Policiales
Prisión preventiva para implicados en el tiroteo y asesinato de Keko Sotelo
Guillermo Yoel Pereyra y su padre Roberto Carlos Pereyra, con diferentes grados de acusación, fueron procesados con la prisión preventiva y continuarán detenidos en el marco del expediente que investiga el asesinato de Héctor “Keko” Sotelo, luego de un enfrentamiento a tiros registrado el 27 de enero frente a una iglesia a pocos metros del centro de Posadas.
Según consignaron altas fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución fue firmada y notificada esta mañana por el magistrado Marcelo Cardozo, titular del Juzgado de Instrucción Uno, que interviene en la causa iniciada tras la balacera que, una semana después, derivó en la muerte de Sotelo, de 36 años.
Las mismas fuentes precisaron que Yoel Pereyra, de 26 años, quedó imputado por el delito de “homicidio calificado por el uso de arma de fuego”, en tanto que su padre, de 49 años, enfrenta una acusación por “tenencia ilegal de arma de fuego”. Tras esta resolución, ambos podría ser prontamente trasladados a la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados, donde continuarán privados de su libertad mientras avanza el expediente.
Un dictaminan similar recayó sobre Darío Ezequiel Gambini, de 22 años, quien fue detenido junto a Roberto Carlos Pereyra, pero no está vinculado a la muerte de Sotelo, sino aparece ligado a una causa paralela por el ataque a tiros registrado días antes -el 19 de enero- contra Marcos Sotelo -hermano de Keko-, hecho que habría desencadenado la otra balacera concretada días después.
En este caso, Gambini está acusado por el delito de “lesiones graves” y con esta resolución en su contra también continuará detenido.
El 17 de febrero, en tanto, la Policía localizó un Volkswagen Up blanco vinculado al hecho y demoró a dos jóvenes, pero ambos fueron desvinculados y solo vehículo quedó a disposición a la Justicia.
Balacera y muerte
La balacera que derivó en la muerte de Keko Sotelo, sobrino de Cristian “Casimiro” Sotelo -asesinado el 12 de junio de 2021 en otro tiroteo registrado en el barrio A3-2 de Posadas-, ocurrió el 27 de enero, frente a la Iglesia Sagrada Familia, ubicada sobre la avenida Roque Sáenz Peña.
Según se reconstruyó, hasta ese lugar llegó Sotelo en compañía de otra persona y desde un Ford Ka abrieron fuego contra Yoel Pereyra, que se encontraba tomando tereré en una de las plazoletas de la zona.
En esa instancia, Pereyra respondió de la misma forma, asestando tres disparos contra Sotelo, que terminó internado en grave estado de salud y una semana después falleció.
Pereyra cayó apenas unas horas antes del deceso de Sotelo. Fue detenido en la localidad de San Javier y desde ese momento permanece privado de su libertad.
Su padre, en tanto, había caído apenas unas horas antes, luego de una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por la Policía de Misiones en el marco de la investigación del caso.
En su vivienda en cercanías a Garupá, los investigadores incautaron un arsenal y allí dieron con una pistola calibre 9 milímetros, cuyas pericias confirmaron que se trató del arma utilizada en la balacera que acabó con la vida de Keko Sotelo.
En ese mismo procedimiento atraparon a Gambini, pero el muchacho quedó vinculado a la balacera anterior, la que se registró el 19 de enero en el barrio A3-2, donde el blanco de los disparos fue Marcos Sotelo -hermano de Keko-, quien sufrió heridas de arma de fuego en un pie y sobrevivió.
Se estima que todas las balaceras, incluida la que derivó en la muerte de Casimiro Sotelo, están conectadas.
Judiciales
Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE
Un fallo judicial hizo lugar parcialmente a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo, a cargo del intendente Rodrigo “Pipo” Durán, a completar datos vinculados al servicio de transporte urbano de pasajeros.
La demanda fue presentada por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, quienes solicitaron que el municipio entregue de manera completa y gratuita información relacionada con el sistema de transporte urbano en la ciudad, respaldándose en el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de Misiones y la Ley IV N.º 58.
Según consta en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, al que accedió La Voz de Misiones, los demandantes realizaron un pedido administrativo ante la Municipalidad de Eldorado el 2 de octubre de 2025. El municipio respondió el 20 del mismo mes mediante correo electrónico, aunque Fuentes y Galeano consideraron que la información brindada era parcial.
Concretamente, los letrados solicitan que la comuna informe sobre lo ocurrido con la empresa ETCE durante el paro total del servicio de transporte en la ciudad, que se produjo sin previo aviso y paralizó completamente la movilidad de los vecinos el 1 de octubre. En ese contexto, un día después el Ejecutivo firmó con la prestataria un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, que luego fue validado por el Concejo Deliberante. Los demandantes buscan conocer los pormenores de esa decisión, según señalaron en un comunicado.
