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El decretazo de Milei reabrió la grieta del mate

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El decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei le quitó la facultad de fijar precios al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y metió al oro verde de Misiones y Corrientes en la discusión por el modelo económico que imperará en la Argentina los próximos cuatro años.

Mientras del otro lado del arroyo Chimiray, el gobernador Gustavo Valdés mantiene el silencio ante la decisión, Hugo Mario Passalacqua anunció que prepara una medida cautelar para combatir la liberalización del mercado en la Justicia Federal.

Es que los cambios en el articulado de la Ley 25.564 significan un giro de 180 grados en los objetivos de la entidad, que antes apuntaba a “procurar la sustentabilidad de los distintos sectores” y ahora buscará “proteger el carácter competitivo de la industria”, tal como señala el nuevo texto de la normativa.

Milei, que arrasó electoralmente en las zonas rurales de Misiones, derogó además los incisos que estipulan la creación de registros para la identificación de la producción, así como la obligación de inscribirse en ellos para todos los participantes de la cadena de negocios.

La Casa Rosada también decidió que, a partir de ahora, el Inym ya no promoverá el asociativismo entre productores primarios y cooperativas y, además, eliminó la exclusividad de los fondos del instituto, que hasta el momento no podían ser apropiados por el Tesoro Nacional, de lo cual se desprende que el Poder Ejecutivo tomará el control de la caja.

Del Inym al Imym

Tras conocerse la noticia, la reacción del oficialismo misionerista fue casi inmediata y se abroqueló en defensa de la institución surgida hace dos décadas a raíz del histórico “tractorazo” con el que los productores rurales del interior hicieron escuchar sus reclamos a todo el país.

“El decreto incluye prácticamente la extinción del Inym, le quitaron la fijación de precios, el cupo de plantado, el estampillado no sabemos quién lo va a manejar, y queremos que lo maneje la familia yerbatera y no alguien de Buenos Aires”, reclamó el gobernador Passalacqua en una reunión con colonos de Santa Rita.

De esa manera, el mandatario se alineó con lo propuesto horas antes por el diputado provincial Carlos Eduardo Rovira, quien anunció que, de avanzar la aplicación del decreto, impulsará la creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate (Imym), “para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros, de nuestras cooperativas y de nuestros secaderos”.

Al decir que “el producto madre de la tierra colorada no está en discusión y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, el conductor político del Frente Renovador se puso en pie de guerra luego del gesto de gobernabilidad otorgado por los diputados y senadores de Misiones, que votaron a favor de las autoridades del Congreso Nacional propuestas por La Libertad Avanza, y abrió un interrogante respecto de la actitud que tomará el bloque de Innovación Federal ante la llegada de la discusión por el DNU a ambas cámaras.

Al mismo tiempo, la noticia de los cambios también hizo ruido en el seno del sector productivo misionero, que en su mayoría optó electoralmente por las ideas de la libertad: “Hay voces encontradas; hay quienes festejan y otros que lo ven con preocupación”, analizó el dirigente agrario Cristian Klingbeil, al responder la consulta de La Voz de Misiones.

En paralelo a la propuesta de Rovira, apoyada públicamente por dirigentes del Inym, un grupo de yerbateros impulsa la creación de una comisión provincial que imite la modalidad de la Coproté, debido a que, entre otras ventajas, su composición no implica el financiamiento de una estructura.

Otro de los reparos a la conformación de la nueva entidad se fundamenta en la necesidad de no replicar las recientes disputas internas desatadas en el directorio del Inym, ahora encabezado por Jonás Peterson, a quien el presidente de la Nación deberá reemplazar antes del 13 de enero.

Libertad de cebar

Del otro lado de la grieta, la oposición misionera continúa compartiendo el termo, pero al parecer, cada dirigente toma el mate con su propia bombilla. A la “emoción” manifestada por el legislador provincial y empresario yerbatero, Pedro Puerta, se le opusieron las advertencias del diputado nacional del radicalismo Martín Arjol y del senador del PRO Martín Goerling.

“Vamos a ser más competitivos y el productor va a ganar más”, se esperanzó Puerta, cuya familia es dueña de Yerbatera Misiones SRL, una de las más grandes del mercado.

“En los últimos años, la política le tendió una trampa a la familia yerbatera”, lanzó el líder de Activar y explicó: “Fijó un precio muy por debajo de la inflación y la realidad de mercado, lo que los obligó a producir y vender con márgenes mucho menores”.

