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Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior

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Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.

La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.

Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).

Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.

Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.

Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.

La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.

De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.

Del “estuve ahí” al “no la maté”

Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.

Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.

Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.

Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.

También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.

Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.

González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.

La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.

González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.

Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.

Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.

Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.

Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.

“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.

Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.

Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.

Últimos testigos

En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.

Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.

La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.

Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.

El factor odio

Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.

De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.

El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.

A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.

 

Caso Evelyn - Junior

Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.

 

Caso Evelyn - jueza Leiva

La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.

 

Caso Evelyn - Junior

El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.

 

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Tres detenidos se fugaron de la Comisaría Quinta de Posadas

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Dos hombres procesados por hurto y uno por amenazas y daños, cortaron los barrotes de una celda y escaparon anoche de la Comisaría Quinta de Posadas, por lo que la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo en la ciudad. 

La búsqueda está a cargo de la Unidad Regional X y cuenta con el apoyo de distintas dependencias y áreas investigativas, quienes desde tempranas horas intentan dar con el paradero de Gustavo Fraga (18) y Ramsés Fachinello (20), ambos procesados por hurto, y Lucio Blanco (31), por una causa de amenazas y daño.

La fuga fue detectada cerca de las 23:30, durante un control de rutina en el sector de alojamiento. Al advertir los barrotes cortados y la ausencia de los internos, se activó inmediatamente el dispositivo de búsqueda, con patrullajes y tareas investigativas en distintos puntos de la ciudad.

En simultáneo, por disposición de la Jefatura de Policía, Asuntos Internos inició las actuaciones administrativas para establecer las circunstancias de la evasión y eventuales responsabilidades del personal que se encontraba a cargo de la custodia.

 

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Policiales

Golpes, extorsión y coimas: el esquema que montaron policías y presos en la UR V

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policías y presos iguazú

La detención de dos suboficiales que cumplían funciones en la sección Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V de Puerto Iguazú destapó un esquema de corrupción policial que incluía apremios y extorsión para algunos detenidos, como así también beneficios a cambio de dinero para otros internos.

La medida alcanzó al sargento Rafael A. y al agente Rodrigo A., quienes además de ser apartados de la institución policial también enfrentarán una causa penal bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia presidida por el magistrado Martín Brites.

La propia fuerza provincial informó que las detenciones se concretaron este miércoles a la mañana, partir de una investigación que se inició tras la denuncia de un detenido que expuso una serie de irregularidades que marcaban el funcionamiento del sector que tiene capacidad para alojar a unas 50 personas.

Complicidades

En ese marco, fuentes consultadas por La Voz de Misiones permitieron reconstruir que el esquema de corrupción que imperaba en esa área funcionaba hace varios meses gracias a una red de complicidades tendida entre los uniformados detenidos y al menos cuatro de los internos de mayor antigüedad.

Según detallaron, estos internos se encargaban de golpear a los detenidos “recién llegados” para luego amenazarlos y exigirle el pago de un determino monto de dinero a cambio de seguridad.

Ese pago era cubierto por los familiares de los agredidos y quienes oficiaban de “cobradores” no eran otros que los uniformados ahora detenidos, quienes permitían los hechos de violencia y se quedaban con una porción del dinero.

En esa red de complicidades, en tanto, también había un grupo de detenidos de “mayor jerarquía” que gozaban de ciertos beneficios como uso de celulares, ingreso de elementos prohibidos y hasta un régimen de visitas diferentes al resto de la población. Para todo ello también había dinero de por medio para los agentes involucrados.

En la investigación trazada se identificaron al menos ocho involucrados: los dos policías, cuatro detenidos que se encargaban de golpear a los recién llegados y otros dos detenidos que pagaban para beneficios especiales.

Además de las detenciones ordenadas, el juzgado que dirige Brites también dispuso una serie de allanamientos e incautaciones, principalmente teléfonos celulares que ahora serán sometidos a pericias en busca de más pistas que permitan reconstruir de qué manera funcionaba el esquema.

