Política
El decretazo de Milei reabrió la grieta del mate
El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei le quitó la facultad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y metió al oro verde de Misiones y Corrientes en la discusión por el modelo económico que imperará en la Argentina los próximos cuatro años.
Mientras del otro lado del arroyo Chimiray, el gobernador Gustavo Valdés mantiene el silencio ante la decisión, Hugo Mario Passalacqua anunció que prepara una medida cautelar para combatir la liberalización del mercado en la Justicia Federal.
Es que los cambios en el articulado de la Ley 25.564 significan un giro de 180 grados en los objetivos de la entidad, que antes apuntaba a “procurar la sustentabilidad de los distintos sectores” y ahora buscará “proteger el carácter competitivo de la industria”, tal como señala el nuevo texto de la normativa.
Milei, que arrasó electoralmente en las zonas rurales de Misiones, derogó además los incisos que estipulan la creación de registros para la identificación de la producción, así como la obligación de inscribirse en ellos para todos los participantes de la cadena de negocios.
La Casa Rosada también decidió que, a partir de ahora, el Inym ya no promoverá el asociativismo entre productores primarios y cooperativas y, además, eliminó la exclusividad de los fondos del instituto, que hasta el momento no podían ser apropiados por el Tesoro Nacional, de lo cual se desprende que el Poder Ejecutivo tomará el control de la caja.
Del Inym al Imym
Tras conocerse la noticia, la reacción del oficialismo misionerista fue casi inmediata y se abroqueló en defensa de la institución surgida hace dos décadas a raíz del histórico “tractorazo” con el que los productores rurales del interior hicieron escuchar sus reclamos a todo el país.
“El decreto incluye prácticamente la extinción del Inym, le quitaron la fijación de precios, el cupo de plantado, el estampillado no sabemos quién lo va a manejar, y queremos que lo maneje la familia yerbatera y no alguien de Buenos Aires”, reclamó el gobernador Passalacqua en una reunión con colonos de Santa Rita.
De esa manera, el mandatario se alineó con lo propuesto horas antes por el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, quien anunció que, de avanzar la aplicación del decreto, impulsará la creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), “para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros, de nuestras cooperativas y de nuestros secaderos”.
Al decir que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, el conductor político del Frente Renovador se puso en pie de guerra luego del “gesto de gobernabilidad” otorgado por los diputados y senadores de Misiones, que votaron a favor de las autoridades del Congreso Nacional propuestas por La Libertad Avanza, y abrió un interrogante respecto de la actitud que tomará el bloque de Innovación Federal ante la llegada de la discusión por el DNU a ambas cámaras.
Al mismo tiempo, la noticia de los cambios también hizo ruido en el seno del sector productivo misionero, que en su mayoría optó electoralmente por las ideas de la libertad: “Hay voces encontradas; hay quienes festejan y otros que lo ven con preocupación”, analizó el dirigente agrario Cristian Klingbeil, al responder la consulta de La Voz de Misiones.
En paralelo a la propuesta de Rovira, apoyada públicamente por dirigentes del Inym, un grupo de yerbateros impulsa la creación de una comisión provincial que imite la modalidad de la Coproté, debido a que, entre otras ventajas, su composición no implica el financiamiento de una estructura.
Otro de los reparos a la conformación de la nueva entidad se fundamenta en la necesidad de no replicar las recientes disputas internas desatadas en el directorio del Inym, ahora encabezado por Jonás Peterson, a quien el presidente de la Nación deberá reemplazar antes del 13 de enero.
A toda la familia yerbatera informo que sobre la base de la ley de la yerba mate, voy a impulsar la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM) para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros…
— Carlos Rovira (@rovira_carlos) December 21, 2023
Libertad de cebar
Del otro lado de la grieta, la oposición misionera continúa compartiendo el termo, pero al parecer, cada dirigente toma el mate con su propia bombilla. A la “emoción” manifestada por el legislador provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, se le opusieron las advertencias del diputado nacional del radicalismo Martín Arjol y del senador del PRO Martín Goerling.
“Vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más”, se esperanzó Puerta, cuya familia es dueña de Yerbatera Misiones SRL, una de las más grandes del mercado.
“En los últimos años, la política le tendió una trampa a la familia yerbatera”, lanzó el líder de Activar y explicó: “Fijó un precio muy por debajo de la inflación y la realidad de mercado, lo que los obligó a producir y vender con márgenes mucho menores”.
