Policiales
Policía imputado por femicidio cayó como encubridor de prostitución de menores
El policía Adrián Roberto Borda (44), imputado aunque en libertad por el femicidio de Mirta Carmen Rosa (47) tras un juicio realizado a otros uniformados acusados por abandono de persona contra la mujer, es el hombre detenido el fin de semana como cómplice de una vecina del barrio A4 que comercializaba estupefacientes y prostituía a su hija.
La detención de Borda se concretó el viernes pasado, cuando los investigadores de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consideraron que ya habían recolectado suficientes elementos de prueba en el marco de una denuncia radicada al menos dos meses antes.
En esa denuncia, un vecino del barrio A4 apuntó que en una vivienda del vecindario se comercializaban estupefacientes a todo hora y no solo eso, sino que también se ofrecían servicios sexuales.
Para mayor gravedad, luego se estableció que quien era sometida a explotación sexual era una adolescente de 16 años, hija de la dueña de la casa.
Tras determinar estas circunstancias, con autorización del Juzgado Federal de Posadas, los agentes de GNA irrumpieron en el lugar el viernes, concretando la detención de la mujer y el rescate de la adolescente, como así también de otros cuatro niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad.
Pero los procedimientos no culminaron allí, dado que los gendarmes avanzaron hacia la casa de un vecino que encubría el accionar de la principal sospechosa. Ese vecino resultó Borda, uno de los tres policías que pasaron de testigo a imputados por el femicidio de Mirta Carmen Rosa, perpetrado el 14 de febrero de 2013 en Garupá.
El allanamiento de GNA y de los detenidos tras el operativo del viernes.
De testigos a imputados
El uniformado quedó bajo la lupa de la Justicia en agosto del año pasado, luego del juicio realizado el año pasado a los agentes Aldo Villalba (38) y Luis Rotela (44), quienes fueron en ese proceso fueron condenados por el delito de abandono de persona en contra de la mujer.
En ese juicio, tanto Borda, como Emilio Broemser y José María Bernal, declararon como testigos, ya que en ese momento eran integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y habían estado realizando procedimientos poco claros e ilegales en la zona donde Rosa fue hallada muerta con fractura de cráneo y estallido vesical.
Para la Justicia, en el debate quedó determinado que Rosa, que sufría esquizofrenia, se perdió tras salir de su casa en el barrio Santa Clara II y fue socorrida en la casa de unos vecinos por los agentes Villalba y Rotela, ambos de la Comisaría Quinta, aunque luego fue abandonada en inmediaciones a la cancha del barrio Los Potrillos.
Allí aparece la nueva línea investigativa que apunta contra la patrulla integrada por Broemser, Borda y Bernal, quienes se encontraban “de operativo” con un detenido recorriendo el barrio Los Potrillos en el mismo horario en el que se pierde el rastro de la docente asesinada.
Incluso, ese detenido que estaba con ellos ese día declaró en el juicio y afirmó que mientras era “torturado” dentro del móvil apareció en escena “una señora” con la cual los uniformados bajaron a hablar. Se estima que esa señora pudo haber Mirta Carmen Rosa.
Borda junto al fiscal Glinka al momento de declarar en el juicio por el caso Rosa.
“Los de la Brigada, bandidos los tres, estaban haciendo cagada, estaban en un lugar donde no tenían que estar”, contextualizó el fiscal de juicio Vladimir Glinka en su mismo alegato y afirmó que en esas circunstancias se cruzaron con Rosa, con quien discutieron y como “ella reaccionó mal debido a su estado de exaltación por la esquizofrenia, ellos reaccionaron peor: la golpearon y la dejaron prácticamente muerta”.
En esa instancia, además de pedir condena para los policías acusados de abandonar a la mujer, el fiscal Glinka pidió iniciar una causa contra los ex agentes de la Brigada por homicidio y ese nuevo expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo, que en diciembre ordenó la detención de los tres sospechosos.
El trío enfrenta ahora una acusación por los delitos de “homicidio calificado criminis causa y por haber sido perpetrado por personal de la fuerza de seguridad”, entre otros delitos.
De igual manera, Borda recuperó la libertad hace dos meses tras ser beneficiado con una excarcelación bajo caución. Ahora, está nuevamente detenido, aunque esta vez a disposición del Juzgado Federal de Posadas.
La trama paralela del caso Rosa y las sospechas de homicidio hacia la Brigada
Esta mañana, en el Tribunal Penal Uno de Posadas, comenzó el juicio oral contra un albañil paraguayo acusado de cometer abusos sexuales en perjuicio de dos cuñadas menores de 13 años con quienes convivía en un inmueble del barrio Santa Clara II de Garupá.
