Política
Alberto en el Congreso: “Argentina es de los países que más creció”



El presidente Alberto Fernández inauguró este miércoles el 141° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, con un discurso que se extendió por más de dos horas y en el que recorrió los logros de su gestión, cuestionó al Poder Judicial y reclamó una investigación del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El presidente llegó al Congreso pasadas las 11,30, y ocupó el centro de la mesa, junto a la vicepresidenta y titular del Senado, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau.
La sesión tuvo sus momentos controvertidos, con cruces e insultos entre los parlamentarios presentes; e incluso insultos puntuales al presidente por parte del diputado del PRO, Fernando Iglesias.
La mayor tensión se generó cuando Fernández, apuntó en su discurso contra el fallo de la Corte favorable a Caba en la disputa por la coparticipación con el gobierno federal, y acusó al máximo tribunal, y a sus jueces, de haber degradado el sistema judicial con fallos a la medida, cautelares a empresas amigas, “entrelazados en vínculos con políticos, empresarios y factores de poder”.
Hasta ahí, el presidente había llevado un discurso en el tono acostumbrado, repasando las políticas de sus tres años de gobierno, con datos, cifras, indicadores socioeconómicos: 13 millones de empleos registrados, inversión en educación, ciencia y tecnología; la Antártida, la “jerarquización” de las Fuerzas Armadas; derechos humanos, entre otras.
“La Corte Suprema de Justicia le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, disparó Fernández, y provocó el estallido opositor.
“Insúlteme Iglesias, es un honor”, le retrucó el presidente al legislador del PRO, que le gritaba desaforado desde su banca.
La referencia al fallo de la Corte a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el comienzo de un análisis de Fernández sobre la justicia, y el proyecto de reforma judicial que tuvo media sanción en el Senado, pero luego fue cajoneado en Diputados.
“La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, arremetió el presidente. “El Poder judicial no cuenta con la confianza pública”, sentenció.
“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente”, cuestionó.
Asaltantes
Fernández definió como un “asalto” lo resuelto por la Corte en el manejo del Consejo de la Magistratura, cuyo presidencia es ocupada por el titular del máximo tribunal Horacio Rosatti, a quien el oficialismo acusa de haberse autonombrado en contra de la Constitución.
“Es de una gravedad institucional mayúscula”, afirmó Fernández. “El Congreso debió soportar la intromisión del Poder Judicial en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes”, argumentó.
Asimismo, defendió el proceso de juicio político que se lleva adelante en la Cámara de Diputados contra los miembros de la Corte Suprema, dos de los cuales estaban presentes en el recinto: Rosatti y Rozenkratz.
Fernández sostuvo que “no hay ningún ataque ni embestida contra la justicia”.
“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado”, explicó.
“Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso”, aseguró.
“La sociedad vio cómo a través de medidas cautelares se habilitaron importaciones que no significaban ninguna prioridad para el país”, agregó.
“Se impuso así una práctica que permitió, una y otra vez, burlar la ley mediante medidas cautelares. Frente a este estado de situación es necesario tomar cartas en el asunto y trabajar para encontrar su solución”, subrayó.
Duros de archivar
Siempre en la esfera judicial, Fernández pidió que se “profundice la investigación” del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se “juzgue y condene a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”.
“Hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”, refirió el presidente.
Irónico, el presidente, le reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.
Planes por empleos
En materia económica, el presidente precisó que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento, ni políticas activas de distribución.
“En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008”, puntualizó. “Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses”, destacó.
“Durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004″, indicó el presidente.
Fernández sostuvo que su gobierno inició “un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal”, argumentando que “la mejor política social es crear trabajo”.
Precisó que el programa “Puente al Empleo, que desarrollan los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, “logró ya que 58.000 titulares de planes ingresen al trabajo registrado de calidad”.
“Estamos convencidos de que Evita tuvo razón al decir que ‘donde hay una necesidad hay un derecho’”, graficó.
Negocios particulares
En otro orden, advirtió sobre una “campaña de desprestigio de las empresas públicas” por parte de la oposición, y un “nuevo embate privatizador” de las empresas públicas por parte de la oposición, a la que acusó de estar detrás de una “campaña de desprestigio”
“Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos a los que estas empresas ayudan y mucho”, dijo el presidente.
“Otra vez aparecen los negocios particulares sobre el patrimonio de todos los argentinos y para eso se monta una campaña en contra de nuestras empresas, patrimonio de todos los argentinos”, advirtió.
Sobre la inflación, Fernández argumentó que “constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento”.
“Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo”, señaló, y añadió que “no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal”.
Arremangados
En materia de inversión educativa y científica, el presidente destacó el programa en las universidades públicas, y en ciencia y tecnología, con ejecución del Conicet, el Ministerio de Ciencia, empresas públicas como Arsat, y organismos de investigación antártica, entre otros.
Anunció la próxima presentación de la ley de Expansión de la Inversión Educativa, que busca “garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del PBI para 2032”.