El hijo de Ramón, el ex gobernador de Misiones, le pidió además al presidente quitar los impuestos que pesan sobre el cultivo, “así baja el precio en la góndola”, debido a que, según aseguró, “hoy en día el 40% del precio del paquete de yerba es impuestos. De cada 10 mates que te tomás, 4 se los cebás al Estado”.

Los tuits de Puerta fueron refrendados, a su vez, por la diputada nacional Florencia Klipauka, quien, luego de afirmar que “no apoyamos una desregulación del sector yerbatero”, se alineó con su jefe político y adelantó hacia dónde orientaría su voto en este tema dentro del bloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja.

“La industria festeja”, sentenció el productor Klingbeil, al hacerse eco de las declaraciones del diputado yerbatero, y añadió: “Pedro Puerta es un caradura; habla en nombre de toda la actividad yerbatera y debería hacerlo en nombre de la molinería”.

“Durante años se instaló que el Inym no servía, no podía fijar precios; eso fue un trabajo de desprestigio que hizo un sector de la cadena productiva y de la política”, opinó el referente agrario.


Por otra parte, los dirigentes opositores que sí salieron a desmarcarse de la agenda de Milei fueron el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Arjol, y el senador del PRO, Martín Goerling, quienes cuestionaron la eliminación de facultades del Inym y le pidieron al presidente que revea la medida.

La libertad absoluta del mercado lleva a lugares que después solo se vuelve con Estado, sobran ejemplos en el mundo”, opinó Arjol en Twitter, antes de advertir a LVM que el DNU “debería pasar por el Congreso para evitar planteos de inconstitucionalidad”.

“Lo ideal hubiera sido mejorar la ley del Inym y no despojarlo de su potestad para fijar el precio de la yerba”, coincidió el senador Goerling, también en diálogo con este medio, y al igual que su colega de la cámara baja, señaló que “hay que ver si este DNU pasa la comisión bicameral del Congreso y, de ser así, se desregulará el mercado y ya no habrá marcha atrás”.

“Entiendo que no es lo que querían los productores, pero en toda la campaña me pasé diciéndole a los yerbateros que votaban a Milei que esto iba a pasar y aun así lo votaron”, recordó el legislador, que alcanzó su banca acompañando a Patricia Bullrich, ahora ministra de Seguridad del gobierno libertario.

La grieta del Chimiray

El cambio en la normativa del Inym se da en medio de duras disputas políticas y judiciales entre Misiones y Corrientes, las únicas provincias yerbateras del país y que representan dos modelos de mercado distintos.

El gobierno de Oscar Herrera Ahuad se anotó importantes triunfos en los últimos laudos, que fijaron precios según lo solicitado por el sector primario, en tanto que, en la otra orilla del arroyo Chimiray, que divide a ambas provincias, Gustavo Valdés criticó la regulación de la actividad.

Es que, en su territorio, se asientan las dos principales empresas de la Argentina, que poseen la mayor parte de la producción existente en Corrientes. No obstante, debido a que el nivel de cosecha no puede cubrir la demanda, se ven obligadas a comprar hoja verde en Misiones, por lo cual intentan siempre empujar los precios hacia abajo y, para ello, encuentran en el gobierno de Valdés un vocero para sus intereses.

“No podrían hacerse acuerdos con alguien que entiende que los recursos para los pequeños productores es un gasto. Para nosotros y el gobierno nacional es una fenomenal inversión”, había dicho Herrera Ahuad durante la campaña, en la que la Renovación se unió al frente electoral de Sergio Massa.

También antes de las Paso, Valdés lo contradijo diciendo que “somos los primeros comercializadores de yerba mate, pero tenemos un gran potencial para seguir plantando”.

“La Argentina importa un 10 o 15 por ciento de lo que consume y este año por la seca volvimos a importar”, dijo el gobernador radical en aquel entonces, y se posicionó: “No tenemos que tener regulación, sino libertad de mercado”.

Los dichos del mandatario vecino apuntaban también a la resolución 170/21 del Inym, que limitó a cinco hectáreas las nuevas plantaciones del Ilex paraguariensis, medida que es apoyada por el sector productivo y Misiones, pero rechazada por la industria y por Corrientes.

En las últimas semanas, la Justicia le dio un revés, al dejar sin efecto una medida cautelar que había conseguido el establecimiento La Cachuera, dueña de la marca Amanda. En una segunda resolución, se dejó sin efecto el recurso de amparo presentado por la misma firma para que fuera la Justicia Federal de Corrientes la que resolviera la cuestión de fondo.

