Judiciales
Una notebook del diputado Kiczka tenía 603 archivos de abuso sexual infantil
Las horas en libertad parecen estar contadas para el diputado Germán Kiczka. Hoy lo cubren sus fueros, pero eso puede cambiar en la sesión parlamentaria de mañana y a partir de ahí quedar a merced de la Justicia, que anoche ordenó tanto su detención como la de su hermano Sebastián, ambos imputados en una causa que los investiga por la tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia.
El pedido detención contra los hermanos Kiczka fue firmado por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, luego de un requerimiento formulado por la fiscal Silvia María Barronis y el oficio con la solicitud de desafuero del legislador como paso previo fue enviado a la Legislatura el martes a la noche, tras lo cual el asunto será tratado en la sesión de este jueves.
En el transcurso de este miércoles tanto el oficialismo como los bloques opositores adelantaron que acompañarán el pedido de desafuero, por lo cual todo indica que mañana a la noche el diputado apostoleño perderá la inmunidad que gozaba como privilegio parlamentario tras ser electo diputado en 2021.
Después de ello, la Cámara de Representantes deberá remitir un oficio con la decisión del cuerpo hacia la Justicia y a partir de ahí Kizcka podrá ser detenido por la fuerza pública.
La misma orden de detención corre para su hermano Sebastián, quien no cuenta con ningún tipo de inmunidad, pero hasta el momento la medida no fue concretada y la Policía continúa realizando labores de inteligencia para dar con su paradero.
Tanto la casa familiar de los Kizca en el barrio Illía como la pizzería de ellos en pleno centro de Apóstoles se encontraban esta tarde completamente cerrados, con candados puestos y persianas bajas.
Una vez que se concreten las detenciones, los hermanos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria ante el juez Faría. Allí serán notificados de los elementos de prueba que se registran en sus contra, como así también de los hechos investigados, los cuales preliminarmente puede ser enmarcados como tenencia y distribución de contenido de menores en actividades sexuales explícitas, tipificados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación.
Sebastián y Germán Kiczka, los hermanos investigados por consumo y distribución de pedofilia.
La notebook de Germán
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, las medidas judiciales libradas en las últimas horas por el juez Faría tienen relación directa con los informes periciales efectuados sobre los aparatos informáticos incautados durante el operativo que dio origen a la causa a fines de febrero.
En aquella ocasión, las acciones fueron impulsadas por la fiscal especializada en Delitos Informáticos de Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, en el marco del mega operativo “Guardianes digitales por la niñez”, que disparó la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en diversas localidades del país.
Uno de esos procedimientos fue realizado en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde residen Leonardo (padre de los hermanos) y Sebastián, aunque en el lugar también se encontró una notebook Acer perteneciente al diputado, con nombre y fotografía suya registrada como usuario.
Esa computadora portátil fue clave para que la investigación se extienda hacia el diputado, dado que el informe pericial remitido a la Justicia concluye que el soporte informático almacenaba al menos 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil) y zoofilia con menores involucrados, tanto en fotos como en videos.
Según la “autopsia digital”, los archivos en cuestión fueron descargados y distribuidos en un marco de tiempo comprendido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024.
Tal como adelantó LVM, del análisis efectuado también surgen registros de actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave. En este caso, la herramienta utilizada era Emule, una de las predilectas por consumidores de esta clase de contenidos en la dark web.
La casa familiar de los Kiczka, sin movimientos y con persianas bajas.
Los chats de Sebastián
Contra Sebastián, en tanto, también se recuperaron chats con usuarios no identificados hasta el momento donde el propio implicado admite su “adicción a las menores”.
En una de esas conversaciones, el señalado cuenta “estoy con mi vecinita. Te quiere conocer. Le presté mi cel para que juegue” y agrega “la voy a esperar tres años más, máximo”.
Su interlocutor contesta “pero calmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena…” y el implicado responde: “Bueno, la voy a esperar 5 años… Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan…”.
De las conversaciones también se desprende la existencia de un grupo de Whatsapp denominado “Los verdaderos”, donde aparentemente se organizaban fiestas y se planificaba la presencia de menores.
Ante todo este compendio de información fue que el juez Faría primero ordenó las nuevas medidas judiciales que se concretaron el 6 de agosto, instancia en la cual la Policía volvió a allanar la casa familiar de los Kizcka, pero también irrumpió en la vivienda del diputado.
En esos operativos se incautaron más aparatos pertenecientes al legislador, entre ellos dos celulares, otra notebook y un pen drive. Esos dispositivos se encuentran en manos del personal de Cibercrimen y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
“Lo hallado en los primeros aparatos es solo la punta del iceberg”, confió una fuente consultada por LVM. El resultado de la segunda tanda pericial podría conocerse en los próximos días, aunque varios se animan a adelantar la existencia de más elementos sumamente comprometedores.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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