Política
El decretazo de Milei reabrió la grieta del mate
El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei le quitó la facultad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y metió al oro verde de Misiones y Corrientes en la discusión por el modelo económico que imperará en la Argentina los próximos cuatro años.
Mientras del otro lado del arroyo Chimiray, el gobernador Gustavo Valdés mantiene el silencio ante la decisión, Hugo Mario Passalacqua anunció que prepara una medida cautelar para combatir la liberalización del mercado en la Justicia Federal.
Es que los cambios en el articulado de la Ley 25.564 significan un giro de 180 grados en los objetivos de la entidad, que antes apuntaba a “procurar la sustentabilidad de los distintos sectores” y ahora buscará “proteger el carácter competitivo de la industria”, tal como señala el nuevo texto de la normativa.
Milei, que arrasó electoralmente en las zonas rurales de Misiones, derogó además los incisos que estipulan la creación de registros para la identificación de la producción, así como la obligación de inscribirse en ellos para todos los participantes de la cadena de negocios.
La Casa Rosada también decidió que, a partir de ahora, el Inym ya no promoverá el asociativismo entre productores primarios y cooperativas y, además, eliminó la exclusividad de los fondos del instituto, que hasta el momento no podían ser apropiados por el Tesoro Nacional, de lo cual se desprende que el Poder Ejecutivo tomará el control de la caja.
Del Inym al Imym
Tras conocerse la noticia, la reacción del oficialismo misionerista fue casi inmediata y se abroqueló en defensa de la institución surgida hace dos décadas a raíz del histórico “tractorazo” con el que los productores rurales del interior hicieron escuchar sus reclamos a todo el país.
“El decreto incluye prácticamente la extinción del Inym, le quitaron la fijación de precios, el cupo de plantado, el estampillado no sabemos quién lo va a manejar, y queremos que lo maneje la familia yerbatera y no alguien de Buenos Aires”, reclamó el gobernador Passalacqua en una reunión con colonos de Santa Rita.
De esa manera, el mandatario se alineó con lo propuesto horas antes por el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, quien anunció que, de avanzar la aplicación del decreto, impulsará la creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), “para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros, de nuestras cooperativas y de nuestros secaderos”.
Al decir que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, el conductor político del Frente Renovador se puso en pie de guerra luego del “gesto de gobernabilidad” otorgado por los diputados y senadores de Misiones, que votaron a favor de las autoridades del Congreso Nacional propuestas por La Libertad Avanza, y abrió un interrogante respecto de la actitud que tomará el bloque de Innovación Federal ante la llegada de la discusión por el DNU a ambas cámaras.
Al mismo tiempo, la noticia de los cambios también hizo ruido en el seno del sector productivo misionero, que en su mayoría optó electoralmente por las ideas de la libertad: “Hay voces encontradas; hay quienes festejan y otros que lo ven con preocupación”, analizó el dirigente agrario Cristian Klingbeil, al responder la consulta de La Voz de Misiones.
En paralelo a la propuesta de Rovira, apoyada públicamente por dirigentes del Inym, un grupo de yerbateros impulsa la creación de una comisión provincial que imite la modalidad de la Coproté, debido a que, entre otras ventajas, su composición no implica el financiamiento de una estructura.
Otro de los reparos a la conformación de la nueva entidad se fundamenta en la necesidad de no replicar las recientes disputas internas desatadas en el directorio del Inym, ahora encabezado por Jonás Peterson, a quien el presidente de la Nación deberá reemplazar antes del 13 de enero.
A toda la familia yerbatera informo que sobre la base de la ley de la yerba mate, voy a impulsar la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM) para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros…
— Carlos Rovira (@rovira_carlos) December 21, 2023
Libertad de cebar
Del otro lado de la grieta, la oposición misionera continúa compartiendo el termo, pero al parecer, cada dirigente toma el mate con su propia bombilla. A la “emoción” manifestada por el legislador provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, se le opusieron las advertencias del diputado nacional del radicalismo Martín Arjol y del senador del PRO Martín Goerling.
“Vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más”, se esperanzó Puerta, cuya familia es dueña de Yerbatera Misiones SRL, una de las más grandes del mercado.
“En los últimos años, la política le tendió una trampa a la familia yerbatera”, lanzó el líder de Activar y explicó: “Fijó un precio muy por debajo de la inflación y la realidad de mercado, lo que los obligó a producir y vender con márgenes mucho menores”.
El hijo de Ramón, el ex gobernador de Misiones, le pidió además al presidente quitar los impuestos que pesan sobre el cultivo, “así baja el precio en la góndola”, debido a que, según aseguró, “hoy en día el 40% del precio del paquete de yerba es impuestos. De cada 10 mates que te tomás, 4 se los cebás al Estado”.