En ambos casos, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó sentencias que hicieron lugar a los planteos del Inym y, de esa manera, sentó jurisprudencia para todas las demás causas contra la resolución 170, como la presentada por Las Marías, titular de las marcas Taragüí, Unión y Mañanita, entre otras.

Para dimensionar la problemática, el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, explicó que, sin la intermediación del Inym, “no es que el productor va a imponer el precio, sino que va a ir con la yerba al industrial y éste le dirá: ‘Yo te pago 100, 90 pesos el kilo, y si querés dejalo y si no, bueno, llevátelo a otro lado’. Así los productores se verán empobrecidos a lo largo del tiempo”.

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Cinco caras nuevas y dos reelectos en el Concejo Deliberante de Posadas

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Cinco de las siete bancas que renovó el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas, serán ocupadas por caras nuevas en el Legislativo municipal.

Se trata del coordinador de Obras Públicas de la gestión de Leonardo Stelatto, Daniel Vigo, del sublema Compromiso Con Vos, de la Renovación Neo, quien con 9.360 votos fue el concejal más votado en la capital provincial en las elecciones del 8 de junio pasado.

Lo siguen, Francisco Pepi Wipplinger y Ángel Martínez, del partido Por la Vida y los Valores, que se sirvieron de la tracción provocada por el candidato a la Legislatura Ramón Amarilla, y acapararon el 23.31% de los votos.

En tercer lugar, cerrando la galería de caras nuevas, aparecen María Fernández y Santiago Horianski, de La Libertad Avanza, con el 22.3% de respaldo electoral.

La renovadora Malena Mazal y el radical peluca Pablo Argañaraz, concejales que fueron reelectos, completan el mapa de los ediles que jurarán el 10 de diciembre próximo.

Mazal secundó a Vigo en el sublema más votado en Posadas, y Argañaraz consiguió la reelección con el Partido Libertario que llevó al diputado nacional peluca Martín Arjol a la Legislatura provincial.

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CFK cumplirá condena en su departamento de Constitución con tobillera electrónica

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CFK

El juez Jorge Luciano Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), confirmó hace minutos que la Justicia decidió concederle la prisión domiciliaria a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la denominada causa Vialidad que la mitad del arco político considera un proceso armado para proscribirla.

Gorini notificó las condiciones de detención por escrito a la ex presidenta, que desde este martes ya se encuentra cumpliendo su condena en el departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución, convertido en búnker político desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme su condena el 10 de junio pasado.

Según publicó el diario Clarín, el tribunal le impuso a CFK tres reglas de conducta: “Permanecer en el domicilio, abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del barrio” y “presentar una lista de quienes integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que podrán acceder al domicilio”.

También, ordenó la colocación del dispositivo de vigilancia portátil, conocido popularmente como tobillera electrónica, y una supervisión trimestral de acatamiento del reglamento.

Curva

La decisión judicial busca desactivar las tensiones políticas provocadas por el fallo de la Corte de la semana pasada y evitar la movilización convocada para mañana por el peronismo, la izquierda y los sindicatos para acompañar a CFK hasta los tribunales federales de Comodoro Py.

Según tuitean a esta hora referentes kirchneristas como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, la convocatoria sigue en pie, aunque la ex presidenta ya no esté obligada a movilizarse a los tribunales.

“¡No te comas la curva de algunos medios, mañana marchamos! Caminamos con Cristina ida y vuelta. Vamos y volvemos con ella”, escribió Mendoza en sus redes sociales.

La convocatoria invita a salir a las 10 de la mañana de la esquina del departamento de la expresidenta y marchar hasta Comodoro Py.

La medida fue tomada en medio de una fuerte presión política y negociaciones de último momento entre representantes del Gobierno nacional y sectores del Poder Judicial. Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se ocuparon personalmente de las gestiones para evitar que CFK tuviera que trasladarse físicamente a los tribunales, y así desactivar la marcha.

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Ramón Amarilla propone derogar la ley de lemas y recortar dietas a diputados

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En la mañana de hoy, el diputado electo por La Vida y los Valores, Ramón Amarilla, brindó una conferencia de prensa en la plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno, para hacer un adelanto de su agenda legislativa en la Cámara de Representantes de Misiones y responder a las consultas de los medios presentes.

En ese contexto anticipó: “Pretendo presentar un proyecto para que los diputados se bajen el 50% del sueldo. Nosotros tenemos que empezar por casa y quiero que los legisladores aprendan a vivir con el sueldo que percibe un trabajador que aporta y paga impuestos, mientras que los diputados tienen muchos beneficios, como los autos oficiales, el combustible y un montón de cosas. Creo que todo eso debería ser destinado a la salud, la seguridad y a todos los sectores que hoy están sufriendo”.

