El oficialismo no consiguió los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada y pidió que la sesión de este jueves del Senado pasara a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo.

El pedido para postergar el debate de la ley, fue impulsado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y se aprobó por 65 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Según la prensa acreditada en el Congreso, las versiones de la postergación del debate circulaban en los pasillos del Senado desde el mediodía, debido a las dificultades de Bullrich para reunir la mayoría necesaria para la media sanción del proyecto que elimina las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego.

Así, al oficialismo no le alcanzó con los aliados del PRO y la UCR, y el apoyo de senadores provinciales como los misioneros Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Encuentro Misionero), y debió resignarse a postergar el tratamiento de un tema que desvela a la Casa Rosada y que la oposición considera una “ley de extranjerización de la tierra”.

La ley vigente no prohíbe la adquisición de tierras rurales a extranjeros, pero establece un límite del 15 % sobre el total de la superficie rural del país, que el gobierno de Milei pretende ahora eliminar, habilitando la concentración de territorios considerados estratégicos en manos de particulares y empresas foráneas.

El paquete del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica también el régimen de expropiaciones, al restringir el concepto de “utilidad pública” y aumentar el monto de las indemnizaciones.

La reforma habilita, además, los desalojos exprés al permitir que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin esperar una sentencia judicial definitiva, como es hasta ahora; y modifica también la Ley de Manejo del Fuego, barriendo las restricciones para cambiar el destino de las tierras incendiadas para facilitar la especulación inmobiliaria.

Entrega

Si bien, desde el gobierno misionero no se hizo pública ninguna postura sobre el proyecto, la Red de Mujeres del Movimiento Por lo que Viene, que impulsa la reelección del gobernador Hugo Passalacqua, dio a conocer el martes un pronunciamiento titulado “Ante el Senado de la Nación en defensa del patrimonio territorial de Misiones”, de cara a la sesión de hoy por el proyecto de la Casa Rosada.

En el documento, el espacio passalacquista capitaneado por la esposa del mandatario, Viviana Rovira, solicitó a los tres senadores nacionales por Misiones que voten en contra de la iniciativa, al considerar que pone en riesgo el patrimonio territorial de la provincia.

“Ese proyecto no es una ley de propiedad. Es una ley de entrega”, sostiene el comunicado.

Misiones, segunda

Según el Observatorio de Tierras, desarrollado por investigadores del CONICET y la UBA, hoy los capitales extranjeros poseen alrededor del 5 % —unas 13 millones de hectáreas, una superficie similar a la provincia de Santa Fe o a toda Inglaterra—, por lo que la normativa actual todavía les permitiría adquirir cerca de 26 millones de hectáreas más.

Un ranking del organismo, basado en datos del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), muestra que Misiones ocupa el segundo lugar del ranking de provincias con mayor concentración extranjera de su territorio.

La tierra colorada registra el 11,07% de extranjerización de sus tierras rurales, mayormente de la corporación internacional Arauco, que concentra unas 234.000 hectáreas, cerca del 10% del total de la superficie provincial en manos foráneas.

Salta lidera la tabla, con un 11,56% de su territorio rural en manos de extranjeros. En tercer lugar, se ubica San Juan, con el 10,36% a 10,48%; cuarto, aparece Catamarca, con un 8,64% y en el quinto puesto, Santa Cruz, con el 8,11%.

Aunque técnicamente ninguna provincia supera de manera global el límite legal del 15% establecido por la Ley de Tierras vigente, el mapa interactivo del CONICET y la UBA expone que 36 departamentos o distritos locales sí violan ese tope, superando ampliamente los límites permitidos.

Los casos más críticos en el país, donde la extranjerización supera el 50% de la tierra del departamento, son Lácar, en Neuquén, con un 54,17% de sus tierras rurales en manos extranjeras, especialmente en áreas turísticas y cordilleranas como San Martín de los Andes; General Lamadrid, en La Rioja, con más del 50% de su territorio rural bajo dominio extranjero; Molinos y San Carlos, en Salta, que registran entre el 58% y el 60% de propiedad extranjera; e Iglesia, en San Juan, donde uno de cuada cuatro campos es propiedad de extranjeros.

