Política
Risko pide que se expulse de la Renovación a Marcelo “Turco” Rodríguez
La abogada Silvia Risko, delegada en Misiones del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), ex diputada nacional por el Frente Renovador, pidió la expulsión de la Renovación del ex presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), Marcelo Rodríguez, por el escándalo de los chats sexuales filtrados, que desembocó en su remoción del organismo.
Risko envió este lunes una carta al apoderado del Partido de la Concordia Social (PCS), Gabriel Manitto, dirigiéndose a través de este a la conducción del espacio, para hacerle llegar sus consideraciones sobre el sonado caso que se ventiló hace una semana.
En el primer párrafo, Risko expresó su “máximo repudio“ a las acciones de Rodríguez, reveladas en las conversaciones de Whatsapp filtradas en Facebook, y pidió su expulsión de la fuerza política.
“Repudiar está bien, hacer cambios de gestión corresponde, pero no es suficiente”, escribió Risko en su carta. “La respuesta también debe ser política y contundente”, afirmó.
“Acciones reprochables como las que llevó adelante Juan Marcelo Rodríguez deben tener una sanción ejemplificadora, expulsándolo de nuestro partido, no solo aceptando su renuncia al cargo institucional”, sostuvo.
“Es por ello que solicito se expulse del Partido de la Concordia Social al mencionado (Rodríguez) por considerar que ha violado el artículo 5, inciso f; artículo 9, inciso a y b, de la Carta Orgánica del partido, y se aplique el artículo 7, inciso d, de la misma”, pidió Risko.
“De esta manera quedará claro que para pertenecer a la fuerza Renovadora hay valores éticos y morales que son inviolables, que al uso y abuso de poder lo empezamos a combatir, de la mano de Rovira, desde 2003; que violar leyes, como la 26.485, de violencia de género, es tan grave como cualquier otro delito, con el agravante que enloda lo realizado hasta ahora, no solo en conquistas de derechos sino en el respeto a los mismos”, argumentó.
Charlas y multas
En la misiva de varias páginas, en que repasa su incorporación al espacio misionerista en 2003, atraída por la idea de que “se podía hacer política de manera diferente a la conocida hasta ese momento”, Risko solicitó también capacitaciones obligatorias sobre perspectiva de género en los términos establecidos en la Ley Micaela, para todos los afiliados de la Renovación.
A la par, pidió que “se arbitren las medidas a fin de sancionar pecuniariamente a todo medio de comunicación y/o comunicadores que expongan datos de las mujeres víctimas de violencia de género, violenten públicamente la integridad de las mismas, en este y en todos los casos, violando leyes y tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
“No podemos permitir que además de sufrir violencia física, económica, laboral, institucional y política, las mujeres suframos –impunemente- violencia mediática de parte de algunos medios y/o comunicadores que menoscaban nuestra integridad con total impunidad, los cuales, casi en su totalidad, reciben publicidad oficial de nuestro gobierno, el gobierno del Partido de la Concordia Social y Frente Renovador”, expresó.
Risko no es la primera mujer de la Renovación en requerir que el caso IFAI no quede en un mero intercambio de nombres en el organismo. La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno pidió una investigación judicial a fondo de lo sucedido, y que días después fue replicada por el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) en un comunicado.
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa, opinó que la Ley de Glaciares, cuestionada por ambientalistas y organizaciones sociales y vecinales patagónicas, que alertan sobre el peligro para las fuentes de agua potable de la región, es una iniciativa que “protege el medio ambiente y les da autonomía a las provincias para decidir sobre sus recursos naturales”.
Arrúa, formuló estas declaraciones a los periodistas que suelen cubrir la Subsecretaría de Prensa, por donde el legislador pasó esta mañana, curiosamente, luego de que las paredes de la Casa de Gobierno aparecieran grafiteadas con la leyenda: “Los glaciares no se venden”.
“La ley nos da un trasfondo jurídico, porque nosotros ya tenemos una batería de leyes provinciales para proteger la selva, y tener una ley nacional que haga de sustento legal nos parece muy bueno”, argumentó el legislador.
“¿Es una ley que protege el medio ambiente?”, le preguntó uno de los periodistas, a lo que Arrúa asintió y explicó: “Es una ley que protege, no tiene que ver solo con el proteccionismo, sino que les da autonomía a las provincias de tener facultades sobre sus recursos naturales”.
Escudo legal
La reforma a la Ley de Glaciares 26.639, sancionada en 2010 para protección de las reservas estratégicas de agua, fue aprobada el 12 de marzo en el Senado con los votos de los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, y del macrista Martín Goerling.
El proyecto pasó entonces a la Cámara de Diputados, donde está previsto su tratamiento en abril, luego de las audiencias públicas con más de 27.000 inscriptos para discutir el impacto ambiental de los cambios, agendadas para la última semana de marzo.
