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Pequeños Gigantes: en 2021 un juez había pedido protección para los niños

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Pequeños Gigantes2

El 30 de marzo de 2021, semanas después de la primera denuncia radicada contra el jardín Pequeños Gigantes por parte de una joven maestra jardinera, un juez de Violencia Familiar ordenó que diferentes organismos del Estado tomen “medidas de urgencia” para garantizar la protección de los niños que allí asistían, pero el lugar continuó funcionando normalmente y ahora el establecimiento fue blanco de otra severa acusación por maltrato infantil.

De acuerdo a la información recabada y a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, la primera denuncia que apuntaba contra el establecimiento por atar en sillas a niños con discapacidad durante toda la mañana, ingresó al Juzgado de Violencia Familiar Uno de Posadas, a cargo del magistrado Alfredo Cesar Olmo Herrera, que si bien consideró que la problemática excedía su competencia, libró una resolución solicitando medidas urgentes para la protección integral de los niños que asistían a Pequeños Gigantes.

En la resolución, Olmo Herrera ordenó la intervención en el caso de todos los organismos del Estado que pudieran tener competencia en la materia a fin de garantizar la seguridad, el bienestar y la preservación de los derechos de la niñez.

En esa línea, la primera medida fue correr vista del expediente al Ministerio Público Pupilar para que “tome razón de la presente” y “proceda en consecuencia”, pero además libró un oficio dirigido al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) para que también tome conocimiento de la situación.

Pero eso no fue todo. En otro punto de su dictamen, el magistrado también libró oficio al Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud para que, a través de la Dirección de Infancia, se tome intervención en el caso y se “adopten en forma urgente las medidas que correspondan” para salvaguardar a los niños que asistían a Pequeños Gigantes en el marco de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese mismo punto, se dispone que ese organismo debía “realizar tareas tendientes a brindar orientación, ayuda, incluso apoyo económico, con miras a la sustentación y fortalecimiento de los vínculos del grupo familiar en crisis, y demás medidas contempladas en la normativa, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de ley”.

El cuarto ítem de la resolución señala que se debía dar intervención a la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que se arbitren los medios necesarios para dar protección y asistencia a los niños que asistían al jardín apuntado.

Por último, Olmo Herrera dispuso que “atendiendo el alto riesgo en el que se encuentran los niños y niñas que asisten al Jardín Maternal Pequeños Gigantes,  considero pertinente dar intervención al Consejo Provincial de Discapacidad de Vicegobernación”.

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Después de disponer de todas estas medidas, el juez se inhibió y el expediente fue remitido al Juzgado de Familia Uno, al tiempo que la causa penal se instruyó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.

Respecto a la causa penal, las fuentes consultadas por LVM señalaron que se recabaron varias testimoniales a maestras de la institución, quienes negaron los hechos de violencia denunciados y el expediente avanzaría hacia el sobreseimiento de los acusados.

Sin embargo, no se descarta que a partir de los elementos surgidos de la nueva denuncia radicada recientemente, se pueda realizar un entrecruzamiento de información que permita realizar otras medidas de prueba para culminar la investigación de la primera causa.

Sin ir más lejos, tras la publicación de la última denuncia, al menos tres madres más tomaron nota del asunto en las redes sociales y recordaron otros episodios de violencia padecidos por niños que asistían al establecimiento.

“Es bastante raro que ese lugar no haya sido clausurado o intervenido porque ya el hecho del año pasado fue gravísimo, estamos hablando de chicos con diversa problemática que requieren de cuidados sumamente especiales. Este nuevo hecho demuestra que acá el Estado tiene que entrar pisando fuerte”, reflexionó una de las tantas fuentes judiciales consultadas por LVM.


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“El genocidio israelí en Palestina”, cine debate del Partido Obrero

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El Partido Obrero (PO) Misiones organiza para mañana jueves a las 18 horas, en su local de avenida Almirante Brown 3.826, la proyección de la película The Present (El Regalo), de la cineasta palestina Farah Nabulsi, una actividad que propone el debate de la situación en los territorios ocupados por Israel en Gaza y Cisjordania, y la escalada bélica que contabiliza más de 40.000 civiles palestinos asesinados.

