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El PRO impulsa proyecto para derogar artículos de la ley de ciberdelitos

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CFK

La diputada provincial por el PRO, Miky González Coria, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de Misiones para derogar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley XIV – Nº 16, que regula la Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos. 

La creación de dicha dependencia judicial fue impulsada por el ex gobernador y conductor político Carlos Eduardo Rovira aprobada por la legislatura con 27 votos afirmativos contra 11 negativos a finales de septiembre pasado.

A partir de ahí, fue blanco de críticas por parte del arco opositor, quienes cuestionan que algunos artículos contemplados con la ley podrían representar un riesgo para la libertad de expresión.

En palabras de González Coria, las disposiciones mencionadas “podrían vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el debido proceso”

En esa línea, también argumentó que la normativa sancionada “otorga amplias facultades al fiscal especializado en ciberdelitos, lo que podría traducirse en interpretaciones arbitrarias y persecuciones a opiniones críticas sobre funcionarios públicos o instituciones”. 

Los artículos

Recientemente, la legisladora del PRO emitió un comunicado señalando que “los artículos 5, 6 y 7 son inconstitucionales y contradictorios con el Código Penal de la Nación, al exceder las competencias provinciales en materia legislativa”.

En ese sentido, puntualizó los cuestionamientos a cada uno de los artículos mencionados, afirmando que, el artículo 5, por ejemplo, “establece agravantes para delitos de defraudación”, lo que, según la diputada, “invade competencias del Código Penal Nacional, una norma de fondo que debe prevalecer sobre legislaciones provinciales”.

En cuanto al artículo 6, refirió que: “Permite el secuestro de dispositivos electrónicos sin orden judicial previa”. En ese punto, González Coria señaló que “esta medida afecta gravemente la privacidad y podría ser utilizada para censurar las redes sociales, limitando la libertad de expresión y el control ciudadano sobre los actos gubernamentales”.

En el documento de la ley, se puede leer que: “El Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos, en cuanto la premura del caso lo requiera, queda facultado para disponer el inmediato secuestro y reserva de los dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro en virtud de que existan sospechas”.

Finalmente, la diputada afirma que el artículo 7 “autoriza al fiscal a actuar contra “noticias falsas” o “fake news” generadas mediante plataformas digitales”.

Según la normativa en cuestión, este último apartado sostiene que: “En el caso de los delitos previstos por los artículos 109 (injurias), 110 (calumnias), 211 (intimidación pública) y 212 (incitación a la violencia) del Código Penal de la Nación, cuando el medio utilizado para la realización de aquellos actos típicos sean medios electrónicos, informáticos o plataformas de inteligencia artificial generativa, para crear noticias falsas (“fake news”) sobre individuos o instituciones públicas o privadas y sean difundidas a través de medios informáticos, digitales, o cualquier otro soporte; el Fiscal de Instrucción Especializado en Ciberdelitos podrá disponer de las medidas dispuestas en el artículo 6 de la presente ley”.

Fake news

A través del mismo comunicado que detalla los argumentos de su proyecto de ley, la funcionaria provincial cuestionó “la falta de criterios claros para definir qué constituye una noticia falsa, lo que podría dar lugar a un uso discrecional de esta norma para silenciar voces opositoras y restringir el debate público”.

Finalmente, advirtió sobre “el riesgo de autocensura entre los ciudadanos, quienes podrían evitar expresarse por temor a represalias legales” y al respecto profundizó: “La ley, tal como está redactada, crea un ambiente de intimidación que pone en jaque derechos fundamentales de los misioneros”.

El texto del proyecto fue firmado por todos los diputados del bloque PRO con el objetivo de “resguardar las garantías constitucionales y el respeto por los derechos civiles en la provincia” y remitido al Poder Ejecutivo Provincial para su análisis y debate.

