Provinciales
Arenero clausurado en Candelaria: “Es una persecución de la EBY”
El empresario Jorge Muniagurria, de la arenera JM, la firma clausurada por la Municipalidad de Candelaria hace varios meses, afirmó que la situación que enfrenta, y que ya judicializó, “es una persecución de la EBY (Entidad Binacional Yacyretá) en connivencia con el intendente Carlos Flores”.
El empresario sugirió que, lo sucedido con su emprendimiento en Candelaria, “se inscribe en la metodología que quiso aplicar Yacyretá con el Liceo Storni y los clubes náuticos de la orilla de El Brete”, en referencia a la avanzada de la Binacional sobre los predios costeros de Posadas, atribuida al asesor Ignacio Nacho Palacios, que en la práctica parece fungir de director ad hoc de la EBY por encomienda de Santiago Caputo.
La Aranera JM Sociedad Anónima comenzó las actividades en 2003, aunque la trayectoria de Muniagurria suma más de 40 años vinculada al río, y desde 2014 opera con la Certificación ISO 9001, acreditando calidad del servicio, peso exacto y transporte seguro.
“Yacyretá se puso en modo inmobiliaria y empezó a apretar a las areneras que operan en predios cedidos en comodato un aporte anual de 10.000 metros cúbicos del mineral”, ilustró el empresario.
“A mi me citó el ingeniero (René) Martinángeli y me dijo que había cambiado el concepto de la EBY sobre los comodatos y que iban a empezar a cobrarnos un alquiler”, contó Muniagurria, en diálogo con La Voz de Misiones, sobre la única charla que tuvo con el ex jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), reemplazado por Juan Pablo Arrechea, tras la asunción de Diego Luis Adúriz como nuevo director ejecutivo de la margen argentina.
“Yo le manifesté que soy relocalizado de la EBY. Mi actividad la desempeñaba sobre el arroyo Garupá, del lado del municipio de Garupá, en un terreno privado, y me relocalizaron del lado de Candelaria”, comentó Muniagurria.
“Yo soy relocalizado y no tengo por qué pagar ningún alquiler”, insistió y completó: “Estoy ahí, porque la suba del embalse cambió la costa, o sino seguiría del otro lado, en un terreno privado, como hice la mayor parte de mi vida”.
Ilegal
“La Municipalidad nos ha clausurado en forma ilegal”, remarcó el empresario arenero y repasó los pormenores del conflicto que mantiene con la administración del intendente Flores, que, recientemente, elevó al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia.
“El municipio aduce que no cumplimos con normas ambientales y que no cumplimos con el pago del tributo municipal”, comentó Muniagurria y afirmó: “Estos argumentos son falsos”.
“El tributo municipal pagamos vía cuenta bancaria, lo depositamos en el banco Macro. Y el certificado ambiental lo hemos presentado junto con el estudio de impacto ambiental provincial”, señaló.
“Ellos aducen que tienen una ordenanza que nos exige la presentación de un estudio de impacto ambiental municipal, pero la misma no está reglamentada”, argumentó el arenero.
“Hemos solicitado por escrito a la municipalidad para que nos informe del protocolo local del estudio ambiental que quieren y no tuvimos ninguna respuesta”, indicó.
Recordó que también recurrió por nota al subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia y que tampoco obtuvo ningún tipo de respuesta; además de que, en una consulta al Boletín Oficial de Misiones, comprobaron que la reglamentación de la ordenanza de impacto ambiental, que le exige el intendente Flores, “tampoco fue publicada nunca”.
“Esta situación nos afecta muchísimo porque no podemos trabajar, en una época donde la actividad está parada por falta de obra pública y privada”, se quejó el empresario. “Tenemos personal ahí que estamos abonando”, contó Muniagurria y agregó: “No hemos despedido a nadie, seguimos aguantando”.
Clausurada por la Municipalidad de Candelaria, la planta de acopio de la arenera no funciona desde hace varios meses.