La controversia radica en que la reforma que impulsa el gobierno achica el escudo legal sobre los ambientes periglaciales para permitir inversiones mineras y de hidrocarburos en las áreas protegidas.
Asimismo, otorga a las provincias la potestad de realizar sus propios estudios técnicos para determinar si un área tiene función hídrica o no, abriendo la puerta para la explotación minera y petrolera.
La reforma apunta, específicamente, a permitir la intervención en los denominados “glaciares escombro”, que son rocas con hielo interno, argumentando que su función como reserva de agua no siempre es significativa.
Críticos y especialistas advierten sobre la pérdida del “principio precautorio”, ya que la protección deja de ser “uniforme” y pasa a depender de las decisiones políticas de los gobiernos provinciales de turno, que no siempre atienden los reclamos de las comunidades que se ven afectadas.
Efecto Dominó
Si bien, Misiones no tiene glaciares ni actividad minera de alta montaña, las organizaciones ambientalistas locales advierten que la sanción de esta ley puede generar un “efecto dominó”, donde las siguientes piezas en caer serán los bosques y los humedales.
Argumentan que si se aprueba la reforma de la Ley de Glaciares, se producirá un “debilitamiento del orden público ambiental”, ya que las leyes de presupuestos mínimos, como la que ahora está en discusión, establecen un “piso” de protección que las provincias no pueden bajar, y si el Congreso acepta que ese piso pueda perforarse para favorecer la explotación económica, se abre la puerta para que mañana se pida lo mismo con la Ley de Bosques, que es la que protege la selva misionera.
La reforma actual dice que solo se protegen glaciares con “función hídrica relevante”, lo que trasladado a la tierra colorada podría significar que, en el futuro, pueda autorizarse la deforestación de sectores de monte degradado o nativo con el argumento de que “no tienen una función ecosistémica relevante”.
Un relevamiento de las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados de la Nación reveló que la diputada nacional por Misiones, Florencia Klipauka Lewtak, de La Libertad Avanza (LLA), no pronunció ninguna palabra en el recinto durante todo 2025, período que marcó el último año de su mandato.
El dato surge de un análisis utilizado para elaborar el Índice de Calidad Legislativa que cada año mide distintos aspectos de la actividad parlamentaria.
Según el informe, Klipauka Lewtak integra el grupo de 17 diputados nacionales que no registraron intervenciones orales en las sesiones del año pasado.
Entre los representantes misioneros con menos participación se encuentra también el diputado del PRO Emmanuel Bianchetti, quien quedó registrado con una sola palabra pronunciada en 2025.
Por su parte, los diputados Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, del Frente Renovador Neo, también tuvieron intervenciones mínimas en el recinto. Vancsik emitió 25 palabras durante todo el año, mientras que Ruiz registró 24.
El contraste aparece al comparar los datos con el año anterior. En 2024, Klipauka Lewtak había pronunciado 685 palabras, Ruiz 1.580 y Vancsik 11. Mientras que Bianchetti emitió 1 palabra, manteniendo la misma cantidad por segundo año consecutivo, según los registros taquigráficos.
De acuerdo con el relevamiento, muchas de estas intervenciones mínimas no corresponden a discursos ni exposiciones en el debate parlamentario, sino a respuestas breves obligadas, como cuando un legislador debe informar el sentido de su voto porque el sistema electrónico no lo registró correctamente.
El Concejo Deliberante de Caraguatay aceptó el pedido de licencia solicitado por el intendente Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual, y en paralelo se aprobó también la designación de la concejal Norma Gularte como alcalde interina.
De profesión enfermera, Gularte fue electa concejal al ser primera candidata en una lista del Frente Renovador Neo vinculada al propio intendente Peyer y por esa razón aparecía en la línea de reemplazo, aunque en diciembre del año pasado fue uno de los tantos ediles de la provincia que firmaron su pase a La Libertad Avanza (LLA).
De esta manera, el partido del presidente Javier Milei suma su primer municipio en Misiones y tras su designación Gularte recibió las felicitaciones de varios referentes del partido violenta en la provincia como, por ejemplo, los diputados Samantha Stekler y Osvaldo Manzoni.
A la salida de la sesión extraordinaria que la ungió como jefa comunal, Gularte expresó a los medios presentes: “Estoy muy nerviosa, pido disculpas. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Necesitamos en estos días de mucha lucha, poder pensar y no decir nada que no sea conveniente, ni faltar el respeto a ningún vecino de Caraguatay”.
La flamante intendenta pidió también “respeto para las familias” de los involucrados en la denuncia con Peyer y respecto a su posición como testigo en la causa afirmó que “se trata de una mala información”.
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