Precisó que “fueron transferidos $8.200 millones y cerca de $5.000 millones adicionales para equipamiento mobiliario” de las universidades públicas.
En el final, el presidente invitó “a dar vuelta la página del tremendismo y el desánimo, a encarar con coraje los grandes desafíos de nuestro futuro como país, a arremangarse y trabajar, a poner cabeza y corazón en nuestro futuro común”.
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Política
En Candelaria habrá solo voto electrónico en las elecciones del 7 de mayo

Candelaria volverá a utilizar en las elecciones provinciales del 7 de mayo próximo el sistema de voto electrónico conocido como Vocomi, que ya utilizara en 2019.
Según informó el Tribunal Electoral de Misiones, la capacitación de los electores Voto Codificado Misiones se inició el martes pasado con puestos del organismo en el centro y barrios de la ciudad.
Candelaria tiene un padrón de 14.376 electores habilitados, 1.851 electores más, el 14,8% de aumento, respecto de las elecciones legislativas de 2021, donde contaba con 12.525 empadronados.
Según la base de datos del Tribunal Electoral, en las últimas dos elecciones, Candelaria registró altos índices de participación: 77,22 % en 2019, y 60,61% en 2021.
La ciudad votará el 7 de mayo entre 8 lemas y 27 sublemas: 10 renovadores, 7 de Juntos el Cambio y 3 de La Fuerza de Todos.
Sistema misionero de voto electrónico
El sistema de Voto Codificado Misiones (Vocomi) fue desarrollado por técnicos del Tribunal Electoral misionero, facultado para desarrollar e implementar en la provincia el sufragio electrónico por la Ley XI-N°6, en sus artículos 180 y 181.
El voto electrónico utiliza una combinación de componentes de hardware y software que permiten al elector imprimir su boleta codificada con un código QR.
La selección de las opciones de votación se realiza sobre una pantalla táctil, para luego imprimir el voto mediante una impresora térmica sobre un papel tipo rollo térmico.
El elector tiene la posibilidad de corroborar que su elección se encuentra debidamente codificada utilizando el lector de código QR, que muestra en pantalla la información contenida en dicho código.
El sistema tuvo su debut en las elecciones legislativas de 2013, con gran aceptación por parte de los electores, según el Tribunal Electoral provincial.
El Vocomi fue registrado en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), Expediente N° 20130103860, Trámite N° 13186243.
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Judiciales
Imputan a ex intendente en causa impulsada por actual jefe comunal de San Vicente

Waldomiro “Valdir” Dos Santos (58), ex intendente de San Vicente y actual candidato, fue imputado por el delito de “malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público en concurso real”, por la presunta venta fraudulenta de terrenos municipales.
Según pudo establecer La Voz de Misiones, en base a documentación de la causa, la indagatoria se concretó el último lunes 20 de marzo ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, presidido por Gerardo Casco.
En la audiencia, el actual postulante a jefe comunal escuchó los elementos en su contra y decidió abstenerse de declarar, tal y como lo ampara su derecho. Por disposición judicial, Dos Santos seguirá en libertad a la espera de los avances de la instrucción del caso.
La denuncia fue impulsada en 2020 por el actual jefe comunal, que ahora busca la reelección, Sergio Fabián Rodríguez, cuando formaba parte de las filas del Partido Agrario y Social (Pays).
Los hechos señalados en las acusaciones contra su contrincante en la arena política de cara a las elecciones del 7 de mayo están fechados antes de que se termine el último mandato de Valdir Dos Santos. Llamativamente, recién ahora se concretó la audiencia indagatoria y la imputación formal.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el expediente tiene otros dos imputados, quienes fueron citados y cumplieron con la formalidad en los últimos días -aunque antes que Valdir, que fue el último- y también habrían elegido el camino del silencio: Hugo Rubén Barovicz, ex secretario de Administración y Hacienda, y Juan Ladomiro Néstor, ex jefe de Recaudaciones de la Municipalidad.
Pagos anulados en San Vicente
Como se informó oportunamente, la maniobra consistía en vender terrenos remanentes de la ruta nacional 14 pertenecientes a la comuna, aunque una vez hecha la transacción -con su correspondiente comprobante-, “se anulaba el pago en el sistema, pero el dinero nunca era devuelto al contribuyente que efectuó el pago”, dice la denuncia.
En este sentido, también habrían detectado que, luego de anular la compra, se introducían en el sistema valores inferiores con el mismo número de recibo, o bien se aplicaban descuentos en la adquisición de los terrenos cuando no correspondía.
En la acusación al ex alcalde, aparece citado un caso, sobre un terreno identificado como “Lote E Manzana XX”, por el cual un contribuyente pagó 402.130 pesos el 25 de octubre del 2019 a las 15.10, es decir, fuera del horario de atención al público de la comuna.
