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Una notebook del diputado Kiczka tenía 603 archivos de abuso sexual infantil

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PRO Misiones

Las horas en libertad parecen estar contadas para el diputado Germán Kiczka. Hoy lo cubren sus fueros, pero eso puede cambiar en la sesión parlamentaria de mañana y a partir de ahí quedar a merced de la Justicia, que anoche ordenó tanto su detención como la de su hermano Sebastián, ambos imputados en una causa que los investiga por la tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia.

El pedido detención contra los hermanos Kiczka fue firmado por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, luego de un requerimiento formulado por la fiscal Silvia María Barronis y el oficio con la solicitud de desafuero del legislador como paso previo fue enviado a la Legislatura el martes a la noche, tras lo cual el asunto será tratado en la sesión de este jueves.

En el transcurso de este miércoles tanto el oficialismo como los bloques opositores adelantaron que acompañarán el pedido de desafuero, por lo cual todo indica que mañana a la noche el diputado apostoleño perderá la inmunidad que gozaba como privilegio parlamentario tras ser electo diputado en 2021. 

Después de ello, la Cámara de Representantes deberá remitir un oficio con la decisión del cuerpo hacia la Justicia y a partir de ahí Kizcka podrá ser detenido por la fuerza pública.

La misma orden de detención corre para su hermano Sebastián, quien no cuenta con ningún tipo de inmunidad, pero hasta el momento la medida no fue concretada y la Policía continúa realizando labores de inteligencia para dar con su paradero.

Tanto la casa familiar de los Kizca en el barrio Illía como la pizzería de ellos en pleno centro de Apóstoles se encontraban esta tarde completamente cerrados, con candados puestos y persianas bajas.

Una vez que se concreten las detenciones, los hermanos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria ante el juez Faría. Allí serán notificados de los elementos de prueba que se registran en sus contra, como así también de los hechos investigados, los cuales preliminarmente puede ser enmarcados como tenencia y distribución de contenido de menores en actividades sexuales explícitas, tipificados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación. 

Sebastián y Germán Kiczka, los hermanos investigados por consumo y distribución de pedofilia.

La notebook de Germán

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, las medidas judiciales libradas en las últimas horas por el juez Faría tienen relación directa con los informes periciales efectuados sobre los aparatos informáticos incautados durante el operativo que dio origen a la causa a fines de febrero.

En aquella ocasión, las acciones fueron impulsadas por la fiscal especializada en Delitos Informáticos de Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, en el marco del mega operativo “Guardianes digitales por la niñez”, que disparó la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en diversas localidades del país.

Uno de esos procedimientos fue realizado en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde residen Leonardo (padre de los hermanos) y Sebastián, aunque en el lugar también se encontró una notebook Acer perteneciente al diputado, con nombre y fotografía suya registrada como usuario.

Esa computadora portátil fue clave para que la investigación se extienda hacia el diputado, dado que el informe pericial remitido a la Justicia concluye que el soporte informático almacenaba al menos 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil) y zoofilia con menores involucrados, tanto en fotos como en videos.

Según la “autopsia digital”, los archivos en cuestión fueron descargados y distribuidos en un marco de tiempo comprendido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024.

Tal como adelantó LVM, del análisis efectuado también surgen registros de actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave. En este caso, la herramienta utilizada era Emule, una de las predilectas por consumidores de esta clase de contenidos en la dark web.

La casa familiar de los Kiczka, sin movimientos y con persianas bajas.

Los chats de Sebastián

Contra Sebastián, en tanto, también se recuperaron chats con usuarios no identificados hasta el momento donde el propio implicado admite su “adicción a las menores”.

En una de esas conversaciones, el señalado cuenta “estoy con mi vecinita. Te quiere conocer. Le presté mi cel para que juegue” y agrega “la voy a esperar tres años más, máximo”.

Su interlocutor contesta “pero calmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena…” y el implicado responde: “Bueno, la voy a esperar 5 años… Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan…”.

De las conversaciones también se desprende la existencia de un grupo de Whatsapp denominado “Los verdaderos”, donde aparentemente se organizaban fiestas y se planificaba la presencia de menores.

Ante todo este compendio de información fue que el juez Faría primero ordenó las nuevas medidas judiciales que se concretaron el 6 de agosto, instancia en la cual la Policía volvió a allanar la casa familiar de los Kizcka, pero también irrumpió en la vivienda del diputado.

En esos operativos se incautaron más aparatos pertenecientes al legislador, entre ellos dos celulares, otra notebook y un pen drive. Esos dispositivos se encuentran en manos del personal de Cibercrimen y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

“Lo hallado en los primeros aparatos es solo la punta del iceberg”, confió una fuente consultada por LVM. El resultado de la segunda tanda pericial podría conocerse en los próximos días, aunque varios se animan a adelantar la existencia de más elementos sumamente comprometedores.

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Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia

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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La denuncia

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Medidas

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.

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La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular

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La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.

Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.

Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.

Denuncia y ratificación

En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Pedido de licencia

Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.

Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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Passalacqua caraguatay

El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.

El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.

Denuncia y ratificación

El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.

El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.

En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.

Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.

Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.

Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

 

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