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Allanamientos en Eldorado por hackeo de celular de ministro de Larreta

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Cuatro domicilios fueron allanados este martes en Eldorado, en relación con la causa que investiga el hackeo del teléfono del ministro de Seguridad y Justicia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Caba), Marcelo D’Alessandro.

Según publicó el diario porteño Clarín, la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), a cargo de Daniela Dupuy, ordenó los procedimientos en domicilios vinculados a quienes hackearon el celular para filtrar las conversaciones del funcionario a través de Telegram.

En los allanamientos se secuestraron dispositivos informáticos, documentación y anotaciones.

Los sospechosos están acusados de delitos por daño agravado, violación de secretos y de la privacidad, difusión no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, suplantación digital de la identidad, y otras figuras que puedan surgir a partir de la evidencia secuestrada hoy.

D’Alessandro no fue el único hackeado, sino también el diputado Diego Santilli, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, y los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Según publicó Clarín, los cibercriminales venían intentando hackear los teléfonos de estos funcionarios desde mayo de 2022, hasta que pudieron acceder a los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu en septiembre; y más tarde, en octubre, hackearon a Santilli y D’Alessandro.

D’Alessandro pidió licencia en medio del escándalo que generó la filtración de sus supuestos chats con funcionarios judiciales, y será reemplazado por el ex secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, que asumiría el jueves próximo.

El hackeo al teléfono de D’Alessandro se registró en la tarde del 19 de octubre, desde la tierra colorada, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, lo cual es posible a través de distintas técnicas, como la del turno trucho de la vacuna contra el Covid-19, que es la más común.

El ministro porteño declaró en la ocasión ante la Justicia que pudo recuperar el control de su teléfono inteligente unas 20 horas después.

El viaje escondido

Los chats filtrados del ministro de Seguridad porteño sacaron a la luz conversaciones de Telegram de la comitiva de jueces, fiscales y Ceos de Clarín que viajaron a mediados de octubre de 2022 a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, donde hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas el encuentro en el sur.

También, discuten sobre cómo apretar periodistas y funcionarios judiciales de Bariloche, donde se abrió una causa, de cuyo trámite todo el tiempo tuvieron noticias de primera mano, según revelan los mismos chats.

Asimismo, se conversa de cómo armar causas judiciales a quienes dieron a conocer la documentación aeroportuaria del vuelo que compartieron el 13 de octubre pasado.

La unidad fiscal a cargo de Dupuy no solo investiga el origen del hackeo al teléfono del ministro de Caba, sino también la filtración del contenido, como “difusión no consentida de material privado”.

A esa causa se sumaron otras dos en Comodoro Py: una del diputado nacional del PRO Diego Santilli, y otra del juez en lo penal económico Pablo Yadarola, también por el hackeo de sus teléfonos.

La causa abierta en Bariloche, ante el Juzgado de la jueza federal Silvina Domínguez, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos y la supuesta aceptación de dádivas por parte de D’Alessandro y los jueces y fiscales que viajaron a Lago Escondido, es la única que se enfoca en el contenido de los chats.

Errores fatales

Según dejaron saber fuentes vinculadas a la investigación, los hackers cometieron un error que llevó al equipo de Cibercrimen hacia ellos: chequearon información de sus víctimas en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La banda recurrió a un usuario acreditado en las bases de datos del organismo para obtener los números de trámites de los DNI de los funcionarios hackeados, de modo que dejaron rastros digitales (IP, entre otros) en distintas operaciones.

Política

Concejal de Iguazú respondió a Nickillo Llera: “Ñoqui de primera línea”

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El abogado y flamante concejal de Puerto Iguazú por La Libertad Avanza (LLA), Fabián De Sá, salió al cruce de Nickillo Llera por sus críticas hacia la Ciudad de las Cataratas, calificándolo como “ñoqui de primera línea” y cuestionando el pasado político de su padre como intendente como de esa localidad.

“Hola Vecinos!! Todo empezó cuando yo recién había nacido. Pero ahora les cuento…”, introdujo el edil libertario en la publicación efectuada esta tarde en su cuenta de Facebook, para luego contextualizar: “Durante estos días fui objeto de ataques, replicados en medios renovadores provinciales. Todo producto del trabajo que venimos haciendo sin pedir permiso a nadie”.

Y, sin rodeos, párrafo siguiente apuntó directamente contra Nicolás “Nickillo” Llera, también abogado, pero además gerente de Multimedios Sapem y productor general del exitoso ciclo de streaming político Dólar Blue, quien recientemente generó debate al cuestionar el “nivel de desidia y abandono” de Puerto Iguazú por la cantidad de personas adictas deambulando por sus calles.

“El Nikillo Llera, uno de los tantos ñoquis de primera línea, busca llamar mi atención. Busca ser importante a costa mía y desviar mi atención. Son quienes apenas acomodados en el poder, se mudaron de Iguazú”, disparó De Sá.

El concejal también mencionó al padre de Nickillo, Timoteo Llera, ex intendente de Puerto Iguazú. “Su Padre T. Llera, el mentor de Filippa entre ambos, desgobernaron Iguazú 30 años y quieren seguir 6 años más”, arremetió.

Pero la publicación no termina allí, ya que el concejal que asumió en diciembre analizó en otro párrafo que “los resultados, están a la vista. No solo nos condenaron al atraso y destruyeron las oportunidades de desarrollo”.

