Posadas
Familia de las niñas misioneras muertas en Paraguay reafirman reclamo de justicia
Myriam Villalba, madre de Lilian María, y tía de María Carmen, las dos niñas misioneras asesinadas por fuerzas militares paraguayas en el norte del país el 2 de septiembre de 2020, reiteró sus acusaciones contra el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, de impedir la investigación de las muertes, y renovó las exigencias para que Paraguay permita el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense para una nueva autopsia de los cuerpos.
Villalba estuvo en Posadas este jueves acompañada por el representante legal de la familia en Paraguay, Salvador Sánchez Ocampos, quien lleva la causa por las niñas y también la defensa de Laura Villalba, hermana de Myriam y mamá de María Carmen, detenida el 23 de diciembre de 2020 cuando intentaba salir del teatro de operaciones militares, más de tres meses después del crimen de su hija y su sobrina.
“Estamos fortalecidas, gracias al acompañamiento de tantas organizaciones que nos dan fuerza, y vamos a seguir reclamando justicia para nuestras niñas”, dijo Myriam Villalba a La Voz de Misiones.
La familia vivió por 11 años en Puerto Rico, pero tras el caso dejó la chacra y se mudó a Buenos Aires, donde Myriam Villalba, su mamá y el resto de los niños y niñas, obtuvieron el estatus de “refugiados políticos”
La mujer señaló que la “única esperanza” de la familia es la justicia internacional. Villalba y sus hermanas han presentado ya el caso ante varios organismos multilaterales, como los comités de Derechos Humanos, Derechos de la Niñez, y Desapariciones Forzadas, de Naciones Unidas.
De hecho, en enero de 2021, dos jóvenes de la familia, Tania Tamara, de 19 años, y Tamara Anahí, de 14 años, testimoniaron ante el Comité del Niño y la Relatoría Especial de Ejecuciones Sumarias.
Ambas señalaron que Lilian María y María Carmen estaban con vida cuando fueron llevadas por los militares, desmintiendo así la versión oficial del gobierno paraguayo, de que ambas murieron durante el ataque de esa mañana al campamento del grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), donde visitaban a sus padres.
El destino de “Lichita”
Las jóvenes eran parte del grupo que había ido al norte paraguayo a visitar a sus familiares combatientes de la guerrilla, y alcanzaron a escapar de la refriega con las fuerzas militares junto a la hermana de Myriam y otra adolescente, Carmen Elizabeth Villalba, “Lichita”, desaparecida poco después, y cuyo caso está denunciado internacionalmente como “desaparición forzada”.
Precisamente, en febrero del año pasado, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, pidió al gobierno paraguayo agotar todas las instancias de búsqueda de la muchacha, que según testimonios fue capturada por los militares en la huida por el monte.
“Lichita” es hija de la histórica dirigente del EPP, Carmen Villalba, que cumple una condena de 18 años por el secuestro en 2001 de María Edith Bordón de Debernardi, esposa del empresario Enzo Debernardi, y otra, reciente, de 17 años, por intento de asesinato de tres policías cuando se fugó de la cárcel de mujeres en 2004.
La suerte de su hija es un misterio. Organizaciones de varios países impulsan una campaña mundial por su aparición con vida, con el hashtag #DondeEstaLichita.
El abogado Sánchez Ocampo indicó a LVM que “es mentira que el Estado paraguayo esté buscando a esta adolescente como asegura el gobierno”.
En la huida, Laura Villalba y sus sobrinas que después declararon a los organismos internacionales vagaron varios meses por los montes del Departamento de Concepción, intentando romper el cerco militar y regresar a Misiones.
Tania y Anahí lo consiguieron. Su tía fue apresada y hoy guarda reclusión en el penal de Itapúa, procesada en dos causas, por los delitos de terrorismo, asociación criminal y tentativa de homicidio; y violación de los deberes de cuidado, en el caso de la muerte de su hija en el supuesto enfrentamiento de hace un año y cinco meses en el campamento guerrillero.
Sánchez Ocampos señaló que la acusación “no tiene el más mínimo sustento probatorio”, pero que esto en Paraguay “no tiene mucha importancia, por la corrupción del sistema de justicia”, y porque en este caso en particular “la decisión es política y no jurídica”.
Salvador Sánchez Ocampos, abogado de la familia Villalba. (Fotos: Marcos Otaño)
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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