandantes, aportó documentación como prueba y dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la causa también intervino el Ministerio Público Fiscal de Misiones, que en su dictamen consideró que la acción no sería procedente, al entender que los demandantes contaban con otras vías administrativas para realizar el reclamo. El organismo participó en el proceso en su rol de defensor del patrimonio del fisco.

El fallo

Al analizar el caso, el juzgado interviniente entendió que la vía del amparo resultaba formalmente procedente y que el derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta para el control ciudadano de la gestión estatal. El fallo también señaló que los organismos públicos tienen la “obligación de facilitar el acceso a la información disponible o indicar el lugar donde puede ser consultada”.

Tras evaluar la documentación incorporada al expediente, el tribunal concluyó que el municipio respondió dentro de un plazo razonable, pero que la información entregada no cubría todos los puntos solicitados ni indicaba en dónde podía accederse a los datos faltantes.

Asimismo, la Justicia precisó además que el derecho de acceso a la información pública se “limita a la información existente en poder del Estado” y no obliga a la administración a generar documentos nuevos o elaborar informes especiales que no formen parte de sus registros.

Con ese contexto, la sentencia resolvió hacer lugar parcialmente al amparo de Fuentes y Galeano y ordenó a la Municipalidad de Eldorado que, en un plazo de diez días, entregue la información solicitada o indique de forma clara la dependencia u oficina donde se encuentre disponible para su consulta.

“Este fallo pone un límite muy claro a la opacidad del poder político. No se puede dejar a una ciudad entera sin transporte y al día siguiente reconocer una deuda de más de 1.400 millones de pesos sin que la sociedad sepa cómo se calculó, de dónde surge, qué se pagó, qué se condonó y qué expediente respalda todo eso. Si al concesionario se le termina pagando una suma que equivale a más de un millón de dólares, la ciudadanía tiene derecho a conocer hasta el último papel de esa decisión”, apuntó el abogado José Luis Fuentes tras conocerse la decisión de la Justicia misionera.

La Voz de Misiones consultó al Ejecutivo municipal sobre el fallo y una fuente señaló que la Municipalidad “respondió en su momento el pedido de información solicitado por los demandantes”. En ese sentido, indicó que, en cumplimiento de la resolución judicial, “se completará o se indicará el acceso a la documentación existente”.

Además, la misma fuente sostuvo que “desde el día uno sostuvimos que la gestión pública debe ser transparente, pero también responsable en el uso de los recursos administrativos”.

Eldorado amaneció sin colectivos y buscan declarar emergencia en transporte

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Policiales

Dos personas incendiaron autos estacionados y huyeron en moto en Posadas

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Dos personas incendiaron autos estacionados y huyeron en moto en Posadas

Dos vehículos resultaron dañados durante un incendio intencional registrado en la madrugada de este lunes en Posadas, luego de que personas aún no identificadas arrojaran un recipiente con combustible contra los autos que se encontraban estacionados frente a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en la intersección de la avenida Bustamante y la calle Portillo de la capital misionera. Según el testimonio del dueño de los autos a la Policía, un fuerte estruendo los despertó y al salir de su casa observó a dos personas que se alejaban rápidamente del lugar a bordo de una motocileta.

Al acercarse, el dueño advirtió que uno de los vehículos comenzaba a incendiarse. De acuerdo a lo que relató, los atacantes habrían arrojado una botella con combustible que impactó contra un Peugeot 208 y una Renault Kangoo, lo que provocó el inicio de las llamas y generó daños de consideración en uno de los rodados.

Tras el aviso, acudieron al lugar bomberos que lograron controlar el fuego antes de que se extendiera. Posteriormente, intervinieron en el caso efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar las circunstancias del ataque.

El propietario de los vehículos formalizó la denuncia y la Policía inició actuaciones para identificar a los responsables.

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