Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Provinciales
Unos 120.000 afiliados del Pami Misiones afectados por recorte de medicamentos
Los recortes en el vademécum del Pami, de medicamentos considerados “esenciales” y que hasta agosto se entregaban sin costo, afecta a unos 120.000 afiliados de Misiones, cerca del 90% del total de jubilados y pensionados del organismo previsional en la provincia.
La medida, cristalizada en la Resolución 2431/24 del organismo, entró en vigencia el 1 de septiembre y retiró del listado con cobertura del 100% unos 44 medicamentos, entre antiparasitarios, antibióticos y corticoides.
Si bien, la administración local del Pami mantiene hermetismo sobre el alcance provincial de esta nueva disposición, fuentes de la gestión de Ninfa Alvarenga, reconocieron el impacto de la medida en Misiones.
“Los jubilados de la mínima son la mayoría y muchos de los medicamentos que salieron de la lista son esenciales, se toman todos los días”, señalaron a LVM desde el área que maneja el contable Julio Peralta.
Aspirinas
La lista de medicamentos retirados del vademécum del Pami comienza con el Ácido Acetilsalicílico, el fármaco concebido en 1897 por el científico alemán Félix Hoffmann y que el mundo conoce como “Aspirina”.
Lo siguen el Aciclovir, un antiviral que se usa en el tratamiento de infecciones producidas por el virus de la varicela y del herpes; Carbonato y Citrato de Calcio, utilizados para tratar problemas óseos; antibióticos, como la Ciprofloxacina, Claritromicina, Clindamicina, Doxiciclina, Fluconazol; antidepresivos, como Fluoxetina; Liotironina, para el hipotiroidismo; fármacos para el dolor, como Metadona y Morfina; y Metotrexato, para la artritis reumatoidea, entre muchos otros, todos con precios de mercado que van desde los $7.000 a $100.000.
Los recortes en la provisión de medicamentos gratuitos ya venían denunciándose desde el Sindicato Único de Trabajadores del Pami (Sutepa), que además alertaba sobre la eliminación de prestaciones y beneficios.
En el Pami Misiones, la administración de Alvarenga le agregó los despidos de personal en la sede Posadas y varias de las delegaciones del organismo en el interior de la provincia, como San Vicente, Iguazú y Eldorado.
Según las fuentes del organismo, en la tierra colorada, muchos de los 120.000 jubilados del Pami que perciben la mínima provienen de pensiones no contributivas, como los retiros por invalidez o accidentes laborales, que una vez alcanzadas la edad de jubilación pasan automáticamente a la órbita del organismo.
Provinciales
Despiden a al menos 12 trabajadores de limpieza del Samic de Oberá
Al menos una docena de trabajadores de limpieza del Samic de Oberá recibieron una notificación de despido sin causa el último viernes por la noche por parte de la empresa Servicios del Litoral SRL. Los despedidos se manifiestan frente al nosocomio pidiendo explicaciones y su reincorporación.
“Entre 12 y 15 trabajadores recibieron una comunicación que se quedarían sin trabajo. Esto fue el viernes por la noche, no había a quién consultar, ni preguntar. No conocen los motivos”, explicó Leandro Sánchez, referente de la CTA obereña, en diálogo con La Voz de Misiones.
Sánchez detalló que la empresa tercerizada de limpieza habría cesanteado al 25% de los trabajadores del hospital y, según trascendidos, planean echar la misma cantidad en los próximos días. “Sería el 50% del personal. La verdad que es muy difícil la situación, porque los que quedan trabajando van a tener que hacer el doble, o ¿cómo se va a cumplir los puestos faltantes?”, cuestionó.
Seguidamente, el referente de la CTA señaló que la compañía no especificó a los empleados el motivo de despido: “En algunos casos recibieron la comunicación oficial de la empresa, que quedaban sin trabajo. En otros casos, recibieron foto por Whatsapp, que no es válido. Recién hoy, por medio de la encargada de la empresa, Marina González, se enteraron de que es por una reducción de personal”.
Ante los despidos sin causa, los empleados acudieron esta mañana al Samic para reclamar por su reincorporación y serán recibidos por la directora del ente de salud, Miriam Ramonda.
“La verdad es que es todo muy confuso, la única certeza es que algunos trabajadores han recibido una comunicación que no pertenecerían más a la empresa. Son trabajadores en blanco y el despido fue irregular“, enfatizó Sánchez a LVM.
Provinciales
Desregulación yerbatera: la Afip ya no exigirá hoja de ruta
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) derogó por decreto exigencias en la cadena de comercialización de la yerba mate con el fin de “mejorar y simplificar los trámites y agilizar los procesos”, según se desprende de la resolución 555/2024 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación.
En primer lugar, la medida eliminó la obligación de emitir la “Hoja de ruta yerbatera”, un comprobante que era necesario para el transporte y la industrialización de la yerba mate.
Seguidamente, la resolución también deja sin efecto la obligación de los molinos, secaderos y depósitos de yerba de registrar los ingresos, egresos y existencias del producto en el libro de “Movimientos y Existencias”.
De esta manera, el gobierno continúa con la desregulación del sector y deja sin efecto estas dos normativas que estaban vigentes desde 1998, las cuales exigían documentos para el traslado y la industrialización del cultivo con el objetivo de evitar evasión e informalidad en la cadena de comercialización de la yerba mate.
Asimismo, la Afip, conducida por Florencia Lucila Misrahi, informó que se encuentra “abocado a la revisión de los diferentes registros, comprobantes, obligaciones y regímenes de información implementados que pudieran obstaculizar la agilización de los procesos, interferir en el comercio o incrementar los costos”.
Foto: Agencia Tierra Viva
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