Policiales
“Kolyno” Jara: “En el penal nunca fui a misa porque no maté a nadie”
Recuperó la libertad, tras 17 años en prisión. Fue condenado con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas. Pero la Corte los absolvió.
“Mientras estuve en prisión, nuca fui a la iglesia a rezar porque no tengo de que arrepentirme, no maté a nadie”, afirmó Ricardo Omar “Kolyno” Jara durante una entrevista, al recuperar su libertad luego de pasar 17 años en un presidio.
Fue el principal acusado por el crimen de Ersélide Dávalos, ocurrido el 27 de julio de 2001 en su casa del barrio El Palomar, en Posadas, con Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, y este miércoles se decidió a hablar con la prensa.
Vázquez se suicidó el pasado 26 de septiembre y Rojas trabaja en la Comisión Provincial por la Prevención de la Tortura. La primera pasó once años en prisión y la segunda, 14, por la misma causa que Jara.
Las dos mujeres salieron en libertad a fines de diciembre del año pasado por un fallo de la Suprema Corte de Justicia que dejó sin efecto sus condenas por gruesos errores en el proceso judicial en su contra y en la intervención de la Corte provincial
Insólitamente, el pronunciamiento del máximo órgano judicial del país, no tuvo en cuenta a Jara en su decisión, ya que el trámite se había iniciado únicamente a nombre de sus compañeras de causa.
Ahora, por los antecedentes mencionados, él también se vio beneficiado, aunque el beneficio le llegó recién al segundo día de una huelga de hambre que comenzó para reclamar que su situación fuera contemplada en el mismo marco y que le otorgaran la libertad.
“No tuve nada que ver”
En una entrevista con el canal Noticias del Seis, por primera vez “Kolyno” habló del caso, de la condena y de sus vivencias en prisión, pero en reiteradas ocasiones durante la charla se preocupó por negar toda vinculación con el hecho.
“Yo tuve una relación con una de las chicas, con Cecilia Rojas. Éramos como novios. Fui varias veces a buscarle; vivía del Comando (Radioeléctrico policial) hacia adentro, por Félix Aguirre. Cuando me di cuenta de las cosas, me estaban buscando por un robo calificado y un homicidio”, dijo.
Fue el comienzo de sus penurias. “No entendí nada. Yo tengo antecedentes por robo, no voy a negar nunca, pero que haya ejercido violencia o haya lastimado a una persona, no”, señaló.
Puso distancia entre sus andanzas marginales con que “acá se trata de un crimen; la alarma no fue forzada y ningún lugar de la casa fue violentada. Tengo causas menores, pero no soy una persona peligrosa. Inclusive no tengo una condena hasta ese momento que me relacionan con el homicidio, me detienen y me condenan”.
Con relación a las joyas de la víctima que supuestamente él se había encargado de intentar venderlas, dijo en forma tajante que no era verdad. “La causa fue armada. En realidad, no hay una prueba científica que me vincule con el hecho” en el crimen, dijo en tiempo presente, como en toda la entrevista.
En el expediente “no hay algo que diga que entré o salí (del escenario del crimen). No son mis huellas, no es mi sangre, no es mi ADN, ni de las chicas porque los tres fuimos a las pruebas”, expresó. Luego admitió haber visto “unas cuantas veces” a Vázquez, pero “no conocí a su familia, ellos no me conocen ni yo tampoco”.
Días de detención
En otro tramo, Jara fue consultado acerca de los lugares de detención donde estuvo en las tres ocasiones en que perdió la libertad, en el mismo proceso, como la Alcaidía de Prevenidos, al lado de la comisaría Seccional Primera, hasta que lo derivaron condenado al penal de Loreto.
En los 17 años que estuvo detenido “he visto cambiar al Presidente (de la Nación) cuatro veces, he visto cuatro Mundiales (de fútbol). Cuando ingresé, solamente había cartas (como medio de comunicación)”, recordó.
Después llegaron los adelantos como los celulares con mensajes y llamadas, Internet, WhatsApp, Facebook, citó, todo lo cual “fui viviendo y me actualicé”. Pero dio muestras de entereza al señalar que no había pasado por momentos de desolación.
“A pesar de que mi madre se enfermó, mi familia siempre me apoyó en forma incondicional. Le decía: ‘Mamá, algún día se va a saber esto y voy a salir; yo duermo tranquilo porque en esta causa no tengo nada que ver”, recordó que le decía s su progenitora.
