Policiales
“Kolyno” Jara: “En el penal nunca fui a misa porque no maté a nadie”
Recuperó la libertad, tras 17 años en prisión. Fue condenado con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Pero la Corte los absolvió.
“Mientras estuve en prisión, nuca fui a la iglesia a rezar porque no tengo de que arrepentirme, no maté a nadie”, afirmó Ricardo Omar “Kolyno” Jara durante una entrevista, al recuperar su libertad luego de pasar 17 años en un presidio.
Fue el principal acusado por el crimen de Ersélide Dávalos, ocurrido el 27 de julio de 2001 en su casa del barrio El Palomar, en Posadas, con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, y este miércoles se decidió a hablar con la prensa.
Vázquez se suicidó el pasado 26 de septiembre y Rojas trabaja en la Comisión Provincial por la Prevención de la Tortura. La primera pasó once años en prisión y la segunda, 14, por la misma causa que Jara.
Las dos mujeres salieron en libertad a fines de diciembre del año pasado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto sus condenas por gruesos errores en el proceso judicial en su contra y en la intervención de la Corte provincial
Insólitamente, el pronunciamiento del máximo órgano judicial del país, no tuvo en cuenta a Jara en su decisión, ya que el trámite se había iniciado únicamente a nombre de sus compañeras de causa.
Ahora, por los antecedentes mencionados, él también se vio beneficiado, aunque el beneficio le llegó recién al segundo día de una huelga de hambre que comenzó para reclamar que su situación fuera contemplada en el mismo marco y que le otorgaran la libertad.
“No tuve nada que ver”
En una entrevista con el canal Noticias del Seis, por primera vez “Kolyno” habló del caso, de la condena y de sus vivencias en prisión, pero en reiteradas ocasiones durante la charla se preocupó por negar toda vinculación con el hecho.
“Yo tuve una relación con una de las chicas, con Cecilia Rojas. Éramos como novios. Fui varias veces a buscarle; vivía del Comando (Radioeléctrico policial) hacia adentro, por Félix Aguirre. Cuando me di cuenta de las cosas, me estaban buscando por un robo calificado y un homicidio”, dijo.
Fue el comienzo de sus penurias. “No entendí nada. Yo tengo antecedentes por robo, no voy a negar nunca, pero que haya ejercido violencia o haya lastimado a una persona, no”, señaló.
Puso distancia entre sus andanzas marginales con que “acá se trata de un crimen; la alarma no fue forzada y ningún lugar de la casa fue violentada. Tengo causas menores, pero no soy una persona peligrosa. Inclusive no tengo una condena hasta ese momento que me relacionan con el homicidio, me detienen y me condenan”.
Con relación a las joyas de la víctima que supuestamente él se había encargado de intentar venderlas, dijo en forma tajante que no era verdad. “La causa fue armada. En realidad, no hay una prueba científica que me vincule con el hecho” en el crimen, dijo en tiempo presente, como en toda la entrevista.
En el expediente “no hay algo que diga que entré o salí (del escenario del crimen). No son mis huellas, no es mi sangre, no es mi ADN, ni de las chicas porque los tres fuimos a las pruebas”, expresó. Luego admitió haber visto “unas cuantas veces” a Vázquez, pero “no conocí a su familia, ellos no me conocen ni yo tampoco”.
Días de detención
En otro tramo, Jara fue consultado acerca de los lugares de detención donde estuvo en las tres ocasiones en que perdió la libertad, en el mismo proceso, como la Alcaidía de Prevenidos, al lado de la comisaría Seccional Primera, hasta que lo derivaron condenado al penal de Loreto.
En los 17 años que estuvo detenido “he visto cambiar al Presidente (de la Nación) cuatro veces, he visto cuatro Mundiales (de fútbol). Cuando ingresé, solamente había cartas (como medio de comunicación)”, recordó.
Después llegaron los adelantos como los celulares con mensajes y llamadas, Internet, WhatsApp, Facebook, citó, todo lo cual “fui viviendo y me actualicé”. Pero dio muestras de entereza al señalar que no había pasado por momentos de desolación.
“A pesar de que mi madre se enfermó, mi familia siempre me apoyó en forma incondicional. Le decía: ‘Mamá, algún día se va a saber esto y voy a salir; yo duermo tranquilo porque en esta causa no tengo nada que ver”, recordó que le decía s su progenitora.
Al final, jara fue preguntado si sintió la necesidad espiritual de acercarse a la religión, a Dios, y afirmó sin dudarlo: “Soy una persona inocente. Cómo voy a ir a la iglesia a arrepentirme si yo no hice nada. Soy inocente. Durante todos los años no tengo registros de que haya ido a la iglesia dentro de la cárcel, pero este fin de semana lo voy a hacer porque lo siento. Voy a dar gracias”, dijo.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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