El hijo de Ramón, el ex gobernador de Misiones, le pidió además al presidente quitar los impuestos que pesan sobre el cultivo, “así baja el precio en la góndola”, debido a que, según aseguró, “hoy en día el 40% del precio del paquete de yerba es impuestos. De cada 10 mates que te tomás, 4 se los cebás al Estado”.
Los tuits de Puerta fueron refrendados, a su vez, por la diputada nacional Florencia Klipauka, quien, luego de afirmar que “no apoyamos una desregulación del sector yerbatero”, se alineó con su jefe político y adelantó hacia dónde orientaría su voto en este tema dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.
“La industria festeja”, sentenció el productor Klingbeil, al hacerse eco de las declaraciones del diputado yerbatero, y añadió: “Pedro Puerta es un caradura; habla en nombre de toda la actividad yerbatera y debería hacerlo en nombre de la molinería”.
“Durante años se instaló que el Inym no servía, no podía fijar precios; eso fue un trabajo de desprestigio que hizo un sector de la cadena productiva y de la política”, opinó el referente agrario.
Una buena noticia y un desafío para Misiones: vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más por su yerba. pic.twitter.com/99nfUkXEYg
— Pedro Puerta (@pedropuertaok) December 21, 2023
Por otra parte, los dirigentes opositores que sí salieron a desmarcarse de la agenda de Milei fueron el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol, y el senador del PRO, Martín Goerling, quienes cuestionaron la eliminación de facultades del Inym y le pidieron al presidente que revea la medida.
“La libertad absoluta del mercado lleva a lugares que después solo se vuelve con Estado, sobran ejemplos en el mundo”, opinó Arjol en Twitter, antes de advertir a LVM que el DNU “debería pasar por el Congreso para evitar planteos de inconstitucionalidad”.
“Lo ideal hubiera sido mejorar la ley del Inym y no despojarlo de su potestad para fijar el precio de la yerba”, coincidió el senador Goerling, también en diálogo con este medio, y al igual que su colega de la cámara baja, señaló que “hay que ver si este DNU pasa la comisión bicameral del Congreso y, de ser así, se desregulará el mercado y ya no habrá marcha atrás”.
“Entiendo que no es lo que querían los productores, pero en toda la campaña me pasé diciéndole a los yerbateros que votaban a Milei que esto iba a pasar y aun así lo votaron”, recordó el legislador, que alcanzó su banca acompañando a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno libertario.
La grieta del Chimiray
El cambio en la normativa del Inym se da en medio de duras disputas políticas y judiciales entre Misiones y Corrientes, las únicas provincias yerbateras del país y que representan dos modelos de mercado distintos.
El gobierno de Oscar Herrera Ahuad se anotó importantes triunfos en los últimos laudos, que fijaron precios según lo solicitado por el sector primario, en tanto que, en la otra orilla del arroyo Chimiray, que divide a ambas provincias, Gustavo Valdés criticó la regulación de la actividad.
Es que, en su territorio, se asientan las dos principales empresas de la Argentina, que poseen la mayor parte de la producción existente en Corrientes. No obstante, debido a que el nivel de cosecha no puede cubrir la demanda, se ven obligadas a comprar hoja verde en Misiones, por lo cual intentan siempre empujar los precios hacia abajo y, para ello, encuentran en el gobierno de Valdés un vocero para sus intereses.
“No podrían hacerse acuerdos con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y el gobierno nacional es una fenomenal inversión”, había dicho Herrera Ahuad durante la campaña, en la que la Renovación se unió al frente electoral de Sergio Massa.
También antes de las Paso, Valdés lo contradijo diciendo que “somos los primeros comercializadores de yerba mate, pero tenemos un gran potencial para seguir plantando”.
“La Argentina importa un 10 o 15 por ciento de lo que consume y este año por la seca volvimos a importar”, dijo el gobernador radical en aquel entonces, y se posicionó: “No tenemos que tener regulación, sino libertad de mercado”.
Los dichos del mandatario vecino apuntaban también a la resolución 170/21 del Inym, que limitó a cinco hectáreas las nuevas plantaciones del Ilex paraguariensis, medida que es apoyada por el sector productivo y Misiones, pero rechazada por la industria y por Corrientes.
En las últimas semanas, la Justicia le dio un revés, al dejar sin efecto una medida cautelar que había conseguido el establecimiento La Cachuera, dueña de la marca Amanda. En una segunda resolución, se dejó sin efecto el recurso de amparo presentado por la misma firma para que fuera la Justicia Federal de Corrientes la que resolviera la cuestión de fondo.