Los tuits de Puerta fueron refrendados, a su vez, por la diputada nacional Florencia Klipauka, quien, luego de afirmar que “no apoyamos una desregulación del sector yerbatero”, se alineó con su jefe político y adelantó hacia dónde orientaría su voto en este tema dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.
“La industria festeja”, sentenció el productor Klingbeil, al hacerse eco de las declaraciones del diputado yerbatero, y añadió: “Pedro Puerta es un caradura; habla en nombre de toda la actividad yerbatera y debería hacerlo en nombre de la molinería”.
“Durante años se instaló que el Inym no servía, no podía fijar precios; eso fue un trabajo de desprestigio que hizo un sector de la cadena productiva y de la política”, opinó el referente agrario.
Una buena noticia y un desafío para Misiones: vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más por su yerba. pic.twitter.com/99nfUkXEYg
— Pedro Puerta (@pedropuertaok) December 21, 2023
Por otra parte, los dirigentes opositores que sí salieron a desmarcarse de la agenda de Milei fueron el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol, y el senador del PRO, Martín Goerling, quienes cuestionaron la eliminación de facultades del Inym y le pidieron al presidente que revea la medida.
“La libertad absoluta del mercado lleva a lugares que después solo se vuelve con Estado, sobran ejemplos en el mundo”, opinó Arjol en Twitter, antes de advertir a LVM que el DNU “debería pasar por el Congreso para evitar planteos de inconstitucionalidad”.
“Lo ideal hubiera sido mejorar la ley del Inym y no despojarlo de su potestad para fijar el precio de la yerba”, coincidió el senador Goerling, también en diálogo con este medio, y al igual que su colega de la cámara baja, señaló que “hay que ver si este DNU pasa la comisión bicameral del Congreso y, de ser así, se desregulará el mercado y ya no habrá marcha atrás”.
“Entiendo que no es lo que querían los productores, pero en toda la campaña me pasé diciéndole a los yerbateros que votaban a Milei que esto iba a pasar y aun así lo votaron”, recordó el legislador, que alcanzó su banca acompañando a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno libertario.
La grieta del Chimiray
El cambio en la normativa del Inym se da en medio de duras disputas políticas y judiciales entre Misiones y Corrientes, las únicas provincias yerbateras del país y que representan dos modelos de mercado distintos.
El gobierno de Oscar Herrera Ahuad se anotó importantes triunfos en los últimos laudos, que fijaron precios según lo solicitado por el sector primario, en tanto que, en la otra orilla del arroyo Chimiray, que divide a ambas provincias, Gustavo Valdés criticó la regulación de la actividad.
Es que, en su territorio, se asientan las dos principales empresas de la Argentina, que poseen la mayor parte de la producción existente en Corrientes. No obstante, debido a que el nivel de cosecha no puede cubrir la demanda, se ven obligadas a comprar hoja verde en Misiones, por lo cual intentan siempre empujar los precios hacia abajo y, para ello, encuentran en el gobierno de Valdés un vocero para sus intereses.
“No podrían hacerse acuerdos con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y el gobierno nacional es una fenomenal inversión”, había dicho Herrera Ahuad durante la campaña, en la que la Renovación se unió al frente electoral de Sergio Massa.
También antes de las Paso, Valdés lo contradijo diciendo que “somos los primeros comercializadores de yerba mate, pero tenemos un gran potencial para seguir plantando”.
“La Argentina importa un 10 o 15 por ciento de lo que consume y este año por la seca volvimos a importar”, dijo el gobernador radical en aquel entonces, y se posicionó: “No tenemos que tener regulación, sino libertad de mercado”.
Los dichos del mandatario vecino apuntaban también a la resolución 170/21 del Inym, que limitó a cinco hectáreas las nuevas plantaciones del Ilex paraguariensis, medida que es apoyada por el sector productivo y Misiones, pero rechazada por la industria y por Corrientes.
En las últimas semanas, la Justicia le dio un revés, al dejar sin efecto una medida cautelar que había conseguido el establecimiento La Cachuera, dueña de la marca Amanda. En una segunda resolución, se dejó sin efecto el recurso de amparo presentado por la misma firma para que fuera la Justicia Federal de Corrientes la que resolviera la cuestión de fondo.
En ambos casos, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó sentencias que hicieron lugar a los planteos del Inym y, de esa manera, sentó jurisprudencia para todas las demás causas contra la resolución 170, como la presentada por Las Marías, titular de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras.
