Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.
El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.
Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Efectivos policiales atraparon esta mañana a dos de los tres detenidos que se fugaron de la comisaría Quinta de Posadas y ahora solo resta recapturar a uno de los evadidos.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los aprehendidos son Gustavo Fraga (18) y Ramsés Fachinello (20), ambos procesados por hurto. Los dos fueron ubicados en un inmueble en el barrio La Ripiera de Garupá, en cercanías al Acceso Sur.
En el lugar trabajan diversas dependencias policiales, bajo directivas del magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
Ahora resta recapturar a Lucio Blanco (31), que tiene una causa por amenazas y daño.
La fuga fue detectada el miércoles cerca de las 23.30, durante un control de rutina en el sector de alojamiento de la comisaría Quinta. Al advertir los barrotes cortados y la ausencia de los internos, se activó inmediatamente el dispositivo de búsqueda, con patrullajes y tareas investigativas en distintos puntos de la ciudad.
Por el hecho, la Jefatura de Policía desplazó a toda la cúpula de la comisaría y como jefa quedó la comisario Viviana Aguayo.
Dos hombres procesados por hurto y uno por amenazas y daños, cortaron los barrotes de una celda y escaparon anoche de la Comisaría Quinta de Posadas, por lo que la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo en la ciudad.
La búsqueda está a cargo de la Unidad Regional X y cuenta con el apoyo de distintas dependencias y áreas investigativas, quienes desde tempranas horas intentan dar con el paradero de Gustavo Fraga (18) y Ramsés Fachinello (20), ambos procesados por hurto, y Lucio Blanco (31), por una causa de amenazas y daño.
La fuga fue detectada cerca de las 23:30, durante un control de rutina en el sector de alojamiento. Al advertir los barrotes cortados y la ausencia de los internos, se activó inmediatamente el dispositivo de búsqueda, con patrullajes y tareas investigativas en distintos puntos de la ciudad.
En simultáneo, por disposición de la Jefatura de Policía, Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas para establecer las circunstancias de la evasión y eventuales responsabilidades del personal que se encontraba a cargo de la custodia.
La detención de dos suboficiales que cumplían funciones en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú destapó un esquema de corrupción policial que incluía apremios y extorsión para algunos detenidos, como así también beneficios a cambio de dinero para otros internos.
La medida alcanzó al sargento Rafael A. y al agente Rodrigo A., quienes además de ser apartados de la institución policial también enfrentarán una causa penal bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia presidida por el magistrado Martín Brites.
La propia fuerza provincial informó que las detenciones se concretaron este miércoles a la mañana, partir de una investigación que se inició tras la denuncia de un detenido que expuso una serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento del sector que tiene capacidad para alojar a unas 50 personas.
Complicidades
En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones permitieron reconstruir que el esquema de corrupción que imperaba en esa área funcionaba hace varios meses gracias a una red de complicidades tendida entre los uniformados detenidos y al menos cuatro de los internos de mayor antigüedad.
Según detallaron, estos internos se encargaban de golpear a los detenidos “recién llegados” para luego amenazarlos y exigirle el pago de un determino monto de dinero a cambio de seguridad.
Ese pago era cubierto por los familiares de los agredidos y quienes oficiaban de “cobradores” no eran otros que los uniformados ahora detenidos, quienes permitían los hechos de violencia y se quedaban con una porción del dinero.
En esa red de complicidades, en tanto, también había un grupo de detenidos de “mayor jerarquía” que gozaban de ciertos beneficios como uso de celulares, ingreso de elementos prohibidos y hasta un régimen de visitas diferentes al resto de la población. Para todo ello también había dinero de por medio para los agentes involucrados.
En la investigación trazada se identificaron al menos ocho involucrados: los dos policías, cuatro detenidos que se encargaban de golpear a los recién llegados y otros dos detenidos que pagaban para beneficios especiales.
Además de las detenciones ordenadas, el juzgado que dirige Brites también dispuso una serie de allanamientos e incautaciones, principalmente teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias en busca de más pistas que permitan reconstruir de qué manera funcionaba el esquema.
Apartados
En paralelo a la causa penal, desde la Jefatura de Policía también se abrió una investigación internada que quedó a cargo de la Dirección Asuntos Internos y se avanzó en el apartamiento de la institución de ambos involucrados.
“La intervención reafirma el criterio establecido por la Jefatura de Policía de investigar con el mismo rigor cualquier irregularidad, incluso cuando pueda involucrar a integrantes de la propia institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.
En el mismo parte indicaron que los hechos investigados “podrían encuadrarse en los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento”.
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