Policiales
Juicio Evelyn, día 5: más acusaciones, junta médica y la palabra de Junior
Alevosía y odio. El fiscal Martín Rau solicitó esta mañana sumar esos nuevos agravantes a la acusación que ya pesaba contra Ramón “Ramoncito” o “Junior” Da Silva, quien desde el martes pasado es juzgado por el asesinato de la trabajadora sexual trans Evelyn Rojas, cometido en octubre de 2016 en Posadas. En la audiencia de hoy, además, el imputado rompió el silencio y declaró antes las partes.
La quinta jornada del debate oral para esclarecer el crimen de Evelyn -elevado a juicio como femicidio- comenzó minutos después de las 8.30 y la programación indicaba que el primer paso sería la declaración de los últimos tres testigos citados a comparecer ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
Sin embargo, antes de avanzar, el fiscal Rau pidió la palabra y adelantó que procedería a ampliar la acusación contra Da Silva, sumando los agravantes de “alevosía” y “odio” a la imputación inicial de “homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por femicidio”, figura bajo la cual el implicado ya es pasible de ser condenado a prisión perpetua.
Rau argumentó que el agravante de alevosía está relacionado al estado de “indefensión” en el que se encontraba Evelyn al momento del crimen como consecuencia de su elevado grado de intoxicación alcohólica (4,4 gramos de alcohol por litro de sangre, según los estudios).
Sobre la cuestión del “odio”, el fiscal lo fundamentó al recordar todas las declaraciones vertidas durante el proceso que dieron cuenta de los constantes insultos que el implicado infería hacia la identidad de género de la víctima y al mencionar que los golpes ejecutados contra la joven estaban localizados en zonas muy particulares del cuerpo, como en los pechos y el cabello.
Ante ello, Rau también pidió al tribunal que al imputado se lo notifique formalmente de esta nueva acusación y se mostró de acuerdo en que se le brinden más días a la defensa para preparar su alegato final. La querella, representada por la letrada Florencia Rodríguez, adhirió al pedido.
Para ser notificado, Da Silva debía volver a sentarse frente al tribunal e iba a tener una nueva posibilidad de declarar o abstenerse, tal como lo hizo en la primera jornada. Su defensa, encabezada por el defensor oficial Mario Ramírez, intervino y pidió tener una conversación privada con el imputado para analizar cómo seguir.
La decisión final fue que el imputado declarase, pero antes de ello Ramírez volvió a insistir en que a su cliente se lo someta a una junta médica psquiátrica para determinar fehacientemente su cuadro de salud mental.
De esta forma, Da Silva volvió al centro del recinto y enfrentó las preguntas de las partes.
Del “estuve ahí” al “no la maté”
Fue el propio Ramírez quien comenzó el interrogatorio del imputado. En esa instancia, Ramoncito o Junior, contó que a veces trabajaba como ayudante de albañil y que normalmente dormía en la terminal o bajo un puente en la rotonda.
Con frases escuetas, el hombre relató que nació en San Vicente, que nunca aprendió a leer y que desde los 16 o 17 años vive en la calle.
Sobre Evelyn, recordó que “la conocí en la calle no más, en la Uruguay. Ella estaba laburando. Empezamos como amigos. Yo le pagué algunas veces por sexo”.
Luego, negó haber vivido en la casa de Evelyn, pero sí admitió haberle golpeado en una oportunidad: “Le di una piña no más”.
También sostuvo que “ella me dijo que se sentía mujer” y negó sentir odio hacia las personas trans.
Culminada la defensa, tomó la palabra la letrada González, en representación de la familia de la víctima como querellante particular en la causa.
González le recordó a Da Silva su detención en la terminal de San Vicente, instancia en que el propio imputado describió como “le conté a un creyente que estaba escapando y ese creyente me mandó al muere con la Policía”.
La letrada querellante profundizó sobre ese punto de la declaración y le consultó al imputado por qué escapaba. El imputado respondió: “Escapé porque murió una persona y estaba asustado”.
González insistió en saber la razón de ese “susto” y Da Silva dio una respuesta que pudo haberlo complicado, dado que indirectamente admitió su presencia en la escena del crimen: “Estaba asustado porque yo estuve ahí”, fueron sus palabras.
