Policiales
Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior
Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.
La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).
Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.
Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.
Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.
La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.
De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.
Del “estuve ahí” al “no la maté”
Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.
Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.
Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.
Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.
También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.
Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.
González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.
La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.
González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.
Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.
Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.
Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.
Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.
“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.
Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.
Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.
Últimos testigos
En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.
Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.
La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.
Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.
El factor odio
Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.
De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.
El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.
A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.
Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.
La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.
El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.
Un hombre fue imputado y quedó detenido con prisión preventiva por 91 días luego de ser descubierto cuando intentaba ingresar a Posadas desde Paraguay con más de 13 kilogramos de cocaína ocultos en la estructura del asiento trasero de su automóvil.
El procedimiento se concretó el martes 15 de septiembre en el control de la Dirección General de Aduanas (DGA) ubicado en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, cuando el acusado, identificado por sus iniciales V.B.V., llegó a Posadas a bordo de un Renault Logan proveniente de Encarnación.
Según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF), durante el primer control el conductor manifestó que había viajado a Paraguay para trasladar a un pasajero y que solamente había comprado un par de zapatillas para su hijo.
Sin embargo, al revisar el baúl, los agentes aduaneros encontraron únicamente una caja vacía, por lo que decidieron trasladar el vehículo a una dársena para realizar una inspección más exhaustiva.
En ese segundo control, el hombre modificó su relato y señaló que, además de llevar a un pasajero, había comprado flores para su mujer.
Los agentes detectaron entonces una rigidez anómala en la estructura del asiento trasero y convocaron a un binomio antinarcóticos integrado por un guía y un can detector, que reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes.
Luego, el automóvil fue sometido a un escaneo, cuyas imágenes permitieron observar densidades y formas irregulares detrás del respaldo del asiento.
Con la presencia de dos testigos, los agentes retiraron parte del tapizado y encontraron 13 paquetes rectangulares envueltos en film negro. Las pruebas de campo realizadas posteriormente por personal de Gendarmería Nacional confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 13,280 kilogramos.
Además de la droga, fueron secuestrados el Renault Logan, dos teléfonos celulares y documentación relacionada con el vehículo.
Fue una de las primeras audiencias realizadas bajo la aplicación del nuevo sistema acusatorio en Posadas.
Imputación y prisión preventiva
La investigación fue formalizada el viernes último ante la jueza federal de Garantías María Verónica Skanata, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso la prisión preventiva del acusado por 91 días.
La fiscalía, representada por el fiscal federal Pablo Ricardo Di Loreto y el auxiliar fiscal Alan Rebak, le atribuyó el delito de contrabando de estupefacientes agravado en grado de tentativa, en calidad de autor.
Además, la magistrada fijó un plazo de 60 días hábiles para el desarrollo de la investigación, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado y dispuso la realización de distintos peritajes.
La audiencia se realizó en el marco de una de las primeras formalizaciones de investigación penal en el Distrito Misiones desde la entrada en vigencia del sistema acusatorio federal, el pasado 24 de agosto.
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
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