Una joven misionera que administraba un growshop en Tierra del Fuego fue condenada por el delito de “tenencia simple de sustancias estupefacientes” en el marco de una causa que revistió mayor gravedad al inicio ya que la investigación comenzó tras la intoxicación de varios estudiantes secundarios que consumieron un brownie con marihuana.

La muchacha, de 25 años y oriunda de Posadas, recibió una pena de 3 años de prisión de suspenso, ante lo cual no irá a la cárcel, aunque sí deberá cumplir una serie de restricciones y reglas de conducta impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tierra del Fuego.

La misma sentencia alcanzó a un fueguino de 30 años, aunque lo recibido por ambos imputados fue considerablemente menor a la pena que tenían en expectativa bajo la acusación con la cual llegaron a instancia a juicio, que era por “comercialización de sustancias estupefacientes agravado por haberse producido en perjuicio de menores de edad”, lo que pudo haber significado una sanción más severa con prisión efectiva. 

Para dimensionar el caso hay que remontarse a mediados de 2022, época en la cual la mujer administraba un emprendimiento de artículos cannábicos llamado Chalaland 420, que recibía pedidos a Instagram y entre los productos ofrecidos habían tortas de marihuana. 

Justamente, una adolescente de la localidad de Río Grande adquirió uno de esos postres y lo llevó al colegio para compartir con sus compañeros, aunque cinco de ellos resultaron intoxicados tras su consumo, lo que generó un gran revuelo en la ciudad. 

Consecuencia de ello, un padre radicó una denuncia y eso disparó la investigación que finalmente dejó a la misionera involucrada a la causa federal que ahora se resolvió mediante la firma de un juicio abreviado.

Tras quedar detenida, uniformados locales allanaron el departamento de la joven posadeña en el barrio Chacra 2 de Río Grande e incautó plantas de marihuana, entre otros elementos como semillas y macetas. 

En la continuidad de la pesquisa, en tanto, se determinó que los productos gastronómicos elaborados no contenían THC -componente psicoactivo del cannabis- y tampoco no se detectó presencia de sustancias estupefacientes en los exámenes médicos practicados a los estudiantes.

Con estos elementos sobre la mesa y ante la imposibilidad de comprobar todos los hechos contemplados en la acusación inicial, la Justicia alivianó la imputación de los dos involucrados y solo les atribuyó el delito de “tenencia simple de estupefacientes”, ante lo cual recibieron 3 años de prisión en suspenso.

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió reducir la pena impuesta a Matías Ezequiel Zielinski (24), el joven que en 2019 chocó y mató luego de un after sobre la avenida Quaranta de Posadas, que ahora en vez de 4 años de prisión efectiva recibió 3 en suspenso, ante lo cual podrá recuperar la libertad en la próximas horas.

El fallo, firmado ayer, fue alcanzado por mayoría, con el voto preponderante del magistrado Jorge Antonio Rojas, al cual adhirieron luego sus pares Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, María Laura Niveyro, Froilán Zarza y Cristian Marcelo Benítez, mientras que Juan Manuel Díaz, Roberto Rubén Uset y Ramona Beatriz Velázquez tuvieron una opinión disidente. 

De esta manera, el máximo órgano judicial de la provincia hizo lugar de manera parcial al recurso de casación presentado por la defensa del imputado, confirmando por un lado la calificación legal y autoría del hecho por parte del joven automovilista, pero reduciendo el monto de pena impartido.

En consecuencia, el STJ resolvió condenar a Zielinski a la pena de 3 años de prisión en suspenso como autor de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas”, ante lo cual podrá recuperar la libertad con restricciones o patrones de conducta que deberán ser establecidas por el mismo tribunal que lo condenó tras el juicio realizado a fines de 2022.

Dicho debate fue realizado ante el tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, que en ese momento condenó al joven a 4 años de prisión efectiva, tras lo cual el imputado fue trasladado a la Unidad Penal I de Loreto.

Pena reducida

En su voto, que terminó siendo decisivo en la resolución dispuesta por el STJ, el camarista Jorge Antonio Rojas consideró que existen atenuantes a favor del implicado como para no cumplir su pena en contexto de encierro. 

En primer lugar, reconoció que el joven actuó de manera negligente e imprudente, pero remarcó que el delito es de tipo culposo, es decir, que no tuvo intención de provocar ni la muerte de un acompañante, ni las graves lesiones de otro. 

Rojas también ponderó la corta edad del joven (19 años al momento del hecho), como así también su estilo de vida (buen concepto, trabajador, vínculos familiares), su falta de antecedentes y la conducta ajustada a derecho tomada tras el siniestro, sin obstaculizar ni esquivar el proceso penal.

“Por todo ello, considero justa la aplicación de una pena de tres años de prisión cuya ejecución será dejada en suspenso, fundando el mismo criterio en la “personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho…” según lo que establece el art. 26 del CP”, planteó Rojas.

Y añadió: “No dejo de ponderar que se trata de la primer condena por un delito de naturaleza culposa y que se trata de un hombre que contribuye con el trabajo de su padre al sustento familiar, no luciendo así el monto y modalidad de cumplimiento efectivo de la pena la más acertada, atento a que dicho encierro habrá de segregarlo de la sociedad y de su grupo familiar, todo con las secuelas negativas que de ello derivaría”.