Seguidamente, puso sobre la mesa la ley de lemas, sistema electoral que fue derogado hace varios años en la mayoría de las provincias argentinas y continúa vigente en Misiones, Formosa, San Juan y San Luis.

“Nosotros teníamos un candidato en Oberá, el periodista Walter Bravo, que ha ganado en las elecciones pero resulta que la que va a asumir es la que salió en quinto lugar. Entonces, creo que el pueblo misionero tiene que elegir a la persona, no al partido político. Lamentablemente con esta ley se han cometido un montón de injusticias porque el que gana no es el que asume”.

“Si el Tribunal Electoral y el Superior Tribunal de Justicia no toman cartas en el asunto, esto va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la inconstitucionalidad de la Ley de Lemas derogada en toda la provincia de Misiones”, añadió el abogado Claudio Katiz, también presente.

Al ser consultado sobre visitas de funcionarios cuando estuvo privado de su libertad en el penal de Cerro Azul, Amarilla manifestó: “Muchos se han acercado cuando estuve preso. Alguien me dijo, ‘mirá cuando fui legislador no pude hacer nada’. La realidad es que si uno va y se pone a disposición de una sola persona, no está respondiendo al pueblo. Yo voy a responder a esos 100.000 votantes. A mi nadie me va a venir a decir -no hagas esto-, voy a hacer lo que corresponde, que es representar al pueblo misionero. Lo hice con la Policía, con el Servicio Penitenciario; hoy lo haré con los docentes, el personal de salud, con los judiciales y los demás trabajadores”. 

Por lo que, al tener en cuenta los reclamos vigentes, ratificó: “Creo que los funcionarios del gobierno deberían sentarse con los sectores que reclaman. Acá no es meterle palo a los trabajadores, es sentarse como funcionarios, escuchar y tratar de llegar por la vía del diálogo a lo que corresponde, que siempre fue un reclamo salarial de gremios y sindicatos”.

Precarización de la fuerza en la mira

Luego de haber encabezado el reclamo salarial de policías en mayo de 2024, estando retirado con 31 años de servicio y pasar 8 meses y 24 días detenido en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul -por una causa que surgió en octubre pasado y lo dejó como cesante sin cobro de haberes- el diputado electo reflexionó: “La estadía en la cárcel creo que no es linda para nadie. Verdaderamente fue algo muy terrorífico, pero me enseñó a ver que no estaba equivocado porque todas las falencias que están sufriendo los policías, también pasa en el Servicio Penitenciario”. 

Y agregó: “No hay que olvidarse que esas personas que están privadas de su libertad son seres humanos. Lamentablemente teníamos un baño para 25 internos y con eso les puedo contar falta de agua, a veces energía y la comida no es la mejor”.

Ramón Amarilla junto a los abogados Claudio Katiz y Ramón Grinhauz

Durante la conferencia de prensa, que duró alrededor de una hora, Amarilla estuvo acompañado por el abogado Claudio Katiz, su defensor Ramón Grinhauz y un grupo de familiares de los siete policías que continúan detenidos hace casi nueve meses en los penales de Cerro Azul, Puerto Rico y Loreto, sobre quienes, afirmó: 

Nosotros vamos a luchar por la libertad de esos siete colegas que quedaron. Esas personas no son delincuentes. Imaginensé que yo fui a parar a un penal en menos de 9 horas. Yo no soy parte del grupo (Solo Cola), el expediente en algún momento se va a mostrar. Lamentablemente nos han metido a los ocho, nos han privado de nuestra libertad, pero no solamente eso, nos han perjudicado nuestra salud psicológica y a nuestras familias, muchos tienen hijos chicos”.

En el marco de esa causa, los abogados Katiz y Grinhauz fueron los encargados de “agotar todas las instancias administrativas y judiciales”. Sobre esto, Amarilla remarcó: “Lamentablemente hasta hoy no hemos tenido respuestas. Les puedo asegurar que esos chicos son buenos funcionarios. Ellos necesitan su libertad, volver a trabajar y ver a sus familias”. 

Finalmente, concluyó: “Yo como legislador no me voy a callar, han querido callarme antes de que salga en libertad haciéndome firmar documentaciones que no corresponden. Si los demás diputados no acompañan mis proyectos, saldremos a manifestarnos en las calles como lo hemos hecho siempre”.

Familiares de policías detenidos continúan reclamando su libertad

Amarilla libre, con caravana y acto en la plaza: “La dignidad no se negocia”

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