Diezmo
En otro tramo de la charla con LVM, Muniagurria volvió a su reunión con Martinángeli y el diezmo de arena exigido a quienes tienen contratos de comodato por predios costeros.
Contó que el ex jefe del DOC, lo intimó a cumplimentar con lo exigido por la Municipalidad de Candelaria y que nunca respondió a la nota que le envió, posteriormente, adjuntándole toda la documentación que remitió al municipio.
“Le hemos adjuntado lo que pagamos y el certificado provincial con el estudio ambiental, la misma documentación que le presentamos a la municipalidad, y nunca contestó”, indicó el arenero.
“Me cuesta creer que esto sea una coacción de la EBY porque no pueden cobrarme el alquiler por mi condición de relocalizado y entonces quieren echarme”, dijo Muniagurria y comentó que, recientemente, una comitiva de inspectores de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que opera bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se presentó en el predio de la empresa en Posadas.
“Fue una inspección sorpresa, donde querían revisar si el personal que trabaja en la arenera está registrado, y por supuesto que todos están en blanco; no pudieron comprobar ninguna irregularidad y, evidentemente, la visita tiene relación con la situación en Candelaria”, afirmó.
“Yo he tomado conocimiento de que, a mis colegas de Santa Ana, la EBY le ha hecho firmar por un aporte de 10.000 metros cúbicos de arena anuales”, señaló y opinó: “Eso no corresponde, porque la EBY no es una inmobiliaria”.
-¿Cuánto es el valor del diezmo de arena exigido?, le preguntó LVM.
“Entre 65 y 70 millones de pesos”, indicó Muniagurria y concluyó: “Ningún arenero tiene condición hoy de pagar eso”.
El empresario debió retirar todo el mineral y transportarlo al corralón de la empresa en Posadas.
Cerca de las 13.30, una extensa caravana de camiones, camionetas y colectivos conducidos por productores y trabajadores yerbateros, arribó a la intersección de las rutas 101 y 12 en Puerto Iguazú.
“Estamos al frente de la caravana y son muchísimos los que vienen detrás, entre camiones cargados con los tractores, camionetas y colectivos que trasladan a productores y tareferos. Es muy larga la caravana”, confirmó a LVM Jorge Skripczuk, productor oriundo de Aristóbulo del Valle, quien decidió hacerse presente junto a un grupo de productores que viajó en colectivo.
El objetivo de la movilización a la que bautizaron “Tractorazo”, fue protestar contra la desregulación del sector, logrando mayor visibilidad ante la llegada del presidente Javier Milei, quien participará de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en el hotel Loi Suites de esa ciudad.
Se trata de quienes sostienen una de las principales economías regionales de la provincia y cuyos reclamos se remontan a los últimos tres años, cuando el DNU 70/2023, impulsado por el mandatario nacional, desreguló el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y provocó la caída del precio de la hoja verde a un valor mínimo de $70, cuando hasta ese año rondaba los $400.
De esa manera, la medida modificó el equilibrio dentro de la cadena productiva en la que conviven alrededor de 12 mil productores, con secaderos y grandes industrias que concentran la mayor capacidad de compra.
Los productores reconocen que la desregulación debilitó a los eslabones más bajos de la cadena productiva, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de los secaderos.
A las protestas en la ciudad de las Cataratas también se sumaron sindicatos y gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, ATE y CTA, como también organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.
Productores llegaron a Iguazú/ Fotos: Marcos Otaño
La diputada Arabela Soler presentó ayer en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley elaborado por pequeños productores yerbateros que propone declarar por un año la emergencia de la producción primaria y establecer un precio mínimo sostén obligatorio para la hoja verde.
La iniciativa, denominada “Ley de Emergencia para la Continuidad de la Producción Primaria Yerbatera”, contempla un régimen extraordinario para los productores que tengan hasta 50 hectáreas cultivadas con yerba mate.
El objetivo, según establece el artículo 1, es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde”.
