Policiales
Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior
Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.
La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).
Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.
Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.
Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.
La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.
De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.
Del “estuve ahí” al “no la maté”
Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.
Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.
Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.
Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.
También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.
Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.
González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.
La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.
González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.
Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.
Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.
Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.
Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.
“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.
Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.
Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.
Últimos testigos
En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.
Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.
La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.
Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.
El factor odio
Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.
De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.
El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.
A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.
Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.
La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.
El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.
La Policía de Misiones dispuso un alto dispositivo de seguridad para reforzar las condiciones de detención de los dos brasileños con pedido de captura internacional que fueron atrapados en Oberá y mañana mismo se iniciarán los trámites de extradición.
Los extranjeros en cuestión son Carine Da Sila Sinn (27) y Donizete Da Silva Almeida (36), quienes registraban una alerta roja de Interpol y desde Brasil fueron catalogados como de “alta peligrosidad”, ante lo cual la fuerza provincial decidió extremar precauciones ante posibles intentos de fuga o de rescate.
Según precisaron, desde el país vecino informaron que la pareja integra una organización de criminal de peso y arrastran severos antecedentes por hechos de robo, asaltos y delitos de narcotráfico.
Da Silva Almeida y su alerta roja de Interpol.
Por esa razón, los trámites se aceleraron y mañana mismo serán trasladados al Juzgado Federal de Oberá, donde comparecerán ante el magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, quien iniciará el proceso de extradición para que ambos extranjeros sean puestos a disposición de las autoridades brasileñas intervinientes.
Los otros tres brasileños atrapados con la pareja, en tanto, permanecerán a disposición de la Justicia provincial mientras se investiga su posible participación en hechos delictivos registrados en la zona.
Los cinco extranjeros fueron detenidos esta madrugada, durante un control preventivo realizado por personal de la comisaría Segunda y de la División Investigaciones de la Unidad Regional II.
Los implicados se movilizaban en un automóvil Ford Fiesta con pedido de secuestro por robo en Brasil y fue localizados en inmediaciones a un aserradero que poco antes había sido blanco de delincuentes.
Oberá: cayó una banda brasileña liderada por una mujer buscada por Interpol
La Policía de Misiones detuvo a cinco ciudadanos brasileños durante un operativo preventivo realizado en Oberá y descubrió que dos de ellos registraban pedidos de captura internacional con alerta roja de Interpol por un violento asalto a mano armada cometido en Brasil. Además, los investigadores los vincularon al robo de un aserradero ocurrido horas antes en la ciudad y sospechan que la banda había ingresado a la provincia con el objetivo de cometer nuevos hechos delictivos.
El procedimiento se concretó durante la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de la comisaría Segunda y de la División Investigaciones de la Unidad Regional II realizaban tareas preventivas y de inteligencia en inmediaciones de comercios ubicados sobre la ruta provincial 5, en cercanías de la ruta nacional 14.
En ese contexto, los uniformados detectaron un Ford Fiesta con patente brasileña que ya había llamado la atención durante recorridas previas por distintos sectores comerciales de Oberá. Tras un seguimiento discreto, el vehículo fue interceptado en una zona suburbana conocida como Kilómetro 8 y Medio.
En el automóvil viajaban Carine D. S. S. (27), Donizete D. S. A. (36), Carlos Alberto S. (53), Dionatas D. S. S. (28) y Renata T. D. (29), todos de nacionalidad brasileña, quienes fueron demorados junto al rodado para la verificación de antecedentes.
Robo de un aserradero
Pocas horas después del procedimiento, un hombre de 76 años denunció que delincuentes habían ingresado por la fuerza a la oficina de su aserradero, ubicado en las inmediaciones del lugar donde fue interceptado el vehículo.
Según la denuncia, los autores sustrajeron dinero en efectivo, una mochila con herramientas, una caja de herramientas y un soplete.
Durante las actuaciones, los investigadores establecieron que esos elementos estaban en poder de los cinco demorados, por lo que quedaron formalmente vinculados a la causa por el robo.
Capturas internacionales y antecedentes en Brasil
A través del intercambio de información con la Policía Civil y la Policía Militar de Río Grande do Sul, los investigadores determinaron que los cinco detenidos poseen múltiples antecedentes por robos, robos calificados con armas de fuego, tráfico y tenencia de estupefacientes, robo de automotores y otros delitos cometidos en territorio brasileño.
Asimismo, las autoridades del vecino país identificaron a Carine D. S. S. como la presunta líder de la organización criminal y confirmaron que el Ford Fiesta en el que se desplazaban tenía pedido de secuestro por robo en Brasil.
La investigación también permitió establecer que tanto Carine como Donizete registraban pedidos de captura internacional con alerta roja de Interpol.
La retroexcavadora robada fue interceptada en Tiradentes do Sul, camino a la frontera con El Soberbio.
Ambos eran buscados por un violento asalto ocurrido el 7 de enero de 2024 en la localidad de Piratiní, en el estado de Río Grande do Sul. De acuerdo con la investigación brasileña, un grupo armado redujo, ató y cubrió el rostro de las víctimas para apoderarse de una retroexcavadora, un camión volcador, un automóvil, herramientas y teléfonos celulares. En ese expediente también se investigan hechos de extorsión y daños contra bienes públicos.
La maquinaria sustraída, que pertenecía al municipio de Pirataní, luego fue recuperada en Tiradentes Do Sul, a unos 20 kilómetros de la frontera con la localidad misionera de El Soberbio y la principal hipótesis es que la retroexcavadora iba a ser cruzada a la Argentina.
Los cinco detenidos permanecen a disposición de la Justicia misionera, mientras la Policía continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades brasileñas e Interpol para profundizar la investigación.
La sospecha de los investigadores es que el grupo había ingresado a la provincia con el objetivo de perpetrar nuevos delitos contra comercios y empresas de la zona, una maniobra que, según sostienen, fue frustrada gracias al operativo preventivo desplegado en Oberá.
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
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