Provinciales
Abogados piden a la Justicia que investigue lo sucedido en el IFAI
El Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) repudió lo sucedido recientemente en el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI), y pidió que la Justicia provincial investigue de oficio los hechos expuestos en los chats filtrados del entonces titular del organismo, Marcelo “Turco” Rodríguez, que lo ubican intercambiando contratos laborales por favores sexuales con un número indeterminado de mujeres.
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, expresa su más enérgico repudio y consternación frente a los hechos que de público conocimiento se han ventilado en el ámbito de la Administración Pública Provincial”, dice el encabezado del comunicado difundido este viernes por la organización de letrados misioneros.
En el pronunciamiento, que llamativamente no menciona de forma explícita al IFAI ni a Rodríguez, el Cademis pide “una investigación integral que esclarezca los hechos ocurridos y los responsables”.
“Exhortamos al Poder Judicial de la Provincia de Misiones, que investigue de oficio todos y cada uno de los posibles delitos cometidos en referencia al caso”, señalan los abogados misioneros.
El comunicado advierte que, de ser ciertos, los hechos expuestos en los mensajes filtrados “demuestran la constante cosificación de la mujer y el menoscabo de su dignidad en situaciones de evidente abuso de poder y de utilización del erario público para su comisión, que requieren desde la órbita judicial y administrativa una activa investigación para su esclarecimiento”.
Posibles delitos
“Por lo que uno conoce por los medios, habría más de un delito configurado”, señaló el doctor Fernando Orbe, presidente del Cademis, consultado por La Voz de Misiones.
Según el letrado, el ex titular del IFAI podría ser procesado por los delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“La utilización de recursos del Estado para la contratación de gente con finalidades que no tienen que ver con el objeto de la institución, se encuadra en la figura de la malversación de fondos públicos; también tenemos lo relacionado con el abuso de autoridad, por aprovechar de su posición para obtener favores, y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”, explicó Orbe.
El presidente del Cademis indicó que la Justicia está plenamente facultada para investigar de oficio, y que “tiene la obligación de hacerlo”.
“Los fiscales tienen la obligación de investigar ante la sospecha de un delito; tienen la obligación de investigar cuando trasciende información sobre un acto delictivo, sea de la manera que sea, por las redes o de forma anónima”, afirmó.
Orbe cree que una investigación judicial entraña, además, una obligación moral, independientemente de si hubo delito o no, porque “estamos ante una situación que mancilla una institución pública y a muchas personas vinculadas a ella”.
“Si hubo delitos hay que llegar a una condena investigando con todas las garantías del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa. Y si no se cometieron es importante también para reparar el honor de las personas y de la institución”, argumentó Orbe.
Instalaciones
El último en sugerir una investigación judicial de lo que exponen los chats filtrados de Rodríguez, fue precisamente quien lo reemplazó en el IFAI en la mañana misma del escándalo, el ex diputado provincial Roque Gervasoni, que el jueves hizo pública una carta donde advierte que “por única vez” iba a referirse a los hechos que desembocaron en su nombramiento en el organismo.
“En principio condeno y rechazo las prácticas de acoso laboral; condeno y rechazo el uso de los recursos del Estado con el fin de obtener favores sexuales; condeno y rechazo cualquier acto de violencia en cualquiera de sus formas contra la mujer”, escribió Gervasoni en su cuenta de Facebook.
El ex legislador se pronunció sobre el tratamiento que los medios hicieron de la noticia, cargando contra lo que denominó “generalización periodística”, y “banalización de la función pública”. “No podes meter a todos en la misma bolsa”, afirmó.
“Han instalado la idea de que en el IFAI no se trabaja, encontré un equipo de compañeras y compañeros de gran valía, que trabajan en los 77 municipios y no en oficinas justamente, haciendo territorio, donde están las necesidades reales; quieren instalar que la administración pública es un Jolgorio o un Prostíbulo”, escribió.
“No voy a permitir que instalen que todos los funcionarios somos iguales, que cada uno se haga cargo de su error; delito, promiscuidad, etc., etc.; yo, Roque Gervasoni, no soy igual y sé que somos muchos los que protegemos y respetamos a nuestras compañeras trabajadoras; no es lo mismo Juan que Pedro”, continuó.
“Seguramente la justicia deberá echar luz a todo esto y se pondrán los nombres que correspondan”, indicó.
La semana pasada, la diputada provincial Anazul Centeno había pedido también una investigación judicial de los sucedido, prácticamente en los mismos términos que Gervasoni, y con el foco puesto en el respeto a la perspectiva de género y los derechos vulnerados.
Durante la madrugada de hoy intensificaron las tareas de asistencia y prevención en varias localidades costeras por la crecida del río Uruguay, que superó los niveles de alerta en varios puntos, siendo El Soberbio y San Javier las más comprometidas con activación de evacuaciones preventivas.
De esta manera, desde muy temprano y bajo temperaturas de un dígito, efectivos de la Unidad Regional VIII de El Soberbio, en conjunto con el Comando Radioeléctrico local, colaboraron en la evacuación de familias afectadas por el aumento del caudal del río Uruguay.
