Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.

El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.

Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Policiales
Investigan robo de $30 millones en el supermercado Don Alejo de Posadas
Un grupo de delincuentes ingresó durante la madrugada de este lunes al autoservicio Don Alejo, ubicado en la intersección de la avenida Francisco de Haro y la calle Luis Pasteur, en Posadas, y se llevó aproximadamente $30 millones que estaban guardados en una caja fuerte.
El hecho fue descubierto cerca de las 7.50, cuando efectivos de la comisaría Tercera acudieron al comercio tras un requerimiento canalizado a través del CIO-911.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores forzaron una reja ubicada en el frente del local para ingresar. Una vez dentro, desactivaron el sistema de alarmas y las cámaras de seguridad antes de avanzar hacia la caja fuerte.
Tras violentar el compartimiento, sustrajeron una suma estimada en $30 millones y escaparon del lugar.
La Policía investiga por estas horas distintas hipótesis en torno al robo y, entre las líneas de trabajo, se analiza la posibilidad de que los delincuentes hayan contado con información previa sobre el funcionamiento y los movimientos internos del comercio.
En ese marco, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad ubicadas en inmediaciones del autoservicio con el objetivo de reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos antes y después del robo.
También intervino personal de Policía Científica, que levantó rastros y otros elementos de interés para la investigación dentro del local.
A su vez, especialistas de Cibercrimen fueron convocados para realizar la extracción y el análisis de los registros fílmicos disponibles, en busca de imágenes que permitan identificar a los involucrados y establecer el vehículo o medio utilizado para escapar.
La investigación continúa para determinar quiénes participaron del golpe, cómo lograron acceder al comercio y hacia dónde se desplazaron después de sustraer el dinero.
Policiales
Detuvieron a un albañil por reportes de archivos Masi en El Soberbio
Un hombre de oficio albañil, identificado como Walter S., fue detenido en El Soberbio durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por delitos vinculados al material de abuso sexual infantil (Masi).
El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en la zona de Picada Progreso y fue coordinado por personal técnico especializado de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Ministerio Público.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a requerimiento de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, a cargo de Juan Pablo Espeche. Del operativo también participaron efectivos de la Dirección de Investigaciones Complejas, la comisaría local y personal de Infantería de la Policía de Misiones.
La pesquisa se inició a partir de tres reportes CyberTipline enviados por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que fueron recibidos por el Área de Red 24/7 de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de Misiones.
A partir de esos informes se activaron las tareas investigativas correspondientes, que permitieron reunir elementos para avanzar con el allanamiento.
Durante el procedimiento, los especialistas de la Saic realizaron tareas técnicas sobre los elementos encontrados en el lugar y detectaron coincidencias relevantes con la información aportada en los reportes. Además, hallaron preliminarmente archivos vinculados a material de abuso sexual infantil.
La causa reviste especial gravedad debido a que uno de los reportes advertía sobre una posible producción de este tipo de material. Esa circunstancia continúa bajo investigación y se activaron los protocolos correspondientes para preservar la identidad de la posible víctima.
La investigación forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio Público para fortalecer el abordaje de los delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, con intervención de personal especializado y coordinación entre las distintas áreas involucradas.
Judiciales
Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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