Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.

El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.

Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Policiales
Ya son seis los detenidos por el robo a una tienda de celulares en Posadas
La investigación por el millonario robo a una tienda de celulares en el barrio El Palomar de Posadas sumó cuatro nuevos detenidos este lunes y ahora ya son seis los sospechosos puestos a disposición de la Justicia, entre ellos los sindicado “cabecillas” del golpe.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, durante la jornada de hoy fueron arrestados Facundo “Homero” P. y Diego “Oveja” B., quienes fueron señalados como los principales integrantes de la banda.
A ellos se sumaron dos mujeres que habrían actuado como “encubridoras” del hecho. Ellas fueron identificadas como Pamela Q. (28) y Agustina L. (21) y, al igual que los dos hombres, fueron detenidas durante allanamientos realizados en inmuebles ubicados en las chacras 120 y 128 de Posadas.
Según detallaron, hasta los nuevos sospechosos se llegó mediante trabajos de geolocalización desarrollados en forma conjunta entre la fuerza provincial y el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic).
Estos cuatro detenidos se suman a los otros jóvenes arrestados horas después del hecho, uno de ellos identificado como Marcos B. (19), cuya captura se concretó en el barrio La Flor.
En paralelo, se aguarda el peritaje para determinar si los 50 teléfonos robados, en su mayoría Iphone, se encuentran entre los 90 aparatos incautados el fin de semana en una “cueva” de objetos sustraídos.
El inmueble ubicado en la chacra 225 fue allanado en la madrugada del sábado y allí fue detenido un joven de 26 años que en el mundillo de hampa es conocido como “reducidor” de objetos robados.
El robo bajo investigación ocurrió en la madrugada del 14 de septiembre, cuando al menos seis delincuentes en moto forzaron el ingreso al local ubicado sobre calles Barrufaldi y Líbano.
Una vez dentro, los malvivientes vaciaron el comercio, llevándose celulares, notebooks, relojes y dinero en efectivo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad que captaron la llegada en moto de los ladrones, como así también todo el accionar desplegado en el interior del local.
Dos detenidos por millonario robo a tienda de celulares en Posadas
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
Policiales
Detuvieron frente a Casa de Gobierno a tres ex policías acusados de sedición
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, tres de los ocho implicados en la causa por conspiración e intento de sedición, fueron detenidos esta mañana durante un episodio registrado frente a la Casa de Gobierno.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, los tres ex uniformados acudieron hoy a Casa de Gobierno para entregar un petitorio e iniciar una “protesta pacífica”.
En ese marco, una versión indica que los policías de servicio se acercaron a ellos para consultar sobre la medida y allí se produjo un tumulto que derivó en incidentes.
El motivo de detención y la nueva causa es por resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas que se tramitará ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
El procedimiento fue ejecutado por personal de Infantería, que subió a la plaza y con tenazas cortaron las cadenas con las que los manifestantes se ataron a las rejas de la Rosadita.
Los familiares de los hermanos Arrieta, por su parte, explicaron a La Voz de Misiones que “luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a Guirula”.
En estos momentos, Horacio Couto e Iván y Alejandro Arrieta se encuentran detenidos en la comisaría de la Seccional Primera.
El reclamo
Previo a la detención, los tres involucrados presentaron un documento fechado el 21 de septiembre de 2026 en Posadas, dirigido al gobernador Hugo Mario Passalacqua.
El escrito lleva las firmas de Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta y Elías Coutto, ex integrantes de la Policía de Misiones, quienes, según el reclamo, se encuentran apartados de sus funciones sin percibir haberes ni contar con una definición legal o laboral.
Al mismo tiempo, explicaron que se enteraron por medios públicos de que otros dos ex compañeros vinculados a la misma causa (Diego Correa y Adolfo Guirula) lograron un acuerdo con el gobierno provincial para su reincorporación y el reconocimiento de sus haberes.
Aclarando que respetan dicho acuerdo y no buscan perjudicar a nadie, solicitaron igualdad de condiciones, una audiencia para exponer su situación en persona y la posibilidad de encontrar una vía de diálogo dentro del marco legal vigente que les permita volver a trabajar, percibir ingresos y dar estabilidad a sus familias, ofreciendo además sus disculpas si sus reclamos anteriores causaron molestias.
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