Apartados

En paralelo a la causa penal, desde la Jefatura de Policía también se abrió una investigación internada que quedó a cargo de la Dirección Asuntos Internos y se avanzó en el apartamiento de la institución de ambos involucrados.

“La intervención reafirma el criterio establecido por la Jefatura de Policía de investigar con el mismo rigor cualquier irregularidad, incluso cuando pueda involucrar a integrantes de la propia institución, fortaleciendo los mecanismos de control interno y la política de tolerancia cero frente a conductas contrarias a la ley”, señalaron en un comunicado difundido esta mañana.

En el mismo parte indicaron que los hechos investigados “podrían encuadrarse en los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales, vejaciones y encubrimiento”.

Detuvieron a dos policías por maltrato y extorsión a un preso en Iguazú

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El STJ confirmó la condena al médico Vinuesa por abuso a cuatro pacientes

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la condena a 4 años de prisión efectiva dictada a fines de 2024 contra el médico gastroenterólogo infantil Fernando Alfredo Vinuesa por cuatro hechos de abuso sexual simple cometidos en perjuicio de pacientes adolescentes.

La resolución del máximo órgano judicial de la provincia fue emitida este lunes, con el voto inicial del ministro Roberto Rubén Uset, al cual adhirieron sus pares Rossana Pía Venchiarutti Sartori, Cristina Irene Leiva, Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Juan Manuel Díaz y Valeria Fiore Cáceres.

La causa llegó al STJ tras un recurso de casación interpuesto por Julio César Lenzken, abogado defensor particular de Vinuesa, quien cuestionó el fallo emitido por el Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas en diciembre de 2024 tras un debate oral que se extendió durante cuatro jornadas.

En su presentación, el letrado insistía en declarar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la causa iniciada en 2019 y apuntaba imprecisiones en la acusación que perjudicaban el derecho de defensa en juicio.

No se advierte la existencia de vicio procesal alguno que habilite la declaración de nulidad, toda vez que el trámite se desarrolló conforme a derecho y con pleno respeto de las garantías procesales. Cabe agregar que durante el debate oral, el Sr. Defensor ejerció sin restricciones su derecho de defensa, formulando ofrecimiento de prueba, alegando y planteando nulidades, lo que permite concluir que no se ha configurado situación alguna de indefensión derivada de las observaciones planteadas”, responde el ministro Uset en la resolución a la que La Voz de Misiones tuvo acceso.

En otra línea, el magistrado argumenta que “la nulidad de la acusación solo procede cuando indeterminación impide comprender el hecho o genera indefensión real. En el presente caso, los hechos están probados y determinados en su esencia fáctica, por lo que la variación de fechas no genera indefensión material ni afecta el derecho de defensa”.

Asimismo, destaca que “la sentencia demuestra que el juez ha valorado la prueba de manera racional, ponderando los elementos de cargo y descargo, y otorgando mayor fuerza convictiva a aquellos que resultan más verosímiles y concordantes. No se advierte contradicción ni arbitrariedad en la valoración probatoria, sino un razonamiento lógico que conduce a la conclusión alcanzada”.

Por todo lo expuesto, el STJ resolvió declarar admisible el planteo recursivo, aunque rechazó los agravios esgrimidos y en consecuencia confirmó el fallo oportunamente dictado por el Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, en ese momento a cargo del magistrado ahora jubilado César Raúl Jiménez.

En dicha sentencia, Vinuesa fue condenado a la pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual simple, cuatro hechos en concurso real”, aunque el cumplimiento de la pena fue diferida hasta que el fallo quedara firme, lo cual ocurrió ahora tras la revisión del STJ.

El fallo condenatorio fue emitido el 6 de diciembre de 2024, tras cuatro audiencias de juicio oral en el que las cuatro denunciantes ratificaron haber sido manoseadas y acosadas por el médico. En el proceso oral intervino como fiscal María Laura Álvarez, que en la instancia de alegatos había solicitado una pena de 7 años de prisión para el acusado.

FOTO: Archivo El Territorio.

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