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Policiales

Prisión preventiva para implicados en el tiroteo y asesinato de Keko Sotelo

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Yoel Pereyra - keko sotelo

Guillermo Yoel Pereyra y su padre Roberto Carlos Pereyra, con diferentes grados de acusación, fueron procesados con la prisión preventiva y continuarán detenidos en el marco del expediente que investiga el asesinato de Héctor “Keko” Sotelo, luego de un enfrentamiento a tiros registrado el 27 de enero frente a una iglesia a pocos metros del centro de Posadas.

Según consignaron altas fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada y notificada esta mañana por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, que interviene en la causa iniciada tras la balacera que, una semana después, derivó en la muerte de Sotelo, de 36 años.

Las mismas fuentes precisaron que Yoel Pereyra, de 26 años, quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en tanto que su padre, de 49 años, enfrenta una acusación por “tenencia ilegal de arma de fuego”. Tras esta resolución, ambos podría ser prontamente trasladados a la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados, donde continuarán privados de su libertad mientras avanza el expediente.

Un dictaminan similar recayó sobre Darío Ezequiel Gambini, de 22 años, quien fue detenido junto a Roberto Carlos Pereyra, pero no está vinculado a la muerte de Sotelo, sino aparece ligado a una causa paralela por el ataque a tiros registrado días antes -el 19 de enero- contra Marcos Sotelo -hermano de Keko-, hecho que habría desencadenado la otra balacera concretada días después.

En este caso, Gambini está acusado por el delito de “lesiones graves” y con esta resolución en su contra también continuará detenido.

El 17 de febrero, en tanto, la Policía localizó un Volkswagen Up blanco vinculado al hecho y demoró a dos jóvenes, pero ambos fueron desvinculados y solo vehículo quedó a disposición a la Justicia.

Balacera y muerte

La balacera que derivó en la muerte de Keko Sotelo, sobrino de Cristian “Casimiro” Sotelo -asesinado el 12 de junio de 2021 en otro tiroteo registrado en el barrio A3-2 de Posadas-, ocurrió el 27 de enero, frente a la Iglesia Sagrada Familia, ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña.

Según se reconstruyó, hasta ese lugar llegó Sotelo en compañía de otra persona y desde un Ford Ka abrieron fuego contra Yoel Pereyra, que se encontraba tomando tereré en una de las plazoletas de la zona.

En esa instancia, Pereyra respondió de la misma forma, asestando tres disparos contra Sotelo, que terminó internado en grave estado de salud y una semana después falleció.

Pereyra cayó apenas unas horas antes del deceso de Sotelo. Fue detenido en la localidad de San Javier y desde ese momento permanece privado de su libertad.

Su padre, en tanto, había caído apenas unas horas antes, luego de una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía de Misiones en el marco de la investigación del caso.

En su vivienda en cercanías a Garupá, los investigadores incautaron un arsenal y allí dieron con una pistola calibre 9 milímetros, cuyas pericias confirmaron que se trató del arma utilizada en la balacera que acabó con la vida de Keko Sotelo.

En ese mismo procedimiento atraparon a Gambini, pero el muchacho quedó vinculado a la balacera anterior, la que se registró el 19 de enero en el barrio A3-2, donde el blanco de los disparos fue Marcos Sotelo -hermano de Keko-, quien sufrió heridas de arma de fuego en un pie y sobrevivió.

Se estima que todas las balaceras, incluida la que derivó en la muerte de Casimiro Sotelo, están conectadas.

Judiciales

Acusado de abuso fue absuelto en 2022 y ahora condenado a 12 años de cárcel

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Tras la anulación del fallo que dispuso su absolución por el beneficio de la duda en 2022, el Tribunal Penal Uno de Posadas realizó un nuevo debate oral contra el hijo de una ex funcionaria provincial acusado de abusos sexuales en perjuicio de una hija menor de edad y esta tarde lo condenó a una pena de 12 años de prisión efectiva.

La nueva sentencia fue dictada esta tarde, después de una extensa jornada de alegatos y después de varias audiencias de debate que incluyeron sucesivos cambios de defensa e incluso registró un faltazo del imputado, que luego argumentó haberse internado en una clínica de salud mental pero terminó siendo detenido.

El implicado se trata de J. R. G. -hijo de una ex funcionaria del Iprodha- quien en 2013 fue denunciado por abusos contra una hija de 5 años en ese entonces, causa que en 2022 llegó a debate oral y resultó absuelto por el beneficio de la duda, aunque ese fallo, dictado por los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Juan Manuel Monte (subrogante), fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) al entender que hubo una errónea valoración de la prueba.

De esta manera, se ordenó la realización de un nuevo proceso oral que arrancó semanas atrás frente a un tribunal integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Juan Carlos Sosa y Miguel Mattos, ambos subrogantes.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Vladimir Glinka, en tanto que como querellante particular volvió a participar el letrado Hugo Zapana, quienes hoy coincidieron al solicitar una pena de 16 años de prisión para el implicado.

Al comienzo del debate el imputado contó con la defensa de Eduardo Paredes, Mauricio Vergara y Florencia Romero, aunque uno a uno fueron renunciando, lo que derivó en demoras en la continuidad del proceso.

Finalmente, este martes el imputado -su identidad completa no se revela para no revictimizar a la víctima- contó con el patrocinio del defensor oficial Mario Ramírez y del abogado particular Federico Tilli, quienes insistieron en absolución del imputado o en forma subsidiaria solicitaron una pena de 3 años de prisión en suspenso por abuso simple.

Después de una larga deliberación, los jueces decidieron condenar a Ramos a la pena de 12 años de prisión efectiva como penalmente responsable del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo, dos hechos, en concurso real”.

El ahora condenado continuará privado de su libertad en una celda de la comisaría Cuarta de Posadas, hasta tanto el mismo tribunal analice un pedido de prisión domiciliaria solicitada por la defensa. Los fundamentos de la nueva sentencia se conocerán el 26 de marzo.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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Policiales

Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad

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Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.

La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.

Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.

Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.

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Policiales

Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado

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Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10. 

Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos. 

En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.

Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.

Antecedentes

El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad. 

En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar. 

En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.

El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.

Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.

 

 

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