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Se inició juicio a joven que chocó y mató alcoholizado: “Quiero pedir perdón”

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A las 9 de la mañana de este miércoles, en el Tribunal Penal Uno de Posadas, se inició el juicio a Juan Gastón Brunner, de 31 años, acusado de provocar la muerte de dos personas manejando alcoholizado.

El hecho se registró el 13 de febrero de 2016 y las víctimas fatales fueron Cármen Susana Prestes, de 41 años, y Oscar Meza, de 47, por lo cual el ahora enjuiciado está imputado como autor penalmente responsable de homicidio simple, lesiones graves y lesiones leves con dolo eventual en concurso ideal.

Al inicio del debate, el tribunal, presidido por Viviana Cukla y formado por los jueces Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie, dio lugar para que se leyera el auto de elevación a juicio escrito por la fiscal de Instrucción Siete, Patricia Clérici.

En su solicitud, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró probado que el día del accidente, registrado en el kilómetro 5,5 de la avenida Tulo Llamosas de Posadas -ex ruta nacional 12-, frente a la Estación de Transferencias, Brunner manejaba un Volkswagen Vento en compañía de una joven en dirección a la localidad de Candelaria, donde residía.

En un momento dado, el conductor se durmió y, tras el grito de advertencia de su acompañante, despertó y volanteó, cruzando el semáforo en rojo e invadiendo el carril contrario para, finalmente, chocar de frente contra el Ford Fiesta Max, donde viajaban las víctimas y otras dos personas, que resultaron heridas.

A su vez, Brunner es juzgado por lesiones graves producidas a dos personas y por lesiones leves sobre otra, incluida su acompañante y un matrimonio que viajaba en un tercer vehículo involucrado en el choque, a quienes se les tomará declaración por videoconferencia ante la imposibilidad de hacerse presentes.

Además, la fiscal argumentó que corresponde la carátula dada a la causa debido a que el imputado llevó adelante sus acciones “a sabiendas de que no se encontraba en condiciones”, en relación que el test arrojó 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre.

“Quiero pedir perdón”

Tras el acto formal, pasó al estrado Gastón Brunner, de 25 años al momento del hecho y actualmente en pareja y padre de un niño de 3 años.

Frente al tribunal, el acusado evitó referirse al hecho y sostuvo: “Quiero pedir perdón a la familia, nunca fue mi intención y por eso estoy acá”, indicó.

Seguidamente, fue el turno de los testigos. El primero en declarar fue el médico policial en turno que actuó el día del siniestro vial y quien ratificó sus actuaciones en la oportunidad.

Por otra parte, el médico que atendió a Gonzalo Brunner en la guardia del hospital fue confrontado con la historia clínica y, en ese marco, confirmó el estudio realizado. Agregó, como dato destacado, que el imputado estaba alcoholizado y presentaba aliento etílico.

El juicio al joven que chocó y mató estando alcoholizado continuará mañana desde las 8.30 y se espera la concurrencia de tres testigos.

El proceso podría marcar jurisprudencia en Misiones, debido a que el implicado es juzgado por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé entre 8 y 25 años de prisión efectiva, y no por “homicidio culposo”, que estipula un máximo de 5, como se suelen enmarcar las muertes en accidentes de tránsito.


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Gitano acusado de homicidio se negó a declarar y fue trasladado a una cárcel

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Sebastián Jonás Jesús Marcos (19), el gitano detenido desde anoche por el asesinato del Daniel Jesús Traico (24) -integrante de la misma comunidad-, se abstuvo de declarar esta mañana ante la Justicia, fue imputado por homicidio y continuará el avance de la causa alojado en una unidad penal.

El joven fue trasladado a primeras horas de este jueves hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, donde debía comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.

Según detallaron las fuentes de La Voz de Misiones, el implicado designó abogado defensor oficial y luego de cumplimentar ese trámite optó por abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho.

En la misma audiencia fue notificado de las pruebas que hasta el momento obran en su contra y fue imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por razones de seguridad, culminado los trámites de rigor, las autoridades judiciales intervinientes dispusieron que Marcos sea alojado en una unidad penal de la provincia para preservar su integridad y evitar cualquier clase de ataque, represalia o episodio de violencia en su contra.

Prácticamente acorralado por los agentes que estaban en su búsqueda y persuadido también por su propio padre, el implicado se entregó anoche ante la Policía tras permanecer una semana prófugo.

Crimen y venganza

El crimen de Traico se registró el 29 de enero. El joven fue atropellado intencionalmente mientras cruzaba la colectora de la avenida Quaranta, en cercanías a la estación de transferencia y de su casa.

La víctima fue arrollada por un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Marcos, ahora detenido e imputado por homicidio.

Después del hecho, Traico fue trasladado de urgencia al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Su deceso desató una cacería por parte de sus familiares, quienes esa misma mañana incendiaron dos viviendas relacionadas a los Marcos.

“Hay más casas para incendiar si no meten presos al acusado. Si nadie hace nada vamos a hacer justicia por mano propia. Una casa, un auto, se recupera. Una vida no”, habían amenazado ese mismo día y es por ello que tanto la Justicia como la Policía extrema medidas seguridad en torno al caso.

En su denuncia, la familia de la víctima acusó un homicidio planificado, con varios actores más involucrados, a quienes apuntan como encubridores. En ese marco, el día siguiente al crimen fueron detenidos otros dos jóvenes de la misma comunidad, quienes en las próximas horas podrían ser excarcelados y continuar el proceso en libertad dado que el principal sospechoso ya se encuentra tras las rejas.