En esa línea, propuso que ahora sea el tribunal de juicio el encargado de fijarle al condenado las restricciones que considere apropiadas para que Zielinski curse el último tramo de su pena en libertad, advirtiendo que en caso de incumplirlas el beneficio será revocado. 

De esta manera, ahora el expediente deberá regresar a manos de la jueza Marcela Leiva para que disponga de estos nuevos considerandos y una vez resuelto el trámite el muchacho recuperará la libertad tras 15 meses preso.

Choque y muerte

El hecho por el cual Zielinski fue condenado se produjo el 24 de febrero de 2019, cerca de las 11, sobre la avenida Quaranta, frente a la planta de colectivos de la empresa Río Uruguay.

Según lo que se pudo reconstruir, esa mañana Zielinski estaba en un denominado “after” en una casa del barrio Itaembé Miní hasta que tomó sin permiso las llaves del Toyota Corolla de un conocido y junto a dos acompañantes identificados como Alberto Rubén Galeano (31) y Juan Alejandro Báez (30) acudieron a un kiosco para comprar más bebidas. A la vuelta se produjo el siniestro.

El momento exacto del accidente fue captado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa la circulación a gran velocidad y en forma zigzagueante del Corolla sobre la avenida Quaranta (en dirección desde la Rotonda hacia el Aeropuerto) hasta que se cruzó de carril y terminó impactando contra un colectivo urbano.

Como consecuencia de la colisión, Galeano perdió la vida en el acto y Báez resultó con severas heridas en distintas partes del cuerpo.

En el juicio se estableció, además, que el implicado condujo el rodado en exceso de velocidad y alcoholizado.

En ese marco, la fiscal interviniente en el debate, María Laura Álvarez, solicitó una pena de 5 años de prisión “por homicidio culposo y lesiones agravados doblemente por exceso en el consumo de alcohol y exceso de velocidad” contra el automovilista, aunque la jueza Leiva decidió otorgar un año menos y ahora el STJ redujo aún más la pena.

FOTO: El Territorio.

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Ramiro Eduardo Barrionuevo (32), el gomero y tiktoker eldoradense conocido como “Quito”, detenido el viernes en el marco de una causa por “intimidación pública y amenazas”, recuperó la libertad esta mañana luego de prestar declaración indagatoria ante la Justicia en Posadas.

Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el hombre estaba alojado desde el sábado en una celda del Comando Radioeléctrico San Isidro y esta mañana fue trasladado por personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) hasta el Juzgado de Instrucción Dos sobre calle San Martín del microcentro posadeño. 

El móvil policial que lo trasladaba llegó al juzgado a las 7 de hoy y el implicado aguardó hasta las 7.30 para comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, sobre quien recayó la causa tras una denuncia radicada en marzo contra el tiktoker por los delitos de “intimidación pública y amenazas”.

Las mismas fuentes indicaron que Barrionuevo fue notificado del hecho que se investiga en su contra, al tiempo que decidió declarar y una vez culminada la audiencia recuperó la libertad, aunque continuará supeditado a la causa.

Ahora, las autoridades judiciales aguardarán el resultado de las pericias ordenadas a realizar sobre los aparatos tecnológicos secuestrados en poder del implicado, tarea que quedó en manos del personal de la Dirección Cibercrimen de la Policía de Misiones.

Serán estos los peritos encargados de revisar y extraer todo el material probatorio que se considere de interés para la causa que se investiga. Los aparatos secuestrados en la casa de Quito fueron cinco celulares, un pen drive, una notebook.

Tras la audiencia, Quito volvió a ser trasladado a la dependencia policial de San Isidro, donde firmará el acta correspondiente y quedará formalmente en libertad nuevamente, tras lo cual regresará a Eldorado en compañía de su abogado defensor Lucas Saldivia. 

Tiktoker detenido

Barrionuevo es un histórico gomero de Eldorado y militante del presidente Javier Milei, pero en el último tiempo tomó un descomunal impulso en redes sociales, principalmente en Tik Tok, donde a fuerza de contenidos con duras críticas hacia políticos misioneros y nacionales acumuló más de 33.000 seguidores (ahora subió a 44.000) y sus videos cosechan más de 800.000 me gusta.

Su detención fue concretada el viernes al mediodía, cuando efectivos policiales irrumpieron en su vivienda ubicada sobre la ruta nacional 12, casi avenida San Martín, en Eldorado, con una orden de allanamiento autorizada por la Justicia local y solicitada por el juzgado que dirige Monte.

Según información recabada por LVM, la investigación comenzó a mediados de marzo, cuando una persona cuya identidad no fue revelada radicó una denuncia por “intimidación pública y amenazas” al sentirse afectado por el nivel de violencia de uno de los videos publicados por Barrionuevo, los cuales rápidamente suelen viralizarse.

Una vez recibida la denuncia, las autoridades judiciales decidieron ahondar en la cuestión y recabar más información, hasta que el viernes enviaron el exhorto para que el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado ejecute el procedimiento en caso de compartir el mismo criterio, lo cual finalmente sucedió.

Tras la detención, el funcionario provincial Roque Gervasoni, titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMC) -ex Ifai-, además vinculó a Quito con causas con “contrabando y pedofilia”, al tiempo que acusó a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) por supuesta complicidad en “las difamaciones” que el hombre efectúa en sus videos.

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