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Con 37 presentes y 35 ausentes, el oficialismo logró habilitar la sesión para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que propone eliminar las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Desde el inicio de la sesión, se pudo observar la presencia en el recinto de los misioneros Martín Goerling (PRO), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Encuentro Misionero).

Uno de los puntos centrales del proyecto en cuestión es la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

De esta manera, se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

Desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si “el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria”.

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeuden el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después. 

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

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La Red de Mujeres, integrada por dirigentes del Movimiento por lo que Viene, dio a conocer este martes un pronunciamiento titulado “Ante el Senado de la Nación en defensa del patrimonio territorial de Misiones”, de cara a la sesión del Senado prevista para el jueves, en la que se debatirá el proyecto denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

En el documento, el espacio passalacquista capitaneado por Viviana Rovira, solicita públicamente a los tres senadores nacionales por Misiones que voten en contra de la iniciativa, al considerar que pone en riesgo el patrimonio territorial de la provincia.

“Ese proyecto no es una ley de propiedad. Es una ley de entrega”, sostiene el comunicado.

Según argumentan, la iniciativa elimina las restricciones establecidas por la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellas el límite del 15% de la superficie rural en manos extranjeras, los topes por nacionalidad y la protección de inmuebles con cuerpos de agua.

Además, cuestionan la incorporación del denominado “silencio administrativo positivo”, mecanismo por el cual, si el Estado no se expide en un plazo de 180 días, la autorización para la venta de tierras quedaría aprobada automáticamente, incluso en zonas de seguridad de frontera y en operaciones vinculadas a empresas con participación estatal extranjera.

“La soberanía territorial no puede depender de un expediente que nadie contestó”, expresa el documento.

Las integrantes de la Red de Mujeres también advierten sobre lo que consideran una irregularidad en el tratamiento parlamentario del proyecto. Señalan que el texto sufrió catorce modificaciones desde el dictamen emitido el 20 de mayo y que ninguna de esas versiones volvió a ser debatida en comisión, por lo que los cambios serían conocidos directamente en el recinto.

“Sancionar normas que afectan el patrimonio territorial de las provincias sin debate en comisión no es un defecto de procedimiento: es la anulación misma de la función deliberativa del Congreso. Eso no es legislar. Es ratificar a ciegas” afirman.

Sin dar nombres, en el pronunciamiento también se remarca la habilitación del senador por Misiones que integró la Comisión de Asuntos Constitucionales que dictaminó el proyecto, y participó de la reunión de Labor Parlamentaria que habilitó su tratamiento en el recinto. “Nadie podrá decir que no sabía. Nadie podrá decir que no estuvo”, apuntaron.

Haciendo referencia a Carlos Arce, de Encuentro Misionero, que estuvo presente el miércoles 8 de julio, como jefe de bloques del Senado donde, se acordó fecha y hora de la sesión, con el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada como tema principal.

Asimismo, La Red de Mujeres alineadas al passalacquismo sostienen que Misiones posee características estratégicas que hacen especialmente sensible cualquier modificación en el régimen de propiedad de la tierra, al recordar que el 90% de sus límites corresponden a fronteras internacionales, que sobre su territorio se encuentra parte del Acuífero Guaraní y que alberga la mayor reserva de selva del país.

“Para Misiones, la desregulación de la tierra no es una abstracción económica. Es una amenaza territorial concreta”, plantearon.

Finalmente, el documento solicita que los tres representantes misioneros en el Senado voten negativamente el proyecto y rechacen cualquier iniciativa que afecte el patrimonio territorial de la provincia.

“No pedimos abstenciones. No pedimos ausencias oportunas. Pedimos tres votos negativos, con nombre y apellido, registrados en la votación nominal”, advierten en el texto.

El pronunciamiento también convoca a la ciudadanía misionera a impulsar acciones institucionales, comunitarias y ciudadanas en defensa del patrimonio territorial de la provincia “La tierra no se defiende sola. La defiende un pueblo que sabe lo que le pertenece”, y cierra con la consigna: “La tierra misionera no está en venta. Y no se vota a ciegas”.

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