Homicidio entre gitanos y casas incendiadas por venganza en Posadas


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Su papá está preso y le ordenan a su hermano cumplir con cuota alimentaria

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El Juzgado Multifuero de Apóstoles intervino una demanda de cuota alimentaria en favor de una niña (13 años) cuyo padre se encuentra purgando una condena por femicidio y, basándose en el principio de solidaridad familiar, resolvió que la demanda sea absorbida por un hermano de la menor, resolución que quedó firme en las últimas semanas.

El litigio comenzó hace varios años, cuando la madre de la niña se presentó ante la Justicia solicitando el cumplimiento de una cuota alimentaria por parte del padre de la menor, aunque la medida era imposible de ejecutar dado que el hombre se encuentra privado de su libertad, cumpliendo desde 2015 una pena por un hecho de homicidio calificado por el vínculo cometido en 2010, con una consecuente certificación negativa de Anses ya que no tenía ingresos activos bajo estas circunstancias.

Ante esta situación, la demanda recayó contra un hermano paterno de la niña. Se trata de un joven mayor de edad que es hijo del mismo hombre, aunque con diferente madre. 

La Justicia analizó el caso y certificó que el demandado es propietario de un importante comercio en Posadas, con bienes e ingresos activos que lo ubicaban con capacidad económica como para afrontar la demanda requerida por su hermana quien, en contrapartida, se encontraba atravesando un contexto de vulnerabilidades.

Durante el proceso, las partes intentaron arribar a un acuerdo pero al no poder lograrlo fue la Justicia, por intermedio del magistrado Juan Manuel Lezcano, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar -multifuero- de Apóstoles, quien dirimió la cuestión.

En su resolución, el juez Lezcano planteó que jurisprudencia relacionada al caso dejó sentado que “el fundamento de la prestación alimentaria, en el marco de las relaciones de familia, debe buscarse en términos de solidaridad humana y, más precisamente, en la necesidad de que todos quienes estén ligados por lazos de sangre concurran a hacer posible el bien personal de los integrantes de la comunidad familiar”.

En esa línea, y considerando la situación en la que se encuentra el padre de la niña, Lezcano sostuvo que la cuota alimentaria debía ser afrontada por “quien pueda responder mejor a la naturaleza del derecho en juego porque evitar dilaciones innecesarias y obtener una rápida satisfacción de la prestación alimentaria”, además de anteponer ante todo “el interés superior del niño”.

En consecuencia, y en base al criterio de solidaridad familiar, el magistrado resolvió imponer al hermano mayor de la niña demandante una cuota alimentaria equivalente al 35% del salario mínimo, vital y móvil, dinero que deberá ser depositado de manera mensual hasta el febrero de 2032.

La resolución ya fue notificada a los actores y comunicada en lenguaje claro al demandado. El fallo fue confirmado en instancias superiores de análisis.

Año récord para el juzgado multifuero de Apóstoles con 386 sentencias dictadas


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Maldonado, el agresor del periodista Ortiz, pagó 1 millón y quedó en libertad

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El abogado Gustavo Maldonado recuperó la libertad este viernes tras presentarse ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, dondé prestó testimonial y pagó una fianza de 1 millón de pesos en el marco de una denuncia poramenazas agravadas y lesiones leves contra el periodista Enrique Ortiz.

La medida se concretó de inmediato tras la fianza “otorgada por dos personas como garantes de que cumplirá con las medidas y se presentará ante el juzgado cuando sea llamado”, según confirmó a LVM el juez Pedro Piris, titular subrogante del mencionado juzgado.

De esta manera, le fue otorgada la libertad provisional con medidas de restricción que incluyen la prohibición de contacto, ausentarse del país y presentarse periódicamente, con posibilidad de implementación de un botón de pánico a los denunciantes, entre los que se encuentran el periodista Ortiz y su pareja.

También quedó en libertad Gastón Machado, quien estuvo detenido durante una semana por acompañar a Maldonado el día en que se produjo la agresión contra el periodista.

Tanto el abogado Maldonado como Machado, seguirán imputados por el delito de “amenazas agravadas” y “lesiones leves” y deberán continuar a disposición del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem.

Antecedentes

El miércoles 16 de enero el abogado y secretario legislativo del Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), se presentó en el domicilio del periodista, Enrique Ortiz (49), a quien propició golpes y empujones. En ese momento, estuvo acompañado por Gastón Machado, quien habría portado un arma de fuego, según los videos viralizados en redes sociales.

Hasta el mes de diciembre, Maldonado fue certificado por su trabajo como planta permanente en la legislatura local. El documento que circuló en forma de denuncia, expone una lista de 17 trabajadores en la misma condición, cuyas actividades fueron aprobadas por el concejal Pablo Velázquez, que estampó su firma al final de la nota titulada: Certificación de Servicios.

Tras la denuncia por “amenazas agravadas y lesiones leves” y el inicio de la causa judicial, el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), solicitó la suspensión inmediata de la matrícula profesional de su agresor, por lo menos, hasta que se resuelva su situación procesal y jurídica.

La institución analizará su desempeño por presuntas vinculaciones con autoridades del gobierno provincial, lo que viola el código de ética de la mencionada institución en sus artículos 26 y 27.

Piden suspensión de la matrícula del abogado Gustavo Maldonado


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