Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.

El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.

Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Policiales
Femicidio seguido de suicidio: el hombre fue denunciado por violencia en 2025
“Cada 31 horas un hombre se convierte en femicida”, fue el cartel que predominó ayer la marcha por el Ni Una Menos en Posadas y ni siquiera un día después se registró otro caso que engrosa la dramática estadística que grafica un flagelo tan presente como alarmante en todo el país.
Patricia Raquel González, de 54 años, madre y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas es la nueva víctima de la violencia machista más extrema. La mujer fue encontrada sin vida esta tarde, en una de las habitaciones de su casa sobre calle Japón -casi avenida Rademacher-, mientras que Luis Roberto Zampedri (64) es el nombre del sindicado femicida, cuyo cuerpo fue hallado en la parte posterior del inmueble, donde decidió quitarse la vida.
La Policía tomó conocimiento del caso esta tarde, cerca de las 16, cuando una hija de González llamó al 911 para solicitar auxilio urgente en el lugar.
Al llegar, los uniformados de la comisaría Tercera constataron la escena: una mujer sin vida en una habitación y un hombre también fallecido, pendiendo de un tirante en el patio trasera de la propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde, en una casa sobre calle Japón del barrio Hipólito Yrigoyen.
De acuerdo a la primera revisión de la escena del hecho, se desprende que González pudo haber sido ultimada con un golpe en la cabeza efectuado con un hierro, aunque también presentaba una lesión cortante, compatible con una puñalada, en el estómago.
De igual manera, todo será determinado en forma fehaciente una vez que los peritos del Cuerpo Médico Forense concreten el examen de autopsia a la mujer, cuyos restos iban a ser trasladados a la Morgue Judicial una vez que sean extraídos de la vivienda donde hasta entrada la noche continuaban trabajando los agentes de la División Científica de la fuerza provincial.
Un dato que surgió apenas conocido el hecho y que más tarde fue confirmado por la Policía de Misiones es que Zampedri, empleado de una empresa de seguridad privada, registraba antecedentes por hechos de violencia en perjuicio de su pareja.
Incluso, precisaron que en abril de 2025 el hombre recibió un exclusión de hogar y una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Violencia Familiar Dos de Posadas por un plazo de 30 días.
A la fecha, ahondaron desde la fuerza, no habían medidas vigentes y tampoco existían denuncias posteriores a la radicada en abril del año pasado.
Policiales
Femicidio seguido de suicidio en el barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas
La Policía y la Justicia investigan un posible femicidio seguido de suicidio en una casa del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas.
El hecho fue alertado alrededor de las 16 en una vivienda ubicada sobre calle Japón, casi Rademacher, cuando una mujer se comunicó con el Centro Integral de Operaciones 911 solicitando asistencia urgente.
Según fuentes policiales, en un primer momento la mujer manifestó que su padrastro habría intentado quitarse la vida mediante ahorcamiento. Minutos después volvió a comunicarse indicando que desconocía si el hombre aún presentaba signos vitales y que su madre aparentemente también se encontraba sin vida dentro del inmueble.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados constataron que Patricia Raquel González, de 54 años, se hallaba sin signos vitales en una de las habitaciones. Asimismo, en la parte posterior del inmueble encontraron a Luis Roberto Zampedri, de 64 años, suspendido de un tirante, también sin signos vitales.
En abril de 2025 la mujer había radicado una denuncia por violencia familiar contra su pareja, tras la cual el Juzgado de Violencia Familiar Nº 2 dispuso medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento por un plazo de treinta días. Según los registros consultados, dichas medidas ya no se encontraban vigentes y no existían nuevas denuncias posteriores.
En el lugar trabajó personal de la comisaría jurisdiccional y de la División Científica, con presencia del juez de Instrucción Seis Ricardo Balor y del fiscal de instrucción Seis René Casals.
Policiales
Detuvieron a un dealer por el ataque a tiros contra dos jóvenes en Iguazú
Un sindicado dealer de cocaína, entre otros estupefacientes, fue detenido este jueves en el marco de la investigación por el ataque a tiros perpetrado en contra de dos jóvenes frente a un kiosco 24 horas de Puerto Iguazú durante la madrugada del miércoles.
El sospechoso logró ser identificado mediante el análisis de cámaras de seguridad y fue detenido esta mañana durante un allanamiento realizado en el barrio Altos del Paraná, donde los uniformados de la Unidad Regional V además secuestraron 5,100 kilogramos de cocaína, 7,155 kilogramos de marihuana y 605 gramos de hachís y bolsas con tusi o cocaína rosa.
El detenido fue identificado como Kevin Miguel D. L., de 25 años, quien quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, que interviene en el violento suceso.
Una de las hipótesis que surgió a partir de las primeras averiguaciones practicadas es que el agresor habría reaccionado a tiros contra las víctimas después de haber sufrido un intento de robo de su mercadería.
En ese marco, efectuó al menos siete disparos y los balazos impactaron en Javier A. (27) y Marcelo P. (21). El mayor de ellos sufrió heridas en el abdomen, debió ser operado y continúa internado en estado delicado, mientras que el menor recibió un balazo en una pierna y se encuentra fuera de peligro.
Según fuentes policiales, la cocaína secuestrada posee un valor estimado superior a los 60 mil dólares, mientras que la marihuana y el hachís alcanzan un valor cercano a los 35 mil dólares, por lo que en su conjunto, el cargamento incautado ronda los 100 mil dólares en el mercado ilegal.
Durante la requisa realizada en el inmueble, los investigadores secuestraron un revólver calibre 32 con municiones, ocho teléfonos celulares, placas dominio correspondientes a motocicletas y automóviles, una balanza de gran porte, tres balanzas de precisión, cientos de bolsas tipo ziploc, bandas elásticas, dinero en pesos y dólares, entre otros elementos.
El detenido quedó a disposición de la Justicia Penal por el ataque armado investigado y de la Justicia Federal por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, mientras continúan las diligencias para determinar posibles conexiones con otras actividades delictivas.
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