Al final, jara fue preguntado si sintió la necesidad espiritual de acercarse a la religión, a Dios, y afirmó sin dudarlo: “Soy una persona inocente. Cómo voy a ir a la iglesia a arrepentirme si yo no hice nada. Soy inocente. Durante todos los años no tengo registros de que haya ido a la iglesia dentro de la cárcel, pero este fin de semana lo voy a hacer porque lo siento. Voy a dar gracias”, dijo.
Un joven de 18 años cayó de un primer piso esta madrugada y permanece internado en estado crítico en el hospital Madariaga, mientras agentes policiales investigan las circunstancias del suceso.
De acuerdo a lo consignado por fuentes de la fuerza provincial, el hecho ocurrió cerca de las 5 de hoy, en un edificio ubicado sobre calle San Lorenzo, en inmediaciones a su intersección con calle Tucumán.
A esa hora la Policía fue advertida sobre la presencia de un joven de 18 años que instantes antes había caído desde un primer piso de un edificio, sufriendo lesiones gravedad.
Una ambulancia del sistema de emergencias también acudió al lugar y concretó el traslado del muchacho hacia el hospital Madariaga, donde actualmente se encuentra internado en estado crítico.
Una comisión de la Dirección General de Policía Científica intervino en el hecho y realizó las pericias de rigor para determinar las circunstancias del hecho.
El Tribunal Penal Dos de Posadas ratificó la medida dispuesta el miércoles y decidió que los seis ex policías imputados por el caso Guirula continúen con “arresto preventivo” hasta el dictado de la sentencia, previsto para el próximo martes, una vez que se complete la ronda de alegatos iniciada ayer con el pedido de prisión perpetua formulado por la fiscalía para dos de los acusados.
Fueron las defensas de Lucas Nahuel Saravia Allosa (37), Carlos Alberto Zidorak (36), Claudio Marcelo Servián y Carlos Alberto Da Silva (34), quienes alegaron esta mañana y en paralelo al pedido de absolución para cada uno de ellos solicitaron el cese del “arresto preventivo” para que puedan aguardar el veredicto en libertad, misma condición en la que llegaron a juicio, aunque no obtuvieron respuesta favorable por parte del tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos como subrogantes legales.
Para el fiscal Vladimir Glinka, los cuatro mencionados incurrieron en el delito de “omisión” al no interceder para evitar las agresiones que derivaron en la muerte del albañil Carlos Guirula, accionar en que atribuyó a los imputados Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), para quienes pidió perpetua.
En el caso de Saravia Allosa también fue acusado por torturas, al considerar el lanzamiento de un gas pimienta contra la víctima como una acción enmarcada como vejaciones.
Los seis ex policías habían llegado a juicio acusados de “tortura seguida de muerte”, figura que se mantuvo para Tabarez y Escobar, no así para los otros cuatro imputados, a quienes el fiscal favoreció con un cambio en la calificación legal del delito atribuido, aunque las defensas insistieron en la inocencia absoluta de cada uno de ellos.
Escobar y Tabarez (foto principal) pueden ser condenados a prisión perpetua el próximo martes.
Pedido de absoluciones
“En primera instancia Da Silva propuso llevar al detenido a sanidad policial. Luego, junto a Saravia, le pidieron a Escobar que se bajara de la espalda de Guirula. Es decir, él no fue indiferente, ni guardó silencio. Entonces, no hubo omisión”, argumentó en primer turno Horacio Skanata, defensor de Da Silva, para quien Glinka pidió la menor pena: 6 años de prisión.
En defensa de Servian alegó el letrado Mauricio Vergara, quien cuestionó que la acusación del fiscal Glinka carecía de fundamentos. “Si repasan los testimonios nadie especificó qué hizo o dónde estaba Servian después de que a Guirula lo sacan del auto. Él fue a buscar la camioneta (el patrullero Hilux), si él era el chofer”, señaló.
Y ahondó: “La fiscalía no describe cuál es la conducta omisiva que atribuye a Servian. No lo colocó en algún lugar como para saber si podía o no evitar la agresión”.
Vergara reclamó “violación al principio de congruencia que afectó al derecho de defensa” y solicitó la “anulación de la imputación por falta de fundamentación”, ante lo cual correspondería la absolución de su defendido.
Los abogados Mauricio Vergara, Horacio Skanata y Julián Brites iniciaron la jornada de alegatos este viernes.