Y continuó: “Además, antes de ellos, la droga ni siquiera existía acá, con ellos no solo empezó, sino que se desarrolló con la complicidad y la colaboración del poder. Y hoy quieren hablar de uno de los problemas que ellos mismos generaron, cuando tienen toda la fuerza del estado para combatirla, si quisieran”.

Para De Sá, a sus críticos renovadores “no les preocupa la droga, ni el abandono de Iguazú, les preocupa el fin de ciclo de la mafia y perder sus lugares de privilegios, que le da Iguazú al ser un territorio controlado por la Renovación. Si pierden Iguazú, pierden sus privilegios de vivir a costa del pueblo”.

“No pierdan tiempo. No perdamos tiempo. 30 años fueron demasiado tiempo tirado a la basura y mucho es el costo que tenemos que pagar”, avisó después y cerró: “Ni siquiera dije si quería ser candidato a Intendente y se adelantaron a pegarme por las dudas. No me preocupa. Donde esté, voy a defender a Iguazú. Se muy bien cuáles son las consecuencias, pero creo que Iguazú se merece vale la pena”.

Nickillo Llera comparó a Iguazú con Filadelfia por adictos en las calles

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Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios

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El apoderado de las municipalidades de Concepción de la Sierra y Tres Capones, el abogado Marcelo Fabián Dudych, figura también en el listado de deudores de la cuota alimentaria, publicado en estos días en la página web del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y en el Boletín Oficial de la provincia.

El letrado aparece en el informe mensual del Registro Público de Alimentantes Morosos del STJ, con dos expedientes del Juzgado de Familia Nº 1: una demanda por alimentos, de 2014, y otra de tenencia y régimen de visitas, de julio de 2025, de su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez.

El informe oficial no ofrece mayores detalles de la situación de las causas, más que los números de expediente, carátulas, el juzgado donde se tramita y los nombres de la demandante y el demandado; y tampoco a cuánto asciende la deuda en cuotas alimentarias de Dudych.

El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Dudych, que ejerce la representación legal de ambas municipalidades misioneras.

Según se aclara en la web del STJ, “el ingreso, alta, egreso y baja de Deudores Alimentarios Morosos en el Registro Público, se realiza por orden escrita emanada de los señores jueces competentes de las distintas circunscripciones judiciales de la Provincia y, de aquellos de Extraña jurisdicción que así lo ordenen por Mandato Judicial”.

Extracto del informe mensual del STJ, donde figura el abogado Dudych.

 

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Fernando Zarza y la lista de deudores alimentarios: “Yo pago todos los meses”

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El concejal posadeño del partido Por la Vida y los Valores (PVV), Fernando Sebastián Zarza, reconoció que figura en el listado del Registro Público de Alimentantes Morosos del Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero aseguró que se encuentra al día con la cuota alimentaria del hijo que tiene con su ex pareja.

“Para figurar en el Registro te tenés que atrasar dos meses, y ese no es mi caso”, afirmó Zarza, en diálogo con La Voz de Misiones, y señaló: “Yo pago todos los meses la cuota”.

“La Justicia tendrá que explicar por qué me incluyeron si yo no soy deudor”, dijo el edil del partido que encabeza el diputado provincial y vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, y contó que se enteró de la novedad “hace una semana, a través de un amigo”.

Zarza comentó que el tema llegó a estrados judiciales en 2021, por desacuerdos con la madre de su hijo acerca de la suma que él debería pasarle mensualmente en concepto de cuota alimentaria, y el expediente se radicó en el Juzgado de Familia y Violencia Familiar Nº 2, de Posadas.

“En un momento tuve un litigio judicial porque no nos poníamos de acuerdo en el monto; fuimos a la Justicia, que falló no solamente en la cuota, sino también en todo lo relacionado con el régimen de visita y las vacaciones”, relató.

“Hasta entonces, yo venía pasándole dinero, pero de modo informal; y a partir del fallo judicial quedó todo homologado”, afirmó.

El concejal posadeño comentó que por orden judicial le transfiere a su ex pareja el equivalente de dos salarios mínimos, y que, a veces, como en el depósito que hizo el 9 de enero pasado al mediodía, “le paso un poco más, porque queda un saldo del mes anterior o porque ella necesita”.

El Registro Público de Alimentantes Morosos fue creado en Misiones por la Ley IV Nº 31, que impone restricciones a quienes adeudan más de dos cuotas alimentarias, como impedimentos para obtener habilitaciones comerciales, licencias, créditos, beneficios sociales, realizar trámites municipales y acceder a cargos públicos, como el que ostenta Zarza, que asumió la banca de concejal en diciembre de 2025, en reemplazo del empresario Francisco Pepi Wipplingerfallecido en enero pasado, quien había resultado electo en las elecciones de junio, pero renunció cuatro meses después.  

“La verdad que me sorprendió figurar en ese listado, porque yo siempre estoy cumpliendo con mis obligaciones, no solo en el tema de la cuota alimentaria, sino en el relacionamiento con mi hijo”, dijo Zarza y adelantó que ya instruyó a su abogada, la doctora Nora Rahn, para que “pida por escrito que se me retire del Registro”.

Comprobante de depósito bancario de Fernando Zarza, del 9 de enero pasado.

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