Para dimensionar la problemática, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que, sin la intermediación del Inym, “no es que el productor va a imponer el precio, sino que va a ir con la yerba al industrial y éste le dirá: ‘Yo te pago 100, 90 pesos el kilo, y si querés dejalo y si no, bueno, llevátelo a otro lado’. Así los productores se verán empobrecidos a lo largo del tiempo”.
Política
Safrán confirmó adelanto financiero de Nación: “Un pago a cuenta de deudas”
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, salió al cruce de las publicaciones de medios nacionales que presentan la decisión de la Casa Rosada de auxiliar financieramente a 12 provincias, entre las que se encuentra Misiones, como un resarcimiento por el apoyo a las iniciativas legislativas del gobierno en el Congreso.
Safrán descargó la posición del Ejecutivo Provincial en una publicación en su cuenta de X, titulada “Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo”, donde señala que la provincia acepta los fondos anunciados por la Casa Rosada a cuenta de las deudas que Nación tiene con Misiones.
“A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar”, escribe el ministro de Hugo Passalacqua.
“Ante la caída de la coparticipación y la recaudación provincial —que representan una pérdida de $40.000 millones mensuales debido a la fuerte disminución de la actividad económica en el país— #Misiones ha tomado una decisión estratégica”, contextualiza Safrán.
“Aceptamos un adelanto financiero del Estado Nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, apunta.
“¿Qué nos debe Nación?”, pregunta Safrán y puntualiza: “Compromisos de Consenso Fiscal”, “Financiamiento de ANSES para la caja previsional”, y “Regalías de energía y programas de obras nacionales”.
“Este adelanto -sostiene- se cancelará en el corto plazo dentro de este año, funcionando como un puente financiero mientras seguimos gestionando y exigiendo que se destraben los fondos que legítimamente les corresponden a todos los misioneros”.
Una ganga
Además de la tierra colorada, el anticipo financiero incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Se trata de un total de $400.000 millones, distribuidos de acuerdo a la situación financiera de cada provincia y sujeto al porcentaje de coparticipación que recibe cada.
En rigor, equivale a una suerte de “préstamo”, ya que desde el equipo que trabajó en el decreto – el jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, y el mismo presidente Javier Milei-, se argumenta que la medida evita que las provincias “salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, según publica el portal LPO.
“El Ejecutivo le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, señala la noticia.
Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo
A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar:
Ante la caída de la coparticipación y la… pic.twitter.com/q0YJFuTTVy
— Adolfo Safrán (@adolfosafran) April 2, 2026
Política
Abogado de yerbateros: “Vamos por la inconstitucionalidad del DNU”
El gobernador Hugo Passalacqua recibió este miércoles a productores yerbateros que avanzan en una estrategia judicial clave: una presentación en el fuero federal para declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones que afectaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La provincia anticipó su acompañamiento institucional, en una jugada con peso político y jurídico en el actual escenario nacional.
El eje de la medida no es menor. Según confirmó el abogado que lleva adelante la causa, Federico Paldosky, serán los propios productores -a través de asociaciones- quienes impulsarán la acción judicial, mientras que el Estado provincial evalúa sumarse como respaldo. “Los actores de las acciones judiciales son los productores a través de organizaciones. Nosotros al gobierno de la provincia le hemos pedido el apoyo institucional”, explicó.
En ese marco, una de las figuras posibles es la de “amicus curiae”, que permitiría a la provincia intervenir aportando argumentos técnicos y jurídicos sin ser parte directa del litigio. “Hay distintas formas de participar apoyando la acción y también haciendo una tarea pedagógica sobre la situación”, señaló.
Antecedente provincial
El propio Passalacqua, el 29 de diciembre de 2023, instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Inym, que se vieron afectadas tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Ese antecedente marca la línea de acción que hoy la provincia vuelve a profundizar, ahora acompañando directamente la estrategia impulsada por los productores.
Una estrategia judicial en dos frentes
La presentación incluirá una acción principal y una medida cautelar. “Es una acción y un incidente, una medida cautelar”, detalló Paldosky, quien confirmó que la presentación se concretará en el fuero federal por tratarse de una impugnación contra decisiones del Poder Ejecutivo nacional.
“Es competencia federal ya que lo que se impugna es un acto del Poder Ejecutivo nacional”, precisó.
En ese sentido, aclaró un punto clave del debate público: la diferencia entre el DNU y su reglamentación. “El DNU cambia de facto la ley original del Inym sin pasar por el Congreso. Y otra cosa es el decreto reglamentario, que es una facultad del Poder Ejecutivo”, explicó.
