Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.
El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.
Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Una mujer de 36 años fue detenida esta madrugada en Jardín América, acusada de apuñalar gravemente a su pareja, de 31, que permanece internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y estado crítico.
De acuerdo al informe emitido por la Policía, el hecho de violencia se conoció esta madrugada, pasada la medianoche, cuando el herido llegó pidiendo ayuda a la casa de su madre en el barrio Lomas de Jardín.
El hombre, identificado como David Alejando A. (31), manifestó que minutos antes tuvo una discusión con su pareja, Otilia A. (36), hasta que la mujer lo atacó con un cuchillo, provocándole lesiones cortantes en varias partes del cuerpo.
El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local por bomberos voluntarios y más tarde fue derivado al hospital Madariaga de Posadas para recibir atención de mayor complejidad.
En el nosocomio se constató que el paciente presentaba heridas de arma blanca en regiones del tórax y abdomen. Debido a la gravedad de su cuadro, el hombre quedó internado en terapia intensiva, con respiración mecánica asistida y pronóstico reservado.
En paralelo, los efectivos de la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX activaron un operativo de búsqueda y detuvieron a la sospechosa, quien ahora se encuentra a disposición de la Justicia y su situación penal dependerá de la evolución médica de su pareja.
Una mujer de 33 años fue detenida en Apóstoles, acusada de desviar unos 140 millones de pesos mediante maniobras fraudulentas contra inquilinos de un edificio céntrico. El procedimiento fue realizado este viernes por la Policía de Misiones, que además secuestró dispositivos electrónicos clave para la investigación.
La causa se inició a partir de la denuncia de la propietaria de un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Belgrano y Colón. Según expuso, su secretaria habría estado cobrando a los inquilinos montos superiores a los establecidos en los contratos de alquiler, quedándose con la diferencia.
De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la sospechosa implementó un mecanismo sostenido en el tiempo: exigía pagos inflados, retenía el excedente y luego lo transfería a cuentas propias y también a nombre de su pareja. A través de esta operatoria, habría acumulado una suma cercana a los 140 millones de pesos.
En ese marco, este viernes a la mañana, efectivos de la comisaría Primera de la Unidad Regional VII, con apoyo de la División Cibercrimen, allanaron una vivienda del barrio Cruz del Gallo. Allí fue detenida la acusada, identificada como Yésica Romina M. (33).
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a pericias con el objetivo de profundizar la investigación y determinar el circuito del dinero.
La detenida quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo del magistrado Miguel Ángel Faría, que ordenó las medidas y continúa con las actuaciones para establecer el alcance total de la maniobra y la posible participación de otras personas.
A 20 días de la desaparición de 23 perros en la localidad de Guaraní, organizaciones proteccionistas anunciaron una recompensa de $1.000.000 en efectivo para quien aporte información “precisa y comprobable” sobre el paradero de los animales.
El caso se originó tras la intervención en una vivienda donde se encontraban varios perros, luego del fallecimiento de su propietaria. En ese procedimiento, al menos 23 canes fueron retirados del lugar por la Municipalidad.
Desde entonces, no hubo información oficial sobre el destino de los animales, ni sobre las condiciones en las que fueron trasladados. La falta de precisiones derivó en denuncias por presunto maltrato animal y en una investigación judicial en curso, que tiene en el centro de la polémica al intendente Miguel Ángel Vargas.
En las últimas horas se realizaron allanamientos que no arrojaron resultados positivos, según indicaron las asociaciones denunciantes “Patitas Felices” y “Huellitas del Monte”. “Se cumplen 20 días desde la desaparición de los 23 perros de Guaraní. 20 días de silencio. 20 días sin respuestas”, señalaron a través de un comunicado.
Ante la situación, las proteccionistas decidieron elevar de $600.000 a $1.000.000 la recompensa y garantizaron “absoluta confidencialidad” para quienes brinden datos. “Alguien sabe. Alguien vio. Alguien estuvo”, afirmaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de esclarecer lo ocurrido.
“Si fueron trasladados, queremos saber dónde están. Si se tomó otra decisión, queremos la verdad”, expresaron, y remarcaron que continuarán con los reclamos hasta obtener respuestas.
En ese contexto, vecinos y referentes de protectoras de animales se manifestaron ayer frente al Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, donde se tramita la causa por presunto maltrato animal.
La convocatoria se realizó para exigir el pronto esclarecimiento del caso, que tiene como principal señalado al intendente de Guaraní, a raíz de la viralización de un video en el que menciona que trasladaría a los animales “a la perrera… digamos nomás” y luego agrega que los llevaría “no sé adónde… pero lejos”, lo que generó dudas sobre el destino de los canes y derivó en cuestionamientos.
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