La Fiscalía

Desde el oficialismo, el diputado Carlos Rovira, aseguró -en los fundamentos del proyecto- que la ley sancionada a finales de septiembre busca “enfrentar los crecientes desafíos que plantea la ciberdelincuencia en un mundo altamente mediatizado por la tecnología”.

A lo que agregó: “La fiscalía creada no solo protegerá a los ciudadanos, sino que también fortalecerá la infraestructura de seguridad digital de la provincia, creando un entorno más seguro y confiable para todos”.

La normativa fue elevada a pocos meses luego de que un área de ciberdelitos internacional detectara la tenencia de 913 archivos de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi) en diferentes dispositivos portátiles del por entonces diputado, hoy expulsado, Germán Kiczka, motivo por el que permanece preso junto a su hermano Sebastián en el penal de Cerro Azul.

En ese marco, el diputado oficialista observó la medida como herramienta útil para el combate de delitos como ser: estafas digitales, robo o sustitución de identidad, trata de personas, tráfico de pornografía infantil y narcotráfico.

Juan Pablo Espeche fue propuesto para asumir en la Fiscalía de Ciberdelitos

Política

Universitarios inician paro activo por cinco días en reclamo del presupuesto

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A partir de mañana martes y hasta el sábado, docentes universitarios de las distintas sedes de la Universidad Nacional de Misiones irán a paro activo por cinco días, con asistencia a los lugares de trabajo, intervenciones en cátedras y acciones de visibilización.

La medida tendrá como objetivo volver a exponer la situación económica que atraviesa el sector, ante la falta de acuerdo salarial, la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación y la exigencia de que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

Semana de paro activo con asistencia a los lugares de trabajo del 26 al 30 de mayo”, señala la convocatoria realizada por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA) y la Conadu Histórica.

Con el mismo propósito, desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, que a nivel local se alínea con la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), convocaron a cuatro semanas de protesta y visibilización, con paro los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio en todas las universidades nacionales del país.

Al mismo tiempo, solicitaron “Que el colectivo no-docente vuelva a visibilizar de cara a la sociedad argentina, la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y la urgente necesidad de recomponer el presupuesto a través de la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario”.

De esta manera, y a pocos días de la 4º Marcha Federal Universitaria que colmó de manifestantes las calles de distintas ciudades argentinas, los docentes endurecen las medidas de fuerza ante la falta de paritarias y el freno del gobierno nacional a la ley de financiamiento universitario.

La Marcha Universitaria colmó Posadas en defensa de la educación pública

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Política

LLA Misiones busca quitar Ingresos Brutos a la navegación y producción primaria

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Ingresos Brutos

El diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Adrián Nuñez, presentó ayer en la Legislatura dos proyectos para exceptuar del pago del Impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con la navegación fluvial y la producción primaria a través de cooperativas.

Ambas iniciativas, que fueron fundamentadas por el legislador en el recinto e incorporadas al BAE, proponen la modificación de la Ley XXII Nº 35, del Código Fiscal de la Provincia de Misiones.

Navegantes

En lo referente a la navegación fluvial, el proyecto promueve la modificación del artículo 158 del Código Fiscal provincial, para exceptuar del pago de Ingresos Brutos “al transporte por agua, infraestructura portuaria, navegación y servicios complementarios”, como “el transporte fluvial y lacustre de carga; la explotación de infraestructura para el transporte marítimo; derechos de puerto; servicios para la navegación, incluidos los servicios de practicaje, pilotaje, atraque y salvamento”.

En los fundamentos, Nuñez sostuvo que la iniciativa se inscribe “en un contexto nacional de revisión del régimen jurídico aplicable a la navegación y al comercio de cabotaje” y mencionó el tratamiento en el Congreso de la Nación de una modificación del Decreto-Ley N.º 19.492/44 para permitir “la participación de buques de bandera extranjera en el transporte entre puertos argentinos”.

