Policiales
Prisión preventiva para implicados en el tiroteo y asesinato de Keko Sotelo
Guillermo Yoel Pereyra y su padre Roberto Carlos Pereyra, con diferentes grados de acusación, fueron procesados con la prisión preventiva y continuarán detenidos en el marco del expediente que investiga el asesinato de Héctor “Keko” Sotelo, luego de un enfrentamiento a tiros registrado el 27 de enero frente a una iglesia a pocos metros del centro de Posadas.
Según consignaron altas fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada y notificada esta mañana por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, que interviene en la causa iniciada tras la balacera que, una semana después, derivó en la muerte de Sotelo, de 36 años.
Las mismas fuentes precisaron que Yoel Pereyra, de 26 años, quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en tanto que su padre, de 49 años, enfrenta una acusación por “tenencia ilegal de arma de fuego”. Tras esta resolución, ambos podría ser prontamente trasladados a la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados, donde continuarán privados de su libertad mientras avanza el expediente.
Un dictaminan similar recayó sobre Darío Ezequiel Gambini, de 22 años, quien fue detenido junto a Roberto Carlos Pereyra, pero no está vinculado a la muerte de Sotelo, sino aparece ligado a una causa paralela por el ataque a tiros registrado días antes -el 19 de enero- contra Marcos Sotelo -hermano de Keko-, hecho que habría desencadenado la otra balacera concretada días después.
En este caso, Gambini está acusado por el delito de “lesiones graves” y con esta resolución en su contra también continuará detenido.
El 17 de febrero, en tanto, la Policía localizó un Volkswagen Up blanco vinculado al hecho y demoró a dos jóvenes, pero ambos fueron desvinculados y solo vehículo quedó a disposición a la Justicia.
Balacera y muerte
La balacera que derivó en la muerte de Keko Sotelo, sobrino de Cristian “Casimiro” Sotelo -asesinado el 12 de junio de 2021 en otro tiroteo registrado en el barrio A3-2 de Posadas-, ocurrió el 27 de enero, frente a la Iglesia Sagrada Familia, ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña.
Según se reconstruyó, hasta ese lugar llegó Sotelo en compañía de otra persona y desde un Ford Ka abrieron fuego contra Yoel Pereyra, que se encontraba tomando tereré en una de las plazoletas de la zona.
En esa instancia, Pereyra respondió de la misma forma, asestando tres disparos contra Sotelo, que terminó internado en grave estado de salud y una semana después falleció.
Pereyra cayó apenas unas horas antes del deceso de Sotelo. Fue detenido en la localidad de San Javier y desde ese momento permanece privado de su libertad.
Su padre, en tanto, había caído apenas unas horas antes, luego de una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía de Misiones en el marco de la investigación del caso.
En su vivienda en cercanías a Garupá, los investigadores incautaron un arsenal y allí dieron con una pistola calibre 9 milímetros, cuyas pericias confirmaron que se trató del arma utilizada en la balacera que acabó con la vida de Keko Sotelo.
En ese mismo procedimiento atraparon a Gambini, pero el muchacho quedó vinculado a la balacera anterior, la que se registró el 19 de enero en el barrio A3-2, donde el blanco de los disparos fue Marcos Sotelo -hermano de Keko-, quien sufrió heridas de arma de fuego en un pie y sobrevivió.
Se estima que todas las balaceras, incluida la que derivó en la muerte de Casimiro Sotelo, están conectadas.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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