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Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior

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Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.

La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.

Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.

Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).

Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.

Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.

Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.

La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.

De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.

Del “estuve ahí” al “no la maté”

Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.

Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.

Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.

Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.

También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.

Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.

González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.

La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.

González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.

Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.

Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.

Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.

Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.

“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.

Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.

Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.

Últimos testigos

En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.

Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.

La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.

Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.

El factor odio

Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.

De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.

El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.

A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.

 

Caso Evelyn - Junior

Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.

 

Caso Evelyn - jueza Leiva

La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.

 

Caso Evelyn - Junior

El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.

 

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Golpe al contrabando: seis detenidos y mercadería incautada por $1.500 millones

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Seis personas fueron detenidas este viernes en el marco de una investigación federal por contrabando que derivó en 17 allanamientos simultáneos realizados en Misiones, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires, donde además se secuestraron mercaderías valuadas en más de 1.500 millones de pesos, vehículos de carga, armas, dinero en efectivo y documentación considerada clave para la causa.

El operativo fue ejecutado por agentes de Arca-Aduana junto a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), bajo directivas de la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Puerto Iguazú.

De acuerdo a la información oficial, las detenciones alcanzaron a tres personas en Puerto Iguazú, una en Comandante Andresito, otra en San Javier y una sexta en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Todos están sospechados de integrar una organización dedicada al ingreso ilegal de mercaderías desde Paraguay y Brasil hacia territorio argentino.

Los procedimientos incluyeron allanamientos en domicilios particulares, comercios, depósitos y receptorías de encomiendas. En total, quince de las medidas judiciales se concretaron en Misiones, mientras que las restantes se realizaron en Entre Ríos y Capital Federal.

En total hubo 17 allanamientos y las detenciones fueron en Iguazú, Andresito y San Javier.

Mercadería

Durante los operativos, los investigadores incautaron una importante cantidad de mercadería extranjera sin documentación que acreditara su legal ingreso al país. Entre los productos hallados había más de 600 neumáticos, de los cuales al menos 140 eran para camiones, además de cigarrillos, artículos electrónicos, teléfonos celulares, cigarrillos electrónicos, aires acondicionados, electrodomésticos, productos textiles, indumentaria, calzados y artículos de bazar.

También fueron secuestradas armas de fuego y municiones, incluyendo una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros.

La Justicia ordenó además el secuestro de dos camiones con semirremolque, uno de ellos refrigerado, otro semirremolque adicional y tres vehículos particulares presuntamente utilizados por la organización.

Como parte de las medidas desplegadas, las fuerzas realizaron un operativo cerrojo sobre una ruta de la región, donde interceptaron un camión de carga que transportaba otros 300 neumáticos de origen extranjero que, según la investigación, pertenecían a la misma estructura delictiva.

Los investigadores también incautaron teléfonos celulares, computadoras, documentación comercial, dinero en efectivo, cheques y dispositivos de almacenamiento de imágenes y videos, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la pesquisa.

La investigación comenzó el año pasado.

Investigación

Según detallaron desde Arca-Aduana, la causa comenzó en 2025 luego de que agentes de la División Investigaciones y Operativa Regional detectaran un transporte que movilizaba mercaderías extranjeras valuadas en más de 500 millones de pesos sin respaldo aduanero.

A partir de ese hallazgo, se analizaron movimientos financieros, bienes patrimoniales, facturación y declaraciones juradas, lo que permitió detectar presuntas inconsistencias y reconstruir el funcionamiento de una organización que operaba desde Misiones.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la estructura ingresaba mercaderías desde Paraguay y Brasil a través de pasos fronterizos no habilitados, para luego almacenarlas, comercializarlas y distribuirlas hacia distintos puntos del país mediante un sistema que simulaba envíos postales y encomiendas utilizando identidades de terceros como remitentes.

La investigación también determinó que entre los integrantes de la presunta organización figura una empresa habilitada como Operador de Comercio Exterior (Imex).

Desde Arca estimaron que el valor total de los bienes secuestrados superará ampliamente los 1.500 millones de pesos una vez concluida la tasación definitiva de las mercaderías y los vehículos incautados. Mientras tanto, las diligencias judiciales continúan y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

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Remisero detenido por el femicidio de Candia se abstuvo y fue imputado

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Dulce Candia

El remisero detenido por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia (17) se abstuvo de declarar ayer y fue formalmente imputado por el hecho que investiga el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo de la magistrada María Laura Rodríguez.

El hombre, identificado como Mario Alberto Yung (46), fue trasladado ayer a la mañana hasta la dependencia judicial y una vez dentro optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.

Un día antes había designado como abogado a un defensor oficial y ahora se aguarda que el juzgado continúe con la instrucción de la causa, que todavía aguarda por la recepción de testimoniales y el resultado de varias pericias que podrían arrojar luz sobre el hecho.

Entre esas pericias hay estudios de telefonía y análisis genéticos sobre prendas de vestir y, principalmente, sobre un retazo de tela que, se especula, pudo haber sido elemento utilizado para estrangular a la víctima.

Caso Candia: pericias se centrarán en retazos de tela, celulares y un auto

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Femicidio seguido de suicidio: el hombre fue denunciado por violencia en 2025

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“Cada 31 horas un hombre se convierte en femicida”, fue el cartel que predominó ayer la marcha por el Ni Una Menos en Posadas y ni siquiera un día después se registró otro caso que engrosa la dramática estadística que grafica un flagelo tan presente como alarmante en todo el país.

Patricia Raquel González, de 54 años, madre y vecina del barrio Hipólito Yrigoyen de Posadas es la nueva víctima de la violencia machista más extrema. La mujer fue encontrada sin vida esta tarde, en una de las habitaciones de su casa sobre calle Japón -casi avenida Rademacher-, mientras que Luis Roberto Zampedri (64) es el nombre del sindicado femicida, cuyo cuerpo fue hallado en la parte posterior del inmueble, donde decidió quitarse la vida.

La Policía tomó conocimiento del caso esta tarde, cerca de las 16, cuando una hija de González llamó al 911 para solicitar auxilio urgente en el lugar.

Al llegar, los uniformados de la comisaría Tercera constataron la escena: una mujer sin vida en una habitación y un hombre también fallecido, pendiendo de un tirante en el patio trasera de la propiedad.

El hecho ocurrió esta tarde, en una casa sobre calle Japón del barrio Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo a la primera revisión de la escena del hecho, se desprende que González pudo haber sido ultimada con un golpe en la cabeza efectuado con un hierro, aunque también presentaba una lesión cortante, compatible con una puñalada, en el estómago.

De igual manera, todo será determinado en forma fehaciente una vez que los peritos del Cuerpo Médico Forense concreten el examen de autopsia a la mujer, cuyos restos iban a ser trasladados a la Morgue Judicial una vez que sean extraídos de la vivienda donde hasta entrada la noche continuaban trabajando los agentes de la División Científica de la fuerza provincial.

Un dato que surgió apenas conocido el hecho y que más tarde fue confirmado por la Policía de Misiones es que Zampedri, empleado de una empresa de seguridad privada, registraba antecedentes por hechos de violencia en perjuicio de su pareja.

Incluso, precisaron que en abril de 2025 el hombre recibió un exclusión de hogar y una prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado de Violencia Familiar Dos de Posadas por un plazo de 30 días.

A la fecha, ahondaron desde la fuerza, no habían medidas vigentes y tampoco existían denuncias posteriores a la radicada en abril del año pasado.

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