El legislador argumentó que “hoy, el sistema de transporte de cargas enfrenta desafíos estructurales vinculados a la eficiencia logística, los costos de distribución, la integración territorial y la competitividad de las economías regionales” y destacó “la especial relevancia de la Hidrovía Paraguay-Paraná como eje estratégico para la circulación de mercancías en el Cono Sur”.

Explicó que el proyecto de su bloque “no pretende regular la navegación, el comercio, ni la autorización de buques”, sino legislar sobre “una carga fiscal que encarece la utilización del transporte fluvial, la infraestructura portuaria y los servicios de navegación en Misiones”.

“El impacto de esta medida resulta especialmente relevante para Misiones”, sostuvo Nuñez y argumentó que “toda reducción de costos sobre el transporte por agua, la explotación de infraestructura portuaria y los servicios de navegación puede mejorar la competitividad de la producción misionera, facilitar la salida exportadora y disminuir la dependencia exclusiva del transporte terrestre”.

Productores

El segundo proyecto modifica el inciso K del artículo 158 del Código Fiscal de Misiones y exceptúa del pago de Ingresos Brutos a las actividades de producción primaria, especialmente, cuando la comercialización se realiza a través de cooperativas de productores.

En concreto, la iniciativa alcanza a la producción agropecuaria, silvicultura, forestal, la caza y la pesca, y se aplicará, exclusivamente, a la “primera comercialización” de lo producido.

“La producción primaria es uno de los pilares fundamentales de la economía misionera”, planteó el diputado de LLA y señaló que “actividades como la yerba mate, el té, la actividad forestal, la agricultura familiar y otras economías regionales configuran, no solo una fuente de empleo genuino, sino también la base productiva que sustenta el desarrollo de numerosas comunidades de la provincia”.

Argumentó que “en ese marco resulta necesario avanzar hacia un sistema tributario más claro, previsible y favorable al desarrollo productivo, evitando interpretaciones ambiguas que puedan generar cargas fiscales indebidas e incertidumbre jurídica para los productores”.

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Martín Arjol presentó proyecto para segundo plebiscito por Corpus

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Arjol

El diputado del Partido Libertario de Misiones (PLM), Martín Arjol, presentó en la sesión de ayer de la Legislatura un proyecto para la convocatoria a un segundo plebiscito por la represa de Corpus, luego del referéndum de 1996 en que la obra fue rechazada por el 88,63% de los votos emitidos.

Se trata del Expediente D-69993-26, firmado por Arjol y el diputado del bloque Algo Nuevo, Miguel Orlando Núñez, para que la Legislatura pida al Poder Ejecutivo que “arbitre los medios para la realización de un Plebiscito proponiendo la construcción de la Represa Hidroeléctrica Corpus Christi en el emplazamiento Pindo-i de dicha localidad misionera”.

El legislador libertario ingresó la iniciativa al Boletín de Asuntos Entrados (BAE) de la Cámara, junto a otro proyecto, el Expediente D70149/26, para la creación del “Régimen Provincial de Incentivo para Pequeños Aprovechamientos Hidroeléctricos, destinado a promover la inversión, desarrollo, construcción, operación y explotación de centrales hidroeléctricas de pequeña escala en Misiones”.

Herramienta

En los fundamentos del proyecto para volver a plebiscitar la construcción de Corpus, Arjol argumentó que “la situación energética de la provincia es crítica” y culpó de la problemática a EMSA y “al manejo deficiente”, “partidario” y “proselitista” de la empresa.

“El principal vector energético para la región es la energía eléctrica, como no disponemos de reservas de hidrocarburos, ni siquiera de una conexión a la red nacional de gas natural, la energía eléctrica es nuestra herramienta para el progreso”, señaló.

Comentó que la Misiones tiene un único punto de conexión al Sistema Interconectado Nacional, que viene desde Ituzaingó, con una provisión de no más de 300 MW, mientras que “la demanda energética pico es de 642 MW”, lo que “muestra la situación crítica” que enfrenta la provincia.