El abogado Julián Brites también pidió la absolución de Zidorak, al argumentar que la acusación era “injusta” y al mencionar que su cliente hizo lo que estaba a su alcance para evitar las patadas y pisotones contra la víctima.
“Tabarez pisó la cabeza de Guirula y en un acto reflejo y para resguardo de Guirula Zidorak la apartó con un manotazo. El puntapié que luego dieron fue a espaldas de mi defendido, si hubiera tenido ojos en la nuca lo hubiera podido ver, pero no”, afirmó.
Por último, expusieron los letrados Federico Tilli y Cristian Bareiro, en defensa de Saravia Allosa, quienes calificaron como “irrazonable” la pena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.
Cuestionaron que en la causa no hay ningún gas pimienta incautado que acredite el accionar que le achacan a su cliente y, por ende, solicitaron que en la imputación por torturas recibida la absolución por “inexistencia de elemento probatorio” o en su defecto que se aplique el beneficio de la duda.
Sobre la omisión, advirtieron que Saravia Allosa no pudo haber evitado “las patadas a Guirula en el piso porque no estaba en ese momento” y respecto a las agresiones que le endilgan a Escobar durante el traslado del detenido recordó el testimonio de otro policía presente durante el hecho pero sobreseído en la instrucción.
Saravia Allosa en diálogo con su abogado Federico Tilli, último en alegar junto a su colega Cristian Bareiro.
“Bogado fue el testigo estrella acá y él mismo declaró que Allosa le pegó un codazo a Escobar para que deje de hacer lo que estaba haciendo. Es decir, Allosa activó un mecanismo de evitación. Allosa hizo hasta un poco más que Da Silva”, postuló Tilli, que también pidió que absolución de su cliente respecto a la segunda imputación.
Al margen sus planteos principales, las defensas también efectuaron pedidos subsidiarios y la mayoría coincidió que, en caso de que el tribunal coincida con la postura fiscal, las penas solicitadas se den por cumplidas por el tiempo que los acusados ya estuvieron con prisión preventiva (4 años) o que las mismas sean de cumplimiento condicional.
El debate continuará el próximo martes, a partir de las 9. Resta el alegato de la letrada Mónica Olivera, defensora de Escobar, para luego dar paso a la etapa de réplicas y dúplicas, antesala de lo que será el dictado de la sentencia.
Mientras tanto, los seis acusados continuarán alojados en la Unidad Penal VI en caso de los hombres y en el Unidad Penal V en el caso de Tabarez.
El debate es presidido por el magistrado Augusto Gregorio Busse. La sentencia será el martes.
El pedido de la fiscalía:
Lourdes Tabarez: prisión perpetua como autora de “tortura seguido de muerte”.
Ricardo Escobar: prisión perpetua como autor de “tortura seguido de muerte”.
Saravia Allosa: 7 años de prisión por “tortura” y “omisión”
Zidorak y Servian: 6 años y 6 meses de prisión por “omisión”
Da Silva: 6 años de prisión por “omisión”.
Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados
El Juzgado de Instrucción Dos de Posadas dispuso la libertad de Héctor “Chino” Olivera, empleado del Casino Club, que permanecía detenido desde el 12 de septiembre, acusado por los delitos de “asociación ilícita”, “falsificación de documentos” y “estafas reiteradas”.
La medida quedó formalizada el último lunes mediante un acta realizada en sede judicial, donde Olivera fijó domicilio y se comprometió a cumplir las reglas impuestas mientras avanza la investigación.
Según la resolución, la Justicia decidió convertir la caución real que pesaba sobre el imputado en una caución juratoria, lo que implica que Olivera recupera la libertad bajo compromiso personal de presentarse ante el tribunal cada vez que sea requerido.
El acusado declaró como domicilio una vivienda ubicada en la chacra 152 de Posadas, y afirmó que no tiene actividades laborales que lo obliguen a ausentarse por más de 24 horas sin notificación previa a la Justicia. En tanto, el juez advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio.
Olivera se desempeñaba como delegado del sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento y Afines (Aleara) en el Casino Club de Posadas, donde tenía 23 años de antigüedad. Está acusado de actuar como nexo entre empleados de la casa de apuestas y el médico Manuel Ramón G. (70), detenido luego de una denuncia de la empresa por la supuesta emisión de certificados médicos apócrifos para su personal.
Finalmente, luego de más de 50 días alojado en la dependencia Séptima de Villa Cabello, el trabajador del Casino Club de Posadas recuperó la libertad el lunes 10 de noviembre.
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