En ambos casos, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó sentencias que hicieron lugar a los planteos del Inym y, de esa manera, sentó jurisprudencia para todas las demás causas contra la resolución 170, como la presentada por Las Marías, titular de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras.
Para dimensionar la problemática, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que, sin la intermediación del Inym, “no es que el productor va a imponer el precio, sino que va a ir con la yerba al industrial y éste le dirá: ‘Yo te pago 100, 90 pesos el kilo, y si querés dejalo y si no, bueno, llevátelo a otro lado’. Así los productores se verán empobrecidos a lo largo del tiempo”.
Política
Hartfield anunció demanda contra Gervasoni por video fake en su contra
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital de la Renovación, Roque Gervasoni, por el resposteo en sus redes sociales de un video fake en su contra.
“Me llama la atención que un funcionario del Gobierno de Passalacqua replique videos falsos sobre mí”, dijo el ex tenista obereño, entrevistado por Radio UP, en referencia a un material viralizado esta semana, donde se acusa a Hartfield y al diputado provincial y presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, de volar a Buenos Aires desde Apóstoles en jets privados pagados por la Anses y el Inym.
“Voy a avanzar con acciones legales contra Gervasoni, que hace una semana también había dicho que yo facilito la vuelta de los genocidas”, adelantó Hartfield.
“El modus operandi de estas cuentas, que no tienen un nombre, generalmente lo que hacen es, como hay un tema que está viralizado; por ejemplo, lo de los vuelos privados; entonces tiran un tema y la inteligencia de las redes sociales lo manijea mucho porque la gente se prende”, explicó.
“Cuando fue lo del caso Espert, algunos decían que yo tenía vínculos con Fred Machado. Entonces, esa es la manera de golpear, porque son videos que se viralizan mucho”, añadió.
“Pero, a mí lo que me llama la atención es que un funcionario del gobierno de Passalacqua lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”, se quejó. “Me parece que el gobernador podría, de alguna manera, mandar una señal, educativa, de algún tipo de apercibimiento a su funcionario”, agregó.
“Yo voy a hacer acciones legales porque no es un dato menor”, lanzó el legislador obereño. “Una cosa es que un video de alguien que no sabemos quién es, y otra cosa es que un funcionario del gobierno, el señor Gervasoni, que ya había dicho hace una semana que yo facilito la vuelta de los genocidas, ahora repite esto”, distinguió Hartfield y afirmó: “Creo que amerita una denuncia penal y que él explique a la Justicia por qué dice esto”.
El ex tenista desmintió, asimismo, que desde LLA Misiones se haya amenazado de muerte al hijo del presidente del Imac, que, ayer, en otro posteo de Facebook, subió dos capturas de pantalla del usuario Lucho4x4, seudónimo de Luis Burg, a quien Gervasoni describió como “tipo violento”, que “tiene una casa de computación en San Vicente” y cuya hermana “trabaja para Martín Arjol“.
“Yo te puedo asegurar que La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso”, afirmó Hartfield.
Política
Wanda declararó la emergencia por consumos problemáticos
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Wanda declaró la emergencia por consumos problemáticos en el municipio, una medida que apunta a reconocer la gravedad de la situación a nivel local y a impulsar políticas públicas para su abordaje.
Durante la sesión ordinaria del último martes, los concejales aprobaron por unanimidad el proyecto presentado por la edil Silvia Lutz (La Libertad Avanza), solicitado por la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero, coordinada por Samuel Doichele, una organización que contiene y asiste, a través de un agrocamping, a personas mayores de edad que atraviesan situaciones de consumo problemático.
En sus fundamentos, la iniciativa sostiene que el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las problemáticas sociales, sanitarias y comunitarias “más complejas y urgentes”, con impacto no solo en las personas afectadas, sino también en sus familias, instituciones y en el entramado social en general.
En ese sentido, el documento advierte sobre un “incremento sostenido” de casos en la localidad, que demandan contención inmediata, acompañamiento terapéutico y dispositivos de atención integral. Además, remarca las consecuencias en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, el trabajo y la convivencia social.
El texto también pone en valor el trabajo que vienen realizando distintos actores comunitarios, como instituciones educativas, organizaciones sociales, espacios religiosos, equipos de salud y grupos de familiares, aunque señala que muchas de estas acciones se desarrollan de manera aislada y con recursos limitados.