Cuestionó que, para hacer frente a esta situación, se estén “utilizando recursos desesperados como la instalación de generación diésel”, que es “extremadamente caro y contaminante”, y asimismo desestimó la eficacia de las plantas generadoras con paneles solares, porque “solo funcionan si el resto del sistema funciona”, ya que “ante un corte de suministro eléctrico del SIP”, estos parques “no pueden abastecer siquiera una casa, porque se desconectan automáticamente del sistema”.

“Todo esto redunda en el pésimo sistema eléctrico provincial, con cortes de energía extremamente frecuentes y desesperantemente largos en algunos puntos de la provincia”, cargó Arjol y lanzó: “Tres apagones totales sufridos en los últimos años”.

“Nuestra Provincia carece de gas natural, petróleo, energía nuclear, litio, minerales críticos, carbón, pero es inmensamente rica en recursos hídricos, y es por eso que vengo discutir la necesidad urgente de aprovechar los principales recursos energéticos que tenemos, que son los aprovechamientos hidroeléctricos de nuestros ríos a gran escala”, argumentó.

“En la provincia contamos con potencial hidroeléctrico en los ríos Paraná y Uruguay, y el principal y más estudiado está en la ciudad de Corpus, en aguas del Río Paraná”, precisó.

“El aprovechamiento Corpus, en su emplazamiento de Pindo-í es un proyecto hidroeléctrico multipropósito de 2.880 MW de potencia instalada, con un costo estimado de U$S4.100 millones, que permitirá generar el 10% de la energía de la República Argentina a un precio de U$S31/MWh, y permitirá con sus obras complementarias mejorar los sistemas de agua potable de la provincia, rutas y autopistas de calidad que potencien el turismo; un sistema de salud más completo y distribuido en la provincia y, por sobre todo, un sistema eléctrico confiable y robusto que permita un verdadero y duradero crecimiento económico para la provincia”, detalló.

Cambios

El legislador libertario señaló que “muchas cosas han cambiado” desde la anterior consulta popular por Corpus, que el rechazo ciudadano de 1996 “sirvió para estudiar otros emplazamientos para la presa, buscando lugares de menor impacto”, y que “el principal argumento” de la negativa de hace 30 años fue “el mal ejemplo que constituía Yacyretá por aquellos tiempos”.

En tal sentido, Arjol sostuvo que “la culminación de de Yacyretá, en cuyo espejo se miró la ciudadanía en 1996, ha traído un conjunto de obras de vital importancia para la región”, que “esa imagen negativa que se proyectaba sobre la obra ha desaparecido”, y “solo un ultramontano puede negar hoy los enormes beneficios que ha traído”.

Arjol señaló que, en el caso de que Corpus se construya, el impacto alcanzaría a unas 7.000 hectáreas en el lado argentino y que “muy pocas familias” misioneras se verían afectadas por la obra.

“La energía hidroeléctrica es renovable y limpia. No genera emisiones de gases de efecto invernadero”, ponderó el legislador y valoró también el impacto de la mega obra en la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Habrá muchas empresas misioneras que deberán proveer bienes y servicios, exigencia que debe estar en el pliego de condiciones, y se abrirá un circulo virtuoso de empleo que atacará unas de las mayores calamidades que nos afectan: el desempleo”, argumentó.

“Otro punto importante es que las regalías de las represas serán en su totalidad para Misiones, lo que representa una cantidad importantísima fondos que adicionalmente se incorporan al fisco provincial, y que con una adecuada articulación política podría ser destinada por ley al subsidio de la energía en suelo misionero”, destacó.

Arjol remarcó que su proyecto “se encuentra en plena consonancia con los compromisos asumidos a nivel federal en el Pacto de Mayo, suscripto entre el Estado Nacional y las provincias, cuyo punto 6 establece como principio rector la obligación de promover el aprovechamiento y desarrollo de los recursos naturales como base del crecimiento económico y la generación de riqueza”.

 

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