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Una notebook del diputado Kiczka tenía 603 archivos de abuso sexual infantil

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PRO Misiones

Las horas en libertad parecen estar contadas para el diputado Germán Kiczka. Hoy lo cubren sus fueros, pero eso puede cambiar en la sesión parlamentaria de mañana y a partir de ahí quedar a merced de la Justicia, que anoche ordenó tanto su detención como la de su hermano Sebastián, ambos imputados en una causa que los investiga por la tenencia y distribución de al menos 603 archivos con contenido de abuso sexual infantil y zoofilia.

El pedido detención contra los hermanos Kiczka fue firmado por el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, luego de un requerimiento formulado por la fiscal Silvia María Barronis y el oficio con la solicitud de desafuero del legislador como paso previo fue enviado a la Legislatura el martes a la noche, tras lo cual el asunto será tratado en la sesión de este jueves.

En el transcurso de este miércoles tanto el oficialismo como los bloques opositores adelantaron que acompañarán el pedido de desafuero, por lo cual todo indica que mañana a la noche el diputado apostoleño perderá la inmunidad que gozaba como privilegio parlamentario tras ser electo diputado en 2021. 

Después de ello, la Cámara de Representantes deberá remitir un oficio con la decisión del cuerpo hacia la Justicia y a partir de ahí Kizcka podrá ser detenido por la fuerza pública.

La misma orden de detención corre para su hermano Sebastián, quien no cuenta con ningún tipo de inmunidad, pero hasta el momento la medida no fue concretada y la Policía continúa realizando labores de inteligencia para dar con su paradero.

Tanto la casa familiar de los Kizca en el barrio Illía como la pizzería de ellos en pleno centro de Apóstoles se encontraban esta tarde completamente cerrados, con candados puestos y persianas bajas.

Una vez que se concreten las detenciones, los hermanos deberán ser citados a prestar declaración indagatoria ante el juez Faría. Allí serán notificados de los elementos de prueba que se registran en sus contra, como así también de los hechos investigados, los cuales preliminarmente puede ser enmarcados como tenencia y distribución de contenido de menores en actividades sexuales explícitas, tipificados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación. 

Sebastián y Germán Kiczka, los hermanos investigados por consumo y distribución de pedofilia.

La notebook de Germán

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, las medidas judiciales libradas en las últimas horas por el juez Faría tienen relación directa con los informes periciales efectuados sobre los aparatos informáticos incautados durante el operativo que dio origen a la causa a fines de febrero.

En aquella ocasión, las acciones fueron impulsadas por la fiscal especializada en Delitos Informáticos de Ciudad de Buenos Aires, Daniela Dupuy, en el marco del mega operativo “Guardianes digitales por la niñez”, que disparó la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en diversas localidades del país.

Uno de esos procedimientos fue realizado en la casa familiar de los Kiczka en el barrio Illía, donde residen Leonardo (padre de los hermanos) y Sebastián, aunque en el lugar también se encontró una notebook Acer perteneciente al diputado, con nombre y fotografía suya registrada como usuario.

Esa computadora portátil fue clave para que la investigación se extienda hacia el diputado, dado que el informe pericial remitido a la Justicia concluye que el soporte informático almacenaba al menos 603 archivos Masi (material de abuso sexual infantil) y zoofilia con menores involucrados, tanto en fotos como en videos.

Según la “autopsia digital”, los archivos en cuestión fueron descargados y distribuidos en un marco de tiempo comprendido desde el 2 de diciembre de 2023 hasta el 10 de enero de 2024.

Tal como adelantó LVM, del análisis efectuado también surgen registros de actividades en programas de intercambio de archivo tipo P2p (peer-to-peer o red de pares), que son encriptados y requieren de una clave. En este caso, la herramienta utilizada era Emule, una de las predilectas por consumidores de esta clase de contenidos en la dark web.

La casa familiar de los Kiczka, sin movimientos y con persianas bajas.

Los chats de Sebastián

Contra Sebastián, en tanto, también se recuperaron chats con usuarios no identificados hasta el momento donde el propio implicado admite su “adicción a las menores”.

En una de esas conversaciones, el señalado cuenta “estoy con mi vecinita. Te quiere conocer. Le presté mi cel para que juegue” y agrega “la voy a esperar tres años más, máximo”.

Su interlocutor contesta “pero calmate Sebastián… quieto… tiene como 5 la nena…” y el implicado responde: “Bueno, la voy a esperar 5 años… Hay dios me tengo que sacar esa adicción a las menores… pero es que me gustan…”.

De las conversaciones también se desprende la existencia de un grupo de Whatsapp denominado “Los verdaderos”, donde aparentemente se organizaban fiestas y se planificaba la presencia de menores.

Ante todo este compendio de información fue que el juez Faría primero ordenó las nuevas medidas judiciales que se concretaron el 6 de agosto, instancia en la cual la Policía volvió a allanar la casa familiar de los Kizcka, pero también irrumpió en la vivienda del diputado.

En esos operativos se incautaron más aparatos pertenecientes al legislador, entre ellos dos celulares, otra notebook y un pen drive. Esos dispositivos se encuentran en manos del personal de Cibercrimen y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

“Lo hallado en los primeros aparatos es solo la punta del iceberg”, confió una fuente consultada por LVM. El resultado de la segunda tanda pericial podría conocerse en los próximos días, aunque varios se animan a adelantar la existencia de más elementos sumamente comprometedores.

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Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

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Tribunal Oberá

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.

El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.

De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.

El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.

Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.

El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.

En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.

El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.

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Acusado de trata contra dos adolescentes firmó un juicio abreviado por 9 años

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Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.

El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.

Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.

Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.

Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.

La causa

La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.

Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.

Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.

El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.

De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.

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Imputan a psiquiatra acusado de entregar certificados truchos en Posadas

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certificados truchos

El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.

La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.

La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.

A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.

Con cámara oculta descubren a psiquiatra que firmaba certificados truchos

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