The Present narra el viaje de Tusef, el protagonista del documental, junto a su hija, a Cisjordania para comprar un regalo de aniversario de bodas a su esposa. En la cinta, padre e hija se mueven con dificultad por calles atestadas de soldados israelíes y retenes militares, que enseguida le ayudan a comprender que la visita no será como un tranquilo paseo de compras.

The Present retrata con asombrosa lucidez la vida cotidiana de la población árabe que, diariamente, debe arreglarse para afrontar la suerte de apartheid que Israel ha instaurado en Cisjordania y el resto de los territorios palestinos ocupados.

La película de Nabulsi fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción en Vivo y en 2021 ganó el premio Bafta al Mejor Cortometraje.

A la proyección, de acceso libre y gratuito a todo público, le seguirá una charla sobre “el sionismo y el plan imperialista en Medio Oriente”, adelantaron los organizadores a LVM.

La idea, según dijeron, es que la actividad sirva para la articulación de una red de solidaridad de Misiones con el pueblo de Palestina, que motorice acciones para visibilizar “genocidio israelí contra ese pueblo que sufre la ocupación y la muerte”.


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Socios serán querellantes en denuncia del Iplyc contra el Jockey Club

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Jockey Club

El abogado Alejandro Jabornicky, jefe del bufete que patrocina al sector de socios del Jockey Club Posadas que gestionó en la Dirección de Personas Jurídicas y Registros Públicos de Misiones la impugnación de la asamblea del 30 de agosto, adelantó que sus representados se sumarán a la denuncia penal presentada esta mañana por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (Iplyc) contra la entidad hípica posadeña.

“Vamos a presentarnos en carácter de particular damnificado de todos los socios reales del Jockey club, y vamos acompañar la investigación y la búsqueda de los culpables de todo lo sucedido el fin de semana en el hipódromo del club”, señaló Jabornicky a La Voz de Misiones.

“Básicamente, el querellante es el que acompaña al fiscal en la investigación”, explicó el letrado y detalló: “Vamos a aportar las pruebas necesarias para encontrar a los responsables de todos los delitos que se cometieron durante los días que se realizó la Copa Challenger”.

“Vamos a acompañar la tarea del fiscal, para poder esclarecer los hechos, como la muerte del caballo, los juegos ilegales, las mesas de dinero sin declarar, y todas y cada una de las normas de seguridad que se vulneraron en el evento”, argumentó Jabornicky.

El abogado posadeño señaló que “justamente, lo que el Iplyc está proponiendo es que no haya este descontrol” y remarcó: “Acá se cometieron delitos por parte de la comisión directiva, los organizadores y los participantes”.

Pugna

La denuncia oficializada por el ente regulador de los juegos de azar en la provincia en contra del club hípico local, por lo ocurrido el fin de semana en el hipódromo, donde murió un caballo, un jinete resultó herido y funcionó un garito clandestino para apuestas en juegos propios de un casino, se mete de lleno en la puja por la elección de las nuevas autoridades de la institución entre “los dos bandos en pugna”, tal como ilustró a La Voz de Misiones ayer el presidente interino Víctor Martínez, que aparece en la denuncia del Iplyc de esta mañana.

El lunes, en una comunicación con LVM, Martínez había acusado a la contraparte representada por el bufete de Jabornicky, de instrumentar políticamente lo sucedido en el hipódromo durante la Copa Challenger, un evento que, según indicó, es organizado por terceros a los que el Jockey solamente les arrienda las instalaciones.

Es más, como titular del club, Martínez, contestó la disposición de Personas Jurídicas que anuló la asamblea del 30 de agosto, que eligió a Gustavo Mussi como nuevo presidente por un período de dos años, y dejó todo en manos del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, a quien el presidente interino del Jockey le pidió: “un manto de justicia”.