En la audiencia de hoy, se procedió a la lectura del requerimiento de elevación de la causa, documento en el cual la fiscal de instrucción Patricia Clerici, volcó la reconstrucción de los hechos endilgados, las pruebas recolectadas y la acusación que ahora enfrenta el implicado.
El extranjero, identificado como Román Federico Agustín Melgarejo (28), está imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa (varios hechos), en concurso real”.
Según la lectura del expediente, el primer hecho se registró en perjuicio de una niña de 11 años, hermana de la pareja del acusado, quien reveló que durante el 2016 fue abusada sexualmente por su cuñado mientras convivían en el mismo hogar.
No es lo único. El hombre también está acusado de intentar en varias oportunidades cometer el mismo hecho en perjuicio de otra cuñada también menor de edad. Esa situación habría ocurrido en 2018, aunque la denuncia que disparó el caso se radicó tiempo después.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate es presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Ricardo Balor y Fernando Verón como vocales subrogantes.
En la fiscalía interviene Vladimir Glinka, mientras que la defensa del acusado está a cargo del abogado particular Abel Martín Acevedo.
Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la audiencia avanzó en la toma de testimoniales a los testigos de la causa, etapa que se realiza a instancia privada a fin de resguardar la identidad y la integridad de las denunciantes.
El comienzo del debate fue transmitido en vivo, durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa.
A solo dos meses de acceder a la libertad condicional, una interna que cumple una condena por homicidio no volvió de una salida transitoria otorgada por la Justicia y ahora se encuentra en condición de prófuga, siendo intensamente buscada por agentes policiales y penitenciarios de la provincia.
La fugada se trata de Cecilia Elizabeth Da Silva (27), sobre quien pesa una condena unificada de 14 años de prisión como partícipe primario en los delitos de “homicidio simple y robo calificado por el uso de arma blanca, en concurso real”, emitido por el Tribunal Penal Uno de Oberá.
La mujer se encontraba alojada en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús, en Posadas, donde cumplía su tratamiento penitenciario y conforme a los requerimientos exigidos había sido autorizada a realizar una salida transitoria cada quince días.
En ese marco, la condenada hizo uso de uno de esos beneficios y el domingo a las 9 de la mañana debía presentarse nuevamente en la cárcel, pero no lo hizo y, en consecuencia, fue declarada prófuga.
Las fuentes consultadas por este medio señalaron que la interna estaba en condiciones de acceder a la libertad condicional en agosto, beneficio que ahora se encuentra en riesgo debido al incumplimiento de su última salida transitoria.
Según describió el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), la interna mide aproximadamente 1,53 metros de estatura y “presenta como seña particular varios tatuajes uno de ellos en el antebrazo izquierdo con la descripción “Lohana”.
Da Silva estaba a dos meses de obtener la libertad condicional.
Homicidio
En su prontuario Da Silva anota un homicidio simple por el cual recibió 8 años de prisión. El hecho ocurrió a mediados de mayo de 2019 y la víctima fue Cristian Antúnez (31), un vecino del barrio Villa Blanquita de Oberá que cobraba una pensión por discapacidad.
Según la reconstrucción policial, Antúnez estaba en su casa cuando fue sorprendido por una pareja conformada por Da Silva y su novio, quienes lo atacaron a golpes y puñaladas.
Por ese hecho, Antúnez quedó internado en gravísimo estado y falleció 20 días después, lo que complicó la situación procesal de ambos implicados, quienes finalmente fueron condenados por homicidio.
En la madrugada de hoy, tres personas resultaron hospitalizadas como consecuencia de un choque que provocó el incendio de uno de los dos vehículos involucrados sobre la ruta 12, a la altura del kilómetro 1591 en la localidad de Wanda.
El hecho se registró pasada la medianoche cuando, por causas que son materia de investigación, una Chevrolet S10 conducida por un joven de 25 años que circulaba en sentido sur-norte, colisionó con una Volkswagen Saveiro que transitaba en sentido contrario, al mando de un hombre de 35 años, quien viajaba acompañado por una joven de 18.
A raíz del impacto, los tres involucrados debieron ser trasladados al hospital local en un móvil policial para su atención médica.
Como consecuencia del siniestro, la Volkswagen Saveiro se incendió, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y evitar una situación de mayor gravedad.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias que derivaron en el impacto de ambos vehículos.
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