Frente a este escenario, se plantea la necesidad de que toda intervención esté respaldada institucionalmente, con supervisión profesional y articulación con el sistema público de salud. Entre los puntos destacados, se subraya la importancia de garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas en tratamiento, así como el respeto de sus derechos y la aplicación de protocolos sanitarios adecuados.
Asimismo, la declaración establece que el abordaje de los consumos problemáticos debe ser integral, incluyendo estrategias de prevención, concientización, reducción de riesgos, tratamiento, reinserción social y acompañamiento familiar.
En esa línea, se propone fortalecer la articulación entre el municipio y distintos sectores, como instituciones educativas, centros de salud, organizaciones civiles, iglesias, áreas sociales y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo, entre otros.
El documento se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la Ley Nacional N° 26.934, que reconocen a las adicciones como una cuestión de salud pública y promueven dispositivos comunitarios con participación estatal e interdisciplinaria.
Entre los objetivos de la emergencia, se destacan la movilización de recursos municipales, provinciales y nacionales, el fortalecimiento de iniciativas comunitarias, la creación de dispositivos de atención, la implementación de campañas de prevención y la generación de espacios de contención para familiares.
Asimismo, se prevé la formalización de convenios con instituciones especializadas y el otorgamiento de asesoramiento técnico y respaldo legal a los dispositivos existentes.
Desde el Concejo señalaron que la declaración de emergencia constituye una herramienta “necesaria y urgente” para ordenar, coordinar y potenciar los esfuerzos en el territorio, con el objetivo de garantizar procesos de recuperación en condiciones dignas, seguras y acompañadas.
Finalmente, la medida posiciona a los consumos problemáticos como una prioridad en la agenda pública local y busca avanzar hacia un abordaje sostenido, comunitario y con perspectiva de derechos.
El documento lleva la firma de los concejales Mirta Noemí Berent, presidenta del HCD; Silvia Lutz; vicepresidenta del Concejo y autora del proyecto; Jorge Alberto Vier; Matías Duarte; Celita Junges; Víctor Hugo Cabrera; y de Fabiana Elizabeth Ferreyra.
Al igual que en Wanda, en el Concejo Deliberante de Puerto Iguazú recientemente se trató y se pasó a comisión un proyecto que busca declarar la emergencia por consumos problemáticos en la ciudad.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Política
Proyectan crear un observatorio de violencia escolar en Garupá
El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Garupá, Miguel Rauber, presentó este martes en sesión ordinaria un proyecto de ordenanza que propone la creación del Observatorio Municipal de Violencia Escolar, una herramienta institucional orientada a relevar, sistematizar y analizar situaciones de conflictividad en el ámbito educativo local.
La iniciativa busca generar información confiable y periódica sobre episodios de violencia escolar, con el objetivo de fortalecer políticas públicas preventivas y diseñar estrategias de intervención basadas en evidencia. Según el texto presentado, el observatorio funcionaría dentro del Concejo Deliberante y tendría carácter técnico y permanente.
Entre los principales objetivos planteados se encuentra la identificación de modalidades de violencia dentro y fuera de las escuelas, el análisis de factores de riesgo, la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos y la producción de informes semestrales y anuales de acceso público.
El proyecto define como violencia escolar a toda acción, conducta u omisión que implique agresiones físicas, psicológicas o verbales, casos de bullying y ciberbullying, discriminación por razones de género, orientación sexual, religión, discapacidad u origen social, además de violencia simbólica e institucional.
La propuesta también prevé una estructura de funcionamiento dividida en tres áreas: una comisión legislativa integrada por concejales, una unidad técnica conformada por profesionales especializados y un consejo consultivo ad honorem con participación de actores del sistema educativo y organizaciones sociales.
Uno de los puntos destacados es la intención de articular el trabajo con el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) mediante un convenio específico que permita establecer metodologías de recolección de datos, validación técnica e intercambio de información estadística.
En el texto también se subraya la necesidad de resguardar la identidad de niños, niñas y adolescentes, garantizando anonimización de datos sensibles, acceso restringido a bases de información y protocolos específicos de protección de datos personales.
La fundamentación del proyecto remarca que la violencia escolar constituye una problemática social compleja que impacta directamente en el desarrollo integral de estudiantes y en la convivencia institucional, por lo que considera necesario que el Estado municipal intervenga con herramientas propias de monitoreo y prevención.
Consenso y construcciones colectivas, el sello del HCD de Garupá para el 2026
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