De hecho, el anuncio de Jabornicky y la manera en que el abogado exaltó el tema en sus redes sociales, puede interpretarse como otra vuelta de tuerca del sector de socios opositores, que se proclaman a sí mismos como “lo más granado de la institución”, en la disputa por el control del club con un oficialismo al que tachan de “corrupto”, “prebendario” y “vendido a sectores vinculados a la partidocracia y la Renovación”.

Titanic

Para los representados de Jabornicky, entre los que resuenan nombres de profesionales y empresarios locales, como Juan Marcelo Benitez VigoJorge Octavio  Duran, Juan y Ramón Barrufaldi, Pedro Adolfo Vera, Julieta Racca, el grupo de Mussi aglutina a un sector vinculado a peronistas como Juan Manuel Irrazábal, el ex diputado menemista Luis Alberto Viana, y Héctor Balero Torres, antiguo titular del IPLyC; y radicales del ex gobernador Maurice Closs, devenido en kirchnerista en su último mandato en el Senado; y el ex intendente Joaquín Losada.

De hecho, Juanchi Irrazábal, ex presidente del PJ Misiones, es socio del Jockey y participó de la asamblea impugnada por Personas Jurídicas y cuya resolución quedó en manos del ministro Pérez. Votó a Mussi, según confiaron a LVM fuentes que estuvieron en la elección.

Los asociados opositores plantean, además, que el oficialismo, representado por Martínez y su continuidad con Mussi, “ha desvirtuado la identidad del club, concediendo el uso de grandes predios del club para actividades ajenas al propósito de la institución, que nació enfocada en los deportes hípicos”, argumentó Jabornicky.

La referencia se relaciona, entre otras cosas, con el alquiler del predio donde funcionan ocho canchas de fútbol de la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep), una organización que germinó entre aficionados al fútbol a mediados de los años ’80 en el ya desaparecido Rowing Club Posadas y que en 2005 firmó el convenio con el Jockey vigente hasta hoy.

No obstante, los socios opositores no censuran la presencia de la asociación de deportistas amateur en el club, aunque observan que abonan “un canon irrisorio, no equivalente a la superficie que ocupan y las instalaciones que les ofrece el club”, y reclaman su “renegociación y actualización”.

Que la Aciadep que pague lo que tiene que pagar y se encargue de sus actividades; y que el club recupere disciplinas que se han perdido por el desquicio de quienes manejan el club, como el polo, hockey, equitación, turf”, señaló Jabornicky.

No queremos que vuelva a pasar lo que pasó el fin de semana, que se vivió un descontrol total”, apuntó el abogado y disparó: “Lo sucedido en la Copa Challenger es la punta de un iceberg gigantesco, como el del Titanic”.


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Denuncia penal y multa de $20 millones contra el Jockey Club

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Jockey Club

El Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) presentó esta mañana en la Justicia de Misiones una denuncia penal contra el Jockey Club Posadas por los hechos ocurridos el fin de semana durante la edición local de la Copa Challenger, a la vez que resolvió suspender las habilitaciones a la entidad y aplicarle una multa de $20 millones.

“Ante los hechos sucedidos durante el fin de semana en el Hipódromo General Belgrano de Posadas, el IPLyC presentó esta mañana una denuncia penal para avanzar con la investigación por maltrato animal y apuestas ilegales en el marco de carreras hípicas”, informa el instituto en su cuenta oficial de X.

Esta denuncia se radicó hoy ante el Juzgado de Instrucción N° 6 de Posadas y se abrió el Expediente 273/24 para investigar los hechos, a cargo del fiscal René Casals”, precisa el comunicado.

“Esta decisión se suma a las acciones inmediatas que tomó la institución ante estos sucesos que generaron un gran repudio de toda la sociedad, tales fueron la revocación de las habilitaciones para el desarrollo de actividades hípicas y una multa al Jockey Club por $20.000.000”, detalla la información.

“De esta manera, desde el IPLyC trabajamos para esclarecer estos sucesos que conmocionaron a toda nuestra comunidad y que demandan de acciones contundentes contra los responsables”, finaliza.


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