Respuesta de la Muni
La Municipalidad de Eldorado se presentó en el expediente a través de sus apoderados legales, contestó la demanda y solicitó su rechazo, negó en términos generales los hechos planteados por los demandantes, aportó documentación como prueba y dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En la causa también intervino el Ministerio Público Fiscal de Misiones, que en su dictamen consideró que la acción no sería procedente, al entender que los demandantes contaban con otras vías administrativas para realizar el reclamo. El organismo participó en el proceso en su rol de defensor del patrimonio del fisco.
El fallo
Al analizar el caso, el juzgado interviniente entendió que la vía del amparo resultaba formalmente procedente y que el derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta para el control ciudadano de la gestión estatal. El fallo también señaló que los organismos públicos tienen la “obligación de facilitar el acceso a la información disponible o indicar el lugar donde puede ser consultada”.
Tras evaluar la documentación incorporada al expediente, el tribunal concluyó que el municipio respondió dentro de un plazo razonable, pero que la información entregada no cubría todos los puntos solicitados ni indicaba en dónde podía accederse a los datos faltantes.
Asimismo, la Justicia precisó además que el derecho de acceso a la información pública se “limita a la información existente en poder del Estado” y no obliga a la administración a generar documentos nuevos o elaborar informes especiales que no formen parte de sus registros.
Con ese contexto, la sentencia resolvió hacer lugar parcialmente al amparo de Fuentes y Galeano y ordenó a la Municipalidad de Eldorado que, en un plazo de diez días, entregue la información solicitada o indique de forma clara la dependencia u oficina donde se encuentre disponible para su consulta.
“Este fallo pone un límite muy claro a la opacidad del poder político. No se puede dejar a una ciudad entera sin transporte y al día siguiente reconocer una deuda de más de 1.400 millones de pesos sin que la sociedad sepa cómo se calculó, de dónde surge, qué se pagó, qué se condonó y qué expediente respalda todo eso. Si al concesionario se le termina pagando una suma que equivale a más de un millón de dólares, la ciudadanía tiene derecho a conocer hasta el último papel de esa decisión”, apuntó el abogado José Luis Fuentes tras conocerse la decisión de la Justicia misionera.
Eldorado amaneció sin colectivos y buscan declarar emergencia en transporte
Policiales
Dos personas incendiaron autos estacionados y huyeron en moto en Posadas
Dos vehículos resultaron dañados durante un incendio intencional registrado en la madrugada de este lunes en Posadas, luego de que personas aún no identificadas arrojaran un recipiente con combustible contra los autos que se encontraban estacionados frente a una vivienda.
El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en la intersección de la avenida Bustamante y la calle Portillo de la capital misionera. Según el testimonio del dueño de los autos a la Policía, un fuerte estruendo los despertó y al salir de su casa observó a dos personas que se alejaban rápidamente del lugar a bordo de una motocileta.
Al acercarse, el dueño advirtió que uno de los vehículos comenzaba a incendiarse. De acuerdo a lo que relató, los atacantes habrían arrojado una botella con combustible que impactó contra un Peugeot 208 y una Renault Kangoo, lo que provocó el inicio de las llamas y generó daños de consideración en uno de los rodados.
Tras el aviso, acudieron al lugar bomberos que lograron controlar el fuego antes de que se extendiera. Posteriormente, intervinieron en el caso efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar las circunstancias del ataque.
El propietario de los vehículos formalizó la denuncia y la Policía inició actuaciones para identificar a los responsables.
Policiales
Amenazó con tirarse de un décimo piso tras un hecho de violencia de género
Horas de intenso dramatismo se vivieron anoche en el barrio Villa Sarita de Posadas, donde un hombre se atrincheró en un departamento y amenazaba con tirarse al vacío desde un décimo piso tras un episodio de violencia de género.
Todo comenzó minutos antes de las 23 del sábado, cuando la Policía acudió al edificio Brisas del Parque, ubicado sobre la calle Alberdi, donde vecinos alertaron sobre un episodio de violencia de género producido en el interior de un departamento del décimo piso, con una joven de 29 años como víctima.
Al llegar los uniformados, el hombre se negó al procedimiento y se encerró en inmueble, bloqueando los accesos y amenazando con lanzarse al vacío.
En el hecho intervino la negociadora de la Policía de Misiones, pero tampoco hubo resultados, ante lo cual el personal de Bomberos y de la División Rescates Complejos planificó un operativo para ingresar al departamento.
Lo hicieron mediante cintas de anclaje de alta resistencia y desde el piso superior descendieron con arneses hasta una ventana del departamento, cavidad por la cual ingresaron al inmueble y lograron reducir al hombre de 35 años.
El implicado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la muchacha recibió asistencia multidisciplinaria.
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