El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, se aprobó por una amplia mayoría en el Congreso de la Nación y ahora el debate se traslada al Senado.

La iniciativa contó con el respaldo de la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia con 148 votos a favor y 100 en contra.

La propuesta impulsada por LLA plantea la reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para delitos graves.

A su vez, con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión “en un lugar especial”, alejado de los adultos criminales.

De esta manera, para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que el debate se desarrolle en sesión el 26 de febrero.

El debate

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es que en el texto original no incluye una previsión presupuestaria para su implementación, lo que significaba una presión aún mayor para las provincias, que debían afrontar los costos implícitos de la norma. 

En su alocución en el recinto, el diputado nacional por Misiones por el bloque de Innovación Federal, Oscar Herrera Ahuad, puso el foco en la cuestión punitiva, y enfatizó en el impacto presupuestario y estructural que la implementación de la ley tendría en las provincias.

“Hemos escuchado diferentes ponencias y evidentemente en un tema tan sensible es muy difícil ponerse de acuerdo, es complejo”, señaló y trajo como ejemplo las experiencias internacionales de Brasil y Chile. Explicó que su expectativa respecto del proyecto no está vinculada a la cárcel como fin en sí mismo, sino a una atención integral del menor vinculado a un hecho delictivo.

Al mismo tiempo, valoró que el proyecto mencione la conformación de equipos multidisciplinarios para abordar situaciones complejas como las adicciones. “No queremos que ese chico vaya a preso, sino que sea atendido”, enfatizó aludiendo a la necesidad de respuestas integrales para jóvenes en conflicto con la ley.

Respecto a lo presupuestario, consideró: “Este proyecto de ley tiene un costo muy alto para las provincias, mientras se impulsa una política de reducción del gasto y presión para bajar impuestos, al mismo tiempo se exige a las provincias asumir nuevas responsabilidades en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura”.

Ante esta situación advertida por el legislador misionero, desde el bloque Innovación Federal reclamaron que la Nación incorpore al proyecto un capítulo que contemple una asignación presupuestaria específica, mientras que el Gobierno nacional asumió el compromiso de incorporar un apartado que asigne los fondos necesarios para la aplicación de la ley, dispuesto en $23.739.155.303.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió el proyecto al señalar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad” sino “resocializarlos”. 

Mientras que, desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó la consigna impulsada por sectores libertarios de “delito de adulto, pena de adulto”, al considerar que responde más a una estrategia de campaña que a una política pública consistente.

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Tras casi 17 horas de tratamiento, la reforma laboral logró media sanción en el Senado con 42 votos positivos, incluyendo el de los misioneros, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, y el aval de los 26 títulos que integran el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la Ley de Modernización Laboral se convirtió en una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

El proyecto contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

La sesión comenzó a las 11:13 de ayer miércoles y cerca de la medianoche el único orador por Misiones fue el senador del bloque del PRO Martín Goerling, quien adelantó su acompañamiento en general. Mientras que los renovadores Rojas Decut y Arce también votaron en el mismo sentido.

En su lectura de datos, Goerling remarcó que con la legislación actual “El Estado se queda con un tercio del salario de un trabajador antes de que llegue a fin de mes”. Al mismo tiempo, añadió que “Argentina tiene hoy la carga laboral en contratos más alta de América Latina”.

Por lo que consideró: “Tenemos que defender el trabajo de los argentinos. Esta ley va en contra de la intermediación, en contra de la industria del juicio”. Y adelantó: “Hoy el PRO va a acompañar esta ley en general porque va a votar por el que quiere contratar y no se anima, por el joven que quiere trabajar y no puede, por los 6 millones de argentinos que hoy están en la informalidad. Debemos dar el paso de reformar esta ley para que uno de los cambios profundos que necesita la Argentina empiece a dar sus frutos”.

En el último tramo del debate en general, asistieron a la sesión desde un balcón del recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule Menem”, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Finalmente, la votación en general se dio a la 1:20, cuando los 42 votos a favor fueron marcados por los legisladores de LLA (20), el PRO (3), UCR (10), Frente Cívico (1), Independencia (1), el Frente Renovador de la Concordia (2), Primero los Salteños (1), Provincias Unidas (2), Despierta Chubut (1) y la Neuquinidad (1).

