Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.
El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.
Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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