Policiales
Muerte de una anciana en Posadas fue un homicidio y hay cinco detenidos
La pesquisa por la muerte de Dora Ramírez, la anciana de 71 años calcinada en el incendio de su vivienda de Posadas, dio un giro de 180 grados en las últimas horas y la principal hipótesis pasó de un hecho accidental a un homicidio e incluso los investigadores ya detuvieron a cinco sospechosos en operativos concretados entre ayer y hoy.
El hecho que se encuentra en investigación se registró el lunes a la noche, cuando efectivos policiales y bomberos acudieron al incendio de una vivienda ubicada en la chacra 105, en inmediaciones al supermercado Chango Más sobre la avenida Tambor de Tacuarí.
Cuando los uniformados llegaron, poco y nada pudieron hacer para contener las llamas, mucho menos para salvar la vida de la anciana, que falleció calcinada en el interior de la vivienda.
Según señalaron los vecinos, Ramírez vivía sola y tenía problemas de movilidad por osteoporosis.
La hipótesis inicial apuntó a un hecho desafortunado y trágico desencadenado como consecuencia de un cortocircuito, pero las pistas recolectadas por los especialistas de la Dirección Homicidios de la fuerza provincial marcaron completamente lo contrario.
Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en medio de las averiguaciones los investigadores obtuvieron testimonios que daban cuenta de que la muerte de Ramírez para nada se trató de un accidente, sino más bien que la anciana fue asesinada después de un robo.
A partir de ahí, avanzaron en la identificación de posibles sospechosos y así llegaron a cinco personas y en los allanamientos se secuestraron varios elementos de prueba más que comprometedores.
Con todos los elementos sobre la mesa, el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete, interviniente en la causa, autorizó una serie de operativos simultáneos que fueron ejecutados entre ayer y hoy en distintos barrios de Posadas.
Los operativos
Según detallaron los voceros consultados por LVM, los primeros detenidos fueron Elvio Omar J. (47) y Angélica Yesenia P. (31), en cuyo poder los investigadores incautaron un automóvil Peugeot 205 que habría sido utilizado para sustraer elementos de la casa de Ramírez e incluso fue captado por cámaras de seguridad dispuestas en cercanías a a vivienda de la víctima.
Durante la madrugada de hoy, en tanto, los pesquisas avanzaron hasta una casa ubicada en el barrio Nuevo de Garupá, donde detuvieron a Mercedes Angélica R. (43) y demoraron a un adolescente de 16 años.
En ese lugar, los uniformados dieron con una importante cantidad de objetos que comprometen a los involucrados como, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, una garrafa de 10 kilogramos, un nebulizador, un monedero y documentaciones vinculadas a Ramírez y familiares de la anciana asesinada.
Se estima que dichos objetos son parte del botín sustraído por la banda que el lunes ingresó a la casa de Ramírez y luego asesinó a la anciana y provocó un incendio en el lugar para borrar huellas.
El último implicado puesto tras las rejas se trata de José Luis “Kuby” C. (26), quien fue detenido durante un procedimiento en la vía pública en inmediaciones a la chacra 181 de Posadas.
Si bien los investigadores aún recolectan información para determinar el rol y grado de participación en el hecho de cada uno de los involucrados, se estima que Kuby sería el “organizador” o el “ideólogo” del golpe.
Las fuentes de LVM indicaron que los detenidos serían trasladados a sede judicial el martes. Allí designarán abogados defensores y luego se decidirá si completan audiencia de declaración indagatoria durante esa misma jornada o al día siguiente.
El Peugeot 205 fue captado por cámaras de seguridad cercanas a la casa de la víctima.
Una tele, una garrafa, un nebulizador y documentaciones de Ramírez fueron incautados en la casa de los detenidos.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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