Quien también participó activamente del interrogatorio fue la magistrada Marcela Leiva, magistrada titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, pero integrante del tribunal en carácter de subrogante en esta ocasión.
Leiva regresó sobre ese antecedente de pelea que el propio imputado mencionó al señalar que en una oportunidad le dio “una piña” a Evelyn. El hombre sostuvo que siempre “discutían por pavadas (…) Ella era celosa porque yo miraba otras mujeres”.
Luego, indicó que Evelyn juntaba unos $500 por día y que con eso ella le “compraba comida”, pero “nada más, ni ropa, ni calzado”.
Sobre la muerte de la joven trans, Da Silva primero dijo que se enteró de ello a partir de otra trabajadora sexual de la zona, pero luego manifestó que recién supo de lo sucedido cuando ya estaba detenido en la Brigada.
“Yo no me acuerdo nada. Yo estaba mal, estaba drogado”, agregó el imputado y, ya sobre el final la jueza Leiva le preguntó concretamente si él había matado a Evelyn. La respuesta, después de algunos segundos en silencio, fue: “No, yo no la maté. No sé por qué me acusan”.
Tras el interrogatorio, el tribunal -presidido por Viviana Cukla- dio lugar al pedido de la junta psiquiátrica pedido por la defensa.
Antes las partes, precisaron que el examen iba a ser realizado con carácter de “inmediato” y que se disponía de un cuarto intermedio hasta el jueves, para la realización de los alegatos finales.
Últimos testigos
En el transcurso de la jornada se completó la ronda de testimoniales, con dos de los últimos tres testigos que estaban citados.
Uno de ellos fue testigo del procedimiento del levantamiento del cadáver, otra fue una trabajadora sexual que era amiga de Evelyn.
La mujer contó que tenía una amistad de aproximadamente diez años con la víctima, pero que luego se alejó. “Yo me fui cuando ella conoció a él -por Junior-. Era agresivo, él nos insultaba muchos a los trans”, señaló Norma.
Y agregó que “ellos vivían en la YPF abandonada y yo escuchaba todo lo que él le decía a ella. Él le pegaba, le maltrataba, le quemaba cigarrillos. Le pateaba todo el cuerpo y le dejaba todo negro. Él salía y nos corría a todos, solo a las trans. Nos decía puto de mierda, trolo de mierda”.
El factor odio
Testimonios de este tipo sustentan la hipótesis sostenida por la querella desde la etapa de instrucción -y ahora acompañada por la fiscalía-, de calificar el hecho como un crimen de odio hacia la identidad de género de la víctima. El agravante está contemplado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal de la Nación argentina y prevé una pena de prisión perpetua.
De aplicarse este agravante en la sentencia final, sería el primer fallo de la historia de Misiones sobre un travesticidio o transfemicidio y se sumaría a la jurisprudencia nacional, que registra pocos antecedentes similares. Un ejemplo claro es el caso Diana Sacayán, en Buenos Aires.
El asesinato de Evelyn se registró el 26 de octubre de 2016. La joven trans fue masacrada a golpes y descartada en una fosa de una estación de servicios ubicada en la intersección de las avenidas Bouchardo y Uruguay de Posadas, donde solía pasar las noches junto a Da Silva, su pareja en aquél entonces.
A lo largo del debate, múltiples testimonios dieron cuenta de los episodios de violencia que la víctima constante sufría de parte del imputado. No sólo en forma física, sino también verbal y psicológica, con permanentes insultos hacia su identidad de género.

Ramoncito o Junior, pasando a declarar ante el tribunal.

La jueza Marcela Leiva participó activamente del interrogatorio al imputado.

El imputado, ante el tribunal. Los alegatos serán el jueves.
Judiciales
Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”
Culminada la resolución de las incidencias pendientes, vinculadas a pedidos tanto de la fiscalía como de la defensa, que marcaron la audiencia del lunes, el debate oral para esclarecer la muerte de la adolescente con discapacidad Rocío Belén López (15) avanzó hoy con la incorporación de los últimos elementos de prueba. Para mañana se prevé una jornada de varias horas, con una ampliación de indagatoria por parte de la madre de la víctima y única imputada, como así también con el inicio de la ronda de alegatos.