Puntualmente en el barrio Unión, dos familias compuestas por tres adultos y seis menores fueron trasladadas al polideportivo municipal, mientras que otras dos familias, conformadas por tres adultos y dos menores, se autoevacuaron hacia domicilios de allegados. Asimismo, en el barrio Maracaná, una familia de cuatro integrantes también se reubicó por sus propios medios.
En esa localidad la municipalidad activó el comité de crisis ayer domingo en horas de la tarde, luego de que el nivel del río alcanzara los 10,40 metros de altura, con tendencia ascendente de 30 centímetros por hora.
Mientras que, en la mañana de hoy, según el último relevamiento realizado a las 06:05, la altura del río alcanzó los 13,20 metros, con una velocidad de crecimiento de 20 centímetros por hora, superando la cota de evacuación establecida en 13 metros.
En tanto, en San Javier, la Unidad Regional VI trabajó en articulación con Prefectura Naval Argentina y el comité de crisis local.
El relevamiento efectuado a las 06:30 indica que el río Uruguay se encontraba en 8,32 metros, aumentando a un ritmo de 16 centímetros por hora, superando la cota de alerta (8,00 m) y acercándose al umbral de evacuación (10,00 m).
La crecida del río compromete los cauces de arroyos que atraviesan caminos
Cierre de pasos fronterizos
Luego de que el río superara la altura de 8 metros, alcanzado el nivel de 13,20 metros en El Soberbio y 8,32 metros en San Javier -con tendencia creciente- la Prefectura Naval Argentina (PNA) resolvió cerrar los pasos fronterizos fluviales que conectan a la provincia de Misiones con localidades ribereñas de Brasil.
De esta manera, el servicio de balsas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso en los pasos El Soberbio-Porto Soberbo, Alba Posse-Porto Mauá y San Javier-Porto Xavier.
La crecida es resultado de las constantes precipitaciones registradas en la región y a la apertura de compuertas en la represa de Chapecó, por lo que en las localidades ribereñas la Policía de Misiones continúa desplegando patrullajes preventivos, monitoreo constante de zonas vulnerables y asistencia a las familias afectadas, en coordinación con autoridades municipales, sanitarias y de emergencia.
El gobernador Hugo Passalacqua anunció este viernes la extensión hasta septiembre de todos los programas Ahora, herramienta que busca impulsar el comercio y dinamizar la economía local con reintegros y cuotas sin interés.
Según señaló el mandatario provincial, los diferentes programas fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre, gracias a un nuevo acuerdo rubricado por el gobierno provincial junto a entidades bancarias y empresas privadas que forman parte de la iniciativa.
De esta manera, los programas Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes, Construcción, Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos y el último en ser implementado, Góndola Bernardo de Irigoyen, continuarán vigentes durante tres meses más.
Para conocer las características de cada plan, como así también sus bases y condiciones para ser parte de ellas, los interesados pueden ingresar a la web oficial.
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A raíz de las movilizaciones de la comunidad de Santo Pipó para exigir medidas de seguridad en la ruta nacional 12, a la altura del arroyo Apepú, donde un siniestro vial se cobró la vida de tres personas, entre ellas un niño de 4 años, la intendenta Claudia Acuña prometió obras viales en la zona.
Durante la jornada de ayer, en una segunda caminata realizada desde la terminal vieja hasta la Municipalidad de la localidad, los vecinos fueron atendidos por la alcalde Acuña, quien escuchó sus reclamos y asumió el compromiso de ejecutar medidas que garanticen la seguridad en el barrio Apepú y su conexión con la arteria nacional.
Con los compromisos asumidos por el Municipio, este viernes iniciarán los trabajos para instalar iluminación en los caminos internos de la ruta nacional 12. También gestionarán la colocación de un radar y la apertura de una calle paralela a la arteria con el objetivo de ofrecer una circulación más segura en el barrio Apepú.
Por otro lado, los vecinos de Santo Pipó elaboraron una nota a Vialidad Nacional para solicitar la “construcción de colectoras, reparación y nivelación de banquinas y colocación y reposición de señalización vertical y horizontal”, precisó Emilce Correa, una joven de la localidad que impulsó la movilización.
“Tuvimos una reunión con la intendenta Acuña, los concejales, los padres de las víctimas del viernes 20 y conmigo que perdí a mi hermano también en el mismo trayecto hace 8 meses”, contó Emilce a LVM.
Y añadió: “A partir de este viernes se comienza a trabajar en esos puntos de emergencia. Aclaramos que vamos a esperar hechos, igualmente respetando y dando tiempo para que se realice”.
En tanto, por medio de la Municipalidad, pidieron a la empresa Energía Misiones la “iluminación adecuada y suficiente sobre la ruta nacional 12 en el tramo que atraviesa la localidad”.
El siniestro vial que despertó el reclamo de los vecinos santopiposeños ocurrió el pasado viernes 20 de junio, cuando un colectivo larga distancia perteneciente a la empresa Singer embistió a una moto Gilera 110 en la que circulaban Priscila Erika Venegas (22), su hijo Gael Zárate (4) y su hermana Yamila Venegas (15).
Producto del siniestro, Priscila y su pequeño de 4 años perdieron la vida en el acto, mientras que Yamila quedó gravemente herida, siendo trasladada de urgencia al Hospital Madariaga en Posadas, donde permaneció dos días internada hasta que en la tarde-noche del domingo el nosocomio comunicó su deceso.
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