El proyecto plantea declarar la emergencia en todo el territorio provincial durante 360 días, para los productores alcanzados por la norma. La medida busca, de acuerdo con el texto, “preservar la continuidad de las explotaciones productivas, proteger el trabajo rural, evitar el deterioro del patrimonio productivo y garantizar condiciones de sustentabilidad económica”.
La emergencia podría extenderse por otro período de 360 días, ya sea por decisión del Poder Ejecutivo provincial o de la Legislatura, a solicitud fundada de la autoridad de aplicación.
Precio
El eje central de los productores es la creación de un Precio Mínimo Sostén para la hoja verde, que tendría carácter obligatorio para quienes compren materia prima a los productores incluidos en el régimen.
El artículo 5 establece que ese valor deberá contemplar “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”, además del pago de la mano de obra según la legislación vigente y los valores establecidos para la tarefa.
También deberá incluir las obligaciones tributarias, previsionales y de seguridad social vinculadas con la actividad y “un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas”.
El precio deberá actualizarse cada 90 días como máximo, aunque la autoridad de aplicación podrá establecer períodos menores ante circunstancias excepcionales.
A su vez, el artículo 6 dispone que el precio será de “cumplimiento obligatorio” para quienes adquieran la hoja verde de los productores alcanzados. Cualquier acuerdo que establezca un valor inferior será considerado inoponible y el comprador continuará obligado a pagar la diferencia.
“Todo pacto, convenio, cláusula o modalidad contractual que establezca, directa o indirectamente, un precio inferior” al mínimo sostén no liberará al adquirente de abonar la diferencia correspondiente, señala el proyecto.
Control
La iniciativa también prevé mecanismos de fiscalización para controlar que el precio establecido sea efectivamente abonado.
La autoridad de aplicación podrá solicitar contratos, liquidaciones, comprobantes, medios de pago y registraciones contables, además de realizar inspecciones, auditorías y verificaciones sobre las operaciones.
El proyecto incluso contempla la implementación de sistemas de trazabilidad “física, documental y financiera” para las operaciones de comercialización de hoja verde.
En caso de detectar un incumplimiento, la autoridad podrá intimar al responsable a regularizar la operación y pagar al productor las diferencias adeudadas. Esto incluirá los intereses correspondientes y las cargas legales vinculadas con la operación.
Multas y sanciones
La propuesta considera infracciones, entre otras conductas, comprar hoja verde por debajo del Precio Mínimo Sostén, omitir total o parcialmente su pago, simular operaciones para evitar la aplicación de la ley u obstaculizar las tareas de fiscalización.
Las sanciones previstas van desde apercibimientos y multas hasta la suspensión de registros, autorizaciones o habilitaciones vinculadas con la actividad. También se contempla la “inhabilitación temporal para acceder a programas provinciales de promoción, asistencia, financiamiento o beneficios fiscales relacionados con la actividad yerbatera”.
Los fondos obtenidos mediante las multas, según el artículo 13, deberán destinarse exclusivamente al “fortalecimiento de las acciones de fiscalización, control, asistencia técnica, modernización administrativa y demás políticas públicas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de la presente ley”.
Quiénes quedarían incluidos
El régimen alcanzaría a personas humanas o jurídicas que desarrollen tareas de implantación, cultivo, conservación, cosecha y comercialización de hoja verde proveniente de explotaciones ubicadas en Misiones, siempre que la superficie cultivada no supere las 50 hectáreas.
Para evitar que el límite sea eludido mediante el fraccionamiento de explotaciones, el proyecto establece que se computarán las superficies de las distintas unidades productivas pertenecientes a una misma persona o a personas vinculadas económicamente.
También quedarían excluidas las explotaciones que, mediante “la división, fraccionamiento o simulación de una unidad productiva mayor”, intenten eludir el límite establecido.