La última prueba incorporada consiste en un informe emitido por la Municipalidad de Posadas respecto al legajo personal de la imputada Mariela Andrea Ramírez (48), que llegó a este debate acusada de abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado, aunque podría enfrentar un cargo mayor si la fiscalía finalmente decide ampliar la calificación a homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión.
Resta decidir respecto a un pedido formulado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes solicitaron ser incorporados al proceso en carácter de amicus curiae, planteo al cual el fiscal Vladimir Glinka se opuso y descargó duras críticas contra el escrito.

La imputada, Mariela Ramírez, mañana ampliará su declaración indagatoria. FOTO: Félix Armengol.
“No cualquiera es amicus curiae”
“Está tan mal hecho que parece apropósito, todo con tal de que sea rechazado y esto habilite un micrófono externo. Esto tiene que ir directamente a la basura, es una falta de respeto para quienes trabajamos de esto”, disparó el fiscal, quien argumentó que la presentación tiene “once defectos formales en 22 carillas” e incumple con los requisitos estipulados para su admisión.
Glinka consideró que los integrantes de dicho equipo carecen o al menos no adjuntaron nada que acredite algún grado de conocimiento o experiencia puntual sobre el Síndrome de Rett como para ser habilitados como voces legitimadas en el asunto. “No cualquiera es un amicus curiae”, objetó.
“Acá no hablan de un interés público comprometido, sino hablan contra la causa y piden que se valoren pruebas según sus interpretaciones. No vienen con la intención de arrojar luz sobre algunos temas, vienen a tratar de condicionar y de condicionar a ustedes”, señaló en referencia al tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).
Independientemente de la parte técnica-jurídica, Glinka también puso en duda el “interés real” detrás de la presentación formulada. “Solo quieren meter su cuchara trece años después. ¿Creen que les importa la imputada con una nota a destiempo? ¿Creen que les importa Belén trece años después? Hicieron todo mal apropósito. Quisieron aprovechar una causa de trascendencia pública para hacerse más conocidos para fines personales”, remató.
Por su parte, el defensor oficial Miguel Ángel Varela, que el lunes había solicitado nuevas medidas pruebas, entre ellas una “reautopsia” y una nueva testigo, que fueron rechazadas por el tribunal, pidió que no se tenga en cuenta la oposición de Glinka y se autorice el amicus curiae.
Tras los planteos, los jueces dieron por terminada la audiencia y dieron un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30 para reanudar el proceso.
Según la programación estipulada, en primer turno la imputada volverá a pasar frente al tribunal para una ampliación de declaración indagatoria y una vez culminada su deposición se iniciará la ronda de alegatos. La sentencia, en principio, se dará a conocer el jueves.
Policiales
El caso Golemba, el “pacto de silencio institucional” y los 16 detenidos
Para la fiscalía que investiga la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, visto por última vez hace 18 años, en el caso hubo un “pacto de silencio institucional” en el que 17 uniformados policiales acordaron un “plan criminal” para asegurar la impunidad del hecho.
Así se desprende de la imputación formulada por la fiscal Silvina Flavia Gutiérrez, titular de la Fiscalía Federal Dos de Posadas, funcionaria que formuló el pedido de detención para los 17 policías, entre activos y retirados, que hoy están bajo la lupa por uno de los casos policiales más emblemáticos de la historia reciente de Misiones.
En su planteo, la fiscal sostiene que el joven agricultor fue víctima de una privación ilegítima de la libertad, seguida de una “permanencia bajo una custodia estatal clandestina” en la comisaría de Dos de Mayo, donde fue objeto de una golpiza y más tarde trasladado hacia un paradero desconocido aún 18 años después.
La acusación reconstruye que, a partir de ahí, se orquestó un “plan criminal” y un “pacto de silencio institucional” en el que, directa o indirectamente, todos los involucrados desplegaron acciones tendientes a impedir que se conociera lo ocurrido, es decir, a asegurar la impunidad.
Plan y silencio
Entre esas acciones, la fiscal Gutiérrez enumera “la negativa sistemática a reconocer la privación de libertad de la víctima, las omisiones en los registros oficiales, la uniformidad de determinadas versiones brindadas por funcionarios policiales, las contradicciones detectadas entre distintas actuaciones administrativas y judiciales y la instalación de hipótesis alternativas que habrían desviado la investigación”.
