Policiales
Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior
Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.
La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).
Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.
Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.
Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.
La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.
De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.
Del “estuve ahí” al “no la maté”
Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.
Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.
Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.
Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.
También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.
Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.
González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.
La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.
González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.
Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.
Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.
Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.
Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.
“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.
Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.
Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.
Últimos testigos
En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.
Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.
La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.
Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.
El factor odio
Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.
De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.
El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.
A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.
Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.
La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.
El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
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