El Poder Ejecutivo provincial será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar la norma dentro de los 30 días posteriores a su publicación. Además, podrá establecer convenios con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), organismos nacionales y municipios para coordinar los mecanismos de control.
La iniciativa presentada por la diputada Soler plantea así una herramienta de emergencia con vigencia transitoria, pero con un mecanismo de protección concreto para los pequeños productores ante la crisis que atraviesan por la desregulación del Inym: fijar un piso obligatorio para el valor de la hoja verde que contemple los costos de producción y permita sostener la actividad en las chacras misioneras.
Yerbateros marchan a Iguazú con carta a Milei: “No son bienvenidos”
De cara al arribo del presidente Javier Milei a Puerto Iguazú, en el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), productores, asociaciones y miembros de cooperativas yerbateras emitieron una carta dirigida al presidente y al equipo de gobierno que lo acompañaría durante esta jornada.
“Nobleza obliga, lo primero que tenemos que decirles es que no son bienvenidos a la Tierra de la Yerba Mate por una razón muy clara: sus políticas están destruyendo a esta economía regional que durante 100 años dignificó, dinamizó, generó crecimiento y desarrollo para miles de familias”, relatan los referentes del sector en las primeras líneas de la misiva.
Se trata de uno de los momentos de mayor tensión del sector, ante la caída del precio de la materia prima, el incremento de los costos de producción y los plazos de pago por parte de secaderos, por lo que apuntaron contra el libre mercado: “La falsa eficiencia del modelo de libre mercado que pregonan es evidente en cada rincón de nuestro territorio yerbatero y está multiplicando el hambre y la pobreza”.
Seguidamente, enumeraron los factores del modelo económico que impactan negativamente sobre el sector yerbatero. En principio, mencionaron la falta de competencia real por concentración de monopolios. “En mercados con alta concentración, como el yerbatero, la desregulación no generó una baja de precios por competencia. Por el contrario, facilitó que las grandes empresas aumentaran sus márgenes de ganancia a costa de los trabajadores rurales, productores primarios y también consumidores”, explicaron.
También, refirieron a la caída del consumo: “El consumo interno de yerba mate en Argentina se mantiene con una tendencia a la baja, afectado por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Las familias redujeron sus compras o cambiaron a formatos y empaques más económicos ante la suba de precios y la merma de ingresos”.
A su vez, aludieron a la destrucción de herramientas que garantizaban calidad al producto y crecimiento en el mercado, tras la desregulación del Inym y la desarticulación de áreas claves como la Técnica, Registro y Fiscalización, y la eliminación de resoluciones históricas del Instituto.
El reclamo continuó apuntando contra el aumento de la pobreza, la caída del precio de la hoja verde, la inflación y los altos costos para la producción (incluyendo subas de combustible, fertilizantes esenciales y costos operativos básicos).
“El desplome de los precios de la hoja verde por debajo de los costos de producción y la fuerte caída del volumen de cosecha tienen su correlato en cada uno de los municipios de Misiones, frenan la dinamización de la economía local y regional”, agregan sobre la crisis a nivel regional.
Y concluyen: “Tanta ruina generada por ustedes, autodefinidos como “el mejor equipo económico de la historia”, queremos decirles que tenemos claro que “no hay mal que dure 100 años” y que “a cada chancho le llega su San Martín”. Por eso, desde aquí, arraigados profundamente a la tierra colorada, con memoria y compromiso con la historia, seguimos trabajando para recuperar todas las facultades del Inym y hacer que los próximos cien años de la yerba mate sean virtuosos, sobre todo para los sectores más vulnerables”.
La misiva lleva las firmas del Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), Impulso Yerbatero y la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (ACPYN), como también de los referentes Julio Petterson, Hugo Sand, Antonio Franza, Jorge Skripczuk y Salvador Torres.
El documento es llevado en manos de quienes por estas horas se encuentran marchando en colectivo, desde diferentes localidades de la provincia, y desde Andresito en camiones y tractores por la ruta 101 rumbo a Puerto Iguazú.
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