De esa operación, siempre según la acusación formal, no obran copia de contrato compra-venta en el área de Hacienda del municipio. Asimismo, en el sistema se pudo corroborar que el recibo fue anulado y al día hábil siguiente, el 28 de octubre, se emitió un recibo con el mismo número pero por un monto mucho menor: 713 pesos.
Un detalle que surge del documento, al que accedió LVM, es que algunas fechas de las operaciones están mal consignadas: dicen 2020 y no 2019, que es cuando ocurrieron los hechos denunciados.
“Estas irregularidades o hechos no pudieron realizarse sin su activa participación, debido a que usted, en su carácter de intendente municipal, suscribía los contratos de compra-venta, habiendo firmado cada uno de ellos, además de tener la capacidad y las claves correspondientes para anular y modificar el recibo Nº XXXX, ocasionando un perjuicio patrimonial enorme a la Municipalidad de la ciudad de San Vicente, debido a que los montos antes señalados no han ingresado a las arcas del estado municipal, ni fueron ingresados a la cuenta especial creada a tal, que debió ser destinada a la compra de bienes de capital”, se consigna en el escrito acusatorio.
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Política
Cinco misioneros acusados por hackeo de celular de ex ministro de Larreta

La investigación judicial por el hackeo del celular de Marcelo D’Alessandro, ex ministro de Seguridad del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y de tres jueces de Comodoro Py, identificó a los cinco misioneros de Eldorado involucrados en los hechos.
Se trata de Antonio Aquino, Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro y Elías Nuñes Pinheiro (padre e hijo), Julio César Escobar y Cecilia Mercado.
Aquino, de 30 años y dueño de GSM Express, un local dedicado a la venta y reparación de teléfonos celulares, aparece como el cabecilla de la supuesta banda responsable del hackeo desarticulada por la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (Ufedyci), a cargo de Daniela Dupuy.
Dupuy fue quien ordenó los procedimientos en los domicilios de los ahora acusados de haber hackeado el celular de D’Alessandro y los jueces, para luego filtrar las conversaciones de Telegram de todos.
En los allanamientos, se secuestraron dispositivos informáticos, documentación y anotaciones.
Rastros digitales
El ministro de Larreta no fue el único objetivo de los hackers de Eldorado, también los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos; el fiscal general de Caba, Juan Bautista Mahiques, y el diputado nacional del PRO Diego Santilli.
Según fuentes de la investigación, la banda de hackers de Eldorado venía intentando violar los teléfonos del funcionario porteño, y los jueces y fiscales federales, desde mayo de 2022.
En septiembre, irrumpieron en los celulares de Basso, Hornos y Giménez Uriburu; y más tarde, en octubre, concretaron el hackeo a Santilli y D’Alessandro.
El hackeo del teléfono del ministro porteño se registró en la tarde del 19 de octubre, a través de un ataque conocido como “sim swap”, la duplicación del chip del celular, que a la vez aparece como la técnica más común.
Los chats filtrados del ex funcionario de Rodríguez Larreta sacaron a la luz conversaciones de la comitiva de jueces, fiscales y Ceos del grupo Clarín que viajaron a mediados de octubre de 2022 a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido, Río Negro, donde hablan de cómo fraguar y ocultar con facturas truchas el encuentro “secreto” en el sur, entre otras revelaciones.
Según la investigación, los hackers misioneros cometieron un error fatal, que condujo al equipo de Cibercrimen hacia ellos: chequearon información de sus objetivos en las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), y dejaron suficientes rastros digitales.
Vínculos presenciales
Identificados los integrantes de la supuesta banda de hackers misioneros, la fiscal Dupuy indaga ahora en los vínculos de los cinco acusados, de manera a establecer los alcances y ramificaciones que pudiera tener la organización.
En una primera aproximación, Dupuy informó a los medios porteños de conexiones del sindicado como cabecilla Aquino, con al menos tres personas vinculadas a la escena política de Eldorado.
Mencionó que el joven se desplazaba en un automóvil Audi A3 y en una moto Yamaha, identificada con la patente A034DWS, que figura a nombre de Héctor Daniel Irala, funcionario del Ministerio de Hacienda de Misiones, y de la que el presunto hacker disponía una cédula azul desde el 22 de septiembre de 2021.
Citó, además, la vinculación de Aquino con el director de la Unidad Regional V de Vialidad Provincial y candidato a concejal por la lista del intendente Fabio Martínez, Hugo Kovalski.
Según Dupuy, el hacker mantendría relación con familiares muy cercanos a Kovalski, “lo cual infiere una vinculación que excedería el plano solamente político y público”, dijo la fiscal.
Solo dos de los otros cuatro detenidos en relación con la causa, Cecilia Mercado y César Escobar, informan de sus actividades económicas en sus redes sociales.
Mercado declara trabajar en JC Electronic, una empresa ubicada lejos de Eldorado, en Chos Malal, provincia de Neuquén; y Escobar dice ser “gerente en GSM Express”, el negocio de celulares de Aquino.
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