En este punto toma relevancia el hecho que, al tratarse de una desaparición forzada de persona un delito de carácter permanente, la responsabilidad penal no se limita solo a quienes hayan ejercido la violencia en forma directa contra Golemba, sino también a todas aquellas personas que en conocimiento del caso hayan omitido denunciar la situación o adoptar medidas para hacerla cesar.
De esta manera, pidió la detención de 17 personas y la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, hizo lugar. Las medidas se concretaron esta mañana mediante una serie de allanamientos concretados por agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
De los 17 sospechosos, 16 fueron arrestados y se encuentran a disposición de las autoridades. Un solo implicado no fue hallado y por estas horas permanece en condición de prófugo, con pedido de captura en su contra. Se trata del radioperador Alfredo Lorenzo Ortiz.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.
Los detenidos
Entre los detenidos se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, jefe de la comisaría de Dos de Mayo al momento de los hechos y uno de los principales apuntados por la querella encabezada por los letrados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles en representación de la familia Golemba.
El resto forma parte del personal que, de manera permanente o transitoria, cumplió funciones en esa dependencia al momento en que sucedieron los hechos investigados.
Los demás arrestados son: los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce -con causa por transporte de estupefacientes- y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; el secretario José Roberto Pereyra Da Silva; el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio; Wiliams Gabriel Lunge (quien cumple funciones en Seguridad Vial); los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla; el radioperador Cristian Andrés Silva, retirado; y Baldemar Parra, Juan Ramón Ferreyra (retirado), Ofelia Gladys Ziller y Eduardo Pellizer (retirado).
Todos se encuentran ahora a disposición de la Justicia Federal y en las próximas jornadas serán citados a prestar declaración indagatoria como imputados.
Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008
Policiales
Detuvieron a 16 policías por la desaparición de Mario Golemba en 2008
Después de casi dos décadas, la investigación sobre la desaparición de Mario Fabián Golemba llegó a un punto crucial con la detención de 16 policías, entre agentes activos y retirados, quienes ahora quedarán a disposición de la Justicia Federal para ser sometidos a declaración indagatoria.
Las medidas fueron concretadas este lunes, a partir de un pedido formulado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y ordenado por la magistrada Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, dependencia que tomó intervención en el caso en 2021 luego de que la querella lograra que el expediente sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los procedimientos fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en diversos puntos de la provincia y culminaron con la detención de 16 sospechosos, en tanto que uno permanece sin ser hallado y existe la posibilidad de que no se encuentre en el país. Se emitió un pedido de captura.
Las detenciones alcanzaron a todo el personal, tanto permanente o transitorio, que prestó servicio en la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición de Golemba, visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando salió de su casa en Picada Indumar para acudir a una consulta médica en Oberá.
Entre los detenidos se encuentra Ewaldo Katz, comisario retirado que en su momento era jefe de la dependencia policial donde, de acuerdo a las pruebas recabadas por la querella, el joven agricultor estuvo detenido y fue golpeado hasta ser trasladado hacia un destino desconocido.
Para la querella, encabezada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y María Vannela Vignolles, Katz es uno de los principales involucrados en el caso, junto a otros cinco agentes que estaban de guardia, aunque ahora la fiscal Gutiérrez amplió el número de sospechosos en virtud de que en este tipo de casos el encubridor se transforma también en un autor, dado que el silencio u ocultamiento de información incide en forma directa en el desarrollo del delito.

El comisario retirado Ewaldo Katz, uno de los principales apuntados, ahora detenido.
El caso
Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.
La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.
A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.

La comisaría de Dos de Mayo, epicentro de las sospechas.
Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.
Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.
La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.
En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.
Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.
Sumado a eso, a mediados de 2022 se volvieron a realizar excavaciones en la dependencia de Dos de Mayo y aunque los resultados fueron negativos, lo más importante de aquella jornada de procedimientos fue una inspección ocular que permitió constatar que el testimonio y las descripciones de los testigos coincide con el lugar.
El hermano de Mario Golemba anunció una “inminente definición del caso”
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