El Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) está exceptuado de los alcances del DNU 366/2025, que endurece las condiciones para ingresar al país, introduce nuevas causales para la expulsión de extranjeros del territorio nacional, establece cambios en la residencia y habilita el cobro de aranceles en el sistema de salud y universidades públicas para no residentes.

“El decreto del presidente ha endurecido las condiciones en todo sentido, pero el tránsito vecinal fronterizo es la excepción”, afirmó a La Voz de Misiones el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

El DNU, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo pasado, introdujo modificaciones a la Ley de Migraciones 25.871, la Ley de Educación Superior 24.521, la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Ciudadanía 346.

“El tránsito vecinal está expresamente contemplado como una excepción”, reiteró Manfroni y adelantó que el gobierno “está a la espera de que el Congreso apruebe un régimen simplificado para la frontera, para aquellas importaciones menores”.

“Yo sé que a lo largo de toda la frontera misionera hay un tránsito permanente de personas y bienes. He visitado muchas veces Misiones”, señaló.

“En Bernardo de Irigoyen y San Antonio, hay 25 kilómetros de frontera seca, donde a veces no hay ninguna línea demarcada”, ilustró el funcionario y contó: “Yo, sin querer, me metí en Brasil; sin saber que lo había hecho”.

Manfroni, mencionó, en tal sentido, el Plan Guacurarí, del que habló la ministra Patricia Bullrich en su última visita a la provincia la semana pasada, y explicó que la idea “no es alterar la convivencia de ciudades argentinas y brasileñas hermanas”, aunque adelantó que “se está buscando reforzar la vigilancia, con cámaras, más efectivos, y control en las rutas”.

Carlos Manfroni, jefe de Gabinete de la cartera de Patricia Bullrich.

Emergencias y aranceles

“Hemos tenido en los últimos 20 años una afluencia muy grande de inmigrantes irregulares y otros que llegan solo para beneficiarse de servicios que los argentinos pagan con sus impuestos”, sentenció Manfroni.

“Esto se observa, especialmente, en aquellas provincias fronterizas, como Misiones, Chaco, Salta, Jujuy, que reciben una afluencia permanente de extranjeros de países vecinos que cruzan la frontera para utilizar nuestros servicios públicos sin pagar por ellos”, puntualizó.

Manfroni, reconoció que el decreto tiene prerrogativa solamente sobre las instituciones sanitarias y educativas nacionales, y no alcanza a hospitales públicos, escuelas y colegios provinciales, aunque destacó que “insta a las provincias a adherirse” al arancelamiento de la salud para turistas y migrantes no residentes.

“Hay convenciones internacionales y no hemos podido restringir el tema de las plazas en las escuelas primarias y secundarias”, lamentó el funcionario.

“Nosotros tenemos el derecho a exigir que aquellas personas que vienen con intenciones de instalarse para trabajar, exhiban algún tipo de contrato, oferta o propuesta, que demuestre que realmente tiene un vínculo con una empresa que lo va a contratar; O, en caso contrario, que acredite los medios para subsistir en el país, de manera que podamos suponer que no viene a mendigar, robar o vivir de planes sociales”, argumentó el jefe de Gabinete de la cartera que encabeza Bullrich.

Entre las principales reformas, Manfroni resaltó la exigencia de un seguro internacional de salud para el ingreso al país, las nuevas atribuciones de los funcionarios de Migraciones en los puestos fronterizos, y las causales incorporadas a la legislación para la deportación exprés de extranjeros.

“Se les va a pedir una declaración jurada en la que manifiesten que cuentan con una cobertura internacional de salud”, explicó Manfroni.

El funcionario aseguró que “en situaciones de emergencia, la Argentina va a seguir atendiendo a cualquier extranjero, cualquiera sea su situación migratoria, por casos como accidentes o patologías de urgencia, como puede ser una peritonitis o un derrame cerebral; pero, no para hacerse un tratamiento, cualquiera sea; consultas o enfermedades estacionales”.

“Esto es un abuso que no solo mina los recursos, sino que ocupa plazas en los hospitales que bien podrían ser para un argentino que se quedó afuera, porque todas las plazas estaban ocupadas por extranjeros”, expresó.

“A los extranjeros con residencia legal, sí se los atenderá en igualdad de condiciones con los argentinos; pero, los demás, exceptuando las emergencias, tendrán que pagar por adelantado el costo de los servicios, o exhibir un seguro que le dé cobertura internacional”, remarcó.

“No podemos seguir siendo el seguro médico gratuito para toda América Latina”, lanzó Manfroni y justificó: “Bastante mal quedó el país para que tengamos que extremar esta generosidad”.

Prohibidos y expulsados

Sobre las nuevas causales para negar el ingreso al país o decidir la expulsión, el funcionario de Seguridad destacó que el decreto presidencial incorporó figuras a la legislación migratoria.

“Si tienen antecedentes penales no pueden ingresar”, precisó Manfroni y detalló: “No consideramos solo los casos de condena firme, sino también los casos de condenas no firmes; o que el extranjero tenga un procesamiento, que esté sometido a proceso por la comisión de un hecho ilícito”.

“Los extranjeros que sean rechazados por motivos de antecedentes penales no podrán ingresar más al país, y si se trata de rechazo por otra naturaleza, la prohibición de ingreso será por cinco años”, remarcó.

Asimismo, Manfroni indicó que el decreto presidencial habilita a los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) destacados en las fronteras a decidir la suerte de quienes desean ingresar al país.

“El agente migratorio tiene facultades para evaluar las respuestas que le da el extranjero en caso de interrogarlo, y si hay una sospecha de que está mintiendo, que lo que dice no se corresponde con la realidad, tiene la posibilidad de rechazarlo”, explicó.

“La ley ha endurecido las condiciones en todo sentido, y está vigente. De hecho, ya se puede expulsar. Hace dos días se expulsó a cuatro extranjeros”, indicó.

Manfroni señaló que, más allá de las reacciones en los países vecinos, la reforma migratoria “está en línea con la voluntad del gobierno de mejorar el estándar de vida de los argentinos. Poner en primer lugar a los argentinos y a los residentes permanentes, y afianzar el equilibrio presupuestaria logrado hasta el momento”.

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