Mientras que los 30 votos de rechazo aportó el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero.

Votación por la Ley de Modernización Laboral

Luego, continuó la votación en particular de los 26 títulos que conforman el proyecto, momento en que el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas, como el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, por lo que propusieron volver a la propuesta del Gobierno nacional para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo obtuvo 40 votos a favor, 32 en contra y la sesión concluyó pocos minutos antes de las 4.

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes y de Córdoba, Martín Llaryora.

Los detalles

A lo largo de toda la jornada el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las autoridades bancarias el uso de billeteras virtuales para pagar sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%. Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (Incaa) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos y 25% de la recaudación del Enacom hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional.

El proyecto finalmente fue girado a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

Incidentes frente al Congreso mientras el Senado debate la reforma laboral

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El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, quien integra el interbloque Innovación Federal, participó hoy como orador en el debate del dictamen del proyectos de reforma penal juvenil en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación. Durante su exposición, puso el foco en la falta de precisiones sobre el financiamiento que deberían asumir las provincias para implementar la legislación, en caso de que sea aprobada.

“Otra vez ponen en manos de las provincias una responsabilidad que debe ser compartida con la Nación”, cuestionó frente a sus pares el legislador, también médico pediatra y ex gobernador de Misiones.

En ese marco, Herrera aseguró que la ley “genera incertidumbre” en cuanto al financiamiento y que “muchas familias” están esperando “estos equipos multidisciplinarios”. Además, aclaró que no se refería al “crimen” que pudieran cometer los menores, sino “al delito que comete y la familia no lo puede contener porque es un menor adicto y está en un sistema que lo lleva cada día a eso”.

El diputado señaló que actualmente “se pone 23 millones de pesos para el Ministerio Público Fiscal y para el Ministerio de Justicia de la Nación” y, en esa línea, interpeló a los presentes con la pregunta: “¿Ustedes están convencidos de que con ese dinero van a poder construir centros modelos en toda la Argentina, cuando se han desfinanciado hasta los centros mínimos que tenemos de desarrollo infantil?”.

“No hay plata”, arremetió Herrera citando la premisa del presidente Javier Milei y continuó: “Otra vez va esto en el lomo de los gobernadores y las provincias, y otra vez escuchamos la otra campana, de decirles a los gobernadores ‘bajen los impuestos’, ‘achiquen los gastos’. ¿Ustedes creen que con esto se soluciona este problema? Yo le puedo asegurar que no”.

El diputado por Misiones también se refirió a la situación actual del sistema de salud mental del país, al que describió como “total y absolutamente desmembrado”.

“Se quitó el financiamiento a lo que es el programa de salud mental de la Argentina, que, con errores o con aciertos, en mi provincia lo pudimos aplicar muy bien y no coincido en eso de mandarlos a un manicomio. Nosotros los socializamos: los enfermos con alguna patología mental acuden a hospitales normales y son atendidos por equipos que están ahí, pero se hace cargo la provincia”, subrayó Herrera.

Y agregó: “Le estamos dando la responsabilidad a las provincias de construir centros multidisciplinarios sin decir de dónde van a sacar los recursos”.

Seguidamente, el exgobernador volvió a poner el foco en los recursos que propone la legislación: “La discusión está dada en todos los órdenes. Nosotros, en nuestra provincia, queremos saber: ¿de dónde vamos a sacar los recursos?, ¿Quién nos va a dar? Y también queremos que nos ayuden y nos acompañen en esto de decir: bajen los impuestos, achiquen el gasto. Ese es un gasto público y lo van a asumir las provincias”.

Por último, el diputado solicitó incorporar al dictamen un “capitulo de asignación de recursos específicos y taxativo para las provincias para llevar adelante esto, esos es una gran solución no para construir cárceles, sí para construir centros modelos y recuperar lo que en algún momento tuvimos como política publica que es la contención de nuestros jóvenes”.

Herrera Ahuad designado en comisión que tratará baja de edad de imputabilidad

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