El corazón de la demanda: inconstitucionalidad
La estrategia judicial tomará la forma de una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Recogemos el guante que planteó la Justicia y presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad”, afirmó el abogado.
La presentación no será menor en términos técnicos: contará con 128 páginas de desarrollo jurídico, a las que se suma una cautelar de más de 60 páginas, además de un amplio cuerpo probatorio. “Hay muchísimas pruebas: informes, pericias, documentación institucional, el plan estratégico yerbatero”, indicó.
Tres ejes para cuestionar el DNU 70/23
El planteo se apoya en tres grandes bloques:
Falta de motivación: “El DNU, en lo que respecta al capítulo yerbatero, no tiene fundamentos concretos”.
Desviación de poder: “Se utilizó una facultad constitucional para beneficiar intereses particulares y no el interés general”.
Cambio en la naturaleza del INYM: “El DNU transforma al instituto en un apéndice de la gran industria”.
Según explicó el letrado, esto ya tiene efectos concretos: “Hoy ni siquiera es posible fijar precios de referencia, y eso se fundamenta en el DNU y su reglamentación”.
Alcance y respaldo
La presentación se enfocará exclusivamente en el capítulo yerbatero del decreto. “No tenemos legitimación para cuestionar todo el DNU, solo los artículos vinculados a la actividad yerbatera”, aclaró.
Del encuentro también participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) e integrante de la conducción de Coninagro. Además, la medida contará con el acompañamiento de organizaciones del sector productivo a nivel nacional, como la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, la misma que su presidente, Gastón Borsini, en una reunión días atrás, le entregó al gobernador bonaerense Axel Kicillof un documento sobre la situación del sector yerbatero a partir de la desregulación .
En este escenario, la judicialización del conflicto -ahora con el acompañamiento de la provincia- se posiciona como una estrategia central para restituir herramientas regulatorias que garanticen condiciones más equitativas en una de las principales economías regionales del país.
En un contexto nacional donde la intervención del Estado es fuertemente cuestionada, el reclamo yerbatero trasciende lo sectorial y escala al plano institucional. La disputa por el precio de la hoja verde y por el rol del Estado en la regulación de la actividad ingresa así de lleno en el terreno judicial, marcando un punto de inflexión en el conflicto.
- Foto de portada gentileza Economis
Política
Hartfield anunció demanda contra Gervasoni por video fake en su contra
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital de la Renovación, Roque Gervasoni, por el resposteo en sus redes sociales de un video fake en su contra.
“Me llama la atención que un funcionario del Gobierno de Passalacqua replique videos falsos sobre mí”, dijo el ex tenista obereño, entrevistado por Radio UP, en referencia a un material viralizado esta semana, donde se acusa a Hartfield y al diputado provincial y presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, de volar a Buenos Aires desde Apóstoles en jets privados pagados por la Anses y el Inym.
“Voy a avanzar con acciones legales contra Gervasoni, que hace una semana también había dicho que yo facilito la vuelta de los genocidas”, adelantó Hartfield.
“El modus operandi de estas cuentas, que no tienen un nombre, generalmente lo que hacen es, como hay un tema que está viralizado; por ejemplo, lo de los vuelos privados; entonces tiran un tema y la inteligencia de las redes sociales lo manijea mucho porque la gente se prende”, explicó.
“Cuando fue lo del caso Espert, algunos decían que yo tenía vínculos con Fred Machado. Entonces, esa es la manera de golpear, porque son videos que se viralizan mucho”, añadió.
“Pero, a mí lo que me llama la atención es que un funcionario del gobierno de Passalacqua lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”, se quejó. “Me parece que el gobernador podría, de alguna manera, mandar una señal, educativa, de algún tipo de apercibimiento a su funcionario”, agregó.
“Yo voy a hacer acciones legales porque no es un dato menor”, lanzó el legislador obereño. “Una cosa es que un video de alguien que no sabemos quién es, y otra cosa es que un funcionario del gobierno, el señor Gervasoni, que ya había dicho hace una semana que yo facilito la vuelta de los genocidas, ahora repite esto”, distinguió Hartfield y afirmó: “Creo que amerita una denuncia penal y que él explique a la Justicia por qué dice esto”.
El ex tenista desmintió, asimismo, que desde LLA Misiones se haya amenazado de muerte al hijo del presidente del Imac, que, ayer, en otro posteo de Facebook, subió dos capturas de pantalla del usuario Lucho4x4, seudónimo de Luis Burg, a quien Gervasoni describió como “tipo violento”, que “tiene una casa de computación en San Vicente” y cuya hermana “trabaja para Martín Arjol“.
“Yo te puedo asegurar que La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso”, afirmó Hartfield.
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